RECIBIDO de Boletines Laicismo.org secretario@laicismo.org en 8/2/2012
Novedades en laicismo.org INF. CURSO BÁSICO DE LAICISMO 2012
El próximo 21 de febrero (martes - 19:00 h.), en los locales del Club de Amigos de la Unesco de Madrid (Plaza Tirso de Molina, 8 - 1º izqda.), dará comienzo un nuevo curso básico de laicismo organizado conjuntamente por EUROPA LAICA y CAUM.
Se tratarán cuestiones tales como: libertad de conciencia y libertad religiosa, política y religión, concordatos, financiación de las iglesias, escuela pública y laica, visión mujeres desde las religiones, multiculturalidad...
En total serán 6 sesiones en martes seguidos, desde el 21 de febrero al 27 de marzo, de 19:00 a 21:00 h.
El curso es totalmente GRATUITO. Para apuntarse basta con mandar un correo solicitando inscripción al coordinador de Europa Laica en Madrid, Antonio G. Boldo (aboldo@hotmail.com)
MÁS INFORMACIÓN EN www.laicismo.org/detalle.php?pk=12626
PRESENTACIÓN
El laicismo reivindica la existencia de las condiciones políticas, jurídicas y sociales que permitan garantizar el derecho de los individuos al pleno ejercicio de la libertad de conciencia, en cualquiera de sus manifestaciones y en un plano de igualdad. Esta libertad debería estar protegida frente a cualquier tipo de imposición e injerencia que la anule o restrinja, así como frente a cualquier discriminación o privilegio.
En el estado español, al día de hoy, no se dan esas condiciones debido a que el carácter aconfesional formal de la Constitución es negado por el art. 16.3 al señalar que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y las demás confesiones”. Esas relaciones se sustentan en el Concordato franquista de 1953, renovado con los Acuerdos con la “Santa Sede” en 1976-1979, y con leyes como la de Libertad Religiosa de 1980, que suponen privilegios de todo tipo para la iglesia católica: económicos, jurídicos, simbólicos, enseñanza confesional en la escuela pública, etc., negando el principio democrático de separación entre iglesias y estado, con total menosprecio para otras ideas y convicciones (humanistas, ateas, agnósticas, etc.) y en clara contradicción con los fundamentos de derecho que se dice defender.
Posibilitar que este estado de cosas se modifique, requiere de la existencia de personas y organizaciones dispuestas a promover activamente los cambios necesarios en diversos ámbitos. Para ello resulta conveniente una clarificación de conceptos y objetivos, toda vez que con demasiada frecuencia se producen tergiversaciones tendentes a desprestigiar el significado profundamente democrático del laicismo.
EUROPA LAICA y el CAUM desde hace algunos años venimos realizando todo tipo de actos en defensa de la libertad de conciencia. Ahora, por segundo año, ofrecemos este CURSO BÁSICO para todas las personas que quieran conocer y debatir sobre las principales cuestiones relacionadas con el laicismo.
Esperamos que resulte de tu interés y que participes activamente. ¡Apúntate!
DECLARACIÓN de INTENCIONES: Dirigida a aquellos Lectores Potenciales que, al entrar en la lectura de estas Mis Criaturas, sientan que no les gusta y ni siquiera les divierte. Abandonen de inmediato. Estas páginas están concebidas para Mi Memoria, mi Divertimento y el de Unos Pocos. Si tú no estás en este segundo grupo, yo no soy la persona adecuada para ti, deja esto y date una vuelta; seguro hallarás lo que buscas *** VER http://perrosflautadelmundo.blogspot.com.es/
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febrero 11, 2012
febrero 10, 2012
El desprecio político al funcionariado(18.12), de Fco. J. Bastida
RECIBIDO de Charo V. el 30 ene
Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública www.lne.es/opinion/2012/01/15/desprecio-politico-funcionariado/1184310.html COPIADO del enlace. Autor: FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública www.lne.es/opinion/2012/01/15/desprecio-politico-funcionariado/1184310.html COPIADO del enlace. Autor: FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
febrero 06, 2012
Luis Pastor - Cantautor
RECIBIDO de Emilio el 6/2/2012. Su comentario: Ya sabes lo que me gustan los cantautores. Espero que te guste...
"Escucha con atención lo que dice este cantautor: no tiene pérdida"
Subido por FJSaramago el 05/12/2011
www.youtube.com/watch?v=Amw_LBimEew&feature=youtu.be
Luis Pastor en la presentación del libro de Armando Baptista-Bastos, "José Saramago. Un retrato apasionado".
Madrid
"Escucha con atención lo que dice este cantautor: no tiene pérdida"
Subido por FJSaramago el 05/12/2011
www.youtube.com/watch?v=Amw_LBimEew&feature=youtu.be
Luis Pastor en la presentación del libro de Armando Baptista-Bastos, "José Saramago. Un retrato apasionado".
Madrid