La mina de carbón El Cerrejón, la más
grande del mundo a cielo abierto y que utiliza unos 35.000 litros de
agua al día, afecta la vida de los indígenas, privándolos de la única
fuente hídrica que tenían y causando numerosas muertes entre la
población.
Armando Valbuena, autoridad tradicional de los Wayúu, denuncia que alrededor de 14.000 niños de esta comunidad indígena han muerto de inanición y “la mortandad no se detiene”, según lo cita el portal Aporrea.
El territorio que ocupan los Wayúu, en
el norte del país, carece de controles y presencia estatal colombiana.
Mientras los miembros de la comunidad se mueren de sed y hambre, la escasa ayuda gubernamental no llega a los indígenas por culpa de la corrupción, según los voceros de la población Armando Valbuena y Javier Rojas Uriana.
Este último, representante legal de
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Shipia Wayuu,
fue a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) de la OEA, por la violación de sus derechos vitales
fundamentales, y a exigir que se tomen medidas urgentes para que los
indígenas puedan recuperar el uso del río Ranchería, el único que
poseen.
“Las medidas que se han tomado son
insuficientes y Cerrejón, con el permiso del Gobierno Nacional, se
apoderó de la única fuente hídrica que teníamos, dejando a la comunidad
aguantando sed y por eso se han perdido muchas vidas”, declaró Uriana,
según lo cita ‘El Heraldo‘.
“Las regalías han ido a parar a los
bolsillos de los políticos y nos han usado como excusa para direccionar
recursos para supuestos programas que nunca nos han beneficiado”,
agregó.
Lejos de ser un caso aislado
Lejos de ser un caso aislado
La tragedia de los Wayúu está lejos de
ser el único caso que representa la grave violación de los derechos de
los pueblos indígenas por parte de las grandes empresas.
En febrero, varias agrupaciones
indígenas del Cauca, uno de los principales departamentos de aborígenes
en Colombia, organizaron un levantamiento pacífico para exigir que se les reconozca el derecho a la tierra y acusar al Gobierno de usurpar sus territorios más productivos.
Los manifestantes denunciaron que el Gobierno había asignado sus tierras más fértiles a la industria cañera. Además, señalaron que las empresas instaladas contaminan estas zonas milenarias sin respeto alguno por el medioambiente.
“Hay un interés por parte de las
multinacionales que pretenden entrar en estos territorios para explotar
yacimientos de diferentes metales, entre ellos, el oro”, señaló a RT el
portavoz del consejo regional indígena del Cauca, Antonio Palechor.
En Perú, los pueblos indígenas protestan
desde hace años contra la extracción de recursos en sus territorios y
la explotación de hidrocarburos. A finales de enero, cientos de
indígenas peruanos paralizaron la producción en la mayor concesión petrolífera del país, denominada ‘Lote 1AB’, operada por la empresa argentina Pluspetrol.
En Brasil, la multinacional Coca-Cola está involucrada en varias luchas
de los pueblos indígenas, ya que compra el azúcar a la empresa
estadounidense Bunge, que, según denuncian, lo obtiene de tierras
robadas a sus tribus.
En Argentina, el conflicto entre el
Estado y los indígenas Qom por el derecho a la tierra y su propia
identidad, no deja de agitar al país y genera cada vez más discordia en
la sociedad.
Por su parte, la comunidad indígena de Guatemala denuncia que está bajo presión del Gobierno por su oposición a los proyectos que las multinacionales quieren llevar a cabo en los asentamientos de la población autóctona.
“Nos han dicho que nosotros somos
personas terroristas, que nosotros somos personas que estamos en contra
del desarrollo, estamos en contra del sistema”, dijo Isabel Turuy
Patzan, un hombre indígena.
Los activistas aseguran que la falta de
información es uno de los factores que permiten a las autoridades
criminalizar las protestas, impedir consultas y acallar las voces de
todo un pueblo.
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