febrero 07, 2026
Esperanza Aguirre, la ideóloga de un modelo sanitario que hace negocio con la salud en Madrid, de Raquel Ejerique
Por | 06/12/2025 |
La ‘marea blanca’ en una manifestación en Madrid en 2013, en medio del anuncio de la privatización de hospitales públicos / EFE
Cuando Aguirre se presentó a las elecciones en 2003, todos los hospitales de Madrid eran públicos y ella prometió siete más. Cuando empezó a gobernar inició una privatización que se aceleró tanto que acabó en los tribunales. El modelo se ha consolidado con Ayuso, a quien le ha explotado el caso de los audios de Torrejón, en los que un jefe de Ribera Salud insta a anteponer el negocio a la cura de pacientes.
Cuando Esperanza Aguirre aterrizó en la campaña electoral de la Comunidad de Madrid, en 2003, llegaba con el bagaje de haber sido ministra de Cultura de José María Aznar y con varias polémicas a cuestas. Para ganar de nuevo Madrid, la joya de la corona del Partido Popular –que había mandado al presidente Alberto Ruiz-Gallardón a ser candidato a la alcaldía y había puesto a Aguirre, más neoliberal aún, para sustituirle en la comunidad–, Esperanza Aguirre puso la sanidad como uno de los ejes de su campaña. Iba a recortar las listas de espera, a abrir más centros. “Haré todo lo posible para mejorar la sanidad madrileña, de forma que ningún ciudadano tenga que esperar más de un mes para ser sometido a una intervención quirúrgica”, prometía en aquellos meses en los que se disputaba la presidencia con el socialista Rafael Simancas. Hoy, Madrid tiene la lista de espera de primera visita del especialista más alta de España y más de un millón de personas aguardando prueba diagnóstica.
El dosier de promesas de aquella campaña de 2003 incluía la construcción de 50 nuevos centros de salud y siete nuevos hospitales en la región. En ese momento, todo el sistema de atención a pacientes en Madrid era público, desde la construcción de edificios a las prestaciones sanitarias y servicios como lavandería o cafetería. De todo era responsable la Comunidad de Madrid. Se dio por sentado que Aguirre hablaba de ampliar ese modelo.
Se le escapó una frase reveladora de su verdadera opinión sobre lo público cinco meses antes de llegar a las urnas, aunque nadie reparó entonces en ella: “Haré que la sanidad pública madrileña sea tan buena o mejor que la sanidad privada”. Su referente, como el de su jefe Aznar, estaba en las empresas privadas, a las que pronto iba a meter en el sistema para “mejorar” los servicios no sanitarios y luego para “gestionar” directamente la salud de los madrileños. Ese modelo es el que ha llevado a que Madrid sea la región con más penetración de los seguros privados, una apetecible plaza para las multinacionales y, como demuestra el reciente caso de los audios del hospital del Torrejón, un lugar donde el beneficio empresarial puede fagocitar el servicio público, anteponiendo el negocio a la salud de los madrileños, como admitía un líder de la empresa Ribera Salud en un encuentro con ejecutivos de ese hospital.
La semilla: empresas constructoras
Cuando Aguirre tomó posesión del cargo de nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, se evidenció la verdadera estrategia sanitaria que iba a llevar a cabo. Junto a su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, asignó 2.280 millones de euros a un Plan de Infraestructuras Sanitarias 2003-2007 en el que metió de lleno, y por primera vez en Madrid en democracia, a empresas privadas. Estas adelantarían el dinero y construirían los edificios sanitarios a cambio de un canon anual de dinero público que se prolongaría 30 años. Acudieron a los concursos grandes compañías, algunas de ellas salpicadas más tarde por casos como Gürtel o Púnica, que se quedaron con los servicios no sanitarios: gestionaban la limpieza, cocinas o el mantenimiento del edificio que podían a su vez subcontratar. También se encargaban del alquiler de los espacios dedicados a restauración o comercios. Ante las suspicacias que suscitó este modelo entre los partidos de la oposición y los sanitarios, Aguirre solía preguntarse en alto si era necesario que los camareros y las lavanderías de un hospital fueran públicos. En su mente, si era privado sería “más eficiente” y esto no tocaba el corazón de la sanidad.
Así se construyó el hospital del Tajo en Aranjuez, el Infanta Leonor en el barrio de Vallecas (Madrid), el hospital del Sureste en Arganda, el Infanta Cristina en Parla o el del Henares en Coslada en los primeros años de gestión de la lideresa del PP, que tenía como referente a Margaret Thatcher y que importó de Reino Unido esta gestión público-privada pese a que en aquel país estaba ya suponiendo problemas económicos y hubo quiebras. Pero en el hospital de Valdemoro fue más allá y anunció que lo gestionaría enteramente una empresa privada, Capio Sanidad (que después se integraría en el actual grupo Quirón), incluyendo médicos, por lo que la Sanidad madrileña pagaría una cantidad fija, 330 euros por cada paciente que habitaba esa zona sanitaria. Esto era un salto cualitativo. Ya no se trataba de lavandería, era el personal médico y de enfermería contratado por una empresa privada el que atendería la salud de los madrileños de esa área.
Hospitales directamente privados
Para la segunda legislatura de Aguirre, y con Juan José Güemes como consejero de Sanidad, la lideresa había prometido otros cuatro hospitales: en Carabanchel, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz y Móstoles (el Rey Juan Carlos), que atenderían a unos 800.000 vecinos. Una vez refrendada como presidenta, desveló que, en estos casos, serían directamente centros de gestión privada, ampliando así la red de hospitales privados que reciben dinero público por prestar el servicio de atender pacientes. Atrás quedaba el límite de privatizar solo lo que no fuera médico.
Hubo un momento incluso que Aguirre se planteó la privatización de los centros de salud adscritos a estos hospitales, como desveló el empresario Arturo Fernández, uno de los que acudió a la reunión montada por Güemes en el Hotel Ritz en 2008 para ofrecer “las oportunidades de negocio” del plan de infraestructuras sanitarias madrileñas. Güemes, años después, ha defendido en la comisión parlamentaria que auditaba la deuda de la Comunidad de Madrid en 2017 que “la colaboración público-privada es más eficiente en coste y tiempos de ejecución”.
Modelo Alzira
La luz inspiradora para Madrid en esos años era el modelo Alzira, de Ribera Salud (la misma empresa de los audios del hospital de Torrejón y que hasta hace poco dirigía Alberto de Rosa, hermano del diputado del PP Fernando de Rosa). Lo abrió Eduardo Zaplana en esa localidad, totalmente privado para prestar servicio público, en 1999. Tuvo que ser rescatado en 2003 con dinero de las arcas, afloraron sobrecostes y más tarde se evidenció que fue 61 euros más caro por paciente que los hospitales públicos.
Aun así, Aguirre insistía en 2008 en ese modelo, mientras que, ante el malestar de organizaciones médicas y sindicatos, defendía su gestión: “No hemos privatizado la sanidad en Madrid, nada de la sanidad en Madrid es privado. La sanidad madrileña es universal, gratuita y cada vez de mayor calidad”, dijo en declaraciones a la Ser en octubre de ese año. En esa legislatura fichó a Antonio Burgueño, que venía de Adeslas, y que se convirtió en director general de hospitales de la Comunidad de Madrid. En 2020 lo fichó Isabel Díaz Ayuso como asesor externo para la pandemia.
Además, en un paso más para profundizar en la competitividad y rentabilidad de un sistema de prestación –que antes de Aguirre estaba alejado del beneficio puro y duro– la entonces presidenta introdujo en 2010 el llamado ‘sistema de libre elección’, por el que los ciudadanos podían ser atendidos en el hospital que desearan, estuviera o no en su distrito. Esto suponía, y supone, que los hospitales se ponen a captar pacientes como si fueran clientes y a competir con marketing o apretando costes, fomentando unos servicios frente a otros (por ejemplo, partos, que son muy rentables) e invirtiendo para salir bien en los indicadores y resultar atractivos: por cada paciente que trataran, recibían dinero público. Este ‘sistema de libre elección’ ha llevado a que Quirón haya multiplicado por seis los pacientes que capta de la sanidad pública madrileña en la última década, tal y como desveló elDiario.es.
Pronto se empezaron a ver las costuras de ese ‘milagro’ de eficiencia y en 2012 Aguirre empezó a anunciar recortes sanitarios. Por ejemplo, reduciendo la cartera de servicios gratuitos (como la vacuna del neumococo o tratamientos para tabaquismo), aumentando listas de espera o empeorando las condiciones de los médicos y sanitarios. En medio de las vacaciones navideñas de 2011, una Aguirre que iba a dimitir por sorpresa nueve meses después, aprobó con su mayoría absoluta la ampliación de la jornada laboral de 35 horas semanales a 37,5 y rebajas en el sueldo a los funcionarios enfermos durante los días en que estuvieran de baja. El malestar durante esos años empezó a gestar las “mareas blancas”, contra las que el mismo gobierno regional inició una campaña de descrédito.
El rizo final: de público a privado
Pero si se ha dado un paso extremo y en falso durante los gobiernos del PP de Madrid en la sanidad, ese fue el intento de privatizar directamente hospitales que eran públicos. El 17 de septiembre de 2012, Esperanza Aguirre anunció su dimisión aduciendo motivos personales. Le sustituyó, sin pasar por las urnas, Ignacio González, que puso a un ‘neocon’ en sintonía con Faes a gestionar la sanidad de Madrid: Javier Fernández-Lasquetty, pupilo de Aguirre y más tarde peso pesado del gobierno de Ayuso (hasta 2023).
Lasquetty, gestor sanitario en los años de la crisis económica, quiso aplicar la receta que heredó, pero con un tirabuzón extra, la reversión de público a privado, y presentó el 31 de octubre de 2012 un plan de privatizaciones de servicios sanitarios que incluía seis plantillas hospitalarias, 27 centros de salud y casi cualquier actividad no sanitaria de los hospitales. La justificación fue la coyuntura económica y la necesidad de ahorro: “Lo más responsable, por no decir lo único responsable, es ir a ese modelo”, dijo el consejero en la Asamblea de Madrid.
Al plan lo llamaron de medidas de garantías de sostenibilidad del sistema sanitario. Fue aprobado a los dos meses con la mayoría absoluta del PP. Sin embargo, la oposición frontal de las mareas, que atrajeron a las calles a miles de ciudadanos indignados, y un recurso judicial hicieron que el gobierno de Ignacio González tuviera que desistir de este plan, menos de dos años después de presentarlo como una receta mágica para la crisis económica.
Aparcado este salto extremo, los sucesivos gobiernos del PP hasta hoy no han vuelto a atreverse a abrir ese melón, aunque las privatizaciones de servicios y la entrega de dinero público a los gigantes del sector sanitario ha continuado de manera constante. La estrategia de privatización se ha mantenido, también con Ayuso, que ha desembolsado desde 2021 más de 5.000 millones a Quirón, el grupo principal en la Región, el doble de lo presupuestado. Su gobierno también rescató al polémico Hospital de Torrejón con más de 33 millones en julio. En 2022, decidió cerrar las urgencias que había en atención primaria y que descongestionaban las de los hospitales. Según un informe de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, el gasto sanitario para la gestión privada en la Comunidad de Madrid representaba ya el 41,3% de la inversión total ese año.
No ha habido reversiones a lo público, como hizo el gobierno progresista del Botànic de la Comunitat Valenciana con el hospital de Alzira, sino al contrario, privatizaciones de servicios esenciales como el de laboratorios clínicos, la unidad del dolor (en Vallecas) o la gestión de historiales de pacientes en hospitales públicos madrileños. El gobierno actual sigue trabajando y defendiendo el modelo que inició hace 20 años Esperanza Aguirre. Como dijo Ayuso en una visita al hospital Madrid Río, de la empresa HM, las privadas gestionan “con eficiencia, sin ellos no se podría abarcar todo”. Los audios del CEO de Torrejón arrojan dudas ahora sobre si de esa “eficiencia” se beneficia, y cuánto, el ciudadano.
febrero 06, 2026
Revuelta, Vox, El Yunque y DANA, de Miquel Ramos
Miquel Ramos Periodista 9/12/2025
Imagen de archivo. Revuelta convoca una manifestación en Valencia contra Sánchez y Mazón por su gestión de la DANA
Las crisis son siempre una oportunidad para los caraduras. Lo vimos con la pandemia del covid, cuando una serie de sinvergüenzas se dedicó a vender material sanitario, mascarillas y todo lo que urgía en aquella situación extrema. Aprovecharon sus contactos con las instituciones o sus vinculaciones familiares para colar ventas millonarias y sacar beneficios estratosféricos en muy poco tiempo. La urgencia del momento y el shock en el que vivíamos todos dejaba una ventana abierta para que estos personajes sacaran tajada. No fueron los únicos; curanderos, conspiranoicos y todo tipo de sabandijas del inframundo sacaron buen provecho de todo aquello, jugando con la desinformación, el miedo y la excepcionalidad del momento. Estos son tan solo un ejemplo reciente, que en algunos casos incluso derivó en varias causas judiciales, pero no el único. En las crisis, como decía, anidan los gusanos.
Otro de los acontecimientos más cercanos que han mostrado esta miserable faceta del ser humano tuvo lugar en mi tierra, en València, tras el paso de la DANA. Esta vez, la catástrofe mostró algo mucho mejor de nosotros mismos como sociedad, algo que siempre sale a relucir en tiempos de crisis, paralelamente a los buitres carroñeros que siempre revolotean al acecho. La ola de solidaridad fue brutal, una lección de humanidad y empatía, que mostró a una juventud comprometida, que se hacía cargo de su responsabilidad para con los demás, alejando el relato nihilista y distópico que algunos se empeñan en imponer. Pero ojo, que aquí también hubo trileros. Y también usaron a los jóvenes para el pufo.
La movilización ciudadana para ayudar a los valencianos ante la riada fue vista por algunos como una ocasión de oro para publicitarse. Y parece ser, según denuncian algunos, para trincar. Esta semana ha saltado por los aires la asociación juvenil Revuelta, vinculada a Vox, por su gestión de la recaudación obtenida, supuestamente, para ayudar a las víctimas de la DANA. Su vicepresidente, Arturo Villarr oya, a su vez asesor del eurodiputado ultraderechista Jorge Buxadé en Bruselas, y Javier Esteban, también de la junta directiva, presentaron su dimisión e hicieron público un comunicado donde anunciaban una denuncia ante la Fiscalía por las "presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados". Acusan a la cúpula, dirigida por Jaime Hernández, de falta de transparencia, ya que se les denegó ver las cuentas para "conocer el destino de los fondos recaudados para la DANA, presentación de impuestos, posibles pagos directos a Jaime Hernández o su empresa PICAPORTE, posibles retiradas de efectivo y cualquier contratación realizada en nombre de REVUELTA".
Esta organización juvenil organizó una enorme campaña publicitaria publicitaria en medio del fango, exhibiendo su caridad constantemente, y, aprovechando el foco, tratar de extender un relato instrumental para Vox, repartiendo culpas por igual entre Mazón y Pedro Sánchez, a pesar de que el presidente valenciano lo era gracias a ellos, y su legado en las Corts Valencianes continúa gracias a sus votos. Mazón ha estado protegido en todo momento por Vox, por mucho que sus cachorros traten de esparcir mierda para tapar su complicidad con este irresponsable y el PP que lo ampara. Viendo la movilización espontánea que, de manera altruista, acudió a València aquellos días, los ultras quisieron usar la desgracia para promocionarse. Y según denuncian algunos de sus exmiembros, para algo más.
Unos audios de Arturo Villarroya publicados ayer en exclusiva por El Plural desvelan la intención de Vox de tapar irregularidades contables que a su entender habría cometido Revuelta, y liquidar la organización antes de que estallase el caso: "El partido ha perdido la confianza. Considera que hemos utilizado el dinero para la banda. (...) Jorge (Buxadé) se ha comprometido conmigo. Vox me ha dicho que muerto el perro se acabó la rabia. Que en cuanto disolvamos Asoma (la entidad que gestiona los donativos a Revuelta), que no van a denunciar ni hacer nada". Miembros de Revuelta ajenos a Vox sospechaban que el partido pretendía controlar la entidad, y este desencuentro, con las acusaciones de posible fraude, es lo que ha propiciado la ruptura.
Jaime Hernández, cabecilla de Revuelta, que ha salido a defender su gestión y la honorabilidad de la organización, es también un líder de los jóvenes de HazteOir, una organización cuyos jefes, empezando por Ignacio Arsuaga, están relacionados con la secta ultraderechista El Yunque. No son pocas las personas que se acercaron a Revuelta que ahora acusan a esta sociedad secreta de estar detrás de esta trama. No sería la primera vez que miembros de esta secta parasitan otras organizaciones y plataformas, algo que forma parte de su estrategia. Algo similar sucedió quince años atrás cuando, durante la ofensiva neocón contra la reforma de la ley del aborto, la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo o la asignatura de Educación para la Ciudadanía, activistas ultraconservadores denunciaron la injerencia y las malas artes de El Yunque. Expliqué todo, con testimonios de exmiembros incluidos, en el podcast DIOS PATRIA YUNQUE (Podium), así como la vinculación de algunos cargos y miembros de Vox con la secta.
Hoy, lo que ha sucedido en Revuelta, a falta de aclararse, también se presta a la sospecha sobre la sombra de El Yunque en la gestión y la instrumentalización de la campaña, como denuncian activistas conservadores en sus redes, señalando el daño que todo esto causa a la credibilidad de todo el espectro político conservador e incluso católico. En un hecho inédito, miembros de la secta han salido a reconocer su pertenencia y a mostrar su apoyo a Hernández. Según el portal InfoVaticana, "El caso Revuelta ilustra de nuevo lo que sucede cuando ese método se aplica en contextos donde la transparencia es indispensable: la distancia entre la versión oficial y la realidad se ensancha hasta romper la confianza pública." Luego está el papel de Vox en todo esto, pues al parecer, pretendía que Revuelta fuese un instrumento más de captación, recaudación y agitación exclusiva del partido.
Los caminos de Vox y El Yunque se han entrelazado en numerosas ocasiones, incluso hay gente actualmente con cargo público en el partido que es miembro de la secta. Lo que sucede es que ambos entes, a pesar de compartir ideología y objetivos políticos, tienen agendas e intereses propios. Vox es un partido, y El Yunque, una sociedad secreta que teje sus relaciones, sus favores y sus campañas a conveniencia, tanto para crecer como negocio como para ganar influencia. En Vox lo conocen de sobra, y también se han servido de la telaraña yunquera para su propio interés. Ahora, cuando se trata de controlar un artefacto concreto o pasar cuentas, empiezan los problemas.
Más allá de la pugna entre chiringuitos, sean partidos o sectas, la derecha ha demostrado que su buque insignia de la supuesta solidaridad patriotera no era más que un pufo. Si ya daba vergüencita verlos grabándose constantemente representando el papel de oenegé, saber hoy que presuntamente ha habido mamoneo interno ha destruido el castillo de naipes. Los que trataron de apropiarse y resignificar el lema ‘Solo el pueblo salva al pueblo’ (cuyo origen no tiene nada que ver con la extrema derecha ni con la caridad exhibida, sino con todo lo contrario), han quedado en evidencia. El disfraz de solidarios siempre les vino grande a quienes promueven insistentemente el odio y la discriminación. Un artefacto propagandístico con vínculos directos con un partido político de extrema derecha, cuyas caras visibles tenían un buen sueldo, no es ejemplo de nada. Era una campaña más. Y les ha salido rana.
Veremos en qué acaba todo este culebrón, donde más allá de Vox, El Yunque y los que sacan provecho de todo ello, hay mucha gente que se los creyó y que hoy, con razón, se siente estafada. Ellos y ellas son quienes pueden arrojar algo de luz a todo esto. Veremos si prefieren agachar la cabeza y hacer como si nada, o deciden contar lo que ha pasado. Si de verdad creen que pueden ser útiles para el país, su deber sería contarlo, y alertar sobre los caraduras que usan sus causas y sus banderas para su propio beneficio. Pero esto quizás es pedir demasiado.
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