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febrero 19, 2014

RUEDA de PRENSA. “La privatización mata. Fuera las empresas de la sanidad” 20F 12h. Club de Amigos de la Unesco,


El próximo jueves 20 de febrero a las 12 horas tendrá lugar en los locales del Club de Amigos de la Unesco, C/Atocha 20-1º izquierda, la rueda de prensa convocada por la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad y la Plataforma Matusalén para la presentación de la campaña “La privatización mata. Fuera las empresas de la sanidad”.

Esta campaña, que se pondrá en marcha en diversos puntos del estado el próximo mes de marzo, tiene como objetivo difundir información veraz sobre el proceso de privatización, deterioro y recortes que está sufriendo el sistema sanitario público en todos los territorios del estado, derivado de las medidas impuestas por la troika y puestas en marcha en el estado español por PP y PSOE.

Más allá de las noticias triunfalistas que se están difundiendo estos días, en el sentido de que la privatización se ha paralizado, la realidad es que el proceso de privatización continúa en Madrid y en todo el estado. La ley 15/97, instrumento legal para poner en manos privadas las partes rentables del sistema sanitario público, sigue vigente y sigue siendo aplicada en la mayoría de las CC.AA.

En el caso de la Comunidad de Madrid, en estos momentos tras los planes puestos en marcha por el PP a partir de 2004, se han puesto en manos privadas:
• 10 hospitales (7 de modelo PFI y 3 de modelo PPP)
• 400.000 habitantes que han sido cedidos a la Fundación Jiménez Díaz (IDC Salud, antigua Capio), junto con los ambulatorios públicos de Quintana y Pontones
• otro hospital privado modelo PPP (Villalba) cerrado por el que pagamos mensualmente 900.000 €
• un macro laboratorio al que son derivadas las muestras de 1 millón de madrileños.
• una central de citas médicas
• la lavandería central
• el sistema de extracciones periféricas de sangre
• la limpieza de centros hospitalarios y atención primaria

Además se han cerrado centros públicos de salud mental, miles de camas, laboratorios, se ha despedido a miles de trabajadores y las listas de espera y los conciertos con centros privados no hacen mas que crecer. Casi 1 millón de madrileños están ya en manos de hospitales en los que los médicos no son empleados públicos y reciben parte de sus retribuciones en función de los ahorros conseguidos (incentivos perversos), lo que deteriora la asistencia a los pacientes.
Con esta realidad, sostener que la privatización se ha paralizado es engañar a la población.

En el resto del estado, continua la extensión del mismo modelo de hospitales privados: Xeral de Vigo, Can Mises de Ibiza, nuevo Valdecilla en Santander, y se anuncian nuevos hospitales del mismo modelo privado en Toledo, Don Benito, Badajoz, Alcañiz…

Pero los problemas de la sanidad pública no se ciñen al traspaso de la gestión de los centros a empresas privadas y sus consiguientes encarecimiento y pérdida de calidad; cientos de miles de personas han sido excluidas de la asistencia sanitaria, se han introducido medidas de copago/repago, determinadas prestaciones dejarán de ser básicas y por tanto de acceso gratuito; seguimos en manos de las multinacionales farmacéuticas y tecnológicas; la población no tiene acceso ni a la información, ni a las decisiones respecto a su propia salud; continua la incesante reducción de plantillas mientras cada vez mayor número de jóvenes profesionales se ven obligados a emigrar, etc…

Esta campaña se llevara a cabo en colaboración con grupos de Aragón, Andalucía, Baleares, Extremadura, Euskal Herria, Castilla León, Castilla La Mancha, Catalunya, Comunidad Valenciana, etc., donde se convocaran movilizaciones próximamente.

Instamos a todos aquellos grupos y personas que estén interesados en defender un sistema público de salud, realmente democrático, con participación real en su gestión por parte de usuarios y trabajadores, a coordinarse para defender el sistema y recuperar lo ya privatizado.

Sólo la movilización de usuarios y trabajadores podrá garantizar un sistema de salud para todos, sin exclusiones. La negativa al pago de la deuda es requisito indispensable para garantizar los servicios públicos para todos y todas, sin exclusiones.


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