Lucio Martinez Pereda 16/1/2026
Los plazos judiciales también tienen ideología
Hay “casualidades” que se escriben con la caligrafía del poder. Mas precisamente, con su calendario. La decisión de posponer hasta 2027-justo después de las elecciones madrileñas- el juicio al novio de Ayuso no suena a problema administrativo, sino a un viejo hábito institucional: el de la justicia que se ajusta al interés electoral de la política. Me lo dijo en una ocasión mi profesor de Historia Contemporánea en la USC y magnífico historiador del nacionalismo gallego, Xusto Beramendi: los plazos judiciales también tienen ideología.
No es un hecho aislado, sino un episodio más en una cadena de oportunas dilaciones. Recordemos el caso Gürtel, que tardó casi una década en juzgarse desde su inicio, permitiendo que los principales implicados del PP eludieran la rendición de cuentas durante años clave. O Púnica, cuya pieza principal no inicio juicio hasta más de diez años después de las detenciones iniciales, con retrasos sistemáticos que fragmentaron el sumario y diluyeron su impacto. Y no olvidemos Lezo, el saqueo del Canal de Isabel II bajo gobiernos populares, que aún vaga sin fecha de juicio, como viejo fantasma judicial.
En Madrid, las macrocausas que tocan al PP avanzan con una lentitud que algunos califican como “ justicia en diferido” Hay quien aún cree en la imparcialidad del calendario. Otros sabemos que, en España , al menos desde la época de Cánovas del Castillo, la justicia no es ciega: solo mira hacia otro lado hasta que conviene abrir los ojos.
El facturero del novio de Ayuso cae en Sevilla 
La detención de David Herrera reabre la pata andaluza del fraude fiscal que rodea a la pareja de la presidenta madrileña y vuelve a dejar en evidencia los tiempos selectivos de la justicia.
La detención de David Herrera Lobato en Arahal (Sevilla) no es un episodio menor ni una anécdota judicial. Herrera está investigado por haber emitido facturas falsas por valor de 117.200 euros para Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, a través de la empresa Maxwell Cremona, con el objetivo de eludir el pago del Impuesto de Sociedades.
No es un recién llegado. En 2024 ya fue denunciado por la Fiscalía Provincial de Madrid por fraude fiscal y falsedad documental. Aun así, siempre negó conocer al empresario. Herrera llegó a controlar hasta 30 sociedades, hoy al menos 18, en su mayoría radicadas en Arahal, aunque en el municipio se le conoce sobre todo como gestor, una figura clave en cualquier entramado de ingeniería fiscal.
La detención se produjo después de que no acudiera a cuatro citaciones judiciales consecutivas. Su abogado alegó problemas de salud, pero los hechos acabaron con Herrera pasando la noche en el calabozo y siendo trasladado a San Fernando de Henares. La causa está vinculada a un procedimiento más amplio que investiga fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
SEVILLA, FACTURAS FANTASMA Y SILENCIOS POLÍTICOS
Herrera no actuaba solo. Junto a él aparecen Maximiliano Eduardo Nieder González, enlace con México, y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo Saborido, vinculados a Sevilla. En el caso de Agustín Carrillo, exmilitante del PP en Arahal, se investigan 41.200 euros en deducciones indebidas por servicios que nunca se prestaron.
El Ministerio Fiscal pidió dos años y un día de prisión, multas superiores a 390.000 euros, inhabilitación para el sufragio pasivo y la pérdida de ayudas públicas y beneficios fiscales durante cuatro años. Además, la Fiscalía Europea interviene en otra pieza del caso por un fraude adicional de 70.000 euros, al verse afectados fondos de la UE.
Mientras tanto, el juicio contra González Amador no se celebrará hasta 2027, después de las elecciones generales y autonómicas. No hay pruebas de que Ayuso haya actuado de forma ilegal, pero el retraso judicial, la dimensión política del caso y el silencio institucional pesan tanto como las facturas falsas.
Cuando la justicia se demora siempre hacia el mismo lado, deja de parecer casualidad.
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+ + Lucio Martinez Pereda 2/2/2026
El tiempo en manos de la UCO tiene ideología
Las palabras y los silencios delatan las intenciones, pero también lo hace el uso del tiempo. En el caso del informe de la UCO que debía aclarar el papel del novio de Ayuso en tramas de contratación pública, el uso del tiempo se ha convertido en una prolongación de una estrategia política. El retardo no es un accidente, es un síntoma. La impunidad se construye de muchas formas , también con pequeñas decisiones aplazadas.
El tiempo, en manos del poder, opera como un instrumento de desgaste. Lo grave no es sólo la sospecha sobre un caso de corrupción. El silencio de los fiscales y la pasividad de los mandos policiales no son errores: son decisiones. Y toda decisión, por acción o por omisión, tiene ideología.
