En 22 provincias, el 30% de la población tiene más de 65 años.
La densidad en una zona entre Teruel, Cuenca y Guadalajara es inferior a Laponia
Los demógrafos dibujan en el mapa una España sin futuro, un extenso territorio del interior repartido en 22 provincias como si fuera una gran mancha oscura donde el 30% de los habitantes supera los 65 años. Es una España terminal: cuando el demógrafo Francisco Zamora calculó en 2005 cuáles debían ser las condiciones para que España tuviera en 2050 la misma estructura de población que en 2001, la mejor de las soluciones era que cada mujer alumbrara 7,5 hijos. “No hay nada que hacer”, dice ahora, casi 10 años después de aquel estudio, “salvo que haya migraciones selectivas”.
Migraciones hubo durante el periodo de bonanza que trajo a España entre seis y siete millones de extranjeros, pero el resultado final es pobre. La natalidad ha vuelto a caer (pasó de 1,4 hijos por mujer en 2008 a 1,27 en 2013) y el porcentaje de mayores de 65 apenas ha mejorado unas décimas (del 17,6% a 16,7%). No hay reposición. Y la crisis económica hará el resto. La situación es letal: cientos de pueblos caerán uno tras otro.
Como caerá Aguilar de Anguita, en Guadalajara, a 140 kilómetros de Madrid, si Ángel Álvarez Gago, su mujer y sus dos hijas, deciden un día de estos hacer las maletas y cerrar Casa Juan, su restaurante, pegado a una carretera que no está aislada del mundo: a un minuto en coche está la vía del AVE y a seis kilómetros la autovía Madrid-Barcelona. No es un pueblo inaccesible, escondido entre lejanas montañas. Sus calles están limpias y sus casas en pie perfectamente conservadas. Pero allí manda el silencio. La plaza del Ayuntamiento, donde el consistorio está cerrado, al igual que el consultorio de salud anexo, es un escenario sin vida.
Ángel Álvarez ha tenido muchos oficios en sus 63 años de vida: ha sido minero en León, de donde procede, ha trabajado 15 años como electricista en Madrid, ha estado en la nuclear de Trillo, ha sido vendedor de productos químicos. “No me gustaba la minería ni la nuclear”, sostiene, así que abrió un mesón en el pueblo de su mujer, que se nutre de trabajadores de los alrededores, salvo en el fin de semana. Ángel Álvarez dice que en el pueblo “hacen parada ocho autobuses al día, cuatro en dirección Madrid y cuatro en dirección Valencia”.
Pero, ¿quién se baja en Aguilar de Anguita?
En esa misma carretera, en los 50 kilómetros entre Anguita y Molina de Aragón, los pueblos se quedan vacíos por la noche. Allí, las farolas iluminan la soledad.
Hay otra forma de explicar el problema, como lo ha hecho el catedrático de prehistoria Francisco Burillo, que ha acuñado un área geográfica denominada la Serranía Celtibérica, aglutinando comarcas de Aragón, Castilla y León, Valencia y Castilla-La Mancha. Aunque su iniciativa es discutida por numerosos demógrafos, Burillo toma como ejemplo un territorio que es dos veces más extenso que Bélgica y que tiene 614 núcleos de población con menos de 100 habitantes (por un total de 566 en el resto de España). En el interior de ese territorio, entre Teruel, Cuenca y Guadalajara, la densidad de población es de 1,63 habitantes por kilómetro cuadrado. “Pues bien, la zona más septentrional de los países escandinavos, que es la región de Laponia, con sus 1,87 habitantes por kilómetro cuadrado, nos supera en densidad”, señala Burillo. “Pero mientras Laponia tiene un 15,53% de menores de 15 años y un 19,62% de mayores de 65, aquí los menores de 15 son el 7,33% y los mayores de 65, el 32,05%. Estos porcentajes de envejecimiento pueden hacerse extensivos a otras comarcas. Puede considerarse que la zona está biológicamente muerta”. Burillo la denomina la Laponia del Sur.
El catedrático Burillo quiere alertar a los políticos, pero solo algunos pocos son conscientes del problema, quizás porque les toca muy de cerca, como es el caso del senador socialista Antonio Arrufat. En tiempos fue presidente de la Diputación por Teruel, pero sobre todo es alcalde de La Cerollera desde 2003. Tiene por orgullo que su pueblo haya crecido de 87 vecinos a 112, pero es consciente de que libra una lucha desigual. Tanto es así que ahora se le presenta un problema habitual en estos casos: se le han marchado dos de los siete niños que había en el pueblo, por lo cual corre el grave riesgo de que le cierren la escuela. Para evitarlo, se las está ingeniando para importar a una familia desde Calanda, a 25 kilómetros, y reparar esta avería. Arrufat tiene su propio indicador demográfico. “Si un pueblo pierde la escuela y se queda sin bar, está en la UCI”. Arrufat lidera una comisión formada recientemente en el Senado para estudiar el problema de la despoblación. Por allí pasarán expertos en la materia, alguno de los cuales no tiene demasiada confianza en esta iniciativa. España no ha desarrollado un verdadero plan a largo plazo, “de esos que ningún partido toca, como hacen en Francia”, sostiene Francisco Zamora. Los expertos ven en esta iniciativa una excusa para renegociar la financiación autonómica. “Sin embargo, hace ya tiempo que quedó claro que no hay correlación entre mayor inversión pública y mayor desarrollo. Los propios documentos de la Unión Europea lo constatan”, asegura el demógrafo Luis Antonio Sáez, director del CEDDA (Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales).
Sáez forma parte de un grupo de expertos de la Universidad de Zaragoza que estudió los efectos de la inmigración en las 22 provincias españolas que habían perdido población durante los años noventa. Estudiaron el impacto de la llegada de inmigrantes en dos periodos, los que van de 1991 a 2000 y de 2000 a 2008. La conclusión es que la inmigración de los años de bonanza económica no resolvió el problema general, aunque fue un alivio en algunas provincias. Analizaron posteriormente los datos hasta 2011 “y lo que podía verse es que las provincias que habían perdido población entre 2000 y 2008 seguían haciéndolo en conjunto a un ritmo parecido aunque levemente menor, y aquellas provincias que se habían recuperado seguían perdiendo población pero a un ritmo que era la mitad que el de los años de expansión”, afirma Vicente Pinilla, uno de los autores de este estudio, publicado en inglés, dado que ninguna editorial en castellano ha mostrado interés en él. Las cinco provincias con más pérdida de población son Lugo, Ourense, Zamora, Teruel y Asturias.
Todos los estudios señalan a Lugo y Ourense como las más afectadas. Y numerosos autores se preguntan cuántos gallegos habrá dentro de varios decenios. “Haría falta una inmigración neta anual de 20.000 mujeres para mantener estable el número de nacimientos hasta 2050”, ha llegado a calcular Xoaquín Fernández Leiceaga, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago y diputado autonómico socialista. Fernández establece una dura previsión para el futuro de Galicia en uno de sus trabajos: “Galicia gira alrededor de la autopista atlántica: el resto será paisaje”. “Puede parecer una frase excesiva”, dice, “pero lo que es evidente es que la población se concentrará en esa franja atlántica y en un periodo de 10 a 15 años su peso será superior. No tendrá unos efectos dramáticos porque la población de las zonas rurales ya está inactiva. Habrá una mayor actividad forestal, que tirará poco del empleo, algunas cabeceras de comarca que serán más dinámicas, pero, sí, se consolidará el paisaje”.
El paisaje gallego que describen los expertos es preocupante: el 85% de los municipios (que agrupan varios pueblos y aldeas cada uno) tiene problemas, tal y como lo describe Julio Hernández Borge, coordinador de la cátedra Unesco de Migraciones, quien en su obraGalicia. Una poboación aventellada señala 211 municipios con más del 20% de personas de 65 años en adelante, 168 con más del 30%, 54 con más del 40% y tres, con más del 50%. Cuando escribió el libro, fechado en 2010, solo había un municipio con más del 50% de población mayor. Al revisar sus datos para 2011, aumentaron a tres. Están en Ourense. Son A Teixeira, San Xoan de Rio y Lobeira.
La prensa local se ha hecho eco de la vida en estas poblaciones, señaladas con el dedo del demógrafo. Así el diario La Voz de Galicia glosaba el pasado junio la mejor noticia sucedida en mucho tiempo en Teixeira: el nacimiento de Tomasina, hija de una inglesa y un catalán, dos artesanos que emigraron a esta zona de la Ribeira Sacra. El alcalde, el popular Miguel Antonio Cid Álvarez, era capaz de decirle a los periodistas, uno por uno, los niños —“rapazones”— que hay en A Texeira y alrededores. El censo refleja una población de 406 habitantes, 219 de los cuales (el 54%) han alcanzado la edad de jubilación.
La Xunta de Galicia emprendió hace un año un Plan de Dinamización Geográfica sin consenso, cuyos resultados no podrán evaluarse, según la Consejería de Bienestar, hasta 2016. Entre las 69 medidas está la divulgación de anuncios en prensa y televisión animando a la población a fecundar hijos, una estrategia que los demógrafos consultados consideran inútil. Castilla y León propone medidas para cuando el PIB de la región crezca a un ritmo superior al 2,5%, un hecho improbable en estos años.
La crisis acentuará el problema. Los demógrafos aventuran que cada vez más ciudadanos vivirán en cabeceras de comarcas e irán al campo solo a trabajar. Los pueblos quedarán para el fin de semana, como sucede en Aguilar de Anguita. Y la España terminal seguirá su avance.
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