El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló el pasado viernes durante la presentación del Programa de Estabilidad 2017-2020
que el gasto público, especialmente el vinculado a partidas sociales,
aumentará en los próximos años. Para sustentarlo, presentó una tabla con
los importes en millones de euros que se destinarán a cada área.
Efectivamente, las cifras de Montoro reflejan ligeros incrementos
anuales. Sin embargo, si el cálculo se realiza en porcentaje sobre el
PIB nominal previsto por el propio Gobierno –lo que permite realizar
comparaciones homogéneas en el tiempo y entre países– el gasto público
se reducirá.
Por ejemplo, en educación, el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas contempla que España gaste el equivalente al 3,7% del PIB (48.133 millones) en 2020. Supone el porcentaje más bajo de la serie histórica que se inicia en 1995. En 2016, las partidas públicas en educación supusieron el 4% del PIB.
En sanidad sucede algo similar. La previsión del Gobierno es reducir la
partida anualmente hasta dejarla en 2020 en el 5,6% del PIB frente al
6,1% del PIB registrado en 2016. Representa la menor cifra desde 2006.
“Esta contención del gasto se basa en medidas de eficiencia, que
permiten seguir reduciendo la ratio de gasto respecto al PIB pero con
ligeros aumentos del gasto nominal. Ello también redunda en el
cumplimiento de las recomendaciones efectuadas a España de aumentar la eficiencia del gasto, en particular en el sector sanitario y farmacia”, sostiene el Ejecutivo en el Programa de Estabilidad.
El Gobierno, siguiendo los estándares internacionales, clasifica en diez epígrafes el gasto público en función de su destino: servicios públicos generales, defensa, orden público, asuntos económicos, protección del medio ambiente, vivienda, salud, actividades recreativas, ocio y religión, educación y protección social. Según las estimaciones del Gobierno, en 2020, no habrá incremento del gasto público en ninguna partida respecto a 2016. Aunque se mantendrá el mismo nivel de gasto en defensa (0,9% del PIB), protección del medio ambiente (0,8%) y vivienda (0,4%). Son partidas relativamente menores. En el resto de epígrafes se producirán caídas. El año pasado, el Gobierno gastó el equivalente al 42,4% del PIB, una cifra que se reducirá, según los planes remitidos a Bruselas, al 39,2% del PIB en 2020.
El Ministerio de Hacienda sostiene que la experiencia indica que la economía española funciona bien con un nivel de gasto público relativamente bajo en comparación con la media europea. La partida pública más importante es la destinada a protección social, que está formada básicamente por las pensiones y, en mucha menor cuantía, por las prestaciones por desempleo. La crisis y la presión demográfica han disparado el gasto en protección social en los últimos años, que ha pasado de representar el 13,8% del PIB en 2008 a alcanzar el 18% en 2013. El año pasado, esta partida supuso el 16,9% y la previsión del Gobierno es que siga cayendo durante los próximos ejercicios hasta situarse en el 15,9%. Factores como el envejecimiento de la población y el incremento de la esperanza de vida presionan al alza el gasto en pensiones. Sin embargo, Moncloa prevé que el desembolso público de las prestaciones para la vejez crecerá menos que el PIB nominal por las medidas aprobadas. El incremento de la edad de jubilación hasta los 67 años, los incentivos a alargar la vida laboral, el factor de revalorización que limita el incremento del gasto y, sobre todo, el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019 y que reducirá la cuantía de la pensión permitirán contener la partida de protección social hasta 2020. Las proyecciones del Gobierno indican que las prestaciones por jubilación supondrán el 11,8% del PIB en 2020, el 11,2% en 2030, el 11,9% en 2040, el 12,3% en 2050 y el 11% en 2060.
Respecto a la Unión Europea, España mantiene un nivel de gasto público en porcentaje sobre el PIB por debajo de la media. Los últimos datos correspondientes a 2015 reflejan que la media europea destinó a educación el 4,9% frente al 4,1% de España. En otras estadísticas como el gasto por estudiante, España alcanza mejores posiciones. En cualquier caso, el dinero es solo una de las variables, y no necesariamente la más relevante, para analizar la calidad de los servicios públicos. También en sanidad y educación, España gasta menos que sus socios europeos. Y destina más recursos que la media a intereses de la deuda, orden público y subvenciones.
Por ejemplo, en educación, el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas contempla que España gaste el equivalente al 3,7% del PIB (48.133 millones) en 2020. Supone el porcentaje más bajo de la serie histórica que se inicia en 1995. En 2016, las partidas públicas en educación supusieron el 4% del PIB.
El Gobierno, siguiendo los estándares internacionales, clasifica en diez epígrafes el gasto público en función de su destino: servicios públicos generales, defensa, orden público, asuntos económicos, protección del medio ambiente, vivienda, salud, actividades recreativas, ocio y religión, educación y protección social. Según las estimaciones del Gobierno, en 2020, no habrá incremento del gasto público en ninguna partida respecto a 2016. Aunque se mantendrá el mismo nivel de gasto en defensa (0,9% del PIB), protección del medio ambiente (0,8%) y vivienda (0,4%). Son partidas relativamente menores. En el resto de epígrafes se producirán caídas. El año pasado, el Gobierno gastó el equivalente al 42,4% del PIB, una cifra que se reducirá, según los planes remitidos a Bruselas, al 39,2% del PIB en 2020.
El Ministerio de Hacienda sostiene que la experiencia indica que la economía española funciona bien con un nivel de gasto público relativamente bajo en comparación con la media europea. La partida pública más importante es la destinada a protección social, que está formada básicamente por las pensiones y, en mucha menor cuantía, por las prestaciones por desempleo. La crisis y la presión demográfica han disparado el gasto en protección social en los últimos años, que ha pasado de representar el 13,8% del PIB en 2008 a alcanzar el 18% en 2013. El año pasado, esta partida supuso el 16,9% y la previsión del Gobierno es que siga cayendo durante los próximos ejercicios hasta situarse en el 15,9%. Factores como el envejecimiento de la población y el incremento de la esperanza de vida presionan al alza el gasto en pensiones. Sin embargo, Moncloa prevé que el desembolso público de las prestaciones para la vejez crecerá menos que el PIB nominal por las medidas aprobadas. El incremento de la edad de jubilación hasta los 67 años, los incentivos a alargar la vida laboral, el factor de revalorización que limita el incremento del gasto y, sobre todo, el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019 y que reducirá la cuantía de la pensión permitirán contener la partida de protección social hasta 2020. Las proyecciones del Gobierno indican que las prestaciones por jubilación supondrán el 11,8% del PIB en 2020, el 11,2% en 2030, el 11,9% en 2040, el 12,3% en 2050 y el 11% en 2060.
Respecto a la Unión Europea, España mantiene un nivel de gasto público en porcentaje sobre el PIB por debajo de la media. Los últimos datos correspondientes a 2015 reflejan que la media europea destinó a educación el 4,9% frente al 4,1% de España. En otras estadísticas como el gasto por estudiante, España alcanza mejores posiciones. En cualquier caso, el dinero es solo una de las variables, y no necesariamente la más relevante, para analizar la calidad de los servicios públicos. También en sanidad y educación, España gasta menos que sus socios europeos. Y destina más recursos que la media a intereses de la deuda, orden público y subvenciones.
Aumenta la presión fiscal
El conjunto de la Administración Pública ingresó el año pasado
421.472 millones de euros, cifra que representa el 37,9% del PIB, la
menor cifra desde 2012 e inferior al 44,9% de la media europea. El
Gobierno confía en que la presión fiscal aumentará en los próximos
ejercicios hasta alcanzar el 38,7% del PIB. Un incremento que Hacienda
asegura que se producirá por el efecto del crecimiento económico y no
por subidas fiscales. El Gobierno no contempla nuevos incrementos
impositivos, aunque en el Programa de Estabilidad señala que, si se
registra un desvío en el déficit, se recuperará el proyecto de crear un
impuesto sobre las bebidas azucaradas y se aumentará la fiscalidad
medioambiental.
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