Paseo semanal por CTXT, por Adriana T.: Cuba, al borde del colapso

 13/2/2026

Querida comunidad contextataria:    La Administración Trump está estrechando el cerco contra Cuba. La situación en la isla podría colapsar en cualquier momento después de que Estados Unidos haya prohibido suministrarles combustible en el nada indisimulado intento de derrocar al Gobierno que desde 2019 preside Díaz-Canel. Desde Matanzas, Guillermo Carmona Rodríguez cuenta cómo los cubanos se encuentran viviendo al límite tras el bloqueo petrolero: las nuevas medidas de contingencia incluyen la casi parálisis de cualquier entidad estatal.  “Nada puede ser dicho desde fuera en lo que atañe a Cuba. Pero sí puede ser dicho con respecto a lo que nos atañe aquí”, explicaba Belén Gopegui en el prólogo que escribió para el libro A bordo de una nave llamada Cuba (Enrique Ubieta Gómez, publicado por la Editorial de Ciencias Sociales de La Habana en 2025). “Cuba es el único país del mundo donde se da a la vez una huella ecológica justa, dos hectáreas per cápita, y un alto índice de desarrollo humano”, añade Gopegui.    Recordarán que la semana pasada Miguel Mora envió una carta a todos nuestros donantes para contarles que el patronato de la Fundación Contexto y Acción ha retirado la presidencia de honor de CTXT a Chomsky tras conocerse su apoyo al violador en serie Jeffrey Epstein. Nos pareció justo reproducir esta semana la declaración completa de Valéria Chomsky, esposa del intelectual estadounidense: “La naturaleza confiada de Noam nos llevó a cometer un grave error de juicio”.   Esther Peñas entrevistó a Júlia Nueno, coordinadora del libro Genocidios. Una lectura forense (Galaxia Gutenberg). “Namibia y Gaza son ejemplos de una misma forma de genocidio a través de la destrucción de las condiciones que sostienen la vida”.   Hace un par de semanas, el Gobierno anunció la apertura de un proceso de regularización extraordinaria de extranjeros que ya viven en España, que dará comienzo a partir de abril. Alberto Mesas desmontó los bulos de la extrema derecha al respecto, y recordó que “el Ejecutivo se refiere a los migrantes como activos económicos que trabajan, cotizan, pagan impuestos y reducen el envejecimiento de la población”. Por su parte, Gorka Castillo entrevistó a Zareli Gamarra, antropóloga de origen peruano e integrante del movimiento Regularización Ya! Gamarra critica duramente un régimen migratorio que, en su opinión, contribuye a generar colectivos legalmente vulnerables, útiles para un mercado laboral precario, favoreciendo el control social diferenciado por raza: “La irregularidad como categoría legal no es casual. Se produce para sostener a amplios sectores económicos”.   Tras las elecciones en Aragón, Guillem Martínez procesó para nosotros el yuyu de esta semana: “El PP reconoce de manera implícita que su apuesta es un gobierno con Vox tras las próximas generales”. Como diría él mismo: glups.

Vicente Vallés, “presentador del informativo de Antena 3 y, por tanto, portavoz oficial del Grupo Planeta”, decía Gerardo Tecé, “se despachó a gusto contra Ayuso” en pleno informativo después de que la presidenta madrileña haya anunciado que concederá a Estados Unidos la Medalla Internacional de Madrid por ser “el principal faro del mundo libre”.    “Hay un proverbio gallego que dice ‘Botouse a alma ao lombo’ para referirse a alguien que obra sin conciencia. Y eso es lo que ha ocurrido. Lo que está ocurriendo. El tiempo de la ferocidad. El alma, a la espalda”. Así resume Manuel Rivas la situación.    Mientras la izquierda tiende a dirigir su odio hacia instituciones como la monarquía, la Iglesia o los fondos buitre, resulta que los niños que migran solos son el colectivo social más odiado por la derecha, junto con los catalanes y el resto de personas migrantes. Así se desprende de los resultados de la encuesta que realizó 40dB para la Fundación Contexto y Acción. Como nos contó Belén Barreiro, socióloga y CEO de 40dB, durante las I Jornadas Internacionales ‘Ideas para combatir el odio’ que nuestra fundación celebró el mes pasado en Zaragoza, nada ni nadie parece estar a salvo, porque la mitad de la población española confiesa odiar a alguna persona o colectivo y el 30 % de los menores observa discursos de odio en los centros educativos.   Hablando de odiar a ciertas instituciones, a Paco Cano le parece que los policías antifascistas son un pleonasmo: “No vienen a añadir un adjetivo extravagante, sino a recordar una obviedad democrática. El odio se combate con razón organizada”. Sobre ejercer el antifascismo en mallas de yoga escribió también Silvia Cosio.   Cerramos este paseo con algunas recomendaciones ministeriales y otra deportiva: “La IA ha dejado de ser una disciplina académica enraizada en las matemáticas para convertirse en otra cosa: una marca comercial”, explicaba, muy acertadamente, José L. Aznarte. Guillermo Martínez Valdunquillo habló sobre la peli recién estrenada Hamnet y las limitaciones del biopic comercial.   Además, Ricardo Uribarri entrevistó a la regatista Tamara Echegoyen, que viene de dar la vuelta al mundo en 57 días sin escalas, ni asistencia y con una tripulación de ocho mujeres, una gesta inédita hasta ahora en la historia del deporte.     Eso ha sido todo por ahora. Ya saben que si necesitan contactarnos estamos en info@ctxt.es o simplemente respondiendo a este correo. Y si se les ha hecho corto este paseo, en nuestra portada y redes sociales encontrarán muchas más historias.   Un abrazo de parte de todo el equipo y pasen un feliz fin de semana,  Adriana T.

Albiol o la miseria como oportunidad, de Miquel Ramos

 Miquel Ramos  Periodista   22/12/2025 

El instituto B9 de Badalona (Barcelona) tras su desalojoKike Rincón/Europa Press

Albiol o la miseria como oportunidad

Diario Público

Decenas de vecinos se concentran ante las puertas de una parroquia en Badalona para impedir que se acoja a varios migrantes que no tienen donde pasar la noche resguardados del frío y la lluvia. Trabajadores de la Cruz Roja empezaron a llevar sábanas y colchones al templo, que iba a acoger tan solo a quince personas, pero no fue posible. Se corrió la voz entre los vecinos, y allí se presentaron algunos de ellos a increpar a los desahuciados y a quienes les daban cobijo.   

Es una de las consecuencias de la campaña que el alcalde de la localidad, Xavier García-Albiol, lleva años haciendo contra las personas migrantes. Y se materializa, como todo discurso de odio, en un estallido racista. Una imagen que retrata cruelmente el presente, la ignominia a la que nos someten estos nuevos tiempos en los que la maldad no produce vergüenza sino rédito político.  

El desalojo de un edificio okupado por personas migrantes en Badalona la pasada semana, sin alternativas para los desahuciados, fue una demostración, un test para calibrar lo tolerable y las consecuencias de traspasar, una vez más, las líneas de la decencia y de la humanidad. No se pretendía solucionar un problema, sino aprovecharlo. Hay que entender que para Xavier García-Albiol, como para el resto de gestores que no tienen escrúpulos, la situación y el conflicto es una oportunidad. Gran parte de su campaña se ha basado en eso, en el miedo, en señalar a las personas migrantes como el principal problema para la seguridad de su ciudad y la incapacidad de los servicios públicos para atenderlos. La precariedad que les empuja a sobrevivir entre ruinas no es el problema. Ni la falta de inversión en servicios. Y aquí yace la habilidad del populista racista para hacer creer que el problema son quienes sufren las consecuencias de un sistema injusto y una gestión política excluyente.

Albiol sabía que esas cuatrocientas personas desalojadas no desaparecerían. Estos días llueve, hace frío y la Navidad está a la vuelta de la esquina. Intentaron instalarse bajo un puente, con precarias tiendas de campaña, sin baños, sin posibilidad de cocinar nada en la calle. Algunos vecinos se acercan a darles comida y agua, e incluso hay quien ofrece su casa a algunos de ellos. La única presencia que hace la administración es mediante los cuerpos policiales. El mensaje institucional es claro. No los quieren. Y aquí no está solo Albiol. El Govern de la Generalitat, en manos de Salvador Illa, y el del Estado, en manos del PSOE, es cómplice de esta situación. Nadie hace nada. Tan solo un puñado de vecinos trata de ayudarlos. Los desahuciados están en tierra de nadie. 

El mismo fin de semana, las elecciones en Extremadura se convierten en una nueva inyección de energía para la ultraderecha. Vox dobla escaños y el PP, que pretendía reforzarse con este adelanto electoral, queda todavía más sometido a los ultras que antes. El reciente escándalo por el supuesto mangoneo de Revuelta con el dinero recaudado para la DANA, ha pasado sin pena ni gloria. Los han votado todavía más. El PSOE salpicado por varios casos de corrupción, y el PP tratando de esbozar un perfil feroz que Feijóo no logra, y que le arrebata constantemente Vox. Albiol es otro tema, pues ya lidió con la sombra de la ultraderecha quince años atrás, cuando Josep Anglada amenazaba con conquistar varias plazas con su Plataforma per Catalunya (PxC), el primer experimento exitoso del populismo racista en España. Ahí, Albiol se la jugó copiando el discurso, pero le salió bien. Ahora, fuera de Badalona, al PP le va a costar recuperar a los votantes que se fueron a Vox, más todavía si lo pretende conseguir imitándole, pues así tan solo lo engorda.

El diagnóstico no es bueno, viendo la foto de este fin de semana y estos dos acontecimientos que, a pesar de la distancia, tienen relación. Duele ver cómo el miedo y el odio se apoderan del relato, y como sus principales promotores no dejan de ganar adeptos. Pero también cómo hay quien se resiste a normalizarlo. Muchos vecinos se concentraron para impedir el desalojo, y muchos más se movilizan para ayudar a estas personas que quedaron en la calle. No se trata de un acto de caridad, recuerdan algunos, sino de demostrar que este modelo de sociedad, el capitalista, no está pensado para salvar a nadie. Y que hay quien se resiste a dejar caer a su vecino y extiende su mano. Entidades sociales, políticas y sindicales ceden sus instalaciones para acoger a los desahuciados.

Faltan pocas horas para que nos reunamos, quienes podemos, con nuestros seres queridos en el calor del hogar y con la impuesta bondad de la Navidad. Las luces de colores que iluminan las calles y los villancicos que suenan en las tiendas nos envuelven en esa onírica atmosfera anual que nos obliga a reflexionar sobre lo que hemos hecho y vivido este último año. Y nos asalta la duda sobre cómo será el siguiente.

Bajo el puente de la autopista donde resisten algunas de las personas desalojadas en Badalona no llega la música. Ni siquiera hay luces de Navidad cerca, ni la fecha es que importe demasiado. El alcalde que ordenó su desalojo, a las pocas horas, acudió a inaugurar un belén. Anteayer se presentó ante la parroquia donde se iba a acoger a 15 personas que él mismo había ordenado desalojar. No deja pasar la oportunidad para salir en la foto. El conflicto, insisto, es una oportunidad. Incluso en Navidad. Incluso a costa de la miseria y la vulnerabilidad de otros. Mientras él se arropa con los suyos, entre abrazos, regalos y cava, el barro, la lluvia y el frio seguirán ahí afuera, azotando a quienes le han servido esta vez como campaña. 

Ilustración del día: El genocidio no quiere testigos. Por Pedripol

 1/7/2025

Gaza. El eterno retorno de la barbarie

 Antonio Verdasca Cardoso, Marta Figueras Costa, Pau Martínez Farrero y Montserrat Rodríguez Garzo

Miembros de la Comisión de Psicoanálisis del Colegio Oficial de Psicología de Catalunya

18/12/2025 

Edificios destruidos en Gaza.REUTERS/Dawoud Abu Alkas

El eterno retorno de la barbarie

Diario Público

Vivimos en una paradoja: mientras la ciencia y la tecnología avanzan, el mundo se hunde en una espiral de violencia que parece no tener fin. Nuevas guerras surgen a diario y las antiguas se reavivan, como si la humanidad no aprendiera de sus tragedias pasadas; dos mil años y nada. ¿Qué impulsa al ser humano a matar con tanta facilidad? ¿Por qué tanta agresividad desbocada?

A diferencia de los animales, que matan por necesidad de alimentarse, defenderse o proteger a su grupo, el ser humano es capaz de matar por sentimientos: odio, venganza, rencor, incluso por placer. No necesita que el otro represente una amenaza directa; a veces basta con que su existencia resulte intolerable. En ese sentido, la violencia humana no es solo instintiva, sino también una expresión simbólica, es decir, una expresión cargada de significado, ya sea ritual, político, íntimo o colectivo.

Lo más inquietante es que este impulso destructivo no siempre proviene de personas con un marcado perfil psicopático. A menudo se ejerce desde la aparente normalidad, en contextos sociales organizados, burocratizados y moralmente indiferentes. Hannah Arendt lo formuló con claridad en su libro Eichmann en Jerusalén: el mal puede ser banal, ejecutado por individuos corrientes, eficaces y obedientes, sin pasión ni remordimiento. Esta idea se vuelve aún más escalofriante si la traemos a la actualidad: recientemente, la Fiscalía de Milán ha abierto una investigación sobre supuestos “safaris humanos” en la guerra de Bosnia, donde personas acomodadas pagaban decenas de miles de euros para disparar a civiles en Sarajevo.

Como plantea Georges Didi-Huberman, detrás de las grandes catástrofes humanas —guerras, genocidios, torturas y violencias sistemáticas, etc.— se puede observar una constante: la escisión del sentir. Para provocar el sufrimiento y la muerte, el otro debe dejar de ser considerado un ser humano y convertirse en un objeto que pueda ser fagocitado y transformado en enemigo, amenaza, número o simple ente odiable. Solo así se puede maltratar a otro sin piedad, coserlo a balazos, pero sin conmoción, matarlo con inquina pero sin culpa.

Los animales no matan por odio, goce o desprecio. Una serpiente no muerde por diversión. Solo el ser humano ha construido una narrativa para justificar el exterminio, revestida de ideología, religión, patria, justicia, etc. Ha convertido el asesinato en espectáculo, en un arcoíris propagandístico, en estrategia económica o política, pero siempre, en un reguero de sufrimiento.

Quizá la pregunta urgente no sea cómo frenar las guerras, sino por qué se continúan fabricando y alentando. Schopenhauer propuso el término “voluntad” para hacer referencia a la existencia, en el ser humano, de un impulso superior e irracional que tiende a perpetuarse. Nietzsche planteó la idea del “eterno retorno”, principio cosmológico por el cual todo se repite de forma indefinida. Freud consideró que en todo ser humano existe un impulso a repetir, de manera inconsciente, los mismos actos y comportamientos, que denominó “compulsión a la repetición”. Esta tendencia a la repetición puede dar lugar a conductas destructivas y autodestructivas, como es el caso de muchas adicciones (“sé que el tabaco mata y el juego arruina, pero no puedo dejar de fumar ni de derrochar mi dinero en los salones”), o a la cronificación aparentemente incomprensible de determinados síntomas psíquicos, como Sylvie Le Poulichet, Hugo Freda y otros psicoanalistas contemporáneos sostienen. Es decir, en el ser humano no solo existe una tendencia innata a preservar la vida sino también a destruirla, ya sea la propia o la ajena.

Entender el núcleo de esta tendencia aniquiladora puede ser fundamental para adquirir un dominio sobre ella. Como afirmaba Emmanuel Lévinas, cuando el placer no se encuentra en el exterminio del otro, puede empezar a reconocerse su valor como ser humano y persona.

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Diario Público

31 jul 2025 

Así es el plan del Gobierno para limitar el negocio con la sanidad pública: "La privatización es un problema de salud"

 Laura Anido-10/02/2026

• El Consejo de Ministros aprueba un anteproyecto de ley con el que busca reforzar el control público de hospitales y centros sanitarios y vetar los modelos de concesión privada.

• El texto tiene por delante un recorrido parlamentario complejo, condicionado por los apoyos al Gobierno, lo que podría dificultar su aprobación definitiva.

Manifestantes durante una concentración ante el Hospital de Torrejón, a 12 de diciembre de 2025.Europa Press

Así es el plan del Gobierno para limitar el negocio con la ...

Diario Público

Durante décadas, la sanidad pública española ha ido cediendo terreno a la gestión privada. Ahora, el Gobierno busca ponerle freno a esta deriva. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley con el que busca reforzar el control público de hospitales y centros sanitarios y vetar los modelos de concesión privada.

Así, el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud cerraría la puerta a nuevos modelos concesionales como el que está operativo en el Hospital de Torrejón. Este centro se vio envuelto en una polémica, el pasado diciembre, tras filtrarse audios del CEO de Ribera Salud -empresa que gestiona el hospital- en los que daba instrucciones para alargar las listas de espera y priorizar a pacientes "rentables".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha definido la medida como un "triunfo de la sociedad civil" que va a "proteger" y "blindar" la sanidad "de las garras especuladoras y privatizadoras". Si bien, al texto aún le queda por delante un recorrido parlamentario complejo, estando condicionado por los apoyos al Gobierno, lo que podría dificultar su aprobación definitiva o diluir algunos de sus elementos más ambiciosos.  

Tras conocerse el anuncio, las primeras reacciones han llegado. Mientras la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) lo considera "una bocanada de aire" para frenar la "privatización desbocada", la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo ha criticado con dureza y ha acusado al Gobierno de querer "acabar con la sanidad madrileña".

El elemento central de la norma es la consolidación de la gestión directa como modalidad preferente de prestación sanitaria pública. Para ello, el anteproyecto contempla la derogación de la Ley 15/1997, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, que permitió la entrada de fórmulas de gestión privada en el Sistema Nacional de Salud y que ha servido de base legal a la mayoría de los procesos privatizadores impulsados por los gobiernos autonómicos.

Ayuso, que ha financiado el sistema de "libre elección" sanitaria invirtiendo millones de euros destinados a cubrir deudas con las empresas de la sanidad privatizada -en su mayoría del gigante sanitario Quirón-, ha denunciado que con esta medida el Ejecutivo pretende imponer su modelo sobre la Comunidad de Madrid, amenazando la colaboración público-privada que, a su juicio, garantiza la excelencia sanitaria y el empleo. "Quieren acabar con la Fundación Jiménez Díaz y decirle a los pacientes que se equivocan al elegir estos hospitales", ha afirmado, alertando de que la región podría verse empujada "a la revolución prácticamente, a que nada funcione".

Sin embargo, desde la FADSP llevan años alertando de las consecuencias de la privatización. Su portavoz, Sergio Fernández, advierte de que este modelo "aumenta de manera exponencial los costes en la atención sanitaria, deteriora los centros públicos y deriva fondos hacia el sector privado", generando lo que define como "el círculo vicioso de la privatización". A su juicio, el impacto va más allá de la eficiencia económica y se traduce en un empeoramiento de la atención sanitaria y de la salud de la población. "Hay muchísimas evidencias que señalan que la privatización mata, es decir, que aumenta la mortalidad evitable", afirma en conversación con Público.

Fernández también pone el foco en el papel de las comunidades autónomas y recuerda que el grado de privatización es desigual en cada una de ellas, situando a Madrid, Balears y Catalunya entre las regiones con mayor derivación de fondos públicos al sector privado. En este sentido, advierte de que sin una financiación suficiente "es muy difícil potenciar la atención primaria, incrementar el número de camas, mejorar las condiciones laborales de los profesionales y frenar las privatizaciones".

"El deterioro de la sanidad pública, entendiendo como deterioro la infrafinanciación y falta de políticas públicas, forma parte esencial de las políticas privatizadoras fundamentalmente del Partido Popular. Siendo la privatización uno de los problemas de salud pública más importantes de España", denuncia.

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Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha defendido que los servicios privados en la sanidad deben limitarse a casos puntuales como complemento cuando la atención pública carezca de capacidad, y no deben convertirse en un modelo integral de asistencia. El sindicato ha resaltado que los servicios públicos de calidad son "fundamentales" y que "un sistema público fuerte es la mejor opción para todos".

Transparencia, rendición de cuentas y control público 

El modelo de concesión privada no dejaría de existir, sino que pasaría a ser una excepción, permitiéndose "cuando no sea posible la prestación directa, se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y se cumplan requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio", señala el Ministerio. 

En el caso de los hospitales de gestión privada integrados en la red pública con una concesión vigente, como los del grupo Ribera o Quirón, la ley no puede romper el contrato pero en cuanto se termine impediría nuevas concesiones y limitaría los conciertos sanitarios a situaciones debidamente justificadas y cuando no haya alternativa pública. "No hay efecto retroactivo por no ser constitucional, pero sí se cierran las puertas a su expansión. A partir de ahora, estos centros estarán sometidos a una evaluación estricta y al mismo escrutinio público que uno de gestión directa", sostienen fuentes del ministerio de Sanidad. 

La norma también prohíbe los contratos en los que la empresa privada se encarga de construir el hospital y se queda también con la gestión del centro. "El modelo de construir un hospital y explotarlo 20 o 30 años como si fuera una autopista queda fuera del sistema", aseguran las mismas fuentes.

El anteproyecto ahonda en la transparencia, la rendición de cuentas y el control público sobre la prestación de servicios sanitarios y fija mecanismos para asesorar a las instituciones que aborden procesos de reversión de la privatización. "Recuperar lo público pasa a ser una opción normal y segura, no una carrera de obstáculos jurídicos", detallan.

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Además de derogar la ley de 1997, el anteproyecto modifica el artículo 67 de la ley General de Sanidad de 1986 e introduce una cláusula en la ley de contratos del sector público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en casos de empate. Los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, y se aplicará la nueva normativa a los procedimientos futuros.

Miguel Barrueco, catedrático emérito de Medicina de la Universidad de Salamanca y parte de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, señala a Público que la medida es positiva pero "habrá que ver el desarrollo normativo para comprobar si de verdad evita la persistencia de puertas a la asistencia privada".

Organizaciones de pacientes y productos sanitarios

El Ministerio también reconoce por primera vez a las organizaciones de pacientes de ámbito estatal como interlocutoras ante la Administración General del Estado, dada la inexistencia previa de un marco legal específico para su participación institucional.

La norma garantiza también su "participación real" en los órganos de gobernanza del Sistema Nacional de Salud, define también sus derechos y prevé instrumentos específicos como el Censo Estatal de Organizaciones de Pacientes, cuyo desarrollo será objeto de regulación posterior. "Los pacientes estarán presentes en estrategias, planes, evaluación de tecnologías, investigación clínica y políticas sanitarias. No al final del proceso, sino cuando se puede decidir y cambiar", apunta el Ministerio.

La medida regulará también el procedimiento de financiación selectiva de los productos sanitarios en la prestación farmacéutica para pacientes no hospitalizados, adaptando la fijación de precios de estos productos a las necesidades actuales del Sistema Nacional de Salud y priorizando criterios de eficiencia, sostenibilidad y valor clínico. "Por primera vez se establece un procedimiento transparente para decidir qué productos se financian y en qué condiciones, solo se pagará con dinero público lo que aporta valor real en salud", señalan desde Sanidad.