SANIDAD PÚBLICA (1.19) en GALICIA ¡¡ YA !!

En defensa de una sanidad pública y de calidad y un "NO" rotundo a las gestiones privadas... Derogación de la ley 15/97 "Habilitación de nuevas formas de gestión en el sistema nacional de salud".


- 19 de febrero de 2010 - NOTA DE LA ASOCIACIÓN GALEGA PARA A DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA A PROPOSITO DEL CONTRATO DE GESTION EN EL SERGAS
El pasado 16 de febrero la Consellería de Sanidade presentó como una gran novedad el Contrato de Gestión entre las gerencias de Atención Primaria y los hospitales del SERGAS, destinado a incentivar a los médicos que mejoren el rendimiento quirúrgico o que reduzcan la derivación de pacientes de AP a los hospitales
Esta propuesta, que se presenta como novedosa e incentivadora, no deja de ser un cambio de nombre de los Plans de obxectivos estratéxicos que ya desarrollaba el SERGAS. Este cambio de nombre es un paso más en la estrategia privatizadora desarrollada por la Consellería cambiando el concepto de Plan (que implica planificación sanitaria) por el de Contrato que implica relaciones de mercado (ya se cambió de nombre al Secretario General del SERGAS que paso a denominarse Gerente). Pero desgraciadamente la política privatizadora de la actual administración no se queda en juegos de palabras sino que implica hechas consumados:
1.- Se ha reducido el gasto sanitario en 23 millones de euros, la inversión en un 30% y el gasto corriente en otros 22 millones. Se ha congelado del presupuesto de Personal por lo que no se han renovado los contratos a 100 médicos hospital ni se han creado las 485 plazas presupuestadas para Centros de Salud, de las que 94 eran de de médicos.
2.- Para ahorrar gasto se la contratación contratos de día a día, semana a semana o mes a mes, sin asegurar el contrato siguiente, algo incompatible con una política de mejora del rendimiento. También se han rescindido los acuerdos alcanzados con los sindicatos para la entrada en vigor la Carrera Profesional, incentivos para abrir los centros por las tardes y el mantenimiento de la dedicación exclusiva
3.- El presupuesto de AP (que no llega al 12% del total) se ha reducido por primara vez en un 5%, se ha paralizado el Plan de Mellora de AP (no se han creado ninguna de las 108 nuevas plazas previstas en AP de Vigo), se han paralizado los planes de construcción y equipamiento de nuevos centros de salud, se mantienen las restricciones a pruebas diagnósticas de los médicos de familia (imprescindibles para mejorar la capacidad retributiva y evitar la derivación de pacientes a la atención especializada) y se han reducido las sustituciones y ampliaciones de jornadas
4.- Se ha suspendido la actividad de los hospitales por la tarde (cirugía, pruebas diagnósticas y consultas), el hospital de Lugo lleva más de un año terminado sin que entre en funcionamiento; se han paralizado los proyectos de construcción de de Vigo y Pontevedra y se ha abandonado el Plan Directorio que tenía previsto invertir 1.300 millones euros en reformas y construcción de nuevas infraestructuras sanitarias
5.- El Plan de Salud Mental ha sido arrumbado al igual que el Plan de la Mujer, discriminando aún más a estos colectivos
6.- Como resultado de estas drásticas reducciones de recursos y actividad han empeorado las listas de espera (en solo tres meses las de 3-6 meses pasaron de 9.448 a 12.872 pacientes, las de más de seis meses de 2.589 a 3.682 y la espera media de 70 a 79,6 días)
Resulta contradictorio con el pretendido carácter incentivador del Contrato de Gestión, la reducción de puestos de trabajo, el incumplimiento de los acuerdos, el retorno a los contratos basura, que están generando el crecimiento de malestar, el descontento y la frustración entre los sanitarios, incompatible con un clima laboral estimulante e incentivador.
También resulta contradictorio que la política de reducción de gasto sanitario vaya acompañada de la financiación privada de los nuevos hospitales que es muchísimo más costosa: Mientras que el coste de la construcción pública (SPI) del Hospital de Vigo era de 300 millones (457,6 al final de los quince años), la financiación privada reduce el coste inicial a 258,5 millones (412 al final de su construcción) y 1.216,3 millones tras pagar el canon de 40 millones de euros durante 20 años a la concesionaria privada, lo que supone 758 millones de euros más que por la pública