En una carta dirigida a la gerencia de dos hospitales de Vallecas y, en última instancia, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, los sanitarios solicitan que investigue a las empresas contratadas y ponen como ejemplo el material adquirido a HP y la farmacéutica Teva.
Fragmento de la carta enviada a la gerencia del Hospital Infanta Leonor de Vallecas (Madrid).
El pasado 7 de junio, un total de 390 médicos, enfermeros, celadores, administrativos y otros trabajadores del sistema sanitario público del distrito madrileño de Vallecas, firmaron una carta pidiendo a las autoridades competentes que evitaran la compra de material médico o la contratación de cualquier servicio a empresas que, "directa o indirectamente", estén relacionadas con la ocupación de los territorios palestinos o el "el asesinato sistemático de su población".
Público ha tenido acceso en exclusiva a dicha misiva, en la que también se pide acabar, "en la medida de lo posible", con cualquier acuerdo económico que sostenga al régimen israelí, cuyos principales representantes están siendo investigados por "crímenes de guerra y contra la humanidad" por la Corte Penal Internacional. A la cabeza de todos ellos se encuentra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, sobre el que pesa una orden de busca y captura interpuesta por la fiscalía de la CPI, el pasado mes de noviembre. Ello no ha impedido al mandatario viajar recientemente a Hungría sin ser detenido, pese a que el Alto Tribunal tiene jurisprudencia en aquel país.
El personal sanitario de Madrid ha dirigido la misiva a la gerencia de los hospitales Infanta Leonor y Virgen de la Torre, así como a la dirección médica y a la comisión de compras de ambas instituciones. Entre el 2017 y el 2023, la gerencia de los hospitales madrileños se designaba por concurso público. En 2023, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aprobó por vía de urgencia un decreto que abría la puerta a recuperar el nombramiento a dedo en esos puestos. Sea de uno u otro modo, una de las personas que ha redactado la carta, y que prefiere no dar su nombre, asegura a Público que desconocen "quiénes son los responsables últimos de las compras" de materiales y servicios para los hospitales.
Por eso, en el tercer y último punto de la petición, solicitan a la dirección de ambos hospitales que eleven la petición "a aquellas instancias o autoridades que sus destinatarios consideren concernidas por su contenido".
Teva Pharmaceutical y Hewlett Packard
Los sanitarios que han firmado la carta no saben cuándo se realizaron los contratos ni a cuánto ascienden. Pero cada día, al llegar al Infanta Leonor y al Virgen de la Torre encienden sus ordenadores de la marca Hewlett-Packard, más conocida como HP. En ellos, toman nota de los síntomas de sus pacientes, gestionan internamente el hospital y registran la administración de uno u otro medicamento. Algunos de ellos son elaborados por el laboratorio israelí, Teva Pharmaceutical.
Tanto HP como Teva, han sido señaladas por varias organizaciones no gubernamentales debido su vinculación con el apartheid y la colaboración con lo que la relatora de la ONU, Francesca Albanese, describió en su último informe cómo "economía del genocidio". La abogada italiana define dicho sistema como la metamorfosis de las infraestructuras económicas y tecnológicas de los sistemas de control, explotación y despojo de los palestinos preexistentes al 7 de octubre, en infraestructuras que ahora reproducen una violencia masiva -genocidio- contra los palestinos.
En cumplimiento de la misión que le designó Naciones Unidas -vigilar e investigar las violaciones de derechos humanos contra la población palestina en los territorios ilegalmente ocupados-, Albanese realizó una investigación en la que puso nombre y apellidos a estas empresas. Entre ellas, se encontraba HP.
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Según sus pesquisas, la tecnológica, de capital mayoritariamente estadounidense, era la encargada de mantener la base de datos central de la Autoridad de Población e Inmigración, dependiente del Ministerio del Interior israelí. Esta agencia es el corazón de la burocracia del apartheid, al administrar el acceso a lo que considera territorio de Israel. La Autoridad de Población cumple un papel fundamental en la detención de personas "ilegales" en Israel, para lo que colabora con los servicios penitenciarios sionistas, así como con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado israelí.
Según las pesquisas de la relatora de la ONU, la filial isarelí de HP continúa suministrando servidores para la base de datos de la agencia, lo que permite la recopilación, el almacenamiento y uso de los datos biométricos de los palestinos. Esto, explica Albanese, sostiene el régimen de permisos de circulación de Israel, extremadamente discriminatorios para la población palestina. Además, la opacidad de la estructura comercial le ha permitido ocultar información sobre siete de sus filiales en Israel, por lo que podría tener otras funciones desconocidas en la actualidad.
Entre otras fuentes, Francesca Albanese utiliza las informaciones recopiladas por la organización Who Profits y el movimiento BDS (Boicot Desinversiones y Sanciones a Israel). Ambos llevan años investigando la complicidad de estas empresas con el apartheid, la colonización y, ahora, el genocidio. Ambas organizaciones han señalado la vinculación de Teva Pharmaceuticals con la precarización del mercado palestino.
Esta empresa es la mayor distribuidora de fármacos genéricos del mundo. Según Who Profits, su enorme cuota de mercado y el libre acceso -sin aduanas ni controles- al mercado palestino, ha impedido el desarrollo de la diminuta industria farmacéutica gazatí. Desde el 7 de octubre, esta ha quedado, además, sepultada bajo las bombas. Teva tiene el monopolio de la distribución de medicamentos en los territorios ocupados, pero no la obligación de etiquetar sus productos en árabe.
Pese a que Teva no aparece en el informe de Francesca Albanese, los sanitarios madrileños han pedido a las autoridades competentes que apliquen la estrategia propuesta por la relatora para esta y otras empresas que se lucren del genocidio: exponer a quienes han contribuido con el apartheid y el genocidio para que rindan cuentas. "Pedimos que no se hagan contratos con quienes no estén libres de sospecha" y que "se investigue antes de contratar" a una u otra empresa, aclara a Público uno de los firmantes de la carta. Para ello, dan como referencia el informe de Albanese, así como las bases de datos elaboradas por BDS y Who Profits.
De momento, ni las autoridades hospitalarias ni la Consejería de Sanidad de Madrid se han pronunciado sobre las peticiones de los sanitarios, según los firmantes del escrito.
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