El campo español ya nunca será rentable,
pero sí necesario. Como la sanidad o la educación. Los trabajadores del
campo ya no solo serán manos encallecidas y ojos oblicuos de sol
hiriente, sino garantes de la sostenibilidad del planeta, héroes de la
ecología, guardianes del aire que respiramos. Lo dice con otras palabras
Manuel González de Molina, presidente de la Sociedad Española de
Historia Agraria: “Tú cultivas la tierra, y a ti te pagan por vender
tomates. Pues la idea sería que te paguen por vender tomates, pero que
te paguen también por los servicios que tú prestas a la sociedad. Por
ejemplo, si tú no utilizas fertilizantes químicos nitrogenados, sino
estiércol. Si no contaminas los cursos de agua, el Estado se ahorra la
gran cantidad de dinero que se invierte en depurar agua. Otro ejemplo.
Estamos hablando de lucha contra el cambio climático y, por tanto, de
reducción de las emisiones. El único sector que secuestra carbono, en
forma de biomasa producida en los campos y el los bosques, es justamente
el de los agricultores. Con una agricultura sostenible el trabajador
del campo nos presta ese servicio. Lo mismo que Fulanito de la Industria
Tal compra permisos de contaminación, se puede remunerar por parte del
Estado el beneficio social que implica el secuestro de determinadas
cantidades de carbono”.
Suena a quimera. Un Estado que sostiene
una industria deficitaria pagando a los guardianes de la naturaleza.
Pero esa quimera ya está legislada. Concretamente, en la
Ley 45/2007,
de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural que
aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que nunca fue
ejecutada. “
Este tema del pago por el servicio medioambiental que
prestan los agricultores estaba incluido en aquella Ley del Medio Rural.
Incluso se presupuestó en el ejercicio 2009, 15 millones, creo
recordar, como partida experimental. Desde entonces, nada”, denuncia González de Molina. “
¿Cuánto costaría? No está cuantificado. Pero te aseguro que mucho menos de lo que nos cuesta el desastre climático de seguir así”, apostilla.
Diego Cañamero, ex secretario general
del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) de Andalucía y ex portavoz
nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), coincide con el
catedrático: “La ley no era suficiente, pero no voy a negar que
aplicarla sí hubiera solucionado algunas cosas. No se aplicó por una
cuestión de voluntad política. Los gobiernos aprueban muchas normativas
que después no desarrollan. Recogen votos dictándolas en época
electoral, quedan bien, legislan sobre demandas de la sociedad para
desmotivarla y desincentivarla, las aprueban y después se quedan ahí,
en stand by, muertas. Lo mismo que con la Constitución española, que
está escrita pero no aplicada”.
Aquella ley durmiente desde hace doce años no se limitaba a planificar
la transición ecológica del sector agroganadero y forestal. Sus
ambiciosos objetivos pasaban también por incentivar una política de
repoblación del rural, que incluía planes de integración de la población
migrante en los pueblos a resucitar, con el consiguiente esfuerzo
económico para dotar de infraestructuras sanitarias, docentes y de
comunicaciones a los reasentamientos. También se preveía
habilitar planes formativos para los bisoños ecoagricultores 4.0 de ese
virtual futuro. Una cascada de ideas que constituían lo más parecido a
esa reforma agraria que nunca abordó España, salvo la boicoteada y
abortada intentona izquierdista durante la II República. No pocos
historiadores focalizan el miedo de los terratenientes y las oligarquías
a aquella reforma agraria como uno de los detonantes de nuestra Guerra
Civil.
Que todo esto se va a abordar de una forma u otra lo confirma el mejor
de los indicadores posibles: el excelente olfato por la pasta que
siempre ha distinguido a los grandes explotadores, que no paran de
comprar tierra y de adscribirse a la agricultura ecológica con
encomiable entusiasmo. Cherchez l´argent. La compra de tierra
de estas grandes productoras, muchas veces de titularidad foránea,
todavía no es masiva, pero sí muy selectiva. “Están comprando las
mejores tierras. No se interesan en Castilla y León, Jaén y Córdoba, ni
en el norte de la provincia de Granada, que ya está completamente
desértica. Donde sí se está produciendo el land grabbing (acaparamiento
de tierra) es, por ejemplo, en las orillas del Guadalquivir, en los
olivares productivos subbéticos, en zonas donde se puedan producir
grandes cantidades y que tienen acceso a agua”, explica el presidente de la Sociedad de Historia Agraria
De momento, solo dos de los 26 millones de hectáreas de superficie
agrícola de España se trabajan con métodos ecológicos, según el
Informe Anual de Indicadores 2018 (el más reciente) que publica el Ministerio de Agricultura. (...)
LEER COMPLETO. MUY INTERESANTE
Paquita Caminante Mi
hija está en esta lucha: la agricultura ecológica, sin recibir ninguna
ayuda pública. Las PAC son para los grandes propietarios, que no
productores. No participa de estas manifestaciones porque ella no
utiliza intermediarios. Se lo gestiona sola.
.......................
