La larga historia del contagio de hepatitis C y la subordinación de los gobiernos a las multinacionales farmacéuticas

Publicado en: abr 9 2015  por Nerea Castro

Ángeles Maestro - Rebelión - 9/4/2015
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Las movilizaciones de las personas contagiadas por el virus de la hepatitis C para conseguir el acceso de todas ellas al medicamento Sovaldi (Sofosbuvir) ha servido –como toda lucha- para sacar a la luz el poderoso entramado de intereses que hacen de las multinacionales farmacéuticas el sector económico con más beneficios, sólo comparable a la industria armamentística, el narcotráfico o la prostitución.

Ha trascendido ampliamente que el tratamiento con Sovaldi, medicamento altamente eficaz y del que depende la vida de las personas afectadas por hepatitis C, tiene un coste de producción de aproximadamente 100 euros. El precio inicial de venta establecido por la multinacional farmacéutica Gilead era de 60.000 euros, aunque al parecer ahora lo “rebajó” a 25.000. Con este precio, tratar a los 35.000 pacientes más graves absorbería el 10% del gasto farmacéutico público total que asciende aproximadamente a 14.000 millones de euros.

Hay otro dato esencial que ha trascendido mucho menos: todos los estudios que sirvieron para el desarrollo del Sovaldi fueron financiados por fondos públicos de EE.UU durante más de dos décadas. A partir de estas investigaciones se creó la empresa privada Pharmasset, con sede en Delaware (EE.UU), que funciona como un paraíso fiscal. En 2011 esta compañía fue comprada por la multinacional Gilead, que contó entre sus directivos a altos cargos del Gobierno norteamericano como Georges Schultz y Donald Rumsfield.

La parasitación de la I+D pública por parte de la empresa privada no ocurre sólo en EE.UU. No es coincidencia que tanto en gobiernos del PSOE (Cristina Garmendia) como del PP (Carmen Vela) se haya situado a científicas provenientes de la empresa privada a la cabeza de los departamentos ministeriales responsabilizados de la investigación pública.

Un importante trabajo realizado por Pablo Martínez Romero, militante de CNT de Córdoba, profundiza en estas inquietantes conexiones público/privadas. Tras ellas está indefectiblemente el derecho de patente que coloca el supuesto derecho de “propiedad intelectual” sobre descubrimientos científicos – que como se ha visto fueron en su inmensa mayoría realizados con dinero público – por delante del derecho a la salud y a la vida de las personas.

Esta colaboración público/privada no se detiene en el ámbito de la investigación, ni tiene límites nacionales. Un buen ejemplo es el caso de la “amenaza de pandemia” de gripe aviar. En este caso la misma Organización Mundial de la Salud colaboró decisivamente para la extensión de un pánico masivo absolutamente injustificado. En esa ola de histeria colectiva la misma multinacional Gilead vendió a Roche el famoso Tamiflu – quedándose con un tanto por ciento de las ventas – que reportó fabulosos beneficios al ser adquirido masivamente por gobiernos de todo el mundo ante una amenaza de “pandemia de efectos devastadores” que resultó ser falsa.

Es inevitable relacionar la manipulación mediática a escala mundial con falsas noticias de epidemias, que sirven para atemorizar a la población al tiempo que reportan suculentos dividendos a las multinacionales farmacéuticas, con una estrategia del shock cada vez más usada por el imperialismo. El uso del terrorismo islámico para justificar intervenciones militares, al tiempo que acredita su eficacia como instrumento de control social, sirve para justificar la escalada armamentística de la que se beneficia el complejo militar-industrial, altamente vinculado con las grandes empresas químico-farmacéuticas.

La hepatitis C, una larga historia de sufrimiento y responsabilidades

Se calcula que en el Estado español hay 900.000 personas (el 2% de la población) contagiadas por el virus de la hepatitis C, de las cuales 650.000 desarrollarán una hepatitis crónica. Apenas se habla de que una buena parte de ellas se contagiaron entre 1982 y 1995 a través de transfusiones de sangre o tratamientos con hemoderivados infectadas con el virus a los que no se habían realizado las pruebas pertinentes.

Entre 1982 y 1995, 1800 personas enfermas de hemofilia adquirieron el virus de la hepatitis B, C, o del SIDA tras ser tratadas con Hemofil, medicamento de la empresa BAXTER. En esa época (la situación ahora no ha cambiado) el 80% del plasma y derivados de la sangre se importaba a través de empresas de EE.UU. Estas empresas obtenían la materia prima de la población carcelaria de EE.UU (que tiene diez veces más prevalencia de sífilis, hepatitis y SIDA que la población general) a través de un intrincado engranaje de corrupción y negocio en el que estaba implicada, obviamente, la administración penitenciaria.

Aunque el 29 de diciembre de ese mismo año 1983 un telegrama del ministerio de sanidad canadiense alertaba al gobierno español de la entrada de plasma posiblemente contaminado, no se tomó ninguna medida encaminada a detectar la presencia de los virus y poder desechar en consecuencia los productos infectados.

En 1990, cuando la alarma por la cantidad de personas contagiadas empezaba a trascender, presenté en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley exigiendo que el Gobierno (del PSOE, con mayoría absoluta) ordenara la realización sistemática y generalizada de “pruebas para acreditar la ausencia de anticuerpos del virus de la hepatitis C y del SIDA en todas las donaciones de sangre y derivados, así como exigir la acreditación correspondiente del resultado negativo para tales virus en los productos importados”. La Proposición fue rechazada con la mayoría absoluta del PSOE estimando que la medida “de ninguna manera debía tener carácter obligatorio”, ni adoptarse con carácter general porque la “prevalencia del virus es muy poca” y por los graves problemas que podrían acarrarse.

Como relata Miguel Jara, la Directora General de Farmacia con el Gobierno de Felipe González, Regina Revilla, posteriormente máxima responsable en España de Relaciones Institucionales de la multinacional farmacéutica Merck, no emitió hasta febrero de 1993 una Orden que permitía que ¡hasta el 31 de diciembre de 1995! se siguieran utilizando hemoderivados que no hubieran pasado el control preceptivo de detección de anticuerpos de hepatitis C. Como denunciaron los padres de dos hermanos fallecidos, en una época en que las dimensiones y la gravedad del contagio eran ya ampliamente conocidas, Regina Revilla no obligó a retirar del mercado los productos sospechosos, ni siquiera obligó a realizar técnicas de destrucción de la carga viral.

El 94% de las personas afectadas o las familias de las fallecidas, aceptaron ridículas indemnizaciones a cambio de su silencio. Quienes no lo hicieron y siguieron adelante con la denuncia relatan truculentos episodios de amenazas sobre ellos, conminándoles a aceptar las indemnizaciones sin ir ajuicio, por parte del despacho de un curioso personaje: José Federico de Carvajal, Presidente del Senado entre 1982 y 1989.

Recientemente el Tribunal Supremo ha desestimado una demanda de pacientes de hepatitis C contra las empresas BAXTER y Grifols que exigía cuantiosas indemnizaciones por considerar que el hecho denunciado había prescrito.

En aquella misma época, febrero de 1990, se debatió y votó una Proposición No de Ley presentada por mí en representación del Grupo Parlamentario de IU, que instaba al Gobierno a la creación de una empresa estatal de transfusión. En el debate hice referencia expresa a las recomendaciones de la OMS que en 1975 y 1981 instaban a los gobiernos a asegurar la autosuficiencia en el abastecimiento de sangre, plasma y hemoderivados, mediante la creación de los servicios estatales correspondientes. Se daba además la circunstancia de que el Estado aún poseía el 29% de los laboratorios Hubber, que habían sido reprivatizados tras su nacionalización completa junto al resto de empresas de RUMASA y que poseían una importante división de hemoderivados. La propuesta pretendía que el Gobierno utilizara ese departamento como base de la nueva empresa estatal. La iniciativa se rechazó, otra vez por la mayoría del PSOE. Laboratorios Hubber, tras ser declarada “estratégica”, fue vendida a precio de saldo a ICN Pharmaceuticals¹².

Una única solución: autosuficiencia pública en la producción, distribución y dispensación de medicamentos esenciales

Sirva el anterior relato como un ejemplo entre miles de las graves repercusiones inherentes al hecho de que la fabricación, distribución y dispensación de medicamentos estén en manos, no solamente de empresas privadas, sino de grandes multinacionales capaces de ejercer enormes presiones sobre los gobiernos e incluso de poner a su servicio a la hasta hace poco respetada Organización Mundial de la Salud.

El aumento continuado del gasto farmacéutico público (el 25% del gasto total) ha servido de pretexto para la exclusión progresiva de fármacos de la financiación del Estado – los sucesivos ”medicamentazos” del PSOE y del PP –, para el incremento del % pagado por las y los trabajadores activos y a la introducción del copago para pensionistas.

Directamente relacionado con el precio astronómico de medicamentos como el Sovaldi está la Resolución de la Dirección General de Farmacia (2013) por la que se impone el copago de medicamentos para enfermedades graves (hepatitis, cáncer, SIDA, degeneración macular, etc) y de dispensación hospitalaria¹³. A pesar de que este aspecto del copago no ha llegado a ser aplicado, por el escándalo desencadenado y por la negativa a aplicarlo de numerosas CC.AA, es más que probable que tras el periodo electoral entre en vigor.

La locura privatizadora ha llevado a la Consejería de Sanidad de Madrid a la adjudicación a la Cruz Roja, desde 2014 a 2020, de la gestión de las donaciones de sangre por 9, 3 millones de euros, 67 euros por cada donación altruista. En consecuencia la gente, debidamente informada, ha disminuido drásticamente sus donaciones a través de este servicio privatizado.

Como es evidente, el problema no es sólo de las personas enfermas de hepatitis C. Es la imposibilidad absoluta de que todo el sistema sanitario, financiado con recursos públicos pueda cumplir su – teórico – principal objetivo: mejorar el estado de salud de la población, disminuyendo la enfermedad y retrasando la muerte. Y es imposible que lo haga porque, mediante los sobornos correspondientes, funciona prioritariamente al servicio del negocio privado de multinacionales farmacéuticas, aseguradoras privadas, bancos, inmobiliarias, empresas de capital riesgo, etc.

Por lo tanto, se trata de algo mucho más complejo que de “recortes”. Por supuesto, las personas enfermas de hepatitis C y todas las demás tienen todo el derecho a exigir que se les proporcionen de forma inmediata los medicamentos que necesitan pero eso será materialmente imposible si no se rompe la dependencia de las multinacionales farmacéuticas.

No cabe otra solución (y esa reivindicación debería sonar con más fuerza en las movilizaciones de personas afectadas por la hepatitis C y de aquellas que defienden la sanidad pública) que exigir al Gobierno y a todas las fuerzas políticas la adopción de medidas que garanticen la independencia de la sanidad pública en materia de medicamentos de la empresa privada. Para ello es imprescindible adoptar medidas como las que propone CASMadrid

• Poner en marcha una industria farmacéutica pública que fabrique y distribuya los medicamentos esenciales de forma que se garantice el acceso a todos los fármacos realmente útiles a quienes los necesiten.
• Derogar todas las normas que imponen el copago de medicamentos de uso hospitalario, a las personas pensionistas y el aumento del copago para las activas. Medicamentos gratuitos para todas las personas desempleadas.
• Eliminar del Registro todos los medicamentos inútiles, perjudiciales para la salud o con precios comparativos injustificadamente elevados. Todos los medicamentos admitidos en el Registro deberán tener financiación del sistema público.
• Dispensar directamente los medicamentos en los centros sanitarios a la dosis necesaria.
• Prohibir la financiación por parte de la industria farmacéutica de congresos, actividades científicas y de investigación, que deberán ser sufragadas con fondos públicos.
• Acabar con todo tipo de publicidad de medicamentos.