A las seis de la mañana del 23 de septiembre ya se intuía la tragedia. Más de 300 policías se desplegaron para expulsar de sus casas a una mujer de 87 años en el distrito de Retiro y a un padre con su hijo en Vallecas. Los golpes y empujones contra quienes se oponían a la expulsión lo confirmaron. Urbagestión y Mosaic, las dos empresas de inversión inmobiliaria propietarias de las viviendas, lograron su propósito.
El desahucio de Maricarmen generó un amplio rechazo social: habíamos asistido a un hecho inaceptable. Los propietarios tuvieron de su lado la ley y todos los mecanismos coercitivos del Estado para expulsar de su casa a una anciana y a una familia. Quedaba entonces una pregunta pendiente: quién era el responsable.
Historia de dos desahucios
Un día antes de la expulsión de Maricarmen Abascal, el presidente, Pedro Sánchez, ya tenía respuesta: la culpable era Isabel Díaz Ayuso, por no aplicar en Madrid la Ley de Vivienda. A partir de ahí, los desahucios de Maricarmen y de David se convirtieron en un desfile de dirigentes progresistas repitiendo ese mismo guion. Irene Montero, Gabriel Rufián, Enrique Santiago o Reyes Maroto se dejaron ver en ambos lanzamientos acompañados de cargos políticos, asesores y responsables de prensa. Numerosos representantes de Izquierda Unida, Podemos, Sumar y Más Madrid también acudieron a las concentraciones. Nadie quiso perderse la foto, y todos coincidieron en Instagram: la culpa era de Ayuso. Debía quedar claro de cara a las próximas elecciones.
El escándalo del ático reforzaba ese relato. Y es cierto que buena parte de las competencias de vivienda corresponden a las comunidades autónomas. Pero también que instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Vivienda podrían haber ofrecido una alternativa de vivienda, y ninguno lo hizo: dejaron en la calle a Maricarmen, a David y a su hijo.
Los representantes de la izquierda actuaron como si no fueran responsables de su propia ley de vivienda, como si desde su aprobación no se hubieran producido, según señala el Consejo General del Poder Judicial, más de 90.000 desahucios en España. Ninguna de las caras públicas presentes durante el desalojo, ni las que se sumaron virtualmente, mencionó que los desahucios de Maricarmen y David –y los otros 75 que se produjeron ese mismo día– ocurren precisamente porque esa ley no funciona.
Los casos de Maricarmen y David lo demuestran. La Ley de Vivienda dejó intacta la cláusula que permite extinguir los alquileres de renta antigua, con la que desahuciaron a Maricarmen: una secuela del famoso ‘decreto Boyer’, impulsado en 1985 por el PSOE de Felipe González. En el caso de David, la empresa Mosaic había comprado miles de viviendas de la Obra Social de La Caixa. Es decir, se desahuciaba a una familia pobre de una vivienda social financiada con fondos y suelo público, perteneciente a Caixabank –una entidad con cerca de 6.000 millones de beneficio en 2025 y un 18 % de propiedad estatal–. También esto era responsabilidad del gobierno progresista.
La ley de vivienda no lo hubiese evitado
Para desviar el foco, los políticos de izquierda repitieron el mismo argumento: si Ayuso hubiera declarado zonas tensionadas y regulado el precio, Maricarmen seguiría en su casa. Pero no es cierto. No lo es porque el desahucio se debió a la extinción de un contrato de renta antigua, algo que la propia Ley de Vivienda permite. Tampoco lo es porque el precio que marca el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda para esa vivienda rondaría los 1.800 euros mensuales, una cifra inasumible para la pensión de 1.350 euros de Maricarmen, y para la inmensa mayoría de la población.
El resultado es claro: se aplicara o no la Ley de Vivienda, tanto Maricarmen como David habrían acabado desahuciados y sin alternativa. Entonces, ¿por qué tanta foto? Porque este miércoles los dirigentes de la nueva izquierda y del PSOE comprobaron que los anuncios grandilocuentes que hicieron hace apenas tres años sobre las bondades de su ley los dejaban ahora completamente expuestos.
Señalar que Ayuso actúa en favor de los intereses del capital inmobiliario es una opción cierta, pero también un comodín útil para desviar responsabilidades. La de la izquierda es ineludible. Aprobaron una ley que defendieron como un hito histórico, convencieron a buena parte de la ciudadanía de que se avanzaba en la buena dirección, e incluso llegaron a anunciar que los desahucios de personas vulnerables estaban paralizados.
Sin embargo, ese paraíso progresista tuvo las piernas muy cortas. Las movilizaciones de los últimos años les obligaron a abrir los ojos, aunque no a reconocer su error. Presionados por los lobbies inmobiliarios, los fondos de inversión y los intereses de buena parte de la población propietaria, fueron aprobando medidas que no solucionaron el problema y que siguieron favoreciendo a los rentistas.
Las rebajas fiscales para propietarios, la permisividad con los desahucios y la apuesta por políticas testimoniales en vivienda pública demuestran quién sigue mandando: el sector constructor e inmobiliario y, en última instancia, la vieja clase propietaria, que todavía controla más del 85 % del mercado del alquiler.
Esa realidad explica que los políticos progresistas acudieran en masa a las concentraciones, casi como penitentes, a redimir sus culpas con apariciones testimoniales. Saben bien que la cuestión de la vivienda es, con perspectiva, el mayor error de sus últimos gobiernos, y probablemente el que acabe sepultando sus aspiraciones electorales.
