Nuria Alabao 2/06/2026
Alentar el miedo contra colectivos que hemos convertido en monstruos sirve para neutralizar el malestar que en otras condiciones podría convertirse en demanda política de cambio estructural
Despliegue policial para enfrentarse a los manifestantes racializados durante las protestas de Handsworth (Inglaterra) de 1985. / West Midlands Police
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A finales de mayo de 2020, en plena desescalada del confinamiento, un grupo de vecinos de Mataró creó en Facebook la página Patrulla Vecinal Mataró. En una semana tenía más de siete mil miembros. Pronto surgieron también canales de Telegram en cinco barrios de la ciudad, algunos con más de doscientos participantes. Su función, decían, era la de afrontar los “robos con violencia” y presionar para desalojar edificios ocupados. Lo que no decían explícitamente es que iban dirigidos expresamente contra los chavales magrebíes, muchos de ellos ya mayores de edad y abandonados, por tanto, por el sistema de acogida, dejados a su suerte sin ningún tipo de ayuda. Entre los impulsores de estas patrullas figuraban antiguos miembros de la ultraderechista Plataforma por Catalunya (PxC) y militantes de Vox Mataró, pero su éxito fue mucho más allá de la extrema derecha. Muchos vecinos se sintieron interpelados y se sumaron a la propuesta vigilantista.
Esta no fue la primera escena de agitación vecinal antiinmigrante, tampoco será la última. La secuencia viene repitiéndose con algunas variaciones desde hace más de diez años, aunque se ha acelerado los dos o tres últimos, espoleada por la crisis de vivienda y la recuperación económica que demanda mano de obra. Llegan más migrantes pero tienen dificultades extremas para encontrar alojamiento, de manera que muchos se ven empujados a ocupar, muchas veces acompañados de otros nacionales pobres expulsados también del mercado de vivienda.
A menudo son los propios vecinos quienes demandan los desalojos de estos espacios ocupados. Sucede con viviendas, edificios o incluso asentamientos precarios –desde tiendas de campaña hasta chabolas– que se extienden por buena parte del territorio. Solo el año pasado se produjeron los casos mediáticos del instituto B9 de Badalona, el del Grand Hotel Callao Sport en Tenerife, la nave La Escocesa en Barcelona, el de Zorrotzaurre en Bilbao, las naves ocupadas de Herrera-Oria en Donostia y el colegio de Martutene de la misma ciudad, entre otros. Mientras que este año han surgido nuevos casos como el de la antigua ikastola Jaso o el convento de Aranzadi, ambos en Pamplona. Cada uno de estos desalojos puede dejar a cientos de personas en la calle. En total son miles, y van a ir en aumento, en un perfecto ejemplo de cómo barrer el problema bajo la alfombra.
Los barrios aledaños a centros de menores también han sido espacios centrales de esta confrontación urbana. Porque las figuras que condensan aquí los “demonios populares”, que aglutinan los significantes monstruosos de descontrol y miedo, son las del menor extranjero no acompañado, el “mena”, o su versión adulta: los migrantes sin papeles. La prensa, la policía, algunos partidos y no pocos ciudadanos los han convertido en metonimia de barbarie, criminalidad y peligro sexual.
Los ataques y las patrullas ciudadanas, sean o no promovidas por los grupos de extrema derecha, acaban prendiendo de forma cada vez más fácil, como si en el imaginario del buen vecino agraviado estuviese incrustado el virus del vigilantismo vecinal. Esta figura ha anidado ya en el repertorio de acción colectiva y cualquier chispa puede incendiar la pradera. Una suerte de protesta invertida en la que la energía social acaba destinada no a reclamar el fin de la crisis de vivienda o más recursos públicos para el barrio, sino a proteger lo de cada uno de una supuesta amenaza fantasmática de piel oscura. Si hacemos un mapa de por qué la gente se moviliza hoy, la demanda de más policía en los barrios, las protestas contra los pobres que ocupan el espacio público y la vigilancia pseudopolicial ciudadana ocuparían una buena parte de las revueltas y acciones colectivas en barrios, ciudades y pueblos.
Las patrullas vecinales no son exactamente una invención de la ultraderecha, aunque pueden estar espoleadas por ella. Surgen del malestar, muchas veces legítimo, de algunos vecinos ante el deterioro del barrio, ante el desempleo, las consecuencias de la crisis, el empeoramiento de las condiciones de vida. Surgen allá donde anida el miedo. Este miedo puede tomar forma entre los pobres, o en las clases bajas al borde siempre de la catástrofe, pero también puede hacerlo en los temores de la clase media a la pérdida de estatus, en la creciente dificultad de reproducir sus condiciones, en el pánico a la proletarización. Si las patrullas de Mataró surgieron en algunos de los barrios más desfavorecidos de Cataluña como Rocafonda y Cerdanyola Sur, la presión vecinal que llevó al desalojo de La Escocesa en Barcelona se produjo en Poblenou, un barrio de clase media en plena transformación urbanística.
Pánicos morales: jóvenes de piel oscura
El libro colectivo Gobernar la crisis (Traficantes de Sueños), publicado en 1978 y dirigido por Stuart Hall, puede proporcionarnos algunos elementos de análisis para entender lo que está sucediendo. En esta obra, el grupo analizó el pánico moral generado en torno a los atracos callejeros –mugging– en la Inglaterra de los años setenta, a partir del caso de Handsworth: un barrio obrero étnicamente diverso del oeste de Birmingham.
La escena estuvo compuesta por muchos pequeños atracos que se construyeron en la prensa como un gran problema social que contaminaba la imagen irreal de una plácida Inglaterra habitada por gente de bien, aunque amenazada por esta inseguridad racializada. Aquí el folk devil –demonio popular– que se construyó fue el del mugger: el pequeño atracador. Esta figura criminal, según el libro de Hall, funcionó como condensador simbólico de una crisis económica severa –el shock del petróleo de 1973– que estuvo acompañada por una crisis de legitimidad del gobierno laborista que no sabía cómo gestionarla. La crisis era de largo alcance, puesto que esos años lo que se puso en cuestión fue todo el modelo de acumulación fordista-keynesiano. El consenso socialdemócrata de posguerra parecía agotado, pero todavía no había emergido lo que después sería la reestructuración neoliberal que cristalizaría con Thatcher en 1979. Y ahí tuvo un papel la derechización social que fue previa al ascenso de la Dama de Hierro, quien se alimentó de estas construcciones mediáticas alrededor de la inseguridad para impulsar su proyecto.
La crisis en marcha producía un malestar difuso en amplias capas de la población, un malestar en busca de una explicación y un culpable. El pánico moral proponía una explicación: la criminalidad desbocada, al tiempo que producía un culpable: el joven negro atracador. La solución, por tanto, solo podía venir de la mano de la represión y del Estado policial; un refuerzo del tipo de Estado que la derecha thatcherista quería construir, y acabó construyendo. La Administración no podía resolver el paro, pero podía meter a atracadores en la cárcel; no podía revertir la desindustrialización, pero podía llenar de policía el barrio.
Así, la figura del joven negro atracador permitió desplazar el debate desde las causas estructurales de la crisis social hacia las soluciones de tipo punitivo, siempre más fáciles de implementar. El uso político del miedo situó el foco en el delito y su respuesta al desplazar las preguntas sobre el paro o la desinversión.
Este caso formó parte del hummus cultural que haría posible levantar el proyecto contrarrevolucionario thatcherista. Pero, evidentemente, la policía no resuelve nada. En el verano de 1981, una ola de fuertes disturbios sacudió a más de treinta pueblos y ciudades británicos. Cuatro años más tarde, el enfrentamiento entre la policía y las comunidades locales racializadas, hartas de la presión sobre ellas, incendió Handsworth.
Casi cincuenta años después, en España, el contexto es muy diferente, pero emerge una nueva figura criminal racializada de usos parecidos: el “mena” –y su hermano mayor, el “sinpapeles”–. Para esta construcción hacen falta vecinos preocupados, sindicatos policiales que filtren datos de detenciones, fiscales de menores que emitan memorias anuales como prueba de la “oleada” de delincuencia juvenil y políticos que traduzcan la queja vecinal en demanda de mano dura.
La comunidad amenazada
En la España de los pánicos sobre los menas/sinpapeles, el sujeto moral del relato no es la víctima individual, como en el caso inglés, sino el barrio amenazado. “La calle está tomada”, “los vecinos tienen miedo”, “los padres no dejan ir a sus hijas al parque” son baldosas de este camino que recorre el miedo. El subtexto en el caso de los menores es el del peligro, el de la amenaza sexual y nunca el de su abandono o el del maltrato que reciben en los centros de menores –incluido el físico–. Cuando se trata de ocupaciones, no se habla del problema de la vivienda, de presión inmobiliaria o del sinhogarismo migrante. El marco es el endurecimiento de la acción policial sobre el orden urbano a golpe de demanda vecinal. Se habla del problema de la ocupación como parte del encuadre discursivo del crimen y el desorden social que amenaza la propiedad, los ahorros de los ciudadanos honrados que han trabajado duramente para poder obtener rentas inmobiliarias. Muy a menudo la amenaza se localiza en territorios ya degradados, pero esta dimensión de clase no hace cuajar ningún tipo de solidaridad –o solo lo hace en lugares donde existe mucha organización previa–, sino más bien la rabia de ser, de nuevo, el barrio que recibe “todos los problemas”. El mena/sinpapeles aparece como causa visible de un malestar cuyas raíces son otras.
De ahí la frase del libro de Hall sobre la función de la “gestión política a través del miedo”. El miedo al atracador –o al mena– canaliza y neutraliza el malestar que en otras condiciones podría convertirse en demanda política de cambio estructural. Sirve para desplazar la ansiedad social desde las causas reales de la crisis –que implican preguntas sobre la distribución del poder y la riqueza– hacia una figura criminal racializada sobre la que es posible actuar de forma visible e inmediata.
¿Quién capitalizará la derechización?
Decíamos que Gobernar la crisis describe una transición hegemónica que triunfa y que permite el paso desde el consenso socialdemócrata al thatcherismo. Hall lo llamó “populismo autoritario” y lo retrató como un desplazamiento que se produce desde abajo, desde el malestar popular, y que distintos actores políticos explotan. La diferencia con Thatcher es que ella consiguió articular ese malestar difuso en un proyecto de Estado que ponía en cuestión los consensos anteriores y que conllevaba una nueva forma de relación de ese Estado con la sociedad, una nueva forma de organización del mundo y que incluso iba a producir nuevas subjetividades. En España difícilmente habrá nada equivalente. Vox toca techo en torno al 15%, Alvise es errático y el PP de Feijóo no tiene un proyecto ideológico de esa envergadura. Ninguno de los tres tiene un programa como el que puso en marcha el neoliberalismo conservador de esos años.
Difícilmente podemos hablar hoy en España de una transición hegemónica liderada por un actor político. Quizás sería más adecuado pensar este fenómeno como una derechización del sentido común que opera en un marco global: el de las derechas radicales. En EEUU, este proyecto trata de tomar la forma propuesta por la “ilustración oscura”: un gobierno de carácter autoritario en alianza con los empresarios y CEOs de las principales empresas tecnológicas –un proyecto no exento de dificultades–. Sin embargo, resulta mucho más difícil describir un equivalente tan claro en Europa.
Aquí la derechización convive con una ausencia de alternativa sólida. Se erosionan los consensos anteriores, pero no se ofrece nada realmente nuevo, sino una sociedad mucho más quebrada, más racista y atrapada en el miedo. El proyecto resultante de esta derechización parece proponer un mantenimiento de los niveles de vida de las clases medias o las poblaciones autóctonas sobre una mayor explotación de los migrantes. Pero recordemos la oleada de disturbios de 1981 en Inglaterra, porque esa también fue, a su manera, una respuesta política.
