George Gonzalo · laultimahora.es JOSÉ LUIS EGÍ
La solución a los graves problemas medioambientales que afectan al Mar Menor y su comarca tendrá que esperar. La ansiada Ley de Protección Integral del Mar Menor parece destinada a convertirse en una nueva oportunidad perdida para salvar la laguna salada más grande de Europa. En 2016 se convertía en una marea verde, alimentada por los nitratos de origen agrícola. El 12 de octubre del año pasado escupía cientos de miles de peces y crustáceos muertos, imágenes que dieron la vuelta al mundo.
A pesar de los grandes titulares,
el acuerdo anunciado por PP, PSOE y Ciudadanos, para sacar adelante de
forma conjunta el 75% de sus enmiendas a la futura ley, podría suponer
la última estocada al Mar Menor. De hecho, parece pensado para blanquear
las prácticas insostenibles de una agroindustria que tiene un fuerte
peso político en la Región de Murcia. Asociaciones de productores y
exportadores como Proexport y Fecoam mandan más que muchos diputados.
Mucho se ha hablado de una franja de protección
en torno al Mar Menor libre de nitratos procedentes de la agricultura.
Populares y socialistas anuncian a bombo y platillo que ampliarán esa
franja de 500 a 1.500 metros. Pero la clave está en las prácticas que se
van a permitir dentro de esa franja y en el resto de la comarca del Campo de Cartagena. Es ahí precisamente donde los tres partidos han abonado el terreno para la ambigüedad.
Aunque
los expertos coinciden en que la única actividad agrícola compatible
con la protección del Mar Menor en el entorno de la laguna es la que
pasa por los cultivos de secano tradicionales o la agricultura ecológica de regadío, el PP ha conseguido imponer sus tesis e introducir un neologismo peligroso: la “agricultura sostenible de precisión”. El artículo 50
de Ley de Protección Integral la define como “la agricultura de regadío
que emplea el mínimo de nutrientes y es capaz de sincronizar su
disponibilidad con la absorción por los cultivos” (...)
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