10 febrero 2015 http://anred.org/spip.php?article9299
Los motivos
La avanzada de los comodities en el mercado internacional ha desplazado las fronteras agrícolas-ganaderas, dándole espacio a la sojización de los cultivos. Grandes porciones de tierra y poca mano de obra es lo que necesita la producción de la oleaginosa. Así miles de campesinos pierden su fuente de trabajo y son obligados a poblar los márgenes de las ciudades.
En este escenario el 15 de junio del 2012 se produce la masacre de Curuguaty donde murieron 11 campesinos y 6 policías en la que fue la más cruda manifestación del aparato represivo estatal expresando la tensión política entre una democracia que tiene al partido colorado desde más de medio siglo en el poder y un país con una desesperante desigualdad social en Paraguay el 85 por ciento del territorio está en manos del 2,6 por ciento de los propietarios, muchos de ellos extranjeros.
El escenario nacional venía con un alza del conflicto social atravesado por un Gobierno de otro tinte político al acostumbrado. El sacerdote Lugo ocupaba la presidencia enfrentado a un parlamento de línea tradicional. El novedoso mandatario no realizó cambios estructurales en la política paraguaya que no daba aire para iniciativas, la casta empresarial y burocrática seguía teniendo “la sartén por el mango”.
Una de las consecuencias de la masacre de Curuguaty fue que el 22 de junio se concretara el golpe institucional al Gobierno de Lugo dando luz verde a un proceso que ya venía avanzado, la transformación de un Paraguay para los agronegocios. Empresarios de todos los bandos no aprobaban a un Gobierno del cual desconfiaban y menos en un escenario de creciente protesta social donde el 91,5 por ciento de los campesinos tiene apenas un 6 por ciento de la tierra agrícola.
El Gobierno entrante de Federico Franco elegido por el parlamento que destituyo a Lugo profundizó la avanzada del agronegocio, de forma inmediata legalizó la utilización de un conjunto de semillas transgénicas y aceleró la sojización de las tierras.
El actual gobierno de Horacio Cartes al que la “Larga Marcha” reclama su dimisión es señalado por prolongar estas medidas anti populares. El multiempresario Cartes acusado de diferentes estafas, entre ellas al Banco Central del Paraguay por 34 millones de dólares, fue condenado en 1985 y permaneció 4 años prófugo evadiendo la justicia que luego lo considero sobreseído. También en Wikilikes figura que la DEA (Administración para el Control de Drogas) lo investigó por lavado de dinero ligado al tráfico de drogas.
Cartes es el político que hizo carrera empresarial y deportiva al mando del Club Libertad, en el 2001 obtuvo tres campeonatos y logró llegar a las semifinales de la Copa Libertadores de América en el 2006. Luego asumió el cargo de director de selecciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol en las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2010 hasta llegar a cuartos de final con la selección de futbol paraguaya.
La Larga Marcha
La “Larga Marcha” es denominada de este modo pues de ella participan campesinos afectados por el modelo sojero de distintos puntos del país. Los manifestantes fueron movilizándose por las principales rutas deteniéndose en cada pueblo y ciudad convocando al debate e invitando a la población a sumarse a la marcha, en algunas ciudades se realizaron asambleas.
El principal organizador es la FNC (Federación Nacional Campesina). La movilización culmina esta tarde a las 17hs en Asunción donde desde el 6 de febrero se encuentra un acampe en la plaza que enfrenta al Congreso Nacional donde se realizará un festival de cierre con artistas y una olla popular para los miles de campesinos llegados del norte y el este del país.
El objetivo
Lograr la renuncia del presidente Horacio Cartes al que los manifestantes consideran responsable de la situación actual y convocan a realizar un “Un modelo de país para todos”. En el comunicado de lanzamiento de la Larga Marcha el partido Paraguay Pyahura expresa, “Ante tantas amenazas: privatización, el recrudecimiento de las persecuciones, el fortalecimiento del narcotráfico y la narcopolítica, la complicidad de la cúpula de la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, ante la muerte por hambre y enfermedades de compatriotas resultado de la política del Gobierno de Horacio Cartes “todo para los ricos y nada para los pobres”, y ante la represión y la militarización como respuestas a tantas sentidas necesidades de la mayoría, el Partido Paraguay Pyahura emprenderá La Larga Marcha”.
Exigen terminar con la ley de militarización sancionado por el actual gobierno que según los campesinos y los últimos testimonios agudiza la represión social.La ley posibilito el despliegue de fuerzas militares en los tres departamentos para “garantizar la seguridad interna”, precisa el decreto que modifica la ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, otorgando al presidente de la República la facultad de utilizar a las fuerzas armadas en el combate contra grupos armados sin declarar el estado de excepción, como está establecido en la Constitución Nacional.
Según organizaciones sociales y de derechos humanos la presencia militar modificó la rutina de varios poblados del departamento de Concepción y particularmente de la comunidad campesina de Tacuatí Poty del departamento de San Pedro. En esa zona denunciaron abusos, amedrentamiento y violaciones de las garantías mínimas de familias campesinas por parte de operativos fiscales, policiales y judiciales.
El movimiento 138 en Argentina convoca para este martes a las 18:30hs a manifestarse frente a la embajada paraguaya(Av. Gral. Las Heras 2545) en apoyo a la "Larga Marcha" también exigiendo la libertad de los presos políticos de la masacre de Curuguaty y el esclarecimiento del hecho. El Ministerio de Justicia acusó a los campesinos de emboscar a las fuerzas policiales y fueron sometidos a un proceso judicial que estuvo plagado de irregularidades. “El caso Marina Kue evidencia la absoluta falta de un sistema de gobernanza responsable de la tierra en Paraguay, la manifiesta desprotección administrativa y judicial de los derechos humanos de los campesinos y las campesinas sin tierra, y la práctica sostenida de empleo de las fuerzas represivas del Estado para salvaguardar los intereses de los grupos poderosos del país. Además, el proceso penal de los campesinos y campesinas acusados por la matanza desnuda la falta de imparcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Público paraguayos”. Expresa una investigación de organismos internacionales y locales.(1)
También Amnistía Internacional en un informe sostiene que “La organización considera que este caso es ilustrativo de la inacción reiterada del Estado respecto a garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía, abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, y también tortura y otros malos tratos” (2)
Hoy todos los presos de Curuguaty cumplen prisión domiciliaria a la espera del juicio que se desarrollara en junio de este año. Solo Ruben Villalba permanece en prisión preventiva desde hace 28 meses por estar imputado en otra causa de resistencia a un desalojo del cual se comprobó su inocencia. Desde miércoles 11 al viernes 13 de febrero enfrentará el juicio oral y público para obtener un veredicto. Según medios locales e internacionales este juicio será un ensayo para el juicio del Caso Curuguaty previsto para junio próximo.
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