Rafael Escudero Alday. Profesor titular de Filosofía del Derecho, Universidad Carlos III de Madrid, @RafaEscudero1
(Hoy es) 14 de abril, el día en que homenajeamos la Segunda República, aquel régimen político que buscó una transformación radical de la realidad española desde la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Una transformación en la que la Constitución de 1931 habría de jugar un papel central, al entenderse como el lugar desde el que llevar a cabo un proyecto emancipador basado en la conformación de una sociedad libre, igualitaria, laica, solidaria, participativa y responsable. La necesidad de este proyecto se siente hoy con la misma fuerza que entonces, al igual que permanecen en vigor los referentes que guiaron la causa republicana.
También es un día en el que seguimos recordando a las víctimas de la dictadura, reivindicando su memoria y exigiendo su dignificación por parte del Estado español. Más de treinta años después de ese proceso de transición que consolidó los privilegios de las élites franquistas a cambio de la expectativa de una más que deficiente democracia, las víctimas de la represión siguen sumidas en el olvido y carentes de la debida reparación. La ley de memoria histórica de 2007, que nació con la intención de terminar con esta injusta situación, pronto se reveló como un enorme fracaso. Prueba de ello es que el PP, que se opuso frontalmente a la ley por entender que rompía el consenso de la transición, ni siquiera ha necesitado derogarla una vez instalado en el gobierno. Le ha bastado con llevarla a vía muerta para desactivar sus hipotéticos efectos políticos.
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Pero la memoria es, sobre todo, una cuestión de futuro. En un momento en que la crisis económica no ha hecho sino destapar una profunda crisis institucional y de régimen, la sensación de fin de ciclo se extiende por la sociedad española. Hoy más que nunca se ponen de manifiesto las insuficiencias del texto constitucional de 1978, incapaz incluso de defender su propio articulado, como se comprobó al hilo de la reforma constitucional exprés de verano de 2011 por la que se constitucionalizó la prioridad absoluta del pago de la deuda y sus intereses frente a cualquier gasto de carácter social, incluidos aquellos que recoge -por lo menos formalmente- el texto constitucional.
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La corrupción, la decadente monarquía, el bipartidismo y su reparto de cargos, la ausencia de mecanismos de transparencia y control eficaz de los poderes públicos, la falta de marcos de democracia participativa, el poder de mercados y grandes empresas en la toma de decisiones políticas, la inexistencia de pluralismo informativo, los privilegios de la Iglesia católica, un poder judicial extremadamente acomodaticio con los mandatos del gobierno, el deterioro progresivo de los servicios públicos o la consolidación de un Estado cada vez más centralista. Estos rasgos, que describen bien la actual situación política española, no son flor de un día, ni tampoco del reciente pasado, sino que están en el ADN del régimen nacido de la transición y constitucionalizado en 1978. Incluso podría decirse, sin temor a equivocarse, que son condiciones necesarias para su propia subsistencia.
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Además, la causa republicana también puede ayudar decisivamente a la articulación del discurso político necesario para iniciar ese proceso constituyente desde el que construir un mejor futuro. Mucho podemos aprender de la experiencia democrática que se intentó en la España de los años treinta a la hora de configurar ese marco ideológico-jurídico que, para superar al actual, debería basarse en la cultura de la democracia participativa, la justicia social, la laicidad y la profundización en derechos. Valores que eran, precisamente, los que defendían las mujeres y hombres republicanos, de quienes nos acordamos (hoy) con agradecimiento y orgullo.
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