El PP se ha aplicado a una política de socavar los derechos sociales sin parangón en democracia. Juan Manuel Aragüés 31/07/2017
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/erosion-estado-derecho_1217823.html
Tras un análisis del acontecer social de nuestro país en los últimos años, es difícil poner en cuestión el profundo deterioro del Estado de Derecho que se ha venido produciendo como consecuencias de las políticas puestas en práctica por el Partido Popular, algunas de ellas con la excusa de la crisis. Y digo con la excusa porque son ya muchos los teóricos que han puesto de manifiesto, desde Naomi Klein hasta Laval y Dardot, que la crisis no es sino una herramienta más en la gestión política neoliberal. Pero más allá de la misma, el PP se ha aplicado a una política de erosión de los derechos sociales sin parangón en nuestra democracia.
Con el objetivo fundamental de beneficiar a aquellos de los que es herramienta política, los grandes poderes fácticos, al PP no le ha temblado el pulso. Mientras por un lado evacuaba el dinero público para sostener a quienes habían hundido el sistema bancario, convirtiendo de ese modo la deuda privada en pública, lo que es una de las características más reseñables de la gestión de la crisis, el Gobierno procedía a una inmisericorde política de desahucios, recortes que condenaban a la miseria a miles de familias, cuyos derechos, reconocidos por la Carta Magna (derecho al trabajo, a la vivienda), eran pisoteados. La sanidad y la educación públicas también han sido objeto de depredación, incentivando los seguros privados y la educación concertada y privada, a mayor gloria de las empresas amigas. Todo ello, en un contexto de restricción de las libertades personales y colectivas, y de criminalización de la protesta social. Salir a la calle a manifestar el desacuerdo con los despropósitos del Gobierno puede llegar a salir muy caro, ya sea como consecuencia de multas absolutamente desproporcionadas o, incluso, de penas de prisión. Mientras vemos a delincuentes condenados seguir manteniendo su residencia fuera de España o paralizar su ingreso en prisión, los sectores más desprotegidos de la población no gozan de la magnanimidad que se observa en estos casos. En resumidas cuentas, si analizamos la restricción de los derechos sociales y ciudadanos, si contemplamos la desigual acción de la Justicia, podemos llegar de modo muy sencillo a la conclusión del profundo deterioro de las condiciones básicas del Estado de Derecho.
Sin embargo, al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, lo que le parece que pone en cuestión la democracia y el Estado de Derecho no son estas realidades sociales difícilmente cuestionables, sino la denuncia de la parcialidad de determinadas actuaciones judiciales. De manera harto sorprendente, se convierte la denuncia del evidente deterioro del Estado de Derecho en el origen de ese deterioro y se imputa a esa denuncia la creación de un estado de «confusión» en la ciudadanía. A algunos nos parece, sin embargo, que la confusión ciudadana, procede, en realidad, de la constatación de que quienes detentan el poder se encuentran en un estatus político, mediático y judicial diferente al del común de los mortales. No son, desde luego, las declaraciones de un concejal, por muy gruesas que puedan ser, las que trasladan a la ciudadanía la idea de que la Justicia no es igual para todos, una igualdad que, esa sí, es el fundamento del Estado de Derecho.
No me cabe la menor duda de que es preciso, en una democracia, el respeto a las instituciones. Que es preciso ponderar el papel de la Justicia, en abstracto, como garante del orden democrático. Pero también me parece precisa la conciencia de que la ley es aplicada, fallada se suele decir, por hombres y mujeres que no tienen amputada su ideología y que lo hacen en un contexto social concreto que hace más fácil fallar en una dirección que en otra.
Hace bien el TSJA en preocuparse por el Estado de Derecho, por la Democracia (las mayúsculas son suyas). Pero hierra completamente el tiro. No es en el dedo acusador donde se halla el problema, sino en la luna que se señala, en ese proceso político de deterioro de derechos en función de los intereses de los más poderosos. Y, desgraciadamente, vemos demasiadas veces a la justicia concreta alineada con los intereses de los poderosos. Más allá de las palabras grandilocuentes, de las declaraciones institucionales abstractas, la Justicia debiera ser instrumento de defensa de los más débiles frente a la codicia y el exceso de los poderosos. Si es que realmente quiere merecer el nombre de Justicia.H
*Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza
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Tras un análisis del acontecer social de nuestro país en los últimos años, es difícil poner en cuestión el profundo deterioro del Estado de Derecho que se ha venido produciendo como consecuencias de las políticas puestas en práctica por el Partido Popular, algunas de ellas con la excusa de la crisis. Y digo con la excusa porque son ya muchos los teóricos que han puesto de manifiesto, desde Naomi Klein hasta Laval y Dardot, que la crisis no es sino una herramienta más en la gestión política neoliberal. Pero más allá de la misma, el PP se ha aplicado a una política de erosión de los derechos sociales sin parangón en nuestra democracia.
Con el objetivo fundamental de beneficiar a aquellos de los que es herramienta política, los grandes poderes fácticos, al PP no le ha temblado el pulso. Mientras por un lado evacuaba el dinero público para sostener a quienes habían hundido el sistema bancario, convirtiendo de ese modo la deuda privada en pública, lo que es una de las características más reseñables de la gestión de la crisis, el Gobierno procedía a una inmisericorde política de desahucios, recortes que condenaban a la miseria a miles de familias, cuyos derechos, reconocidos por la Carta Magna (derecho al trabajo, a la vivienda), eran pisoteados. La sanidad y la educación públicas también han sido objeto de depredación, incentivando los seguros privados y la educación concertada y privada, a mayor gloria de las empresas amigas. Todo ello, en un contexto de restricción de las libertades personales y colectivas, y de criminalización de la protesta social. Salir a la calle a manifestar el desacuerdo con los despropósitos del Gobierno puede llegar a salir muy caro, ya sea como consecuencia de multas absolutamente desproporcionadas o, incluso, de penas de prisión. Mientras vemos a delincuentes condenados seguir manteniendo su residencia fuera de España o paralizar su ingreso en prisión, los sectores más desprotegidos de la población no gozan de la magnanimidad que se observa en estos casos. En resumidas cuentas, si analizamos la restricción de los derechos sociales y ciudadanos, si contemplamos la desigual acción de la Justicia, podemos llegar de modo muy sencillo a la conclusión del profundo deterioro de las condiciones básicas del Estado de Derecho.
Sin embargo, al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, lo que le parece que pone en cuestión la democracia y el Estado de Derecho no son estas realidades sociales difícilmente cuestionables, sino la denuncia de la parcialidad de determinadas actuaciones judiciales. De manera harto sorprendente, se convierte la denuncia del evidente deterioro del Estado de Derecho en el origen de ese deterioro y se imputa a esa denuncia la creación de un estado de «confusión» en la ciudadanía. A algunos nos parece, sin embargo, que la confusión ciudadana, procede, en realidad, de la constatación de que quienes detentan el poder se encuentran en un estatus político, mediático y judicial diferente al del común de los mortales. No son, desde luego, las declaraciones de un concejal, por muy gruesas que puedan ser, las que trasladan a la ciudadanía la idea de que la Justicia no es igual para todos, una igualdad que, esa sí, es el fundamento del Estado de Derecho.
No me cabe la menor duda de que es preciso, en una democracia, el respeto a las instituciones. Que es preciso ponderar el papel de la Justicia, en abstracto, como garante del orden democrático. Pero también me parece precisa la conciencia de que la ley es aplicada, fallada se suele decir, por hombres y mujeres que no tienen amputada su ideología y que lo hacen en un contexto social concreto que hace más fácil fallar en una dirección que en otra.
Hace bien el TSJA en preocuparse por el Estado de Derecho, por la Democracia (las mayúsculas son suyas). Pero hierra completamente el tiro. No es en el dedo acusador donde se halla el problema, sino en la luna que se señala, en ese proceso político de deterioro de derechos en función de los intereses de los más poderosos. Y, desgraciadamente, vemos demasiadas veces a la justicia concreta alineada con los intereses de los poderosos. Más allá de las palabras grandilocuentes, de las declaraciones institucionales abstractas, la Justicia debiera ser instrumento de defensa de los más débiles frente a la codicia y el exceso de los poderosos. Si es que realmente quiere merecer el nombre de Justicia.H
*Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza
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