Páginas

marzo 27, 2020

La salvación de los agricultores: pagarles el servicio medioambiental que prestan

Paquita Caminante ·  conversacionsobrehistoria.info   Aníbal Malvar


El campo español ya nunca será rentable, pero sí necesario. Como la sanidad o la educación. Los trabajadores del campo ya no solo serán manos encallecidas y ojos oblicuos de sol hiriente, sino garantes de la sostenibilidad del planeta, héroes de la ecología, guardianes del aire que respiramos. Lo dice con otras palabras Manuel González de Molina, presidente de la Sociedad Española de Historia Agraria: “Tú cultivas la tierra, y a ti te pagan por vender tomates. Pues la idea sería que te paguen por vender tomates, pero que te paguen también por los servicios que tú prestas a la sociedad. Por ejemplo, si tú no utilizas fertilizantes químicos nitrogenados, sino estiércol. Si no contaminas los cursos de agua, el Estado se ahorra la gran cantidad de dinero que se invierte en depurar agua. Otro ejemplo. Estamos hablando de lucha contra el cambio climático y, por tanto, de reducción de las emisiones. El único sector que secuestra carbono, en forma de biomasa producida en los campos y el los bosques, es justamente el de los agricultores. Con una agricultura sostenible el trabajador del campo nos presta ese servicio. Lo mismo que Fulanito de la Industria Tal compra permisos de contaminación, se puede remunerar por parte del Estado el beneficio social que implica el secuestro de determinadas cantidades de carbono”.
Suena a quimera. Un Estado que sostiene una industria deficitaria pagando a los guardianes de la naturaleza. Pero esa quimera ya está legislada. Concretamente, en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que nunca fue ejecutada. “Este tema del pago por el servicio medioambiental que prestan los agricultores estaba incluido en aquella Ley del Medio Rural. Incluso se presupuestó en el ejercicio 2009, 15 millones, creo recordar, como partida experimental. Desde entonces, nada”, denuncia González de Molina. “¿Cuánto costaría? No está cuantificado. Pero te aseguro que mucho menos de lo que nos cuesta el desastre climático de seguir así”, apostilla.
Diego Cañamero, ex secretario general del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) de Andalucía y ex portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), coincide con el catedrático: “La ley no era suficiente, pero no voy a negar que aplicarla sí hubiera solucionado algunas cosas. No se aplicó por una cuestión de voluntad política. Los gobiernos aprueban muchas normativas que después no desarrollan. Recogen votos dictándolas en época electoral, quedan bien, legislan sobre demandas de la sociedad para desmotivarla y desincentivarla, las aprueban y después se quedan ahí, en stand by, muertas. Lo mismo que con la Constitución española, que está escrita pero no aplicada”.
Aquella ley durmiente desde hace doce años no se limitaba a planificar la transición ecológica del sector agroganadero y forestal. Sus ambiciosos objetivos pasaban también por incentivar una política de repoblación del rural, que incluía planes de integración de la población migrante en los pueblos a resucitar, con el consiguiente esfuerzo económico para dotar de infraestructuras sanitarias, docentes y de comunicaciones a los reasentamientos. También se preveía habilitar planes formativos para los bisoños ecoagricultores 4.0 de ese virtual futuro. Una cascada de ideas que constituían lo más parecido a esa reforma agraria que nunca abordó España, salvo la boicoteada y abortada intentona izquierdista durante la II República. No pocos historiadores focalizan el miedo de los terratenientes y las oligarquías a aquella reforma agraria como uno de los detonantes de nuestra Guerra Civil.
Que todo esto se va a abordar de una forma u otra lo confirma el mejor de los indicadores posibles: el excelente olfato por la pasta que siempre ha distinguido a los grandes explotadores, que no paran de comprar tierra y de adscribirse a la agricultura ecológica con encomiable entusiasmo. Cherchez l´argent. La compra de tierra de estas grandes productoras, muchas veces de titularidad foránea, todavía no es masiva, pero sí muy selectiva. “Están comprando las mejores tierras. No se interesan en Castilla y  León, Jaén y Córdoba, ni en el norte de la provincia de Granada, que ya está completamente desértica. Donde sí se está produciendo el land grabbing (acaparamiento de tierra) es, por ejemplo, en las orillas del Guadalquivir, en los olivares productivos subbéticos, en zonas  donde se puedan producir grandes cantidades y que tienen acceso a agua”, explica el presidente de la Sociedad de Historia Agraria 
De momento, solo dos de los 26 millones de hectáreas de superficie agrícola de España se trabajan con métodos ecológicos, según el Informe Anual de Indicadores 2018 (el más reciente) que publica el Ministerio de Agricultura. (...)
LEER COMPLETO. MUY INTERESANTE

Paquita Caminante    Mi hija está en esta lucha: la agricultura ecológica, sin recibir ninguna ayuda pública. Las PAC son para los grandes propietarios, que no productores. No participa de estas manifestaciones porque ella no utiliza intermediarios. Se lo gestiona sola.

.......................


EN PERROFLAUTAS DEL MUNDO: Por una nueva cultura fiscal, de Andreu Missé



No hay comentarios:

Publicar un comentario