2/6/2026
junio 08, 2026
CTXT. El mercado de clases particulares mueve 1.480 millones de euros anuales en España
CTXT / Observatorio Social ‘la Caixa’ 5/02/2026
Un 25 % de los estudiantes recurre a clases privadas, especialmente en Secundaria y Bachillerato, lo que agrava la brecha educativa entre los alumnos. Suponen una media de gasto de 97 euros mensuales para las familias
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Las clases privadas, a menudo denominadas “educación en la sombra”, se han convertido en una herramienta clave para atender las necesidades individuales –y dificultades de aprendizaje, cuando existan– de los estudiantes, especialmente en contextos en que la enseñanza tradicional no logra cubrir todas las carencias.
En países como Portugal y España, es común entre familias que buscan ayudar a sus hijos recurrir a la enseñanza privada. En consecuencia, comprender y medir este fenómeno resulta esencial para abordar las desigualdades educativas. Con este propósito, en 2024 se realizó un estudio cuyas conclusiones han sido recientemente publicadas en el Observatorio Social de la Fundación ‘La Caixa’. Lo firman Bruno P. Carvalho, Pedro Freitas, Susana Peralta, Francisco M. Pereira, Juan Carlos Rodríguez y Mercedes Esteban Villar, de Investigación del Observatorio Social, en colaboración con la Fundación Europea Sociedad y Educación y la Nova School of Business and Economics.
El procedimiento consistió en realizar encuestas nacionales representativas en ambos países: 2.400 hogares en Portugal y 2.500 en España. La mayoría de los estudiantes iban a centros educativos públicos (Portugal: 92,8 %; España: 96, 7 %). A grandes rasgos, el rendimiento académico era similar en las diferentes etapas educativas, aunque los estudiantes portugueses tendían a estar más representados en las categorías de rendimiento académico elevado. Las medidas disciplinarias y la notificación de casos de altas capacidades fueron más comunes en España, mientras que en Portugal se observa una incidencia ligeramente superior de necesidades educativas especiales.
Las encuestas permitieron analizar el mercado de las clases privadas desde una perspectiva sociodemográfica. Los resultados muestran que los estudiantes con bajo rendimiento académico, problemas de conducta o necesidades educativas especiales son significativamente más propensos a recibir clases particulares. Para los autores, esto indica que las familias utilizan las clases privadas como apoyo ante retos educativos específicos.
Recurrir a clases particulares es más común entre los estudiantes españoles (25 %) que entre los portugueses (20 %). Su prevalencia varía notablemente según la etapa educativa: la mayor incidencia se observa en la educación secundaria superior, donde aproximadamente un tercio de los estudiantes de ambos países recibe clases privadas, lo que demuestra la importancia que las familias conceden a esta etapa educativa y sugiere una creciente dependencia de las clases particulares como herramienta para asegurar el éxito académico en momentos decisivos.
En Portugal, la clase particular más solicitada es Matemáticas (68,4 %), seguida por la lengua materna (portugués, 45,8 %). En nuestro país, la clase más habitual es Inglés (52,7 %), con Matemáticas en segundo lugar (40,2 %). Es probable que el peso de las matemáticas en el mercado de las clases privadas esté relacionado con la gran competencia que hay para acceder a los estudios superiores de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).
Un historial individual de bajo rendimiento educativo (como haber suspendido una asignatura o repetir curso) se correlaciona con tasas más altas de clases particulares (por ejemplo, 33,5 % frente a 19,9 % entre quienes nunca han suspendido en Portugal; 29,6 % frente a 24,8 % en España). En ambos países, la razón principal que lleva a apuntar a un estudiante a clases privadas son sus dificultades con la materia en cuestión (40,8 % en Portugal; 28,6 % en España).
En Portugal, la preparación para exámenes se sitúa en segunda posición (31,3 %), mientras que en España es un factor menor (5,3 %) y el segundo lugar lo ocupa la “necesidad de apoyo extra” (24,9 %).
Las familias con mayor capacidad económica gastan un 18 % más en España y un 28 % más en Portugal en clases privadas que aquellas con ingresos limitados. Aun así, muchas familias con dificultades económicas optan por invertir en clases privadas, lo que puede implicar sacrificios en otras áreas del consumo familiar. Esto evidencia que las clases privadas pueden ampliar las desigualdades educativas, ya que el acceso a este recurso depende en gran medida del nivel de ingresos. El gasto mensual medio por estudiante es de 126,40 euros en Portugal y 97 euros en España, lo que implica una diferencia de casi 30 euros. En Portugal, el gasto está más distribuido entre asignaturas, mientras que en España son las Matemáticas dónde se concentra el mayor gasto.
Según las estimaciones, en Portugal el mercado de las clases privadas mueve unos 30 millones de euros mensuales, que extrapolados a cifras anuales son unos 300 millones de euros. Alrededor de 235.000 hogares hacen uso de este servicio, que atiende a más de 269.000 estudiantes. Cabe destacar que solo el 58% de estos servicios se facturan, lo que implica la existencia de una economía sumergida que asciende a 127 millones de euros en el país luso. En cuanto a España, se estima que este mercado mueve en total más de 148 millones de euros mensuales y 1.480 millones anuales. Estos resultados evidencian la necesidad de políticas que ofrezcan más soporte individualizado en el seno del sistema educativo. Sin medidas en este sentido, el sector de la educación en la sombra seguirá siendo un recurso esencial –pero desigual– para las familias, sobre todo durante las etapas con pruebas académicas importantes.
junio 07, 2026
Oro, luchas geopolíticas y tensión étnica: claves para entender lo que está pasando en Sudán, de Emilia G. Morales
La insurrección de 2023 de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido desembocó en una guerra civil que ya deja 150.000 muertos y 12,6 millones de desplazados.
El control de los yacimientos de oro por parte de la guerrilla y sus negocios con Emiratos Árabes Unidos se encuentran en el epicentro del conflicto.
- Fotograma de un vídeo del 26 de octubre de 2025 en el que los combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) celebran la toma de Al-Fasher, en Darfur (Sudán)
Abdelfatah Al-Burhan, presidente del Consejo de Soberanía de Transición de Sudán, y su antiguo vicepresidente Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemetti, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), no siempre han sido enemigos. Desde que ambos retiraron su apoyo en abril de 2019 al anterior presidente del Gobierno, el dictador Omar Al-Bashir, se embarcaron en un proyecto de renovación del país.
Sudán parecía encaminarse hacia una era democrática después de tres décadas de corrupción y autoritarismo de Al-Bashir. Durante aquel periodo se habían producido un guerra civil, un genocidio y la independencia del sur del país. Ni los ingresos por las explotaciones de petróleo o por las minas de oro habían mejorado sustancialmente las condiciones materiales de los sudaneses. En 2018 la población civil dijo basta, dando lugar a un ciclo de protestas sociales que fueron duramente reprimidas por Al Bashir.
Durante los primeros meses de las protestas, Abdelfatah Al-Burhan, que entonces era un alto cargo del ejército de Sudán, se mantuvo pasivo -como el resto de los militares- ante la represión de las protestas a mano de la inteligencia sudanesa y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)
Este era el pacto que el líder de las FAR, Hemetti, tenía con Al-Bashir desde principios de los dos mil. Sus paramilitares se encargaban de hacer aquello que un ejército regular no podía hacer. Es decir, todo lo que podía contravenir el derecho internacional. A cambio, Hemetti podía marcar su propia agenda en el Estado de Darfur, al oeste del país.
Gracias a sus milicianos, agrupados bajo las FAR o, en su versión anterior, los Yayahuid, doblega la voluntad de buena parte de las comunidades de esta región. Esto le asegura el control de los yacimientos de oro en este territorio. No era algo menor. Solo en los estados de Darfur Norte y Darfur Sur se encuentra un tercio del oro del país.
Así que cuando en 2019, el ejército regular de Sudán retiró su apoyo a Al Bashir tras la represión de las protestas, Hemetti no dudó en apoyar el golpe y asegurarse un asiento en el proyecto de transición. Pero tan ambiciosa empresa no cuajó. Después de cuatro años convulsos, el intento de Al-Burhan de integrar a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el ejército regular sudanés -rebautizado como Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS)- hicieron saltar por los aires los sueños democráticos del país.
El 15 de abril de 2023, las FAR atacaron Jartún, dando comienzo a una guerra civil que dura más de 900 días. Esta "insurrección contra las instituciones del Estado", tal y como la describió la encargada de Negocios de la Embajada de la República de Sudán, Shza Abdelaziz Kamil Adelaziz, se ha convertido en la mayor crisis humanitaria de la historia. Con una estimación de 150.000 personas asesinadas y más de 12,6 millones desplazadas forzosamente, el país está al borde del colapso humanitario.
Es en este fatídico contexto en el que se produjo la masacre de la ciudad de Al-Fasher, en Darfur, a manos de las FAR a finales de octubre de este año. La urbe llevaba más de un año asediada por los paramilitares. Tras la retirada del ejército sudanés de la localidad, el 26 de octubre, las FAR, apoyadas por mercenarios extranjeros de países vecinos, entraron a sangre y fuego a la ciudad. Las imágenes de los paramilitares asesinando a sangre fría a miles de personas indefensas estremecieron al mundo y colocaron en el foco mediático a Sudán.
Al-Burham, al mando del Gobierno de transición, ha pedido a la comunidad internacional que haga todo lo posible por pararle los pies a las FAR. Esto incluye, entre otras cosas, cortar su principal fuente de ingresos: el oro que Hemetti vende ilegalmente a Emiratos Árabes Unidos.
La importancia del oro
Hasta 2011, Sudán vivía, principalmente, de las reservas de petróleo de los estados de Unidad y Alto Nilo, situadas en el ahora en Sudán del Sur. Aquel año, después de seis décadas de guerra civil, esta región oficializó su independencia del resto del país. El nuevo país se llevó con él la mayor parte de los yacimientos petroleros. Estos producían, aproximadamente, el 75% del crudo de lo que hasta ese momento había sido todo Sudán.
Privado de su recurso natural más rentable, el todavía presidente del país, Omar Al-Bashir, intensificó dependencia de la economía sudanesa de la explotación de las minas de oro. Este recurso había supuesto hasta el momento un ingreso secundario. En 2012, el Banco Central de Sudán aprobó una ley que obligaba a desviar el tráfico del oro hasta la capital. Es decir, el metal precioso no podía ser exportado si no pasaba antes por Jartún y se vendía al precio que establecía el Gobierno.
De la extracción ilegal de oro se benefició una empresa vinculada a Wagner y otra a las FAR
Esta norma fue saboteada en numerosas ocasiones por el propio presidente Al-Bashir, que permitió la creación de rutas de exportación del oro paralelas a las oficiales. Además de miembros de su propio Gobierno, de la extracción ilegal de oro benefició una empresa vinculada a los paramilitares rusos del Grupo Wagner -Meroe Gold- y a otra relacionada con la familia de Hemetti, líder de las FAR -Al Junaid Multi Activities Co Ltd, también conocida como Algunade-. Esta última exportaba el oro a Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.
De esta forma, ambas milicias -el Grupo Wagner y las FAR-, entonces aliadas del Gobierno de Al-Bashir, se vieron también favorecidas económicamente por su régimen. Pese a que en 2019 el dictador cayó -entre otras cuestiones por la retirada del apoyo de las FAR y del ejército-, la familia de Hemetti mantuvo su control sobre una parte importante de los yacimientos de oro. Un poder del que todavía goza y por el que continúa teniendo el favor de Emiratos Árabes Unidos.
El papel de Emiratos Árabes Unidos
Pese a que Emiratos es uno de los cuatro países designados en 2023 por la ONU y la Unión Africana para mediar y buscar un acuerdo de paz que detenga la guerra civil en Sudán, la petromonarquía árabe lleva años apoyando a las FAR de Hemetti. "Juega a dos bandas", ha evidenciado Shza Abdelaziz Kamil Abdelaziz, encargada de Negocios de la Embajada de la República de Sudán en España, durante una rueda de prensa celebrada a principios de noviembre.
Desde el inicio de la guerra, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, ha hecho numerosos llamamientos a la paz y a la estabilidad. Al mismo tiempo, continúa beneficiándose del tráfico ilegal de oro, a la par que abastece de mercenarios colombianos a las FAR.
Respecto a este último punto, el arqueólogo Alfredo González Ruibal ha explicado a Público que los emiratíes reclutan en el país de origen a los mercenarios, algunos de los cuales creen que son contratados para labores de escolta. Una vez llegan a Emiratos Árabes, son entrenados para la batalla y trasladados hasta Sudán, donde se unen a las filas de las Fuerzas de Apoyo Rápido.
El pasado mes de agosto, el presidente del país latinoamericano, Pedro Castillo, hizo una declaración pública en la que rechazó"el mercenarismo" y pedía a los "jóvenes exsoldados y exoficiales" que "no se vendan". En un mensaje en X, el mandatario colombiano los invitaba a "luchar por la patria, no morir en guerras ajenas".
El Gobierno sudanés dice haber entregado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las pruebas del apoyo que Emiratos Árabes Uunidos brinda a las FAR. Sin embargo, ningún país de la ONU ha movido ficha aún.
La alianza entre la potencia petrolera y el grupo paramilitar sudanés se forjó en 2015, cuando una coalición de países árabes, entre los que se encontraban los emiratíes, intervino en la guerra civil de Yemen para restaurar en el poder a Abdo Rabu Mansur Hadi. El conflicto había estallado un año antes debido a la insurrección de los hutíes, que todavía a día de hoy hostigan al Gobierno yemení y a sus aliados pese al alto el fuego firmado en 2022. Entre las filas de los militares emiratíes enviados a Yemen había combatientes de las FAR.
Otros apoyos de las FAR
Sudán hace frontera con siete países: Egipto, Libia, Chad, República Centroafricana, Sudán del Sur -hasta 2011 parte de Sudán- Etiopía y Eritrea. El Gobierno de transición asegura que tiene constancia de la entrada de mercenarios y material militar para las FAR a través de Libia, Chad y República del Congo, aunque tampoco descarta que haya podido entrar material o mercenarios por otras fronteras.
Además de los milicianos que aportan otros países, se suman los provenientes de Colombia y del Grupo Wagner, los paramilitares rusos asentados en el Sahel desde 2014. Como recoge un artículo del Centro de Asuntos Globales y Estudios Estratégicos de la Universidad de Navarra, "es importante tener en cuenta, además, que el Grupo Wagner [también] coopera con Emiratos Árabes en el contrabando de oro y goza de su apoyo financiero".
En 2024, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mikhail Bogdanov, se reunió con Al-Burhán, presidente del Consejo Transicional de Sudán, para mostrarle su apoyo en el conflicto. Este acercamiento esconde la ambición de Rusia de construir una base naval en territorio sudanés y lograr así una salida al Mar Rojo.
Actualmente, toda la zona norte y oriental del país, incluidos los 850 kilómetros de costa, están bajo el control del ejército regular de Sudán. Varios analistas han leído en este movimiento el preludio de un posible viraje de Wagner, que también podría estar recortando su apoyo a la insurrección de las FAR.
Tensión étnica: una herencia colonial
Entre las 58 millones de personas que vivían en Sudan antes del estallido de la guerra civil había, a grandes rasgos, tribus de etnia árabe y tribus no árabes o africanas. La mayoría de ellos son musulmanes, aunque también hay grupúsculos cristianos e incluso animistas.
Desde la Edad Media, las tribus arabizadas -muchas de ellas de etnia baggara- han gozado de un mayor estatus que las africanas -como los fur o nuba-. Esta distinción entre árabes y no árabes explica parte del ensañamiento de las Fuerzas de Apoyo Rápido con la población de la ciudad de Al-Fasher. Y es que los paramilitares de las FAR son de etnia baggara (arabizadas) mientras que la población de Al-Fasher, en su mayoría, es fur. Es decir, no árabe.
Las tribus arabizadas y las no árabes llevaban siglos conviviendo sin que hubiera estallado un genocido
En este punto, es necesario hacer una aclaración importante. Las tribus arabizadas y las africanas llevan siglos conviviendo en el territorio que ahora se llama Sudán sin que hubiera estallado un genocidio. En palabras del arqueólogo González Ruibal, esto evidencia que "no están condenados a masacrarse". Entonces ¿qué es lo que ha cambiado? Para entenderlo es necesario retroceder hasta principios del siglo XX, cuando Sudán queda bajo el llamado Condominio Anglo-Egipcio. Es decir, bajo el poder de Egipto, que entonces era colonia británica.
Hasta la llegada de los británicos a Sudán, los equilibrios entre los grupos étnicos que habitaban el territorio llevaban siglos funcionando bajo los criterios de sus propios habitantes. Pero como ocurrió con otros tantos países africanos, la llegada de los europeos forzó una reinterpretación de estas diferencias étnicas bajo parámetros coloniales. Las antiguas alianzas entre tribus fueron institucionalizadas y convertidas en clases sociales.
De este modo, las tribus arabizadas del norte de Sudán gozaron de un trato de favor de la administración colonial al ser consideradas más civilizadas. En Darfur, los líderes tribales árabes -entre los que se encontraban varias tribus de etnia baggara- fueron reforzados por los ingleses para mantener el orden en la región. De esta forma, las tribus no arabizadas de esta zona del país -como los fur- quedaron subyugados a los baggara y tratados como ciudadanos de segunda por los británicos.
Durante todo el siglo XX, esta jerarquización de las etnias generó una tensión étnica que estalló en 2003. Aquel año, varias milicias no árabes de la región de Darfur se levataron contra el todavía dirigente del país, Omar Al-Bashir, acusándolo de abandono institucional y político, entre otras cuestiones.
Para aplacar la rebelión, Al-Bashir echó mano de los paramilitares árabes de la zona, entre los que destacan los Yanyahui, que posteriormente fueron integrados en las FAR de Hemetti. Estas milicias, con complicidad y colaboración del ejército regular de Sudán -todos ellos árabes-, se ensañaron con las tribus no árabes, cometiendo un genocidio en la ciudad de Al-Fasher. La misma que el pasado mes de octubre era masacrada por los paramilitares de las FAR.
En ambas ocasiones, Hemetti tuvo un papel relevante en los ataques. En 2003, su milicia participó en los ataques a la ciudad, mientras que en 2025 fueron las Fuerzas de Apoyo Rápido, bajo su mando, las que asediaron y asaltaron la ciudad.
El genocidio de 2003 sentó un precedente de impunidad que ha favorecido el nuevo ataque contra la ciudad. Y es que los crímenes cometidos por los paramilitares a principios de los dos mil nunca fueron realmente juzgados. Es más, Hemetti, ha llegado a asumir un papel verdaderamente relevante en el fallido proceso de transición.
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