Querida Comunidad,
Les envío un saludo caluroso y desorientado desde Estados Unidos.
Desorientado, porque les debo confesar que no sé qué está pasando. Bueno, rectifico: sé de muchas cosas que están pasando –por algo soy un news junkie perdido–. Pero no logro sacar nada en claro. Cada vez que pienso haber dado con una comprensión más o menos sólida que va más allá del tsunami de noticias, análisis, opinión que consumo todos los días, se me escapa: se desvanece como esas hadas Morgana en las aventuras desérticas de Tintín. Es una sensación frustrante y, la verdad, vergonzosa. Si me preguntaran si, ocho meses después de que Trump tomara posesión por segunda vez, las cosas en este país van para peor o para mejor, no sabría decírselo.
Por un lado, las medidas –reales o anunciadas– que emite la Casa Blanca son cada vez más claramente autoritarias y anticonstitucionales. La ministra de Justicia, Pam Bondi, esta semana desafió a los congresistas que la quisieron someter a una sesión de control: simplemente se negó a contestar a sus preguntas y les acusó de difamar al presidente. Mientras tanto, Trump ha enviado reservistas a Chicago, una ciudad asediada y aterrorizada desde hace semanas por la fuerza paramilitar que es la policía migratoria, ICE, que no solo desaparece a personas de la calle –aprehendidas por hombres enmascarados y secuestrados en vehículos sin marcar–, sino que ha pasado a entrar a saco a hogares durante la noche, rompiendo puertas, esparciendo pertenencias y esposando a todo el mundo, niños incluidos.
ICE, por cierto, está expandiéndose agresivamente después de que el Congreso multiplicara su presupuesto. Es imposible abrir YouTube sin que se te cuele un anuncio de reclutamiento (los cebos son considerables: un bonus instantáneo de cincuenta mil dólares, cancelación de deudas educativas y un buen seguro de sanidad). Mi colega Cas Mudde (al que entrevisté en estas páginas hace algunos meses) señaló que la tele en Atlanta, donde vive, emite anuncios dirigidos expresamente a policías: “En las ciudades santuario, hay peligrosos ilegales que vagan libremente. Se le obliga a la policía a no hacer nada. Súmate a ICE para capturar a la peor escoria: traficantes, pandilleros, predadores”.
La Constitución se está quedando en papel mojado. Después de que una jueza en Oregón –nombrada por el propio Trump– prohibiera que el gobierno federal mandara tropas militares a la ciudad de Portland, Trump coquetea cada vez más explícitamente con invocar la Ley de Insurrección: un estado de emergencia que expandiría los poderes del ejecutivo para poder desplegar el ejército en territorio nacional. La última vez que se invocó fue en 1992, cuando los disturbios en Los Ángeles.
Mientras tanto, se extiende el miedo como una gran mancha de aceite. En muchos campus universitarios, el mío incluido, se han incrementado las medidas de seguridad después del asesinato de Charlie Kirk –cuya organización, Turning Point USA, se dedicaba, entre otras cosas, a componer listas de profesores “peligrosos” y someterles a campañas de hostigamiento–. A dos colegas de mi universidad les han llegado amenazas de muerte estas últimas semanas. A otro colega en Nueva Jersey, Mark Bray, un hispanista que se dedica a estudiar movimientos antifascistas y tiene un libro reciente sobre el anarquismo español, le puso en la diana un influencer ultraderechista. Le llovieron tantas amenazas de muerte que el miércoles decidió huir a España con su joven familia. Cuando llegaron al aeropuerto –informa el New York Times– se les notificó que sus reservas estaban misteriosamente anuladas.
Si los profesores y ciudadanos tenemos miedo, ¿qué decir de las comunidades migrantes? Hace unos pocos días, organicé una reunión de líderes y activistas de la zona para hablar de lo que se avecina. El estado de Ohio, donde vivo, está gobernado por el Partido Republicano, lo que significa que, por ahora, se ha ahorrado los ataques agresivos que han sufrido estados “azules” como California, Nueva York e Illinois. Pero solo es cuestión de tiempo. Alguien en la reunión señaló que los centros de detención de ICE en nuestro estado –hay más de 600 esparcidos por todo el país– han incrementado el número de camas, una clara señal de que pronto piensan aumentar el número de detenciones. Es más: una vez creadas la capacidad, esas camas vacías se convierten en incentivos económicos: se tienen que llenar para generar ingresos a las empresas privadas que gestionan los centros de detención.
Organicé la reunión porque estos días tengo invitados a dos cineastas que vinieron a compartir un nuevo documental, Frontera adentro, que expone los ingentes intereses económicos que hay detrás del Border Industrial Complex, el complejo industrial fronterizo, cuyo presupuesto combinado en 2024 sumó 25 billones de dólares. Incluye no solo a las empresas que se dedican a desarrollar y vender mecanismos de vigilancia –drones, programas de reconocimiento facial, tobilleros electrónicos de GPS– sino también las que se dedican a construir y gestionar muros fronterizos y centros de detención donde todo cuesta dinero. Por ejemplo, cada centro ha contratado a una empresa privada para gestionar las llamadas al exterior que usan las y los detenidos para hablar con parientes y abogados. Las tarifas varían, pero son siempre predatorias: algunas cobran hasta dos dólares por SMS o minuto de llamada.
En fin, pillan mi punto: son muchos los motivos de preocupación. Pero también los hay de esperanza. Cada gesto agresivo de Trump y sus secuaces, cada amenaza escandalosa, también ilustra su debilidad. Un ejemplo: a finales de septiembre, el Ministerio de Defensa –el Pentágono– quiso someter a todas y todos los periodistas que lo cubren a un control inaudito: no podían publicar nada sin el expreso visto bueno del Ministerio. Los medios más importantes simplemente se negaron a aceptarlo. Al cabo de una semana, el Ministerio se vio obligado a ceder.
Otro ejemplo: hace diez días, el gobierno federal envió una carta a diez de las más importantes universidades del país para proponerles un chantaje sin precedentes. Se les “garantizaba” el acceso al apoyo económico federal –fondos regulados por ley que las universidades han recibido desde hace tres cuartos de siglo– si accedían a ceder su autonomía y someterse a una vigilancia constante. Ojo: no del Ministerio de Educación, sino del de Justicia. Pue bien, las organizaciones gremiales no dudaron un momento en instar a las universidades a negarse rotundamente a aceptar el regalo envenenado. Es más, el gobernador de California, Gavin Newsom –el líder más visible de la resistencia antitrumpista– dijo que cualquier universidad en su estado que cediera a esta presión federal perdería de inmediato el apoyo del gobierno estatal.
Todos estos actos de resistencia –como ocurre cada vez que la presión vecinal y la torpeza de los agentes de ICE les impiden detener a una persona en la calle y los agentes se ven obligados a huir– indican que no todo está perdido. Incluso cuando las grandes instituciones y empresas –¡sobre todo las empresas!– están dispuestas a ceder, a sacrificar sus principios para salvar el pellejo a corto plazo, hay mucha gente en el país que no lo está.
Podría seguir contándoles historias de estas, pero ven mi problema: no logro pillar ningún hilo conductor, nada que me permita comprender en qué dirección se están moviendo las cosas. Es muy posible –me digo en mis muchos momentos de duda– que esto se deba a una deficiencia mía. Seguramente, quienes nos dedicamos a escribir como ‘periodistas-sin-papeles’ seamos más susceptibles al síndrome del impostor…
Esa inseguridad yo la intento resolver a la antigua: identificar a maestras y maestros e intentar aprender de ellos. Y como es natural, cuando a alguno de estos modelos se le ocurre reflexionar en voz alta sobre sus principios deontológicos, tomo nota.
Así, uno de ellos dijo una vez lo siguiente:
“El periodista no debe aportar ninguna solución. Ante nada. Cuando lo hace –no hay una ley científica, pero estadísticamente suele ser así–, está defendiendo posicionamientos del poder, es decir, ha dejado de controlar el poder para pasar a darle la razón”.
Y también:
“Al periodista le basta con proponer a) un punto de vista –el lector debería reconocerlo; reconocer esta trampa; decodificarla es ponderar la parcialidad del periodista–, y con b) intentar describir la realidad. Si consigue, además, c), comer tres veces al día mediante esta poética, la cosa ya es de traca”.
Si les suena el estilo, no se equivocan: las citas son de un texto que publicó nuestro propio Guillem Martínez en La Directa hace años.
Recordé estas palabras de Guillem al hablar hace un par de semanas con Josh Marshall, un colega norteamericano que en 2000 fundó Talking Points Memo, un medio digital independiente que, milagrosamente, sigue vivo. De hecho, su modelo se parece bastante al de CTXT: casi todo el contenido va en abierto, pero hay una comunidad lectora tan comprometida con el proyecto que está dispuesta a apoyarlo económicamente.
También la filosofía de TPM se acerca a la nuestra. Su relación con sus lectores se basa en una honestidad que rehúye todo paternalismo. “Esto implica no mentirles a nuestros lectores, por supuesto”, me dijo Marshall. “Pero va más allá. En el periodismo, una cosa suele ser lo que sabe el equipo editorial y otra cosa lo que publica. Esto siempre es así. Ahora, lo que nosotros pretendemos es que la diferencia entre estas dos cosas sea la más pequeña posible”. El objetivo: “Acercarnos en lo posible a nuestros lectores, romper la cuarta pared, e invitar a la participación de nuestro público”. “A la larga”, agregó, “ese modelo participativo nos ha resultado crucial para sobrevivir”.
Esta honestidad hace posible –quizá inevitable– admitir que a veces nosotros tampoco sabemos qué está pasando exactamente. Por fortuna, entre todas –el equipo editorial contextero, todas y todos los que escribimos en estas páginas y, sobre todo, ustedes, nuestra querida y admirada comunidad– sumamos mucha inteligencia y mucho compromiso con la verdad y con la justicia. Hay que seguir dando la batalla. No hay otra.
Sebastian Faber
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