Marisa Kohan Periodista experta en temas de género e igualdad
Me llamo María Sánchez y declaro haber interrumpido voluntariamente mi embarazo de forma consciente y responsable". "Me llamo Antonio Ruiz y declaro haber acompañado a una mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo"…
Miles y miles de mujeres, pero también un gran número de hombres, se presentaron ante los juzgados de toda España entre finales de los años 70 del siglo pasado y el 2010, para declararse culpables de abortar o de haber ayudado a mujeres a hacerlo. 585 en Bizkaia; 400 en Tarragona, más de 1.600 en Asturias; otras 4.000 en Madrid… La cuenta no dejó de crecer durante años.
Protestaban por la imputación y criminalización de las mujeres que abortaban; por las estrechas costuras de la norma que permitía la interrupción del embarazo a partir de 1985; por el allanamiento de las clínicas que practicaban los abortos o por el hostigamiento institucional a los médicos que los llevaban a cabo. Siempre para exigir el derecho de las mujeres a decidir sin tutelas.
Cuando narramos los hitos en la lucha por el derecho al aborto, en general mencionamos nombres como el de Felipe González y José Luís Rodríguez Zapatero, o fechas como 1985 y 2010. Es cierto que el Partido Socialista es el que ha promulgado las leyes en el Congreso, pero el derecho al aborto se ganó en realidad en las calles, en las plazas, en los medios de comunicación, y en los juzgados. Miles de mujeres valientes impulsaron un movimiento feminista que comenzó siendo incipiente recién salido de la clandestinidad y terminó siendo un torbellino de cambio y transformación social. Desde muy pronto, esta marea feminista puso los derechos sexuales y reproductivos en lo más alto de la agenda social y política.
Se trataba del último gran derecho por conquistar. Tras la muerte del dictador en 1975, se había abolido la licencia marital (el permiso del marido para que las mujeres pudieran trabajar, abrir una cuenta bancaria o realizar cualquier tipo de actividad jurídica, empresarial o gestionar sus propios bienes). La Constitución, aprobada en 1978, consagró la igualad como un derecho fundamental y la ley del divorcio acabó aprobándose en 1981, eliminando las últimas barreras a la patria potestad.
Sin embargo, el aborto estaba totalmente prohibido y penado con cárcel por una ley del régimen de 1941. Bajo el título "para la protección de la natalidad, contra el aborto y la propaganda anticoncepcionista", la norma consideraba el aborto como un “crimen social” y prohibía la difusión y utilización de cualquier método anticonceptivo. En 1985 una ley despenalizó parcialmente el aborto, pero hubo que esperar aún otros 15 años plagados de luchas, para conseguir una ley que comenzara a tratar la interrupción del embarazo y el acceso a anticonceptivos como un derecho de las mujeres.
No hay datos exactos sobre cuántas mujeres españolas abortaban en los años 70 y 80. Sin embargo, distintas estimaciones indican que entre 1974 y 1985, unas 200.000 o 240.000 mujeres viajaron al extranjero, principalmente al Reino Unido, Francia y Países Bajos, para poder abortar de forma segura. Las muchas que no podían pagar el alto precio que suponía abortar en el extranjero, lo hacían de forma clandestina es España. En su gran mayoría sin garantías sanitarias y poniendo en riesgo su salud, e incluso su vida. El acceso al aborto era una cuestión de dinero y clase social.
Las 11 de Basauri
La lucha por el derecho al aborto en España está jalonada de hitos protagonizados por la sociedad civil organizada. En 1976, sólo un año después de morir Franco, 11 mujeres fueron acusadas de abortar. Una de ellas huyó y en su lugar se procesó a un hombre como inductor de su aborto. Todas ellas eran de Basauri, un municipio obrero de Bizkaia. Muchas estaban casadas y con hijos. La fecha del juicio, en el que se pedía para ellas hasta 12 años de prisión, se marcó para 1979. Entonces las calles se llenaron de gente. Miles de mujeres se concentraron frente al Palacio de Justicia de Bilbao para apoyar a las acusadas al grito de "si los obispos pariesen, el aborto sería ley"; "nosotras parimos, nosotras decidimos" y "yo también aborté".
El juicio finalmente se aplazó hasta en tres ocasiones. Cada convocatoria de juicio se convirtió en una oportunidad para la reivindicación masiva. Muchas mujeres se encadenaron en lugares públicos como protesta o se encerraron en los ayuntamientos y ciudades de toda España en solidaridad con las 11 de Basauri. El proceso judicial fue tan largo y tortuoso, que para cuando llegó a su fin, en 1985, la primera ley que despenalizaría el aborto estaba ya discutiéndose en el Parlamento. Aunque algunas de las acusadas acabaron condenadas a penas menores a las exigidas inicialmente, la sentencia sentó un precedente jurídico importante, al reconocer por primera vez la eximente de "estado de necesidad", al amparo de la Constitución, para absolver a dos de las mujeres y la aplicación de "delito imposible" a seis de las procesadas.
Relacionado con este tema
"Hasta 1975, el derecho al aborto libre y gratuito, la legalización de los anticonceptivos o la libertad sexual están en las reivindicaciones de un reducido número de manifiestos y grupos feministas. Es con las 11 de Basauri cuando el movimiento feminista comienza a poner el derecho al aborto en la agenda pública y lo hace precisamente defendiendo el derecho de las mujeres a decidir", relata Justa Montero, una de las activistas feministas que lideró este movimiento y que, sí, también se autoinculpó ante la justicia. Según explica Montero, poner el foco en el derecho de la mujer a decidir resultó clave para abrir puertas y presionar por estos derechos tanto desde la izquierda, como en sectores conservadores y liberales.
Despenalización parcial
Este movimiento dio frutos con la primera ley del aborto, aprobada en 1985 bajo el gobierno de Felipe González. Una norma que, sin embargo, supuso una tremenda decepción para el movimiento feminista porque se quedó extremadamente corta.
La sociedad civil, con las feministas a la cabeza, llevaba casi una década peleando por una ley que permitiera el aborto libre y gratuito, y que éste saliera del Código Penal para considerarlo una prestación sanitaria. Sin embargo, la ley impulsada por el PSOE consistía en la modificación del artículo 417 bis del Código Penal para despenalizar el aborto en tres supuestos concretos: en caso de violación; cuando existiera "peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada" y en casos de malformación fetal. Muchas feministas criticaron la norma afirmando que esta despenalización parcial provocaría inseguridad jurídica para las mujeres que abortaran o para los profesionales que practicaran los abortos. A pesar de la decepción, la entrada en vigor de la ley supuso toda una revolución para las mujeres españolas.
Pero tal como habían advertido algunas activistas, la criminalización de las mujeres que abortaban y de las clínicas donde se practicaban las interrupciones, así como la persecución de los profesionales sanitarios fue en aumento. Uno de los casos más emblemáticos fue el de la clínica Isadora. En 2007 dos Guardias Civiles inspeccionaron las instalaciones y denunciaron ante la Justicia que allí se hacían abortos clandestinos más allá de la semana 22. Para demostrarlo, confiscaron dos contenedores con material biológico de desecho de interrupciones de embarazo. A pesar de que un juzgado determinó que no había ningún motivo para culpar a la clínica, pasearon la denuncia por diversos juzgados hasta que uno la admitió. Lo que siguió fueron dos años de intensa persecución a las mujeres y a las clínicas de abortos. Un escándalo que no se circunscribió sólo a Isadora, sino que supuso una campaña de la derecha y de organizaciones católicas que se extendió al resto de las clínicas acreditadas.
Finalmente el caso quedó archivado. Este episodio puso en evidencia la necesidad de una ley del aborto más amplia y menos restrictiva. El programa electoral del PSOE de 2004 ya incluía la reforma de la ley del aborto, pero no fue hasta 2010 cuando se materializó. Se pasó de una despenalización parcial en el Código Penal, a una ley de plazos que reconocía los derechos sexuales y reproductivos, el acceso al los anticonceptivos y la libre decisión de las mujeres de interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas de gestación.
Relacionado con este tema
El peligro a la regresión
El triunfo del Partido Popular en 2011 hizo tambalear los logros conseguidos. Mariano Rajoy incluyó en su programa la modificación de la ley de 2010 y puso al frente del Ministerio de Justicia a Alberto Ruiz Gallardón para realizar esta tarea. Un político radical que planteó volver a una ley de supuestos, pero prohibiendo el aborto por malformación fetal. Tan extrema fue su propuesta, que no sólo movilizó nuevamente a la ciudadanía y al movimiento feminista, sino también a sectores del propio Partido Popular más liberales, que apoyaban la libertad de las mujeres a decidir.
Las manifestaciones durante esta época fueron constantes y culminaron en la que se dio a conocer como El tren de la libertad. Esta iniciativa fue impulsada por la Tertulia feminista Les Comadres de Asturias, que decidieron viajar a Madrid en tren para manifestarse contra la propuesta del PP. Compraron 150 billetes para el 31 de enero de 2014 y divulgaron la iniciativa en la red social de una compañera. No solo repartieron todos los billetes en apenas un día, sino que la iniciativa fue emulada por muchas otras a lo largo y ancho el país. Más de 80 mujeres dedicadas al mundo del cine se sumaron a la movilización para documentar las protestas de aquel 1 de febrero, que inundó Madrid y llegó a las puertas del Congreso.
La avalancha de protestas hizo que el proyecto de reforma fuese archivado en un cajón y trajo consigo la dimisión del ministro.
El Partido Popular sí logró recortar este derecho en 2015, cuando introdujo una modificación que obligaba a las jóvenes de 16 y 17 años a contar con permiso parental para interrumpir su embarazo. Una merma en derechos que fue subsanada en 2023 por el Gobierno de coalición, siendo Irene Montero ministra de Igualdad. La última reforma incidía en la necesidad de garantizar que las interrupciones del embarazo se realicen en la sanidad pública y exigía a las Comunidades Autónomas la elaboración de listas de médicos objetores para que los hospitales puedan planificar su trabajo y ofrecer esta prestación sanitaria.
Tras más de dos años, se ha avanzado poco en la elaboración de estas litas y en garantizar el aborto en la sanidad pública. Más aún, el Partido Popular de Madrid se niega a cumplir la ley y amaga con promover de nuevo retrocesos en este derecho.
Casi medio siglo después de las 11 de Basauri, muchos de los derechos que reclamaban las mujeres españolas de la transición siguen sin estar plenamente garantizados. La interrupción voluntaria del embarazo aún está regulada dentro del Código Penal, y el acceso a este derecho en un hospital público de su propia comunidad autónoma es casi imposible en zonas como Extremadura, Castilla La Mancha o Madrid. Tampoco está garantizado el derecho de las mujeres migrantes al aborto, a pesar de que la última reforma de la ley consagra este derecho sin importar la situación administrativa de las mujeres. Peor aún, la sociedad española ve cómo un partido político con aspiración de gobierno coloca la limitación del derecho al aborto como prioridad en su agenda política para llegar al poder.
Una vez más, la sociedad civil tendrá que organizarse para impedir retrocesos, en un contexto internacional de fuerte avance de la ultraderecha más misógina. Tal como hemos viso en Estados Unidos o Argentina, los derechos de la mujer son objetivo prioritario a batir cuando la derecha extrema llega al poder. Y volver atrás cincuenta años es, tristemente, factible
No hay comentarios:
Publicar un comentario