Tras la ruptura del sistema de acuerdos entre los conservadores y los progresistas, que quedan en minoría de 9 a 12, la crisis regresa al CGPJ, pendiente de la primera dimisión de uno de sus vocales.
Argelia Queralt Jiménez es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE, doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y ex letrada del Tribunal Constitucional. Defensora a ultranza de la igualdad y la paridad de género, contempla con decepción cómo el CGPJ ha dejado pasar la oportunidad de designar a dos mujeres al frente de la Sala Segunda y la Sala Tercera del Supremo para elegir de nuevo a dos hombres.
El actual mandato del CGPJ arrancó hace un año y medio y ha estado marcado por el equilibrio entre el bloque conservador y el progresista, con diez vocales cada uno, y una presidenta, Isabel Perelló, a la que se presuponía una sensibilidad progresista, pero que ha resultado alineada con los vocales propuestos por el PP y con el vocal de Sumar, Carlos Hugo Preciado, que ha roto las relaciones con el bloque progresista. La reciente renovación de las comisiones de trabajo, que ha equilibrado la balanza a favor de los convervadores, ha supuesto el final de la política de consensos y ha abierto una importante crisis en el seno del CGPJ entre conservadores y progresistas. Uno de estos últimos, José María Fernández Seijo, ha presentado su renuncia.
Es imprescindible preguntarle por la condena al fiscal general del Estado. ¿Debió esperar el Supremo a tener la sentencia íntegra para comunicar el fallo?
Pendientes de la sentencia, el fallo condenatorio al fiscal general ha resultado una sorpresa. Me ha extrañado que se comunique el fallo sin contar con la motivación. Resulta dificil de entender que en un asunto de tanta complejidad y tan controvertido no se haya esperado a tener la sentencia y los votos particulares.
¿Cree que la dimisión del vocal Fernández Seijo va a ser aceptada finalmente por la presidenta Perelló?
Lo primero de todo, me gustaría dejar claro que la decisión de Fernández Seijo no fue fruto de un calentón en absoluto, sino que era una cuestión que él tenía meditada y que además es una decisión política, porque lo que se busca con ella es reequilibrar la situación para volver al escenario anterior al pleno del 22 octubre cuando se rompió ese reparto equilibrado que, más o menos, había en el Consejo y que respondía a las dos sensibilidades ideológicas.
José María Fernández Seijo presenta su renuncia para decir que en un Consejo así no puede trabajar porque el grupo de sensibilidad progresista queda relegado. Espero que no se vaya porque eso será señal de que ha habido algún cambio.
Tras ese pleno de octubre, el bloque progresista firmó un duro comunicado en el que se acusaba a la presidenta de haber impuesto de manera deliberada unas nuevas reglas que suponían el final de los consensos. ¿Cuál es la relación con ella?
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Ahora mismo estamos en un momento distante, porque nosotros estamos dolidos, pero no es tanto una cuestión individual, sino relativa a la función constitucional que tenemos que desarrollar, de gobierno del Poder Judicial, en relación a cuestiones disciplinarias, nombramientos, sobre la carga de trabajo de los jueces, es decir, toda una serie de cosas sobre la función jurisdiccional, que es un derecho de la ciudadanía y es un servicio público. Confiamos en poder volver a los consensos.
Nos tenemos que replantear en qué punto estamos, de dónde venimos, cuál es el proyecto de políticas públicas de este Consejo, que además debe liderar la presidenta.
Año y medio tras la renovación, después de un lustro de un CGPJ prorrogado y con unas actuaciones muy polémicas, ¿se consolida de nuevo el enfrentamiento de los dos bloques en el Consejo?
En este mandato los progresistas no somos una minoría real como ocurrió en otros Consejos. En todo caso, representamos al 45%. Todos los vocales hemos sido elegidos por el Parlamento y, por tanto, todos tenemos que poder ejercer esa representación. Dicho eso, hay unas inercias que llevan a que el Consejo General del Poder Judicial siga estando en manos de los conservadores. Y apoyados por la presidenta en este caso.
La presidenta, para adoptar las decisiones, puede basarse solo en un consejo de 11 vocales a nueve o contar con los 20 consejeros y consejeras, que era la idea de este Consejo, es decir, que fuera transversal, plural y donde todo el mundo tuviera cabida y no se excluyera a nadie. Hay que volver a ese escenario.
La política de bloques se había superado durante el primer año, pese a que esos bloques ya estaban en el Consejo. El problema es que si ahora vamos de nuevo a ese sistema, nosotros tenemos que estar en la oposición, pero no es lo que deseamos porque no es lo deseable de cara al Poder Judicial ni a la ciudadanía.
No hay que olvidar que el CGPJ es un órgano político, no partidista, que es diferente, pero sí político, en el sentido de que tiene que adoptar medidas de política pública para el Poder Judicial.
"El CGPJ es un órgano político, no partidista que es diferente"
En el Consejo hay instauradas inercias muy determinadas y este primer año se han hecho grandes esfuerzos para superarlas y trabajar de forma colegiada.
¿Está en riesgo la institucionalidad del CGPJ con iniciativas como la del bloque conservador cuando pidió que no participaran en la apertura del año judicial ni el fiscal general del Estado ni el ministro de Justicia?
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Eso a nosotros nos pilló por sorpresa porque nadie nos había dicho nada. Yo creo que los vocales, individualmente, todos queremos lo mejor para el Poder Judicial. Lo que pasa es que luego, cuando se funciona en grupos, como fuera hay tanta tensión a veces no es fácil no dejarse llevar. Tenemos que hacer un esfuerzo porque si no, efectivamente, nos cargaremos la institucionalidad.
Si ponemos el interés particular político en un determinado momento por encima de los intereses del Poder Judicial y del servicio público a la ciudadanía estaremos perdiendo la institucionalidad. Y en eso somos todos responsables, los 20 vocales y la presidenta. Por tanto, el esfuerzo tiene que venir por parte de todos.
¿El patente malestar de amplios sectores de la carrera judicial por las reformas planteadas por el Gobierno en materia de Justicia, en concreto, por el sistema de acceso a la judicatura, tiene ya reflejo en el CGPJ?
Respecto a la Ley de Eficiencia, que es la que ya está en vigor, funcionando, puede gustar más o menos a los distintos vocales, pero no ha habido una política obstruccionista en ningún momento por parte de nadie.
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Otra cosa es que en el Poder Judicial, no en el CGPJ, sino en el Poder Judicial haya sectores amplios de jueces y magistrados que no estén de acuerdo con la ley.
Es cierto que hay muchas críticas con las reformas porque la polarización política ha permeado a través de las asociaciones, sobre todo, y a través de los sectores más jóvenes de jueces que se han dejado permear.
A mí las medidas que se han adoptado me parecen que son correctas; y creo que hay que cambiar el sistema de acceso.
Sobre la acción disciplinaria de los jueces, ¿qué modificaciones habría que introducir para lograr un proceso de investigación interna ágil y efectivo? Me refiero en concreto a las diligencias informativas sobre el juez peinado que el Promotor de la Acción Disciplinaria mantiene abiertas desde hace seis meses.
Una de las cosas que estamos intentando hacer es una norma que regule mejor lo que es una queja, la tramitación, los tiempos que deben durar los procedimientos, etc. Es cierto que se dilatan mucho en el tiempo, pero no hay que perder de vista que todos esos jueces están en activo y deben darse todas las garantías para continúe con normalidad su función, porque se está en una fase muy previa y lo único que quiere el el Promotor es contrastar las informaciones.
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Hemos visto jueces con la toga puesta manifestándose contra propuestas legislativas y jueces que dan entrevistas y critican a un determinado partido político; jueces que tienen perfiles en redes sociales con los que critican e insultan al Gobierno, por ejemplo. ¿Se deben imponer límites a la libertad de expresión de los jueces y las juezas?
El Tribunal Supremo tiene una jurisprudencia que es muy restrictiva o muy extensiva, según desde donde se mire. Lo que se viene a decir el Tribunal Supremo es que en todo lo que no se produzca en la Sala, el juez tiene libertad de expresión absoluta, como cualquier ciudadano. En los protocolos de la Comisión de Ética hay una palabra que se repite muchísimo, que es prudencia y no entrar en conflictos políticos.
Por tanto, es una libertad de expresión muy amplia y solo se aplica la norma disciplinaria en el caso de que sea muy claro que hay un ataque como juez o jueza a un político, por ejemplo.
En el Consejo habíamos empezado a trabajar para volver a examinar esos criterios de cara a valorar si un juez o una jueza están incumpliendo o no las normas disciplinarias respecto de su libertad de expresión.
La expectativa de poder aplicar la paridad era muy grande cuando echó a andar el nuevo CGPJ. ¿Qué ha pasado con ella finalmente?
Hay una confusión entre igualdad y paridad. Igualdad es que haya tantas mujeres como hombres en la judicatura, de hecho, hay más mujeres que hombres. Y la paridad, según lo que dice la ley, los tratados internacionales y jurisprudencia del Constitucional, se refiere a los centros de decisión, es decir, a los puestos de decisión política, donde se toman las decisiones político-administrativas, en el caso del Poder judicial, son las Salas de gobierno, las presidencias de Salas, etc. La paridad está ligada íntimamente al concepto de tomar decisiones administrativas o políticas.
La paridad no la hemos aplicado o no en todos los casos y el caso más importante era el tribunal Tribunal Supremo y ahí no se ha aplicado.
No la hemos aplicado porque no hemos respetado el 40-60% (de representación de cada sexo). Podíamos haber nombrado a dos mujeres, a Pilar Teso y a Ana Ferrer, para las Salas Tercera y Segunda, respectivamente; lo que hubiera significado el 60-40 a favor de las mujeres, que no estaría mal por una vez. Pero no pudo ser finalmente y nombramos a dos hombres.
Los criterios los cumplían las candidatas perfectamente: antiguedad, mérito y capacidad. Entonces, habiendo una ley que dice que si hay igualdad de méritos y capacidad tiene usted aplicar la representación equilibrada, es decir, que haya ya no un 50- 50, sino 40-60, pues no se ha hecho. No se ha aplicado la ley de paridad en el Tribunal Supremo. Y con ello, hemos lanzado un mensaje a las mujeres que estén en la carrera judicial o estén pensado en entrar: "Chica
s, todavía no os toca".
La división en el sector progresista del CGPJ, con la ruptura del vocal propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado, se percibe como la eterna maldición de la desunión de las izquierdas.
Cada uno responde de sus actos individualmente. Sorpresa no ha habido porque ya lo veíamos venir desde el principio.
Estamos en una institución en la que somos veinte y la presidenta y si queremos adoptar determinadas políticas o lo hacemos con mayoría o no se adoptarán. Hay que renunciar a cosas, porque si nos ponemos todos 'estupendos', el Consejo se hubiera roto desde el primer día.
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