RECIBIDO de Ana - El Gobierno quiere endurecer el Código Penal - Jueves 12 de abril de 2012 www.diagonalperiodico.net/Penas-de-carcel-por-participar-en.html Las declaraciones de Interior sobre el endurecimiento del Código Penal abren preguntas sobre el alcance real de las medidas. Las acciones de desobediencia civil no violenta son las principales amenazadas.
El miércoles 11 se paró el último desahucio en Madrid: decenas de personas impidieron el desalojo de una familia en el barrio de Pueblo Nuevo. Lo hicieron como de costumbre: agolpándose en la puerta de forma pacífica para evitar el paso de la comisión judicial que certifica el desahucio.
Esta nueva acción coincidía con las declaraciones del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que señalaba la intención del Gobierno de endurecer el Código Penal para considerar la resistencia pasiva a la autoridad como un delito de atentado a la autoridad, entre otras medidas que endurecerían el tratamiento de prácticas asociadas a las protestas como los piquetes o las sentadas pacíficas.
En su intervención parlamentaria, Fernández Díaz también afirmó que el Gobierno trabaja para incluir la “alteración grave del orden público” en el delito de “integración en organización criminal”. El responsable de interior también se refirió a incluir la difusión de convocatorias violentas por internet y las redes sociales dentro de este delito. Por último, el hecho de “penetrar” en lugares públicos o “obstaculizar” su acceso, sin especificar si esta acción se produce con violencia hacia las personas o los objetos, también será tipificado como un delito de desórdenes públicos.
“Es grave y novedoso el hecho de incluir la resistencia pasiva como delito, porque hasta ahora estaba excluida del Código Penal” , resume Diego de las Barreras, abogado del gabinete jurídico confederal del sindicato CGT. Este supuesto, explica, ya está previsto en la Ley Orgánica que regula el derecho a la reunión y en la Ley de Seguridad ciudadana (la todavía conocida como Ley Corcuera), ambas leyes del ámbito administrativo. “Llevar la resistencia pasiva a la jurisdicción penal es un cambio trascendente”, afirma. “El delito de atentado implicaba emplear la fuerza, literalmente se refiere a ’acometer a la autoridad’”. Las penas varían de uno a cuatro años de cárcel.
Este abogado es más cauteloso sobre la implicación del resto de medidas. “Habrá que esperar a verlas por escrito, pero de entrada suena a declaraciones dichas para salir en la foto”, explica. Según de las Barreras, la amplia discreción con que cuenta la policía en este tipo de denuncias hace difícil prever el alcance de la medida. “La participación en una organización criminal está reservada para casos graves, como el narcotráfico o el terrorismo”, señala.
Las penas para el delito de desórdenes públicos pueden alcanzar los tres años. Pero según interpreta de las Barreras, “para llegar ahí normalmente tienen que condenarte por otro delito más. Quizá lo que el Gobierno busca es facilitar que te metan ’el paquete’ si has participado en una acción masiva donde se hayan producido destrozos, aunque a tí no te hayan imputado nada”.
"Llenar los ya paralizados juzgados con casos menores y activistas pacíficos es lo peor que le puede pasar a nuestro sistema judicial. Los detenidos, juzgados y encarcelados no salen baratos", afirma un artículo publicado el jueves 12 en el blog Madrilonia. Para este blog, que analiza también las medidas contra los delitos a la propiedad, es una cuestión de prioridades: "Gastar recursos públicos en cuestiones penales menores, cuando se hacen recortes en educación y servicios sociales es un claro síntoma del tipo de gestión de la crisis que pretenden llevar a cabo el gobierno".
“Si esto pasa en Francia, se monta en todos los medios de comunicación”, resopla la periodista Patricia Horrillo, activa en el movimiento 15M y agredida por la policía durante las protestas de este verano contra las Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid.
Horrillo reaccionó a las declaraciones de Fernández poniendo en marcha un pad (página de internet que permite la edición conjunta de un texto) para traducir la noticia a distintos idiomas. En menos de un día diferentes personas han traducido la noticia al inglés, alemán, francés e italiano. “Es interesante porque de esta forma es más fácil que lo saquen los medios internacionales, y eso sirve para sacarle los colores a los medios y al Gobierno de aquí”, reflexiona.
De momento, el británico Daily Telegraph (con corresponsal en Madrid) se ha hecho eco de la noticia (ING). Con las noticia ya traducida a cuatro idiomas, el empujón definitivo vendría con un mailing masivo a medios internacionales, dice Horrillo.
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