El Ejecutivo plantea endurecer las penas con la reforma del Libro Segundo “Delitos contra la administración pública” y establecer penas de ocho años también si hay una intimidación o fuerza contra la Policía en una vía pública durante cualquier reunión de más de tres personas.
También será castigado con hasta un años de prisión quien “desobedeciere una orden de cumplimiento inmediato de realizar o abstenerse de realizar una determinada conducta, emanada de un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o de una persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”. Hasta el momento, la pena más leve para este delito es de 15 días.
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