Raúl Bocanegra 25/01/2025
La investigadora de APDHA expresa a 'Público' su "indignación" tras la muerte de otra persona en un asentamiento en Lucena del Puerto (Huelva).
Este viernes murió de madrugada una persona en el incendio de una chabola en un asentamiento, creado al calor del millonario negocio de la fresa, en Lucena del Puerto (Huelva). En 2021 ya habían muerto otros dos trabajadores en otro fuego, este en Palos de la Frontera, otro municipio fresero.
En Lucena, el año pasado, ya se produjeron otros tres fuegos, sin muertes, pero también con graves consecuencias: "La gente lo pierde todo en los incendios", lamenta en esta entrevista Carmen Vásquez, una de las investigadoras que ha participado en la confección del Informe Frontera Sur 2025 de la APDHA.
Esta misma semana la ONG ha presentado justamente, tras años y años de denuncias, un informe sobre el estado de los asentamientos, que recoge la extrema precariedad, "explotación pura y dura".
¿Qué reflexión le merece la muerte de una persona en otro asentamiento?
La inacción de las administraciones es preocupante e indignante. Esta situación es completamente insostenible desde un punto de vista humanitario.
Los incendios parece que son accidentes. ¿Correcto?
En el asentamiento en el que más incendios ha habido es este que se llama Sevillano en Lucena del Puerto. Hubo un incendio en mayo, otro en junio y el último en diciembre. Me remito a lo que nos cuentan las personas del asentamiento y es que son accidentes. La tragedia es que las personas viven bajo plástico y madera. Es muy combustible. Controlar un incendio así… Corre el fuego rapidísimo. Y el asunto es que la gente lo pierde todo. Pierde papeles, se quema el dinero, la ropa… El de diciembre fue bastante grave y ya la gente estaba haciendo nuevamente la chabola. Luego vino la borrasca y con la inundación, ha tenido que desalojar. Los llevan a un sitio donde no hay donde dormir. Otra vez la alternativa es la precarización.
¿Por qué se decidieron a hacer ahora en la APDHA, en estas fechas, un informe específico sobre los asentamientos?
No es un tema nuevo. El interés tenía que ver con el recrudecimiento de lo que está pasando en los asentamientos, los continuos incendios, y también qué estaba pasando con el plan de erradicación del plan de los asentamientos informales y tratar de entender y de mirar lo que está pasando.
¿Cómo está funcionando ese plan?
Hay una opacidad grande con el plan. En el municipio de Lepe sí ha habido cambios. Pero no hay alternativas habitacionales y no puedes hacer chabolas, [por tanto] hay muchas personas en situación de calle en este momento. Hay un albergue municipal que tiene capacidad para 40 habitaciones, con cuatro personas cada una de las habitaciones. Y, además, está el albergue de ASNUCI que son 39 plazas si no me equivoco. Cuando hay capacidad para alrededor de 200 personas… pues Lepe es un pueblo que recibe muchas personas en campaña. Es complicado. Entonces mucha gente lo que hace es comprar una carpa y vive en la carpa mientras la campaña. El plan no se corresponde con la realidad de las personas que están viviendo, que llegan a Huelva en el momento de la campaña.
A Lepe [hay que reconocerle que] ha sido la única de las administraciones que nos ha dicho, mira, hay estas chabolas, hay estas personas, estos son hombres, estos son mujeres. Entonces por lo menos como que sí tienen la voluntad de tener un censo, de entender un poco el fenómeno. Es el único municipio.
Los asentamientos se levantan porque hay una actividad económica, la fresa, que da importantes y relevantes beneficios…
Es una explotación pura y dura. Con toda la vulneración de derechos. Además, es que no tienen derecho a empadronarse. Podemos hablar del asunto de la vivienda, que, por supuesto, es importantísimo, pero aún estando en esa infravivienda, no se pueden empadronar. En Lucena, eso es imposible, en Palos tampoco. Entonces claro, viven en una situación de absoluta precariedad.
¿Por qué en un ayuntamiento sí y en otros no?
Bueno. Eso tiene que ver con la insistencia. Se ha tenido que recurrir a vías legales. Ha sido a través de denuncias y de procesos con el municipio. La gente llevaba los empadronamientos y no contestaban. Entonces cuando hay tres meses sin responder, ese es un silencio positivo. Eso ha tenido que ver con procesos legales. La idea es pelearlo, por decirlo de alguna manera, con los otros municipios.
¿Por qué cree que no se ha resuelto esta situación después de tantos años?
Los asentamientos surgieron como una medida momentánea, mientras se regularizaba la situación. Hay muchas cosas. No hay una respuesta que se puede dar de una sola vez. Es complejo. Hay que entender cómo viene la mano de obra a Huelva. Tiene que ver con las personas que vienen contratadas en origen. La persona que las contrata tiene que tener una alternativa habitacional para esas personas. Entonces digamos, eso sí se cumple, pero claro, aquí vienen 14.000 personas y aún así hay un déficit de 8.000 trabajadores y trabajadoras. Entonces intuimos también, por lo que nos dicen las mismas personas de los asentamientos, que ellas trabajan en el campo. Como no hay contratos en muchas ocasiones, no hay una manera de regularizar la vivienda de esas personas. Son trabajos que se hacen por el jornal. También se unen asuntos como el racismo. No hay casas y las casas que hay, pues las personas tienen mucho recelo de alquilarlas a personas de origen africano. Entonces, las personas se ven empujadas a vivir allí.
Hablamos de que no solo hay trabajadores que trabajan por un jornal sin más, sino que hay allí también viviendo gente que trabaja con su contrato y con toda su documentación en regla, ¿no?
Es importante insistir en que las personas no quieren vivir ahí. Hay como esta falsa idea de que las personas quieren vivir allí para enviar todo el dinero a su país de origen. Eso no es cierto. Nadie quiere vivir sin agua, sin electricidad, con plagas de ratas, serpientes que ya también estaban habiendo en los asentamientos. Esa idea es importante desterrarla. En el 2021 hubo una manifestación: queremos vivir en una casa y queremos pagar un contrato, dijeron.
Los municipios freseros reciben muchísima gente en la campaña: ¿Cómo no se ha pensado en una alternativa habitacional digna para que esas personas una vez regresan del trabajo, se puedan duchar, puedan cocinar y que no tengan el peligro de un incendio?
¿Cómo afecta este tipo de vida a las mujeres?
La mayoría de mujeres que se quedan en los asentamientos son mujeres de Marruecos que se quedan una vez vence su contrato. Vienen contratadas en origen. Muchas se quedan pensando que pueden regularizar su situación administrativa más fácilmente. Y se quedan sin trabajo. Si ya la situación es precarizada absolutamente, para las mujeres mucho más. Además está la barrera idiomática, además está la penalización de que probablemente no la vuelvan a contratar porque no regresó en los tiempos que establecía la contratación en origen. Y porque desafortunadamente la situación de las mujeres es más vulnerable en todos los lugares. Entonces en un lugar como las chabolas pues hay inseguridad y también son mucho más vulnerables porque la posibilidad de trabajar es muy poco probable y menor que en el caso de los hombres. Ellas están penalizadas para volver a trabajar.
¿Qué soluciones encuentra? ¿Qué el plan habitacional sea mucho más ambicioso?
Eso es un trabajo arduo, de fondo. Si no sabemos de cuántas personas hablamos, no hay posibilidad de planear. Ninguna institución quiere reconocer y ver que están allí. Eso también tiene que ver con la lejanía del núcleo urbano: hay asentamientos que están cerca de la finca o del cultivo. Las ves en el pueblo porque tienen que ir a comprar, pero luego, como que no se ven y si tampoco están censadas, es como que no existen. Si no hay la voluntad de censar a la gente, seguirá pasando esto. No se pueden empadronar, no están censadas, parece que no existen, pero ahí están. Y los planes tienen que ser ambiciosos. Hablan de efecto llamada, pero el efecto llamada es el trabajo. El efecto llamada no es una chabola. Además, en el caso de Huelva, hay personas que son temporeras, entonces una vez se acaba la fresa, se van a Almería, luego también van a Jaén: son personas que se están moviendo con las campañas agrarias.
Nómadas.
La gente con documentación no está en las chabolas los 12 meses del año y las otras personas es porque no tienen documentación. Hay que permitir que las personas se empadronen. Eso cambia por completo el proyecto migratorio, porque pueden solicitar algún tipo de arraigo. Las personas lo van a hacer igual, empadronadas o sin empadronamiento. Eso se ha convertido ahora [también] como en el negocio. Se produce una compraventa del empadronamiento. Hay el testimonio de uno que dice que el empresario le vendió el contrato por 4.000 euros, pero luego el contrato no le servía. Los testimonios están recogidos en nuestro informe. Siempre hay gente que hace negocio de la miseria y de la desgracia.
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