Entiendo que tenemos ya muchos mimbres para poder afrontar un debate inaplazable, pero sereno y sosegado, en aras de una regulación verdaderamente garantista de la dignidad de mujeres y niños y elusiva de esta violencia. Lo demás, solo son cantos de sirena e intentos de marear la perdiz, aún más, si cabe
— Rocío Núñez Calonge, bióloga: “El caso de Ana Obregón demuestra que hacen falta reglas globales para la reproducción asistida”
En realidad, podría haber reproducido en su integridad mi artículo publicado en este mismo medio hace exactamente un año, el 10 de abril de 2022. Desgraciada e increíblemente, nada o prácticamente nada ha cambiado desde entonces en esta materia, salvo algún detalle menor que no evitará la ignominia. El “detalle” al que me refiero es la modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, cuyo artículo 32 se refiere a la “prevención de la gestación por subrogación o sustitución”, tras calificarla como “forma de violencia reproductiva”, reiterando que es un contrato nulo de pleno derecho y que, a través de campañas institucionales, se promoverá la información acerca de la ilegalidad de estas conductas, se produzcan con o sin precio, refiriéndose su artículo 33 a la prohibición de la promoción comercial de la gestación por sustitución.
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