El incendio de Almería cuestiona décadas de expansión residencial en suelo rústico, de Aurora Báez Boza

 Aurora Báez Boza   14 jul 2026 

La falta de operativos completos, el cambio climático, el déficit de prevención forestal y la existencia de viviendas en suelo rústico explica las dramáticas consecuencias del incendio en los Gallardos.

Las llamas durante en incendio en Los Gallardos (Almería) Francis González

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El incendio más mortífero de la historia de Andalucía en Los Gallardos (Almería) sigue impactando  días después de su inicio el pasado jueves 9 de julio. El fuego han provocado cifras alarmantes: 13 personas fallecidas, 23 personas desaparecidas, 7.000 hectáreas calcinadas (lo que supone una superficie de dos veces el casco urbano de Almería capital) y más de 1.300 personas desalojadas de sus localidades. Los Gallardos se encuentra en el listado oficial de municipios catalogados como zona de peligro de incendios forestales, según el Plan Infoca de la Junta. En el momento del incendio, como denuncian desde Ecologistas en Acción, no se encontraba actualizado.

Jorge, bombero forestal especialista que estuvo trabajando en la extinción del incendio, sostiene que “la velocidad de propagación y la violencia del fuego no lo he visto en mis 20 años de trabajo”. El incendio se dio con unas condiciones concretas que han dificultado el trabajo: “El cambio de las condiciones climáticas, la segunda ola de calor, vientos de 50 kilómetros por hora, grandes pendientes; en muchas ocasiones los medios estuvimos muy fuera de juego”.

“Se nota la tardanza de completar los operativos; en 2004, el día 1 de junio ya estaba todo completo; ahora no está al 100% hasta mediados de julio como ha sido el caso”, explica Jorge, bombero de forestal que trabajó en el incendio

Como llevan años denunciando los trabajadores del Infoca, las condiciones en las que trabajan han sufrido un detrimento en una época en la que “cada vez los incendios van a dejar de ser estacionales y van a modificar su comportamiento”. El trabajador señala que “se nota la tardanza de completar los operativos completos” de modo que “si en 2004, el día 1 de junio ya estaba todo completo; ahora no está al 100% hasta mediados de julio”. La falta de efectivos es una de las problemáticas que influye en la extensión de los incendios, pero también otras cuestiones como la orografía y el uso del territorio.

Urbanismo irregular

En los años sesenta se produjeron dos hechos paralelos: el primero, el abandono del campo de gran parte de la población del Estado español; en el caso de Almería, una de las consecuencias fue el abandono de miles de cortijos en las zonas interiores de la provincia. A su vez, se daba otro fenómeno en el territorio: la llegada del turismo y su impulso como sector económico.

En Los Gallardos, un 38% de la población habita en viviendas irregulares, como residencia vacacional o segunda casa, en terrenos no urbanizables

El desarrollo del turismo llevó a que desde finales de los 90 muchas familias adquirieran viviendas rurales cercanas a la playa, y para ello se produjo compraventa de cortijos en medio del interior de la provincia para reconvertirlos en casas. Los Gallardos, así como todo el Levante almeriense, es un ejemplo paradigmático de esta cuestión; según un informe elaborado por la Diputación de Almería en 2024, un 38% de la localidad vive en espacios diseminados, es decir, en espacios rurales con menos de 10 edificaciones.

Una cuestión clave para comprender la magnitud de fallecimientos que se ha producido en este incendio. “La reordenación del territorio ha sido clave; hay urbanizaciones donde no debería haberlas, en montes abandonados”, sostiene Jorge. El bombero insiste en esto: “El problema es que vienen turistas y guiris y compran un cortijo hundido y lo levantan y no se hace la autoprotección que requiere; la gente está aislada y, claro, no sabe qué hacer cuando hay un incendio”. 

“Se ha permitido algo que no figura en el reglamento de urbanismo; se miró a otro lado porque son personas con poder adquisitivo que viven al margen del pueblo y eso interesaba”, expone Lola Yllescas desde Ecologistas en Acción

Estos núcleos de población diseminada están obligados por el Decreto 247/2001 a tener un Plan de Autoprotección frente a los incendios forestales (PAIF), un hecho que no se cumplía en el territorio. “Se ha permitido algo que no figura en el reglamento de urbanismo de Andalucía, que no llega a ser una urbanización y que no está permitido; se miró a otro lado porque son personas con poder adquisitivo que viven al margen del pueblo y eso interesaba”, expone Lola Yllescas desde Ecologistas en Acción. Un hecho que dificultó, que complicó que muchos habitantes fueran avisados de los incendios, así como la búsqueda de las personas desaparecidas: al estar dispersas estas personas, es muy difícil saber quién falta.

Desde Ecologistas denuncian que este urbanismo irregular es parte del problema del que tienen responsabilidad las instituciones: “La proliferación de viviendas en el campo como segunda residencia de ciudadanos del centro y norte de Europa fue amparada por los ayuntamientos y por la Junta de Andalucía, que llegó a aprobar varios decretos y promover la modificación de leyes para impedir la demolición y blindar miles de viviendas en suelo no urbanizable”.

Una práctica presente no solo en el levante almeriense, sino en otros puntos de Andalucía. La Axarquía en Málaga es uno de los territorios donde más espacios urbanísticos diseminados rurales se encuentran. La Sociedad Española de Geomorfología apuntaba en 2016 que al menos hay 12.000 viviendas de ese tipo repartidas en esta zona. En Almería, además de en el levante almeriense, donde ha ocurrido el trágico incendio, hay al menos 11.800 viviendas en terreno no urbanizable en el Valle del Almanzora. Unas viviendas que en 2011 el Gobierno de Mariano Rajoy regularizó. En la Costa Tropical Granadina y en la zona de la Janda de Cádiz, en torno a poblaciones tan turísticas como Barbate o Vejer de la Frontera, también existen estos espacios de segundas residencias diseminadas por el territorio, aunque no haya una cifra concreta registrada.

Legislación permisiva

Durante el boom urbanístico y la construcción desaforada, miles de cortijos y edificios agrícolas en Andalucía se vendieron para convertirse en viviendas. A pesar de que la LOUA prohibía la construcción de este tipo de viviendas, fueron aprobadas por licencias municipales irregulares o sin licencia, llevando a muchos de los propietarios a juicios y al derribo de sus casas, como el caso de la familia Prior en Vera, que provocó la movilización de cientos de propietarios de este tipo de vivienda, la mayor parte ingleses, para que se regularizasen sus segundas viviendas.

A través del Decreto 2/2012 se incorporó en el artículo 3 la nomenclatura de hábitat rural diseminado y se introdujo la figura Asimilado a Fuera de Ordenación, que impedía la demolición de una vivienda a pesar de ser ilegal por la prescripción de la infracción. A través de este decreto, se reconoció la existencia en la normativa de estas viviendas, aunque se sigue sin permitir la construcción en el suelo rústico.

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Con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) aprobada en 2021 por la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla, se empieza a recoger una mayor flexibilización de este tipo de construcciones. El artículo 22 recoge que “en los términos que se establezcan reglamentariamente podrán autorizarse viviendas unifamiliares aisladas”. Además, el artículo 23, dedicado específicamente al hábitat rural diseminado, expone que reglamentariamente se establecerán determinaciones para la ordenación de estos ámbitos y las condiciones de implantación de nuevas edificaciones“.

Aunque la normativa recoge que estas viviendas tienen que seguir vinculadas a la actividad agrícola, Yyesca considera que esto puede ser muy flexible: hay trucos, puedes decir que tienes un huerto, pero lo primordial es que es tu vivienda. El pacto de PP y Vox para los próximos cuatro años en Andalucía recoge, además de una postura “contra el fanatismo climático”, una serie de medidas para desregular trámites administrativos como la edificación.

Un cambio de paradigma

El Levante almeriense, donde se encuentra Los Gallardos y su población diseminada, está rodeado por un monte. Como expone Jorge, “un monte abandonado, que durante años ha sido domesticado y ahora no tiene la vida que tenía hace años, por lo que aumenta más el descuido”, una falta de cuidado que es esencial para entender cómo actúan los incendios forestales. 

“La tragedia de Almería es una prueba de los graves riesgos asociados al estado de abandono de nuestros montes”, exponen desde la Asociación Forestal Andaluza (AFA).

“La tragedia de Almería es una prueba de los graves riesgos asociados al estado de abandono de nuestros montes”, exponen desde la Asociación Forestal Andaluza (AFA).  Desde la organización insisten en la necesidad de que se implementen los recursos dedicados a la prevención: “La ausencia de gestión está en la raíz del problema de los incendios”. La situación actual de grave abandono que sufren nuestros montes nos aboca a veranos durísimos, en los que se pone en riesgo no solo nuestro patrimonio natural, sino también el bienestar y la seguridad de los habitantes de Andalucía”.

Los incendios que vienen: el reto de la gestión forestal en una Península asolada por la crisis climática

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La organización denuncia que la inversión forestal ha alcanzado un mínimo histórico en 2025, donde apenas se dedicó un 0,3% de su presupuesto, apenas un 30% de lo que establece el Plan Forestal Andaluz.

Las organizaciones piden un cambio de foco para poder evitar las oleadas de incendios que atraviesa el territorio. Moreno Bonilla expuso el pasado lunes desde el terreno calcinado que “será un verano duro y que habrá más incendios”; la ecologista Lola Yllescas le responde: “Nos va a pasar de todo mientras haya un gobierno que niegue el cambio climático”.

La vida robada de Eva, primera víctima reconocida del Patronato de la Mujer tras 23 años de internamiento y trabajo esclavo

 Inés García Rábade-23/10/2025

La abogada y exalcaldesa de O Porriño Eva García de la Torre pasó dieciséis años internada en varios centros religiosos de reeducación dependientes del franquista Tribunal Tutelar de Menores y otros siete en reformatorios adscritos al Patronato de Protección a la Mujer. Esta es su historia.

Eva García de la Torre, primera víctima del Patronato de Protección a la Mujer reconocida oficialmente por el Ministerio de Memoria Democrática.Cedida

La vida robada de Eva, primera víctima reconocida del ...

Diario Público

Mujer. Abogada. Política. Madre. Lesbiana. Eva García de la Torre (1962, Sevilla - 2022, O Porriño) fue un ejemplo de resistencia, de superación. Y, sobre todo, de dignidad. Así la describe la que fue su pareja durante dos décadas, la también abogada Silvia Fernández Quinteiro. Eva vivió media vida internada en centros de reeducación de diferentes congregaciones religiosos. Dieciséis años en reformatorios dependientes del franquista Tribunal Tutelar de Menores y otros siete en centros adscritos al Patronato de Protección a la Mujer. Entre Sevilla, Jaén y Vigo. Una infancia, adolescencia y juventud en cautividad que marcaron su vida posterior, pero que no le impidieron sacarse la carrera de Derecho y llegar a ejercer como alcaldesa del municipio de O Porriño, en Pontevedra.

Tres años después de su fallecimiento, el pasado 16 de octubre, el Ministerio de Memoria Democrática expedía un documento oficial que la reconoce, por fin, como lo que fue: una víctima de la dictadura. La primera víctima oficial del Patronato de Protección a la Mujer. Público ha conversado con Silvia, su compañera de vida y la verdadera artífice de ese reconocimiento, sobre el funcionamiento del Patronato -en activo hasta 1985-, sobre la represión específica que el régimen franquista ejerció sobre las mujeres y sobre cómo este reconocimiento abre el camino al resto de víctimas que vivieron durante décadas en condiciones de semiesclavitud, encerradas entre las paredes de estos reformatorios.

P- ¿Cómo le explicarías a alguien que no lo sepa qué era el Patronato de Protección a la Mujer? ¿Y el Tribunal Tutelar de Menores?

R- El Patronato aparece en el 41 como un mecanismo de la dictadura para ajustar el comportamiento de las mujeres a lo que se consideraba la moral católica. Tiene la función explícita de "dignificar la moral de la mujer". Así lo recoge su propia normativa. La idea es reeducar a aquellas mujeres que se consideraba que no cumplían el estándar. Porque tenían un novio, porque igual volvían más tarde a casa de lo normal, porque fumaban. Incluso por su forma de vestir. Y luego había casos especialmente graves de mujeres a las que se consideraba moralmente indignas "por haberse dejado violar" o por quedarse embarazadas fuera del matrimonio. Hay muchas denuncias de este tipo que se conservan en los archivos históricos. Denuncias que podía realizar desde el párroco del pueblo, hasta un vecino o un familiar. 

El Patronato dependía directamente del Ministerio de Justicia, como un organismo autónomo, y funcionaba a través de juntas provinciales, con acuerdos con diferentes congregaciones religiosas. Las Oblatas, las Adoratrices, las Auxiliares del Buen Pastor, las Trinitarias... Unas congregaciones que eran las verdaderas encargadas de supervisar esa misión de reeducación de las internas. Mediante la oración y el trabajo, fundamentalmente. Las levantaban temprano, las ponían a limpiar y luego a trabajar en talleres con la justificación de "enseñarles un oficio". Después vendían lo producido, así que realmente lo que hacían era lucrarse a su costa.

En paralelo al Patronato, aparece el Tribunal Tutelar de Menores. No era lo que es hoy en día un juzgado de menores. Funcionaba como un órgano administrativo, no judicial. Dependía también de Justicia, a través de lo que se llamaba la Obra de Protección de los Menores, que era, como el Patronato, un organismo autónomo. Acogía dos tipos de actuaciones. Una para lo que llamaban "menores corregidos", niños a los que se imputaba algún delito. Y luego una función protectora frente a cualquier situación que consideraran peligrosa para el niño en cuestión. Si eras menor de edad, en principio te destinaban al Tutelar; si no, al Patronato. Esa era la diferencia.

P- ¿Qué tipo de labores desempeñaban las niñas y mujeres internas en estos centros?

R- Conservo una copia de uno de los contratos, en este caso del Patronato, con una congregación. Lo encontré en el Archivo Histórico de Lugo. Lo que viene a decir el documento es que la formación de las chicas estaba supeditada y tenía que ser compatible con una jornada de trabajo de 48 horas semanales. Estamos hablando fundamentalmente de niñas y de adolescentes. El contrato recoge también los pagos del Patronato por cada niña: 9 pesetas. Que cada seis meses menguaban un tercio para costear los gastos de su manutención. Es decir, que encima de que te encerraban, tenías que trabajar para que les saliera rentable tu estancia allí.

Las labores que desarrollaban podían variar en función de cada centro y congregación. Eva hablaba de haber trabajado en talleres de limpieza de sábanas para el Ejército. También de lavado a nivel industrial para distintos hoteles. Recuerdo que me llegó a contar que una de las niñas perdió una mano por meterla en el bombo de una lavadora antes de tiempo. Eran máquinas peligrosas. Y más para niños.

Les imponían castigos como dormir sobre el metálico si se hacían pis en la cama o encerrarlas en un baño en completo aislamiento durante días

Trabajó además haciendo lo que llamaban el cartonaje, las divisiones de cartón de las cajas que se utilizaban para transportar vino. O, ya cuando la destinaron a Vigo, en la confección de pantalones vaqueros. Ahí sí le pagaban, pero una miseria. Esto sería en torno al año 81, más o menos. Se especializó en coser bolsillos porque era lo que más se pagaba: 20 pesetas. Otro de los cometidos que te podía tocar era servir como criada en la casa de alguna familia.

P- ¿Te habló alguna vez de situaciones de maltrato o de episodios de violencia dentro de los reformatorios?

R- La violencia se ejercía desde dos puntos de vista: la violencia psicológica y la violencia física. Con las Oblatas de Jaén, por ejemplo, lo que pasó fue un hambre atroz. Les daban tan poco de comer que algunas niñas robaban la comida de los conejos que había en el reformatorio. Es un recuerdo que se le había quedado muy grabado. Otra cosa que le llegó a pasar, en este caso con las Filipenses, fue recibir golpes y malos tratos directos. Y, bueno, luego había monjas que podían ser especialmente crueles. Les imponían castigos como dormir sobre el metálico si se hacían pis en la cama o encerrarlas en un baño en completo aislamiento durante días. Sin casi agua ni comida.

En el caso de Eva, su madre, forzada por una dramática situación personal, la había dejado en la casa cuna de Sevilla con apenas cuatro meses. De ahí, pasó el sistema del Tutelar. En este sentido, los comentarios eran constantes. “No tienes madre” o “A ti no te ha querido ni tu madre”. Ese tipo de cosas. A niñas, repito, muy muy pequeñas.

P- En el 78, a solo cinco meses del referéndum que aprobó la Constitución, Eva fue sometida a un juicio, dentro todavía de la custodia del Tribunal Tutelar, a raíz de un episodio que tenía que ver con su orientación sexual. ¿Era otro de los motivos que se utilizaban habitualmente para encerrar a mujeres en este tipo de instituciones? 

R- El control sobre las relaciones entre mujeres, entre las internas, era total. Y no hablo ya de relaciones sentimentales. Quiero decir en general. El hecho de que pudieras tener amigas dentro del centro o de que, en un momento dado, pudieras desarrollar una relación más íntima -y no me refiero a una relación sexual- con otra interna, se vigilaba mucho. Incluso en los pequeños momentos de ocio de los domingos, que les dejaban poner música y bailar. Siempre había una monja ahí separándolas. "No os juntéis, no os juntéis".

Mientras servía en una casa como interna para un matrimonio en Sanlúcar, Eva le escribe una carta a Juana, una monja superiora con la que siempre mantuvo cierta relación. En la carta le confiesa que cree sentir algo por la señora de la casa. Esa carta no la tengo, nunca la he conseguido. Aunque entiendo que debería formar parte de su expediente judicial. Lo que pasó fue que la señora de la casa, de manera completamente abusiva, se dedicaba a revisar todas sus cosas. Algo que Eva no sabía. Encontró la carta, la leyó y la denunció a las monjas. Esto sucedió el 13 de agosto del año 78. Al día siguiente, Eva tuvo que comparecer en juicio ante el Tribunal Tutelar. 

Para ella habría sido una satisfacción, no solo ponerle nombre a lo que le pasó, sino abrir este camino para el resto de víctimas

Los juicios a los que se sometían a los menores eran juicios que la propia normativa del tribunal calificaba como sumarios. Se prestaba declaración al menor, sin la presencia de un abogado, y el tribunal decidía "con razonada libertad de criterio". Con Eva no fue distinto. Declaró, le recriminaron el tema de la carta y ella insistió en que no era verdad. En que no era lesbiana. La resolución se dictó ese mismo día. "Por sospechas de homosexualidad", la dejaban a partir de entonces bajo el amparo del Patronato. Trasladaban allí su expediente y quedaba bajo la estricta vigilancia de las monjas. Sin posibilidad de salir o recibir visitas.

P- ¿Cómo puede ser que el Patronato siguiera en funcionamiento con absoluta normalidad durante siete años de época constitucional, de democracia? 

R- Cuando llega la democracia, estos centros siguen ahí como si nada. Su funcionamiento no varía. Hasta tal punto que, cuando se constituyen las Comunidades Autónomas, a principios de los años 80, el Patronato es una más de las competencias que se les transfieren. Había mucho desconocimiento sobre lo que era y para qué servía.

Ahora bien, la Fiscalía General del Estado elabora en el año 83 un informe sobre las medidas de internamiento forzoso del Patronato en el que llega a la conclusión de que hay que disolver este organismo. Califica sus procesos de internamiento directamente de inconstitucionales. Aún así, el Patronato seguiría dos años más en funcionamiento. Lo que quiere decir que no solo había desconocimiento, también una evidente dejadez institucional. Se juntó un poco todo: el no saber y el no querer.

P- ¿Cómo ha sido el proceso jurídico y administrativo para obtener este reconocimiento de la mano del ministro de Memoria Democrática?

R- A día de hoy este tema se conoce un poco más, pero, si me remonto un año o dos atrás, no se sabía prácticamente nada. Por tanto, lo primero que hice tras la muerte de Eva fue ponerme a investigar. Y me di cuenta de que ni las propias víctimas sabían ponerle nombre. Eva me había hablado de lo que vivió en los centros tanto del Patronato como del Tutelar, pero sin mencionar nunca estos nombres. Solo los de los centros y las órdenes religiosas.

Cuando no soy capaz de conseguir más documentación en los archivos históricos, decido contactar a la Asociación Desterradas Hijas de Eva. Allí hablo con Consuelo García del Cid y participo en algunas de las conversaciones para organizar un acto de perdón con la CONFER. Es entonces cuando se me ocurre la idea de solicitar al gobierno que se incluya a las mujeres víctimas del Patronato en la Ley de Memoria Democrática, porque expresamente no aparecían reconocidas como víctimas. Y realizo un trabajo jurídico en este sentido que le acabo presentando al Secretario de Estado de Memoria Democrática.

El certificado recoge dos cosas esenciales: el reconocimiento como víctima del Patronato y que esta situación se alargó hasta el 85

Finalmente realizo formalmente la solicitud. Y se me concede. El certificado que me han otorgado es esencial porque recoge dos cosas: el reconocimiento como víctima del Patronato y que esta situación se alargó hasta el año 85. Durante la transición y ya entrada la democracia. Más allá del plazo que contempla la propia norma. Declarando además nula e ilegítima su condena. Una vez que esto está reconocido, ya no se lo pueden negar a otra víctima. 

P- ¿Qué crees que habría significado para Eva recibir este reconocimiento respecto a lo supuso toda su infancia, su adolescencia y su primera etapa como joven adulta?

R- Ella siempre tuvo la intención de contar su historia. Imagínate las secuelas que media vida en este tipo centros te puede suponer. Sentía la necesidad de contarlo. Le habían robado su infancia. Para ella habría sido una satisfacción, no solo ponerle nombre a lo que le pasó, sino abrir este camino para el resto de víctimas.

Para mí, a nivel personal, supone un acto de amor y un objetivo cumplido. La vida de Eva me parece una historia de superación brutal. Que pasara de vivir en todos estos reformatorios desde muy pequeñita, sin conocer otra cosa, a ser alcaldesa de un pueblo y a tener su carrera de Derecho. Es verdaderamente admirable.

P- ¿Qué le dirías a todas esas mujeres que vivieron situaciones como las de Eva y que, cuatro décadas después, todavía no han obtenido ni siquiera el reconocimiento que merecen?

R- Lo que necesitan muchas de estas mujeres es que se les reconozca que tenían razón, que no estaban locas. Que las indignas no eras ellas, sino el sistema que las trató así. Que abuso de ellas. Si alguna mujer no sabe por dónde empezar a pedir su documentación, puede pedir ayuda. Que me escriban. A mí, a la asociación de víctimas del Patronato o a cualquiera de las investigadoras que trabajan este tema. Y sobre todo que tengan en cuenta que no están solas y que esto no les ha pasado solo a ellas. Que no tienen que sentir ninguna vergüenza. Como dijo hace unos meses Gisèle Pelicot: "Que la vergüenza cambie de bando".