Las ayudas concedidas durante años por la Junta de Andalucía han incentivado prácticas agrícolas irregulares en suelo forestal
La
sobreexplotación del acuífero compromete la salud de los ecosistemas
del Parque Nacional y Natural, según el último informe oficial
La Justicia ha puesto ya el foco en este asunto, que supone una amenaza para el espacio protegido. Un juzgado de la localidad onubense de La Palma del Condado ha procesado este verano al exconsejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas; y a dos exalcaldes de Almonte -uno del PSOE y otro del PP-, por consentir un uso indebido del agua en Doñana a pesar de tener conocimiento de que los pozos carecían de autorización.
El conteo de pozos ilegales que recoge el borrador no se trasladó a la versión definitiva, por motivos que se desconocen. El organismo competente para el registro de estos pozos es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama). Sin embargo, se ha negado a facilitar los datos en los repetidos intentos realizados por este periódico, incluyendo solicitudes de acceso a la información pública en virtud de la Ley de Transparencia. El Ministerio tampoco ha aportado la cifra total de pozos y ha remitido a una respuesta parlamentaria que no incluye la información solicitada.
El último Informe sobre el Estado de los Acuíferos, elaborado y publicado este año por la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, indica que los niveles de agua subterránea siguen bajando de forma alarmante, siendo "inferior al que cabría esperar por la pluviometría". La situación es de "prealerta" y las conclusiones reconocen que con esta tendencia descendente "se comprometería su buen estado y el de los ecosistemas terrestres que dependen de él".
Lo confirma el vicedirector de la Estación Biológica de Doñana, Jordi Figuerola: "El principal problema que tiene Doñana es el agua. Y reducir la explotación del acuífero contribuiría a solucionarlo parcial o totalmente".
Uso prohibido del suelo
El agua no es el único frente abierto en Doñana. La agricultura intensiva de regadío ha propiciado además la instalación de cultivos en suelo destinado a uso forestal, algo que está prohibido. En lugar de poner fin a esta situación, las ayudas concedidas durante años por la Junta de Andalucía a agricultores que emplean estas prácticas han incentivado su continuidad en el tiempo.El Plan Especial de Ordenación detectó la existencia de unas 3.000 hectáreas donde se instalaron cultivos de regadío en terreno forestal, repartidas entre cinco municipios de la comarca de El Condado de Huelva: Bonares, Rociana del Condado, Almonte, Moguer y Lucena del Puerto. En Lucena, un 91% de la superficie cultivada se transformó de forma irregular. Una vez más, los datos figuran en el borrador pero desaparecen en el documento definitivo.
La finca de Joaquín está situada en Lucena del Puerto. No cultiva las características fresas de la zona pero sí arándanos, frambuesas y moras. Todo de forma ecológica y en un terreno de cinco hectáreas, pocas en comparación a las de grandes explotaciones, que llegan a rondar las 500. Reconoce que tiene pozos ilegales para regar sus cultivos, al igual que otros agricultores de la zona, y por temor a represalias prefiere no revelar sus apellidos.
"Basándose en una foto hecha en junio de 2004, dos hectáreas y media -de las cinco que posee- me las han puesto de secano y las otras dos y media como forestal. Por tanto actualmente estaría incumpliendo la ley y me quedaría sin nada aquí", relata con pesar.
Sin embargo, ello no impidió que recibiera ayudas económicas, algo que a este agricultor le hace pensar que la Junta ha incentivado la agricultura con subvenciones para posteriormente responsabilizar a los agricultores de los problemas ambientales que sufre Doñana. "La Junta lleva muchos años dando ayudas para la compra de invernaderos, plásticos, tractores, maquinaria agrícola, sistemas de riego y tuberías", asevera.
"Presenté una solicitud de legalización del pozo y la respuesta de la Administración fue que no me daban permiso. Yo quiero tener agua legal porque sacarla de un pozo me cuesta dinero, cada vez hay menos y es mala", asegura para dar por zanjada su situación respecto a las dificultades para regar.
La historia de Joaquín no es la única que demuestra esta falta de control administrativo. En una situación parecida se encuentra Juan Reales, otro agricultor que también tiene su explotación en uno de los cinco municipios más afectados por esta problemática. Había pedido agua para regar siete hectáreas de su terreno, pero el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío le concede agua sólo para 12 metros cuadrados, una superficie menor que un salón de casa. Admite que tiene pozos para regar sus cultivos, no dice cuántos, pero se defiende: "Nosotros queremos que nos dejen traer el agua legalmente. Yo no quiero agua del suelo. Ni yo ni nadie".
Mientras explica su caso en compañía de su anciano padre, quien también dedicó su vida a la agricultura, su hijo va de un lado a otro de los cultivos subido a un tractor. El adolescente transporta las cajas con las frutas que saldrán a venderse a los mercados europeos. La máquina no para de rugir hasta que el joven la detiene para cruzar unas palabras con su padre.
"La Junta nos ha dado ayudas. A mi mujer le dieron una y a mi hermano otra. Y ahora dicen que no, que estas tierras no tenemos que tenerlas nosotros", lamenta Juan con tono y gesto de incomprensión. "Lo que ha hecho la Junta es incentivar para que sembremos más. Y ahora, de pronto, ya está. Esto se cierra. ¿Por qué?", se pregunta.
Ayudas económicas sin control
Antonio Ruesga no es sólo un agricultor más afectado por esta situación. Además es concejal de agricultura en el Ayuntamiento de Lucena del Puerto y no duda en acusar a la Administración regional de haber actuado de manera incorrecta. "La Junta de Andalucía ha dado multitud de subvenciones. Y, casualmente, justo donde las ha dado, viene años después y nos dice que no es zona cultivable, que no es regable", revela.Según la Consejería de Agricultura, para la concesión de ayudas agrícolas entre 2007 y 2013 se tuvo en cuenta la información recogida en el Sistema de Información Gráfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), que sirve para conocer los límites y las características de cada terreno cultivado. Sin embargo, un portavoz de Prensa añade un detalle importante: el responsable último de la veracidad de los datos es el propio agricultor, aunque "se hacen controles sobre el terreno y a posteriori para verificar que todo es correcto".
La realidad es que, independientemente de estos controles, los documentos y testimonios aportados a este medio por varios agricultores demuestran que la Junta de Andalucía no tuvo en cuenta si el uso agrícola que se hacía del suelo estaba permitido por la normativa o si el agua se extraía con autorización a la hora de otorgar subvenciones europeas de la Política Agrícola Común (PAC), entre ellas las correspondientes a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH). Estas ayudas llegaron a manos de agricultores a los que ahora la propia Junta acusa de llevar años cultivando de forma ilegal porque sus terrenos no son de regadío.
De esta forma, se concedieron ayudas y subvenciones a fincas forestales de pinos o eucaliptos que fueron transformadas en agrícolas, incluso en cultivos bajo plástico, con posterioridad a 2004, año en que entró en vigor el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), que en su artículo 46 prohibía expresamente este tipo de actuaciones. Otras ayudas económicas fueron a parar a terrenos forestales en los que se acabaron plantando cítricos.
Entre 2009 y 2013, la Junta recibió sólo nueve solicitudes para transformar el uso del suelo por parte de fincas ubicadas en los cinco municipios del Condado, pero abrió 135 expedientes sancionadores por hacer estas transformaciones sin autorización.
Los agricultores demandan agua superficial
Si una sola persona pudiera ser considerada como portavoz de los agricultores ante los últimos acontecimientos que se vienen produciendo en el ámbito de Doñana sería Cristóbal Picón, presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, quien hace hincapié en la versión de sus compañeros del campo onubense: "La Administración ha incentivado con ayudas a esos agricultores a los que ahora les quiere quitar sus tierras", reitera.Sobre el conflicto del agua, Picón aboga por el suministro de agua superficial a cambio de cerrar los pozos. "Es una garantía y a un menor coste. Nosotros queremos que nos den agua y pagarla", expresa.
El trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos autorizado desde la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras al Guadalquivir ha permitido a la Junta y a la Confederación Hidrográfica cerrar más de 300 pozos en el último año, según datos aportados por la Comunidad de Regantes del Fresno. El conflicto sigue activo porque sólo los agricultores con terrenos reconocidos como regables en el Plan Especial pueden beneficiarse de este agua.
Los agricultores manifiestan que el volumen de agua es insuficiente para satisfacer las necesidades de riego, por lo que demandan la ejecución de otro trasvase de mayor envergadura -15 hectómetros cúbicos- procedente del Guadiana y que se encuentra paralizado por una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable. Si se logra desbloquear, los agricultores calculan que podrán cerrarse otros 130 pozos más como mínimo. Por su parte, el Gobierno andaluz se ha pronunciado a favor de que se autorice este trasvase.
La desprotección, en el punto de mira internacional
El responsable de políticas ambientales de la Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife), Roberto González, se muestra convencido de que "en un Parque Nacional, todo debería estar supeditado a la protección de ese lugar". No cree que esto se cumpla en Doñana, donde "ocurren cosas que no ocurren en la mayoría de los humedales y la situación de dejadez ha provocado que el problema derive en un conflicto de intereses".Este punto de vista es compartido por el coordinador de WWF en Doñana, Felipe Fuentelsaz, quien critica que "con fondos públicos de la PAC se esté dando dinero a agricultores que incumplen la Ley de Aguas". Y afirma: "Han recibido muchos fondos europeos incumpliendo normativas".
En su opinión, ha llegado el momento de imponer medidas cautelares: "Deberíamos aplicar el precinto cautelar de pozos. El proceso por vía administrativa tarda cinco, seis o siete años en cerrar un pozo y hace que al agricultor le compense pagar la multa. La Fiscalía de Medio Ambiente está empezando a trabajar en temas de agua y a nadie le gusta sentarse en un banquillo", advierte.
Por su parte, el fiscal de Medio Ambiente en Huelva, Alfredo Flores, asegura que "la sanción administrativa es completamente insuficiente porque no cesan las conductas". A su juicio, la vía administrativa ha favorecido a los agricultores porque "en el peor de los casos, pagaban, y en el mejor, caducaban los expedientes o ganaban los contenciosos". Denuncia que existía una "impunidad absoluta" hasta la llegada del POTAD, que permitió abordar el problema aplicando el Código Penal. Este Plan contempla penas de uno a dos años de prisión, además del desmantelamiento de la finca y la clausura de las balsas no autorizadas.
Flores se muestra contrario a que los agricultores condicionen el cierre de pozos a la llegada de agua superficial procedente de trasvases. "Si los pozos son ilegales, hay que cerrarlos ya", sentencia, añadiendo que "es incomprensible que en 2017 se siga ampliando el suelo agrícola a base de suelo forestal".
Ante este escenario, la Comisión Europea dio un ultimátum a España el año pasado, advirtiendo de la necesidad de emprender acciones reales para garantizar la buena salud de Doñana. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que declaró a Doñana Patrimonio de la Humanidad en 1994, mantiene su amenaza de incluir a esta joya de la naturaleza en su lista negra de patrimonio natural en peligro.
Para evitarlo, la Unesco exige a España que ponga remedio a los daños ambientales ocasionados no sólo por la agricultura sino también por proyectos como el Dragado del Guadalquivir o el almacén de gas natural que la compañía eléctrica Gas Natural Fenosa está construyendo en las inmediaciones del espacio protegido. El incendio sufrido este verano no ha hecho más que agravar la preocupación por su conservación a nivel nacional e internacional.
A pesar de que el Informe del Estado de los Acuíferos tiene fecha de marzo, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no lo hizo público hasta julio, unos días después de la reunión del Comité de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, en la que se tomó la decisión de dar una prórroga de un año al Gobierno español.
No hay comentarios:
Publicar un comentario