Lucio Martinez Pereda 16/10/21
INMATRICULANDO: un EXPOLIO de bienes PÚBLICOS autorizado por el ESTADO
“El paraíso de los obispos no está en los cielos. Es un paraíso fiscal y está en España”La frase del diputado Javier Sánchez Serna lustra una situación de privilegio inédita en cualquier democracia europea
Las inmatriculaciones por parte de la Iglesia católica abarcan desde 1946 hasta 2015, es decir 69 años de privilegios. En 1996 el PP reformó la ley hipotecaria para facilitar aún más esta labor de expolio histórico permitiendo que la Iglesia registrase como propiedad privada bienes públicos a través de una simple certificación eclesiástica.
La privatización del patrimonio histórico español, a través del subterfugio" legalizado" de las inmatriculaciones, ha permitido que la Iglesia registre a su nombre cerca de 3.000 monumentos, gran parte de ellos de enorme valor arquitectónico y cultural.
Hagamos un poco de historia comparativa sobre esta situación de anormalidad que reduce la calidad democrática del estado español. En Francia y Portugal la católica fue la religión oficial del Estado durante siglos.
Con la secularización y la separación entre la religión y el Estado, todo el patrimonio artístico de la Iglesia quedó bajo administración pública
En Portugal la titularidad pública del patrimonio histórico de naturaleza religiosa fue aceptada de mutuo acuerdo entre el Estado y el Vaticano en el Concordato de 1940.
En Francia la ley Combes decretó la nacionalización de los bienes religiosos, bajo la consideración de que formaban parte del legado cultural de Francia y sus ciudadanos desde tiempo inmemorial. Más de 40.000 iglesias fueron inventariadas como propiedad del Estado. Hoy, las espléndidas catedrales francesas son propiedad de sus ciudadanos.
En cualquier democracia seria impensable que el monumento de arte musulmán más importante de Europa- la mezquita de Córdoba- fuese una propiedad privada.
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