De los 8.125 pueblos que vertebran nuestro territorio, seis de cada diez municipios rurales tienen una población menor de mil habitantes y se encuentran en riesgo de extinción.
El pasado domingo, el programa de televisión Salvados
se hacía eco de la dura realidad del mundo rural. Entre diversos
problemas, se suele poner el foco en el despoblamiento de estas zonas
-como si se tratara de un ente único- pasando de puntillas por el resto
de desequilibrios que arrastran las áreas rurales. Pero el
despoblamiento no es un fenómeno nuevo, ni el más transcendental para
entender la realidad rural. Los investigadores del medio rural coinciden
en que ya desde el siglo XVIII se practicaron iniciativas de
repoblación que se repetirán hasta bien entrado el franquismo, cuando se
produce el gran éxodo a las ciudades en busca de oportunidades
laborales.
Lejos de minimizar el problema, es cierto, las áreas
rurales continúan despoblándose y una parte de ellas corre el riesgo de
desaparecer. De los 8.125 pueblos que vertebran nuestro territorio, seis
de cada diez municipios rurales tienen una población menor de mil
habitantes y se encuentran en riesgo de extinción. Pero no es menos
cierto que la población del mundo rural se mantiene estable desde 1980
rondando los 10 millones de habitantes, incluso se ha producido un
aumento poblacional en las cabeceras comarcales. Es en su proporción
sobre el total de la población donde se observan la perdida de efectivos
respecto a las ciudades; en 1981 la población rural representaba el 26%
del total, en 2011 solo incluye al 21%. “Reflexionar sobre la
despoblación tiene que ver con las miradas urbanas a lo rural, con el
sentimiento de pérdida, con la búsqueda de vínculos comunitarios, de
regresos a lo natural y de recreaciones patrimoniales. Efectivamente,
hay una España vacía, apenas poblada desde hace medio siglo, pero
también hay una memoria urbana del despoblamiento sufrido durante la
modernización, que se acerca a lo rural desde ese punto de vista”,
sostienen los catedráticos de sociología de la UNED Julio A. del Pino y
Luis Camarero.
Pese a esa mirada del mundo urbano hacia el rural, en
los últimos tiempos se han acrecentado las diferencias entre los núcleos
de menos de 1.000 habitantes y los que atraen hasta 5.000, resaltando
cada vez en mayor grado una España rural de dos velocidades. Aquellos
pueblos de interior que antiguamente han estado dotados de peores
comunicaciones y más alejados de las áreas urbanas -en el Sistema
Ibérico y Central, Pirineos, Macizo Galaico o las Cordilleras Béticas-
sí que puede estar abocados a la desaparición tal y como los conocemos
ahora, con gente viviendo en ellos durante todo el año. Hablamos de las
comunidades con mayor índice de población rural, como es el caso de
Castilla y León (25’9%), Extremadura (20%) y Aragón (17%). “Son núcleos
con población muy envejecida. En cuanto se trasladen a donde viven sus
familiares para que les puedan cuidar, porque en el pueblo no hay
servicios que permitan quedarse, esas áreas van a desaparecer. Vamos a
experimentar un poblamiento distinto al que estamos acostumbrados”,
relata el doctor en geografía rural de la Universidad de Valencia Jaime
Escribano.
"Las áreas urbanas han crecido inmensamente en comparación con las rurales"
El cambio más significativo que se ha producido en las últimas décadas tiene que ver con la concentración de la población
en torno a las llamadas cabeceras comarcales. Estos enclaves muestran
una tendencia totalmente contraria y atraen población favorecidas por la
gente que busca una mayor calidad de vida, una menor contaminación, que
han sido expulsadas de la urbe por los precios de la vivienda; y la
inmigración que ha sido muy significativa en las áreas rurales del
litoral Mediterráneo. “Hay zonas de España que están cada vez más
despobladas, pero el diagnóstico no es tan sencillo. Lo que ocurre es
que en las áreas rurales la gente está continuamente moviéndose y los
pueblos más pequeños quedan ligados al sistema de movilidad de las áreas
comarcales. Estas cabeceras comarcales concentran la población que
antes estaba diseminada porque son las zonas dónde encuentran todos los
servicios que han desaparecido en sus pueblos. Hay que entender que en
la propia definición de las áreas rurales está el despoblamiento, son
áreas menos pobladas que las urbanas y lo que ha ocurrido es que, en
términos relativos, las áreas urbanas han crecido inmensamente en
comparación con las rurales”, detalla el catedrático de la UNED Julio
del Pino.
Para este sociólogo, las principales desigualdades
que se detectan en las áreas rurales respecto a las urbanas tienen que
ver con el envejecimiento de la población, la desigualdad de género y la
movilidad: “La carga de cuidados que tienen las áreas rurales es muy
fuerte y eso hay que atenderlo de alguna manera. No basta con decir que
no hay presupuesto. En lo que respecta a las mujeres no es que haya más
machismo en las áreas rurales, sino que en estas áreas se acentúan las
desigualdades porque los hombres tienen los puestos de trabajo buenos y
las mujeres se quedan en casa, tienen trabajos precarios y están
soportando la carga de los cuidados. La tercera pata es la movilidad, en
estos pueblos es vital. Si uno no tiene acceso a la movilidad en un
área rural no puede hacer nada. Muchas veces el tema de los servicios no
es tanto que en cada pueblo pequeño haya esas dotaciones, sino que haya
una buena accesibilidad a los servicios, comarcalizando por ejemplo. Y
con la crisis estas tres desigualdades lo único que han hecho ha sido
acentuarse. La población es cada vez más mayor, hay menos trabajo, menos
servicios y las mujeres no vuelven al pueblo”.
"En los pueblos las mujeres sufren el doble de escasez de servicios y falta de empleo"
En este panorama desolador las mujeres
son las mayores perjudicadas por la falta de expectativas laborales y
las que, o acaban marchándose a la ciudad, o soportan la carga de los
cuidados. “En los pueblos, las mujeres sufren el doble la escasez de
servicios públicos y la falta de empleo. Tenemos el mayor fracaso de las
políticas destinadas a áreas rurales, como es la Ley de Titularidad
Compartida. Esta ley estaba pensada para que las mujeres que trabajan en
las explotaciones familiares, se calcula que son un tercio del total,
figuraran en la propiedad junto al varón y no como una mera ayuda.
Estaba tan mal hecha que en los 10 años que lleva en marcha se han
acogido a este plan diez o doce mujeres en toda España. Para los miles
de mujeres que están trabajando en las fincas en negro y de manera
invisible, lo importante es que puedan ver reconocido su trabajo y
cobrar justamente por él. En una explotación agraria la idea de
compartir la titularidad no funciona”, sostiene Blanca Ruibal de la
organización Amigos de la Tierra .
La brecha de género es uno de los grandes
desequilibrios del campo respecto a la ciudad. La pirámide de población
rural arrastra un profundo ensanchamiento de la población masculina
entre los 50 y los 80 años; mientras que la de las mujeres sufre un
severo estrechamiento desde el nacimiento hasta los 70 años. Como
veíamos en el programa Salvados , en los pueblos pequeños es
habitual encontrar hombres viviendo solos debido a la falta de
oportunidades para las mujeres. “Hay un montón de varones que viven con
los padres porque están dedicados a la pequeña explotación familiar. Eso
está sobrerrepresentado en las áreas rurales y las mujeres se quedan en
el mundo rural si tiene algún tipo de lazo familiar o personal, porque
si no económicamente no las compensa”, destaca Julio del Pino de la
UNED.
Las cifras que afectan a la actividad laboral y a la
pérdida de servicios públicos en el ámbito rural son desoladoras. En
educación, de los 91.800 alumnos matriculados antes de la recesión se ha
pasado a 66.223 en el curso 2013-2014. Castilla y León es la comunidad
que registra un mayor descenso con 4.935 alumnos menos y con un descenso
del 30% en el presupuesto para el servicio de transporte. En sanidad,
los recortes en atención primaria ascendieron a 1.551 millones, un 4%
más que en el conjunto del sistema sanitario. Comunidades como Aragón se
llevan la peor parte con el cierre de 60 consultorios locales en los
últimos cinco años; así como la supresión de los servicios de urgencias
rurales en Castilla y León, Extremadura, Cataluña o Castilla-La Mancha.
"La realidad de los pueblos pequeños no tiene que ver con la infancia, sino con la gente mayor"
Pero
el mayor causante del deterioro de la vida rural es el empleo, asegura
el geógrafo Jaime Escribano: “Siempre pensamos en los servicios públicos
y la escuela rural de pueblo, pero el mayor pegamento para un pueblo
son los puestos de trabajo. A partir del trabajo la gente decide donde
vive, y después se construye el colegio y el resto de servicios. La
realidad de los pueblecitos pequeños de los que estamos hablando no
tienen que ver con la infancia, sino con la gente mayor. Mientras en las
áreas comarcales hay una revitalización y pide mayor población joven,
en estas áreas apartadas no. Aquella medida de distintas comunidades de
eliminar los servicios médicos de urgencia sí que fue importante porque,
aunque ese servicio muchas veces no se utilice, genera una tranquilidad
para poder vivir en ese entorno sin preocupaciones”. En 2013, el
presupuesto del Ministerio de Agricultura perdía 1.680 millones de euros
–un 25% del total-. Se eliminaban en la totalidad partidas para la
prevención de plagas, nuevas tecnologías, fomento del asociacionismo o
defensa sanitaria. Otras partidas caían sensiblemente, como la de
seguros agrarios, desarrollo rural, modernización de explotaciones y la
instalación de jóvenes agricultores.
Para paliar tal abandono del campo y del medio
rural, el gobierno socialista promulgó en 2007 la Ley para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural como un intento para localizar comarcas
deprimidas y en proceso de desactivación, con una dotación de 1.800
millones de euros. Con la llegada del Partido Popular al gobierno en
2011, la financiación quedo aparcada y la ley guardada en el cajón.
“Aquella ley hacia un gran diagnóstico de la realidad rural y era una
ley participativa. Cuando se habla de solidaridad interterritorial se
habla de dar dinero a las comunidades con unos parámetros muy
discutibles y ese dinero no acaba llegando a las zonas deprimidas.
Mientras que en la Ley de Desarrollo Rural el dinero iba directamente a
la comarca deprimida y el plan de actuación lo hacía la gente que vive
en el territorio. Por eso, más allá de sectarismos, fue una buena ley
del PSOE participativa en la elaboración de los presupuestos y de
destino finalista”, sostiene Pedro Arrojo -diputado del grupo Unidos
Podemos-. El pasado mes de febrero, el diputado por Zaragoza de UP
presentaba en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
una Proposición No de Ley para recuperar los fondos de desarrollo rural.
La propuesta se llevará al Pleno del Congreso a finales de marzo y
cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del
PP.
Una de las principales medidas que lastró la
actividad en el campo fue la aprobación en 2004 por parte de la Unión
Europea del reglamento referente a las normas higiénico-sanitarias para
las producciones agroalimentarias. Este reglamento, pensado para
controlar a las grandes industrias, conlleva requisitos inasumibles para
las pequeñas explotaciones familiares. “Teníamos actividades de
transformación de productos naturales de altísima calidad alimentaria
que se han cerrado porque las condiciones teóricas de salubridad son las
que se dan en la agroindustria y para un pequeño productor son
inaccesibles. De hecho, la mayoría de esas partidas para mejorar el
control de plagas y la defensa sanitaria se suprimieron en 2012. Dentro
de la norma general, la Unión Europea permitía ciertas excepciones a
cada país miembro. En Francia lo regularon de manera específica para
que, con condiciones sanitarias adecuadas, haya una excepción y esos
productos se pueden vender fuera del territorio. Desde la pretendida
política de la salud Pública se han impuesto al medio rural medidas
insostenibles que han lastrado todo ese tejido productivo”, denuncia
Pedro Arrojo de UP.
El X Foro por un “Mundo Rural Vivo ” se reunía la
pasada semana en la localidad conquense de Minglanilla para abordar las
distintas soluciones de cara a alcanzar una soberanía alimentaria para
estos territorios. El diagnóstico que hacen las distintas asociaciones
presentes en el encuentro es que hacen falta políticas públicas lo
suficientemente fuertes para que dejen de cerrar explotaciones agrícolas
y ganaderas. “En los últimos tiempos se han dado una serie iniciativas
como la compra pública de alimentos por parte de las administraciones
para colegios y hospitales. Si estas compras se centrasen en favorecer
los productos locales y favorecer el tejido agrario de cada municipio,
sería una herramienta con un gran potencial para crear empleo y mantener
los pueblos vivos. También estamos conociendo distintas iniciativas de
formación para crear empleo en los municipios despoblados, empoderando a
gente para que se dedique a actividad agraria o ganadera. El lugar en
el que se realizó el foro es uno de los lugares más despoblados de
España, la gente siente que la están echando y que viven en un mundo en
el que la gente de las ciudades es ajena a la realidad del campo”,
mantiene Blanca Ruibal de Amigos de la Tierra . 
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