Una vez analizada la “construcción” del modelo neoliberal de ciudad en Madrid en nuestra anterior entrada, abordamos aquí algunas de las consecuencias que ha provocado la apuesta decidida de los Gobiernos local y regional por “vender” la capital a los grandes capitales, sin tener en cuenta las necesidades básicas de la mayoría de la población.
Texto: David Losa (@deividlost). Publicado en 26/4/2014
Madrid, ciudad insostenible (así fracasa)
Como describe el Observatorio Metropolitano en sus libros “Del Madrid global a la crisis urbana” o “Madrid ¿la suma de todos?”, Madrid no solo no ha sido ajena al fenómeno de polarización social que ha afectado a otras grandes ciudades, sino que al asumir voluntariamente un nuevo rol de “ciudad global” –donde numerosas multinacionales han instalado oficinas centrales o centros estratégicos– ha permitido que se genere una gran brecha social. En este sentido, resaltan dos figuras sociales “relativamente novedosas”, la emergente global class, vinculada a los aparatos de dirección financiera de esas multinacionales, la gestión financiera o los servicios de alta cualificación y valor añadido; y el cada vez más numeroso proletariado de servicios.
En términos cuantitativos, según los estudios del propio Observatorio, esa global class coparía el segmento de los súper-asalariados, con remuneraciones de 60.000 a 80.000 euros anuales como mínimo, alcanzando en ocasiones cifras 20 o incluso 100 veces mayores, y que en la estructura laboral de la ciudad no representan más del 15 % de la población activa. Pero en ese pujante “Madrid global” viven “más de un millón de personas que no alcanzan los 15.000 euros de salario bruto al año, que trabajan especialmente en la hostelería, los servicios personales, la limpieza y el empleo doméstico, o como peones en la construcción y la industria”. Así, la Comunidad de Madrid, según el informe “La desigualdad en crisis: hombre rico, hombre pobre”, elaborado por los Técnicos de Hacienda,ostenta el dudoso honor de liderar el ranking de la desigualdad social de todo el país con un sonrojante 0,43 en el índice Gini (el más aceptado para medir la distribución de la riqueza y la igualdad social). En otras palabras, los niveles de cohesión social están al nivel de países del Tercer Mundo como Ghana o Madagascar.
Por supuesto, si la precarización del empleo genera pobreza, qué decir del desempleo, que alcanza un 18% en la ciudad de Madrid (EPA de marzo de 2014), con bolsas de más de 20.000 parados en distritos como Latina, Carabanchel o Puente de Vallecas. En este último, el más desfavorecido, con un 21,7% de paro total y un 60% de paro juvenil, el 51,93% de los desempleados no recibe ya prestación por desempleo alguna. Desde ahí, una línea lógica de miseria nos llevaría a recordar que solo en 2012 se ejecutaron 14.250 desahucios en la Comunidad de Madrid, un 225% más que en 2008, según un informe de CCOO Madrid que también afirma que uno de cada cinco madrileños, un 20%, está en riesgo de exclusión social.
No queremos acabar este epígrafe sin mencionar el estado de la salud madrileña, cuyo mapa también expresa, desde hace años, la desigualdad social existente. “No tenemos los datos de mortalidad por enfermedades de estos últimos años de crisis, ya que los actuales reflejan la realidad de hace 10 o 15 años, pero sabemos que el gradiente norte-sur en Madrid es permanente, y tenemos argumentos para sospechar que es muy posible que haya aumentado”, explica Javier Segura, médico salubrista y autor del blog Salud pública y otras dudas. Además, Segura afirma que “sí hay varios estudios que apuntan a una mayor demanda de asistencia en enfermedades mentales y en el consumo de psicofármacos, y podemos prever agravamientos en temas como el VIH o la dependencia debido a la retirada de subvenciones. Sin olvidar todas las patologías derivadas del desempleo, que afectan en mayor medida a las zonas tradicionalmente pobres”.
Se vende ciudad
No es materia de este reportaje profundizar en la política de privatizaciones que se ha llevado a cabo en Madrid, aunque es necesario recordar que las autoridades regionales y municipales nunca han escondido su predilección por este modelo de gestión, alegando una mayor “rentabilidad” y “eficiencia”. Así, tanto la sanidad como la educación han visto en estos años como se ha privilegiado descaradamente al sector privado, con la construcción de ocho nuevos hospitales de gestión privada y el proceso de privatización de otros seis (tumbado judicialmente), por un lado, o la reducción de la oferta en escuelas públicas hasta el 52%, potenciando la escuela concertada, mayoritariamente católica, mediante fondos públicos, hasta el punto de que ya supone un tercio de la oferta total. La situación en la enseñanza superior es similar, mientras la universidad pública languidece por falta de recursos, se potencia a la privada con subvenciones que buscan mitigar la caída de facturación de esta, cuya oferta es imposible de cubrir en la actualidad.
Más allá de Sanidad y Educación, las políticas llevadas a cabo en casi todos los ámbitos han ido por el mismo camino, el de externalizar la gestión o, directamente vender los recursos públicos. Limpieza de las calles, gestión de residuos, servicios sociales, transporte, cultura –ya se habla de gestión privada en los teatros municipales– o incluso las donaciones de sangre. Todo es privatizable. “La peatonalización de las calles no se ha hecho para el peatón ciudadano, sino para el peatón consumidor. Además, los nuevos espacios ‘lisos’ están prestos a ser alquilados a ferias de todo tipo, mercadillos de artesanía, campañas publicitarias… Mención aparte merecen las terrazas de los bares, cuya superficie, sobre todo del centro, es el doble que hace unos años. Mientras, los peatones nos apretujamos en el borde de las aceras y tenemos que bordear una plaza porque han puesto una pista de patinaje”, lamenta la arquitecta Eva García, de Contested Cities. Como sacado de un siniestro manual, la liberalización total de horarios, que entró en vigor hace un año, ha herido de muerte al pequeño comercio y empeorado las condiciones laborales de miles de empleados, mientras que, según la Confederación Española de Comercio, no consiguió en el año 2013 sus objetivos ni de facturación ni de creación de empleo: bajada de afiliaciones a la Seguridad Social del 2,5% (frente al 0,7% de media en España), de ocupación (3,3% frente a 1,9%) y de ventas (4,2% frente 3,9%). Lo único que ha logrado, de hecho, es un aumento de la precariedad laboral, especialmente en las grandes cadenas y centros comerciales, los más beneficiados con esta normativa.
Próxima entrega: Se busca futuro, Madrid resiste (y 3).
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