La Iglesia y el Estado en el Uruguay, Por Juan Ferro

Alberto Schein ·  Por Juan Ferro (17/8/18)

A principios del siglo XX, bajo el gobierno de Batlle y Ordóñez, en el Uruguay se produjo un fuerte encontronazo con la iglesia. Con la oposición del clero el 26 de octubre de 1907 se promulgó la ley de divorcio absoluto por causal, el 6 de abril de 1909 se suprimió la práctica y enseñanza religiosa en los colegios estatales y el 9 de septiembre de 1912 se aprobó la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer.
Otra de sus medidas -muy combatida por la iglesia- fue la ley que prohíbe a los militares prestar honores en las ceremonias religiosas. En 1911 el equipo de colaboradores de Batlle volvió a arremeter contra la iglesia: el 10 de julio, pocos días antes de la fiesta de Corpus Christi, anarquistas, socialistas y batllistas organizaron una multitudinaria marcha pidiendo la separación de la iglesia y el Estado.
La Asamblea General en 1916 trató dicha separación en 13 sesiones y en 1919, mediante la reforma de la Constitución, se produjo la ruptura definitiva.
El artículo 5 de la constitución reformada decía específicamente:
“Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido, total o parcialmente, construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados actualmente al culto de las diversas religiones”.
En 1919 se cambiaron los nombres religiosos de algunas fiestas propias del santoral católico. La Semana Santa es llamada semana de turismo; el Día de la Virgen -8 de diciembre-, día de las playas; el 25 de diciembre, día de la familia. En Uruguay los presidentes no juran sobre la Biblia desde comienzos del siglo XX, no existen crucifijos en los hospitales públicos ni en las escuelas y liceos públicos, no hay capellanes en las Fuerzas Armadas, y no se reconocen los casamientos religiosos.
Finalmente el 22 de octubre de 2012 se asestó un fuerte golpe a la iglesia con la aprobación de la ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo.
Si hace más de 100 años se adquirieron esos derechos, la movilización popular en Argentina puede hacerlos realidad.

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