Por Miguel Barrueco Ferrero
Médico jubilado y catedrático emérito de Medicina de la Universidad de salamanca. Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. @BarruecoMiguel
05/12/2025
La colaboración público-privada es un eufemismo que esconde, en muchas ocasiones, la transferencia de fondos públicos al sector privado por la prestación a cambio de determinados servicios. En Sanidad es así desde hace muchos años, aunque solo cuando el abuso es tan manifiesto que sale a la opinión pública se reabre un debate que ya es antiguo.
¿Es más rentable para el Estado la asistencia sanitaria privada que la pública? ¿Garantizan ambos modelos los derechos de los ciudadanos? Para responder a esta pregunta es necesario partir de un axioma ajeno a la rentabilidad: la sanidad no es gratis; toda asistencia sanitaria, sea pública o privada, cuesta dinero; pero la premisa irrenunciable es que una u otra forma deben tener como objetivo principal resolver los problemas de salud de los ciudadanos que debe atender.
En España, la ley que permite la participación del sector privado en la provisión de servicios públicos sanitarios es la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, una Ley que contó en el congreso con los votos del PP, PSOE, CiU y PNV, además de algunos grupos minoritarios como CC, PAR y Unión Valenciana.
Los dos primeros ejemplos de gestión privada que se pusieron en marcha en España fueron La Fundación Hospital de Verín en Galicia, que gestiono el centro hasta 2007 que ante el fracaso del modelo se reintegró en la red pública del SERGAS, y el Hospital de Alcira y área sanitaria de La Ribera en la Comunidad Valenciana, que gestionó la empresa privada Ribera Salud hasta 2018 que se revirtió al Servicio Valenciano de Salud.
Inicialmente los partidarios de las concesiones administrativas a la sanidad privada predicaban la mayor rentabilidad de su modelo, mientras que los defensores de la sanidad pública pedían datos que demostraran la supuesta mayor rentabilidad de esa gestión privada, datos que nunca fueron presentados y, por tanto, rentabilidad que nunca fue demostrada; pero al menos, en aquellos años, el debate fue intenso y se discutió acerca de la utilidad de este tipo de gestión y siempre desde la perspectiva del mantenimiento de la calidad asistencial por cualquier modelo.
Los dos modelos anteriores fueron un fracaso: la asistencia sanitaria que prestaron era de mucha menor calidad que la que ofrecían los centros públicos, la insatisfacción y protestas ciudadanas aumentaron y el coste económico mucho mayor, motivo por el que ambos centros acabaron revirtiendo a la sanidad pública, no sin dejar antes pingues beneficios a las empresas gestoras.
Sin embargo, con el paso de los años y la persistencia de la Ley 15/1997, algunas administraciones sanitarias autonómicas, fundamentalmente las gobernadas por partidos conservadores, han recortado el dinero que necesitan para su funcionamiento los servicios públicos de salud, a la vez que transfieren sumas muy elevadas de dinero a sistemas privados. Los casos de Madrid con Quirón Salud (ha recibido más de 5.000 millones hasta 2025) y Ribera Salud (más de 800 millones) han saltado a la luz pública no solo por ser instrumentos de una política decidida a privatizar la asistencia sanitaria en detrimento de la pública, sino también por la corrupción que ha supuesto en muchos casos la colaboración público-privada, que ha resultado ser únicamente una coartada ideológica para encubrir el verdadero objetivo: hacer negocio con la salud de los ciudadanos.
Las recientes declaraciones internas del CEO del Hospital de Torrejón, hospital público gestionado por Ribera Salud, y los aspectos que se están descubriendo en torno al caso, han puesto de manifiesto una cuestión que es obvia: la gestión privada de centros públicos no tiene como objetivo mejorar la salud sino ganar dinero, incluso utilizando mecanismos en contra de la salud de los propios pacientes que se supone debe atender, lo que ha provocado el escándalo de políticos y gestores que seguramente conocían (o debían conocer) lo que sucedía y, ahora, se rasgan las vestiduras: ¡Que escándalo, que escándalo, he descubierto que en esta casa se juega! que diría el capitán Renault en Casablanca.
La actual deriva privatizadora de la asistencia sanitaria no parece que se vaya a detener, porque ya ni siquiera se discute sobre la calidad de la asistencia que ofrecen las concesionarias privadas, ni tampoco del coste económico más alto que suponen; simplemente es un modo de ejercicio absolutista del poder en el convencimiento de que no se investigaran sus resultados mientras no se derogue la Ley que lo permite, derogación que únicamente piden algunos partidos a la izquierda del PSOE, petición que hasta ahora el PSOE ignora.
Si comenzaba este articulo con un axioma voy a acabarlo con otro: a la sanidad privada le interesa ganar dinero, vía pólizas de aseguramiento o facturando directamente a la administración sanitaria; a la sanidad pública le interesa la salud de todos los ciudadanos que se financia con los impuestos que pagamos todos. Parece una simplificación excesiva, pero no lo es.
Las autonomías deberían aplicar aquí aquel famoso anuncio del detergente Colón, allá por 1986,que protagonizaba Manuel Luque, el director general de la empresa: vea, compare y si encuentra algo mejor ¡cómprelo!, pero es que ya ni siquiera sería de aplicación porque ahora el objetivo es claro: favorecer a los grupos privados que ganan dinero con nuestra salud utilizando cualquier procedimiento a tal fin, como se acaba de poner de manifiesto en Madrid y Andalucía, por lo que a los ciudadanos nos queda aplicárnoslo nosotros mismos: Vea, compare y si encuentra algo mejor ¡cómprelo! Ya sabe usted de que hablamos.
