En la comarca de Viana, en el interior de Galicia, hay poca actividad económica y un acusado declive demográfico. Para el alcalde del municipio, Andrés Montesinos, del PP, la mina de Penouta es un asidero para frenar la pérdida de población: “El Ayuntamiento y el pueblo al completo estamos en contra del cierre. No hay ninguna queja de ningún vecino de que haya algo nocivo. No entendemos esta decisión ahora, después de años trabajando”. Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas en Acción, la asociación denunciante, sin embargo, asegura que hay vertidos de sustancias tóxicas y que los vecinos están “vendiendo su alma al diablo”.
La empresa ha sido activa en su comunicación desde que se conoció el auto de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG. Primero trasladó su “discrepancia absoluta” con la decisión y anunció que exploraría “todas las vías legales” para continuar con la actividad. Defendió que la concesión cumple la ley, que la mina pasa “todos los controles y exigencias ambientales”, incluidos los análisis de agua y de vertidos, los de calidad del aire y efectos sobre flora y fauna. También hizo referencia al compromiso de reforestar zonas que quedaron abandonadas por una explotación anterior del terreno. Sus prácticas, asegura, son “responsables” y Penouta es “un proyecto estratégico” y fundamental en la economía de la comarca. El 82% de los trabajadores son de la provincia de Ourense, y de ellos, el 75% proceden del entorno más inmediato de la explotación minera, añade.
Después, la empresa fue informando de los apoyos a su causa: el comité de empresa y los sindicatos representados, los alcaldes de Viana do Bolo, A Veiga y Vilariño de Conso, la Cámara Minera de Galicia. El frente común se tradujo en concentraciones en Viana y también en una protesta de unas 200 personas en A Coruña, ante la sede del TSXG, con pancartas en las que se podía leer: “A mina non contamina. A minería é vida”. Piden a la Justicia que cambie su decisión, que es cautelar, a la espera de que los jueces entren al fondo del caso. También la Xunta de Galicia se situó del lado de Strategic Minerals. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha trasladado su “compromiso” con los trabajadores y con la actividad minera en la comunidad.
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