"Me quiero tirar por la ventana", ha confesado Marina, de 94 años, a su sobrino Alejandro, al escuchar los pasos de los antidisturbios poco antes de invadir el que ha sido su hogar durante 35 años. Ni los atrincheramientos de sus vecinos ni su vulnerable estado de salud han logrado detener su desahucio, que se ha producido este miércoles a las 9.30 horas en la calle Doctor Fourquet del barrio madrileño de Lavapiés.

Marina estaba sentada en su cama cuando seis antidisturbios y la comisión judicial irrumpieron en su casa, ordenando a gritos que abandonara la vivienda, según informa su sobrino. Otros siete agentes esperaban en las escaleras del edificio y cerca de 30 policías ocupaban la calle del barrio madrileño. Alejandro describe a Público la angustia que sintió al ver cómo los agentes trataban a su tía: "Me pedía que la encadenara, estaba nerviosa. Me sacaron de la habitación. Pensé que si la echaban a la fuerza, se iba a morir".

Carola Yagüe, amiga y vecina de Marina, cuenta a este medio que los agentes no permitieron que nadie entrara en la casa para apoyarla. "La vida es así", le respondió un agente cuando insistía en acompañar a su amiga. Yagüe replicó: "La vida la hacemos así los que participamos de ella. Vosotros tenéis una actitud y yo otra". "Hay cosas que son inadmisibles y esta es una de ellas. El sistema ha sentenciado la muerte de Marina", lamenta.

La inmobiliaria GUIGA SL, propietaria de todo el bloque, ha echado a Marina por un impago del alquiler de 14 meses, lo que equivale a 10.200 euros. La anciana ingresa al mes una pensión no contributiva de 517 euros y solo el alquiler ronda los 700. Finalmente, debido a sus problemas de movilidad, los trabajadores del Samur la han trasladado a la residencia Los Nogales de Madrid. Allí cuenta su sobrino, "está desesperada, dice que no se quiere quedar".

Unas paredes que encierran medio siglo de vida

Un día antes del desahucio, la anciana recordaba con Carola momentos felices de su vida. Marina, migrante cubana, llegó a España como refugiada política. Es la menor de sus hermanos y permaneció en Cuba cuidando de su padre hasta los 52 años. Ha dedicado toda su vida a la arquitectura y a la pintura. Llegó a Madrid sola y, con lo que ganaba vendiendo sus cuadros, pagó el alquiler de un piso en Lavapiés. Actualmente, tiene una dependencia de segundo grado.

La vivienda de Marina, de aproximadamente 60 metros cuadrados, cuenta con dos habitaciones, un salón y una cocina. La cocina fue reformada gracias a una pequeña herencia que recibió tras la muerte de su hermano, que le alcanzó también para cubrir algunos meses de alquiler. El techo presenta grietas y la pintura está descascarada.

Entre las paredes que encierran medio siglo de vida, Marina pasa el tiempo leyendo, viendo películas y observando desde su balcón la actividad del barrio madrileño. Su amiga, con la voz entrecortada, confiesa que la anciana se está muriendo −el último año ha sido hospitalizada en numerosas ocasiones− y teme que sus últimos años los pase lejos de Lavapiés.

Suspensión de desahucios hasta 2028

La especulación inmobiliaria de los fondos buitres se está extendiendo en los barrios madrileños. En los últimos meses, Lavapiés ha visto cómo varios vecinos enfrentan la amenaza de ser expulsados de sus viviendas. "Estamos sometidos a un proceso de gentrificación despiadado que está arrasando con la vida de muchas personas", afirma Carola Yagüe.

En los dos intentos anteriores de desalojar a Marina de su casa, decenas de personas de colectivos vecinales y sociales por el derecho a la vivienda se concentraron frente al portal para frenar a la Policía y a la comitiva judicial. La presión social logró paralizar ambos intentos.

El desalojo de Marina se ha producido en el marco del real decreto-ley 11/2020, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año y que prohíbe el desalojo de personas vulnerables en procesos de alquiler. Además, hace un mes el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el decreto ley para extender por cuatro años más, hasta 2028, la suspensión de desahucios de la vivienda habitual. Esta prórroga, que se aplica en casos de "especial vulnerabilidad", fue aprobada por el Consejo de Ministros con entrada en vigor urgente.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, consideró crucial extender la suspensión de los desahucios para prevenir situaciones de exclusión social entre personas que podrían perder sus viviendas si no pueden hacer frente a la subida de las hipotecas.