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Los bancos y las grandes compañías de seguros (cuyos representantes tienen amplia mayoría en el grupo de sabios que creó el gobierno para que proporcionara las claves de la nueva reforma) llevan muchos años tratando de gestionar en provecho propio el gran volumen de fondos que mueven las pensiones públicas. Con tanta liquidez como la que maneja la seguridad social se pueden obtener grandes ganancias en unos mercados financieros como los de hoy día, en donde las nuevas tecnologías permiten invertir con rentabilidad a una velocidad de 250 millones de dólares por segundo.
Pero las pensiones públicas son un derecho muy querido por la población y un instrumento que la gente sabe que es el más eficaz para evitar la pobreza de la mayor parte de nuestros mayores: ¿cuántas personas ganan lo suficiente como para ahorrar con su solo sueldo mientras trabajan lo suficiente para vivir con dignidad cuando se jubilan?
Por eso les resulta tan complicado a bancos y seguros conseguir directamente la opción a la que realmente aspiran, privatizar las pensiones públicas para gestionarlas por entero. Y por eso es por lo que han tenido que elegir un camino intermedio, debilitar progresivamente al sistema público para que la gente, temerosa de que sea insuficiente para garantizarle una vejez decente, trate de cubrirse las espaldas (quienes pueden) ahorrando en planes privados (...)
Con el fin de convencer a la gente de esa idea los bancos y compañías de seguros vienen financiando generosamente a un buen número de economistas que periódicamente presentan sus previsiones siempre de la misma forma. Con gran cobertura mediática informan a los cuatro vientos de que dentro de tantos o cuantos años la seguridad social tendrá un déficit insuperable y que eso colapsará el sistema público de pensiones así que hay que rebajarlas, atrasar la edad de jubilación y, en suma, hacer más difícil que realmente sirva de protección suficiente en la vejez (...)
economistas que no aciertan nunca en las previsiones que se le piden. Muy sorprendente salvo, claro está, que no busquen argumentos científicos y rigurosos sino excusas para presionar y sacar adelante su estrategia (..)
En el libro que Vicenç Navarro y yo acabamos de publicar (Lo que debes saber para que no te roben la pensión, publicado por Espasa) explicamos con claridad la falsedad de sus argumentos. Recomiendo vivamente que se lea y difunda para poder explicar a la gente las mentiras que nos están diciendo (...)
Podemos afirmar que este tipo de argumentos son falsos porque, suponiendo que lo adecuado sea lograr la sostenibilidad equilibrando ingresos y gastos (en muchos países se financian a través de los Presupuestos del Estado), no podemos actuar solo sobre los gastos sino también sobre los ingresos (...)
Por tanto, basar la sostenibilidad del sistema solo en el factor demográfico del envejecimiento (sin hablar nada de la gran concentración de la renta a favor del capital que se viene produciendo) es un truco para rebajar la pensión y lograr lo que he dicho que de verdad persiguen los bancos y compañías de seguro.
Por tanto, lo que en realidad pone en peligro a las pensiones públicas (entre otras cosas que explicamos en el libro) no es que vivamos más años, sino las políticas de austeridad que crean paro, y que por tanto hacen que haya menos cotizantes. Y, sobre todo, la mayor desigualdad de rentas, que es lo que se viene produciendo en los últimos años, porque, como he mostrado en el sencillo ejemplo anterior, con la desigualdad disminuye la masa salarial con la que se financian (...)
Lo que hay detrás es en realidad un conflicto de intereses entre grupos sociales, entre los de arriba y los de abajo, entre banqueros y financieros y la inmensa mayoría de la población que vive de su salario, entre propietarios del capital y asalariados. Dicho más claramente, es la lucha de clases. Ese conflicto que dicen que ya no existe para hacernos creer que los asuntos sociales son neutros y que solo los pueden arreglar los técnicos mediante fórmulas matemáticas (como las del grupo de sabios del PP) que nadie más que ellos puede entender.
Lo cierto es todo lo contrario. El futuro de las pensiones públicas no depende de esas fórmulas sino de la fuerza que tengan los asalariados para defender sus derechos y para asegurar que sus ingresos no disminuyan constantemente como viene sucediendo.
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