Lucio Martinez Pereda 3/4/2026
ctxt 7/04/2026
El perfil de las víctimas es el de una mujer de 47,3 años española (57,1% de los casos), y en el 89,1% de los casos fueron asesinadas en un domicilio. La víctima más joven tenía 19 años y la mayor 86
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El último informe sobre víctimas mortales de la violencia de género, publicado por el Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, cifra en 49 las mujeres asesinadas en 2025, el 80% de las cuales convivían con su agresor. Un porcentaje mucho mayor que el de 2024 (67,3%) y la media de la serie histórica (63%), que inició en 2003.
El estudio, elaborado con los datos suministrados por los juzgados, cuantifica con un feminicidio más los 48 recogidos por la Delegación contra la Violencia de Género, lo que muestra como el número de mujeres asesinadas en 2025 es el mismo que en 2024, 2021, 2020, 2017 y 2016, años con las cifras más bajas desde que hay registros (2003). Lo que nos sitúa en un dramático mínimo de un asesinato cada 7,4 días.
La media de muertes desde 2003 se sitúa en 58,3 al año. Pese a que sigue siendo una cifra lamentable, en la primera década desde que hay registro (2003-2014) la media fue de 65 asesinadas, en los últimos diez años está cifra descendió hasta las 52,4 interanuales. Un descenso que desde el Observatorio insisten en recalcar que es gracias a la aplicación de políticas públicas concretas que protegen a las mujeres.
El perfil de las víctimas es el de una mujer de 47,3 años española (57,1% de los casos), y en el 89,1% de los casos fueron asesinadas en un domicilio. La víctima más joven tenía 19 años y la mayor 86.
En el caso de los asesinos, la edad promedio fue de 49,4 años y en su mayoría eran españoles (63,3%) y el marido de la víctima (45,5%). Únicamente en el 61,2% de los casos fueron detenidos. El agresor más joven tenía 21 años y el mayor 90.
Del total de las víctimas, 11 (22,4%) habían presentado denuncia previa contra su asesino, un porcentaje mucho menor que en 2024 (30,6%) y al del promedio de la serie histórica (25,8%). De las que habían denunciado, siete convivían con su agresor, y ninguna tenía más de 55 años. Cuatro de las víctimas tenían medidas de alejamiento en vigor. Las mujeres que denunciaron el pasado año tenían una edad media 42,4 años. Denunciaron más víctimas extranjeras que españolas (un 23,8% frente a un 21,4%).
El estudio, además, muestra un análisis regional de la situación. Las comunidades autónomas con menor tasa acumulada desde que hay registro son Extremadura (34,6 mujeres), País Vasco (44,6) y Cantabria (46,5), junto a Ceuta y Melilla, la única región sin víctimas en 2025. El 50% de las asesinadas en Galicia y Madrid habían presentado denuncia previa.
Además, el informe dedica un espacio a las muertes por violencia vicaria. Desde 2013, este tipo de violencia le ha costado la vida a al menos 65 menores, en 21 de los casos también se asesinó a la madre de los niños. En 2025, se registraron tres asesinatos de menores a manos de sus padres biológicos o de la pareja de la madre. El mismo número de víctimas que llevamos ya este año.
Según el espacio Efeminista, hasta el 26 de marzo, ya han sido confirmadas 14 víctimas mortales de violencia de género este año, con ellas ya son 1.357 mujeres asesinadas desde 2003. Tan solo cinco de las víctimas tenían una denuncia previa por maltrato, pese a ello las medidas tomadas por parte de la administración pública han sido insuficientes.
Raquel Ejerique 1 de septiembre de 2025
En el año 2005, España vivía los estertores del boom inmobiliario, los móviles eran para llamar, no había llegado Facebook, gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y sonaba Amaral en todas las radios. Entonces, España tenía, según los datos oficiales de población continua del INE, 44 millones de personas, de las cuales, 3,7 millones eran de nacionalidad extranjera (el 8,5%). Ese mismo año, la tasa de criminalidad era de 49,4 infracciones penales por cada mil habitantes.
Los mismos datos de las mismas fuentes desmienten que España sea hoy un país más peligroso, más inseguro y, mucho menos, que eso tuviera que ver con la llegada de migrantes. En 2025 hay el doble de residentes con nacionalidad extranjera (7 de los 49 millones que tiene hoy el país, más dos millones que nacieron fuera, pero tienen la nacionalidad española). Sin embargo, la tasa de criminalidad no ha subido con esa multiplicación de inmigrantes, al contrario: 40,6 delitos por mil habitantes, la banda más baja de la serie histórica, según los datos del primer trimestre de 2025 del Ministerio de Interior. Es decir, mientras sube el número de extranjeros que vive en el país, baja la tasa de criminalidad (-2,8%, según los datos más recientes), una tasa que ha experimentado una tendencia descendente desde hace décadas con algún altibajo después de la pandemia, achacado por Interior a la explosión de delitos de ciberdelincuencia.
Sin embargo, el número de condenas entre personas de nacionalidad extranjera es mayor de lo que les correspondería por peso poblacional (14,2% son extranjeros y son el 28% de condenados, según las estadísticas de 2023, con especial relevancia de los nacidos en América, África y seguidos de cerca por europeos de la UE). Entonces, ¿sí que delinquen más?
Los expertos consultados coinciden en que no tiene que ver con ser migrantes. Por una parte, los datos de condenas son un indicador, pero son parciales porque dan poca información detallada. En cualquier caso, “no es el origen, son las condiciones materiales”, explica Andrea Ruiz, doctora en Antropología y directora de la Fundación Begirune del País Vasco, dedicada a políticas sociales y migraciones. “De hecho, de manera general los estudios demuestran que es al contrario”. En el caso de migraciones económicas, “las familias seleccionan en el país de origen al miembro más apto, al que tenga más posibilidades de adaptarse y conseguir trabajo. En general, quienes migran quieren quedarse y obtener la ciudadanía, no les interesa delinquir porque saben que pueden ser expulsados, no tiene sentido, suelen ser personas más respetuosas con la ley, a tenor de la conclusión de estudios recientes”.
Al discriminar por delitos, la media es alta en “delitos contra el patrimonio”, entre los que hay robos y hurtos, donde el 70% de las infracciones fueron cometidas por ciudadanos nacidos en España y el resto fueron cometidas por extranjeros, lo que incluye también ciudadanos de países de la UE o EEUU. Sin embargo, en violencia de género o delitos sexuales –otro de los mantras que agitan los ultras es el de “la seguridad de nuestras mujeres”– hay una evidente mayoría de españoles entre los condenados (por ejemplo, en delitos sexuales, 406 condenados frente a 94, según el INE).
“Claro que hay delincuentes extranjeros, pero la variable nacionalidad que se recoge en las estadísticas es equívoca”, explica Javier Guardiola, profesor de Derecho Penal y miembro del Instituto Universitario de Investigación en Criminología en la Universitat de València, que profundiza en que esos datos incluyen “desde un español que vive fuera y comete un delito aquí, a un extranjero que lleva aquí viviendo 20 años”. O al extranjero que ha venido en avión con droga y, al ser detenido en Barajas, cuenta en la estadística como extranjero que comete un delito España, pero que no vive aquí, especifica Andrea Ruiz, que apunta que además los datos no especifican los reincidentes.
Esa sobrerrepresentación se basa además en varios factores, según esta experta: “Hay un factor edad, porque entre migrantes la media de edad es más joven [y es la franja de mayor violencia]. Además, tienen más tasa de riesgo de pobreza. También los paran más en controles y registros –un latino tiene 3,5 veces más de probabilidad de que le paren, un negro tiene seis veces de probabilidades más y un gitano, 10–”. Ruiz señala también a algunos medios de comunicación que siempre que hablan de migración es en términos negativos y el “imaginario” creado en series y televisión, que contribuye a la idea de que los extranjeros (de algunas razas y nacionalidades concretas) son más peligrosos.
Es lo que Rubén Rumbaut llama “ideas zombis”, como recoge la experta Elisa García España en un artículo sobre la vinculación inmigrante/delincuente: “Estas ideas permanecen vivas de forma persistente en el imaginario popular. Son inmortales y resistentes a cualquier dato objetivo que las contradiga”. Una de esas ideas es que no se hace nada con quien delinque o, incluso que se les dan pagas, como dice Vox. Solo en 2024, el Ministerio de Interior expulsó a 3.031 extranjeros por diferentes motivos de seguridad nacional (más de 8 expulsiones de media al día). Además, el artículo 89 del Código Penal contempla sustituir penas de más de un año por la expulsión de la persona extranjera, incluida la que tiene permiso de residencia, algo que pasa constantemente en el sistema judicial español.
“Se hacen vinculaciones con los extranjeros como delincuentes, pero ¿qué pasa con los extranjeros como víctimas? Nunca se cruza esa idea”, expone Ruiz. Según el CIS de julio, los españoles consideran la inmigración el quinto de los “problemas” que les afectan, por detrás de asuntos económicos, vivienda, sanidad y paro. La sobreexposición por el caso de Torre Pacheco o por la agresión a migrantes los últimos días en Madrid tras una denuncia por violación, los llamamientos ultras y la validación del argumento racista podría hacer subir esta percepción en el próximo barómetro, apuntan los sociólogos.
Respecto a los ataques racistas, los últimos datos disponibles del informe de delitos de odio en España, elaborado por el Ministerio del Interior, supone también una alerta: subieron un 21% respecto al año anterior. Entre ellos, los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 856 hechos, fueron los más numerosos y representaron el 41,8% de total de las denuncias.
Lo de Torre Pacheco, Madrid y otros muchos casos “es algo que tiene que ver más con la raza que con la migración”, apunta el periodista antirracista Moha Gerehou. “Se genera una sospecha eterna y se apunta a negros, marroquíes... No es contra población inglesa o francesa. Suele haber una vinculación racial”, explica. El periodista también pone el foco en el peso que han tenido los medios de comunicación: “Cuando el que comete un delito es migrante se pone en el titular o en la noticia. Cuando es un blanco español no se hace referencia. Y ahora ya está pasando que en los medios progresistas especifican que no es migrante, y esto entra en el juego”.
El polvorín de Torre Pacheco es un ejemplo claro y hay ataques raciales a negocios y vecinos de allí aunque el agresor del hombre de 70 años, el caso con el que se inició la espiral de violencia, no era de la localidad y ya está detenido. “La primera consecuencia es el miedo, porque el ataque es algo muy aleatorio. Atacaron un kebab, que puede estar regentado por un marroquí o un turco o un español. Nos hace sentir que no estamos a salvo en ningún contexto y eso es muy intimidatorio. La gente piensa que pueden ir al colegio de sus hijos, a su trabajo, como está pasando con las redadas en Estados Unidos. También se percibe indefensión porque no se ve contundencia por parte de las autoridades, no se lo toman todo lo en serio que deberían”, percibe Gerehou.
“Los delitos de odio cuestan de probar porque muchas veces su comisión o difusión es a través de redes, donde hay anonimato, las empresas están fuera de España y no siempre colaboran. Por otra parte, necesitan un componente subjetivo, hay que probar que se incita al odio o que se hace para humillar”, explica Susana Gisbert, fiscal de delitos de odio en la Comunitat Valenciana. También desmiente un mito: “Vemos acciones organizadas como en Torre Pacheco, pero la regla general es que los autores de delitos de odio son personas 'normales' con todas las comillas, que no pertenecen a ningún grupo, que piensan esto y se ven legitimados por las redes o declaraciones de políticos”.
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“La imagen del migrante delincuente es fácil de vender, es la alienidad, pero no se compadece con la realidad”, dice el experto en derecho y criminología Javier Guardiola. Solo hay que mirar alrededor un día cualquiera o fijarse en otros ejemplos igual de reales, pero totalmente positivos, como las cuadrillas de marroquíes que hicieron posible, trabajando hasta en Navidad, resolver el colapso de la red pública de alcantarillado tras la dana de València. Es el mismo colectivo general al que hoy, grupos de ultraderecha quieren “dar caza” y que ha puesto en alerta a policías y guardias civiles en la localidad de Murcia.
La delincuencia es un fenómeno complejo, cambiante, poco perfilado y cuyas estadísticas engloban desde asesinatos a una lesión, tráfico de drogas, prevaricación o ciberestafas (el delito que más está creciendo), explican los expertos, por eso es arriesgado sacar conclusiones. “Simplemente, el binomio extranjería/delincuencia no es real”. Aun así, partidos como Vox coquetean con la idea, como también Isabel Díaz Ayuso con su bulo de Alcalá en 2024, los independentistas de Aliança Catalana o el propio Feijóo, que especificó hace unos meses sobre la inmigración que la gente tiene derecho a vivir “con seguridad”, contraponiendo dos ideas que, a tenor de los datos de criminalidad y población extranjera en España, no son contrapuestas.
Aristos Veyrud ha publicado en Teología de la Liberación
