Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Arganda del Rey, Alberto EscribanoAlejandro Martínez Vélez /EP
El arranque del curso político plantea cosas previsibles. Previsible es la estrategia que van a seguir la derecha y la ultraderecha: esa mezcla de ruido y señalamiento que va superando uno tras otro todos los límites que han regido la vida política en las democracias europeas desde la posguerra. Da igual que se trate de incendios pavorosos, de niños y niñas migrantes o de reducir la jornada laboral. El PP seguirá con su estrategia de bloquear la acción de Gobierno, haciendo irrespirable la conversación pública, y la ultraderecha con su permanente escalada hacia la violencia, señalando un enemigo tras otro, parasitando la democracia para volverla contra sí misma, alentando un clima social que normalice y asuma la ley del más fuerte, la desigualdad entre clases y grupos sociales, el vaciado progresivo de derechos y libertades. Bajo la aparente competición entre la derecha y la ultraderecha (resuelta siempre por la vía de la normalización del discurso autoritario por parte de una derecha que ha roto amarras con lo que tenía de herencia conservadora, democristiana o liberal), el hecho decisivo de nuestros días es que ambos sujetos funcionan como un bloque unitario, que comparte el objetivo de acabar con la legislatura y abrir paso a un gobierno plenamente inscrito en el espacio reaccionario -el eje donde confluyen los proyectos autoritarios, oligárquicos, fundamentalistas y genocidas- tan en boga a nivel mundial.
Frente a la estrategia aceleracionista del bloque reaccionario, es necesario insistir sobre un hecho probado: la única respuesta viable a la amenaza que ese eje supone para la democracia no es moral, sino política. Es lógico poner el grito en el cielo ante cada provocación encadenada. Hay que hundir el Open Arms, dice desde el salón de su casa un sucedáneo de caudillo, llamando abiertamente a la violencia contra quien rescata náufragos de un mar Mediterráneo en el que se han ahogado decenas de miles de personas en lo que va de siglo. Esa celebración de la violencia, ese culto a la muerte de quienes ellos deciden puede revolvernos, pero no sorprender: es lo que hacen cada día en Gaza, convertido en laboratorio del fascismo nuevo y en la seña de identidad con la que pasará a la historia toda la gente execrable de nuestro tiempo. Es también lo que han hecho con la AEMET, con la Cruz Roja, con las organizaciones feministas, con los sindicatos, con las personas LGTB, con el colectivo migrante. Embisten contra todo lo que suene a conocimiento, a humanidad, a ayuda mutua, a justicia social. Contra todos aquellos a quienes ellos perciben como débiles. Con los de arriba, siempre, a mandar. Eso son.La cosa es que la repulsa moral es necesaria, pero no suficiente. Tampoco bastan los argumentos, por muy lúcidos que sean. Para cerrarles el paso es necesario intervenir sobre las condiciones que han hecho posible en todo el mundo ese auge reaccionario, sobre la base material de un descontento, una incertidumbre, una pérdida de horizontes y referencias, que el fascismo explota para nutrir sus huestes dándole una salida inmediata a toda esa frustración: convertirla en violencia. Si la política no sirve para mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, si no demuestra con hechos la capacidad de imponer las necesidades de las mayorías sociales sobre los intereses de quienes son más poderosos, entonces va a ser imposible neutralizar el proyecto político que consiste precisamente en ponerse al servicio de quienes tienen más fuerza, más riqueza, más poder. El delirio político de los ultrarricos, la deriva oligárquica que se dibuja en el mundo contemporáneo, se sustenta en gran medida sobre la despolitización, es decir, sobre la apatía o la desconexión de una parte importante de la ciudadanía que ha dejado de creer que la democracia pueda servir para mejorar la vida. También en la complicidad de quienes, ante esa constatación, deciden que la mejor manera de protegerse es machacar a quien sea un poquito más débil que él.
La premisa de cualquier defensa de la democracia pasa por contradecir esa creencia en la práctica. Y eso quiere decir cosas muy concretas: redistribuir la riqueza, el tiempo, las oportunidades. Intervenir políticamente para garantizar protección social, tranquilidad, trayectorias estables de vida, bienestar compartido. Los dos gobiernos de coalición en España han servido para demostrar que no sólo es perfectamente posible hacerlo, sino que además es más eficiente también. Subir el salario mínimo un 61%, atajar las tasas de precariedad y temporalidad en el empleo, reducir a la mitad la brecha salarial de género, reforzar las pensiones, las prestaciones no contributivas, crear un sistema de garantía de rentas que hoy llega a casi 1,3 millones de personas, recaudar un 57% más con el impuesto a los grandes patrimonios… no sólo no ha perjudicado el curso de la economía, sino que ha permitido un desarrollo económico mucho mayor al de las economías de nuestro entorno, mientras se reduce la desigualdad y la pobreza y hay más gente trabajando que nunca.
Los dos gobiernos de coalición en España han servido para demostrar que no sólo es perfectamente posible hacerlo, sino que además es más eficiente también
Es hora de que esos datos macroeconómicos se traduzcan en mejores condiciones de vida para quienes producen esa riqueza. Y la agenda para ello está definida. Antes de vacaciones logramos por fin la ampliación de los permisos de nacimiento y cuidados que ahora votará el Congreso. Lo que hace falta es continuar esa senda con más ambición y determinación. Empezando por la reducción de jornada: como con todas las conquistas sociales, habrá que apretar y empujar hasta lograrlo, pues ningún avance en derechos de la clase trabajadora ha sido nunca concedido, sino arrancado. Siguiendo por intervenir de una vez, sin más dilaciones ni excusas, el mercado de la vivienda: protegiendo a los inquilinos frente a los fondos buitres, bajando los alquileres, prohibiendo la compra especulativa y la acaparación de viviendas, mecanismo de extracción de rentas de las clases trabajadoras que neutralizan y parasitan las mejoras salariales y los avances en protección social. Hay mucho más: blindar el sistema de dependencia y cuidados de larga duración, adoptar una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil, reforzar la progresividad fiscal y ambiental para que quien más tiene y más contamina contribuya más a la protección de todos los demás.
La cosa es que en juego no está la hoja de servicios o la valoración del Gobierno. Está incidir en las condiciones de vida de las clases trabajadoras: vivienda, desigualdad, poder adquisitivo, salud, conciliación, cuidados, oportunidades. Es el presente y el futuro de unas sociedades que han visto cómo se truncaron expectativas y horizontes de vida para sus clases trabajadoras. Claro que la acción de Gobierno no va a neutralizar por sí sola la ola reaccionaria que crece a nivel global: hará falta movilización social y fuerza suficiente para ello. Pero el Gobierno sí puede incidir decisivamente sobre el escenario en el que se va a dar esa batalla política y social. Reorientar la democracia española hacia las clases trabajadoras o dejar que se imponga esa alianza de oligarcas, multinacionales, reaccionarios y fascistas que está esculpiendo el rostro del siglo XXI. Aunque cada paso pueda ser pequeño, aunque se puedan encajar derrotas, aunque cueste avanzar, creo sinceramente esa es la disyuntiva ante la que nos encontramos.
