Es el estado al que más expedientes se le abren y cuyos casos
llegan más lejos: en los últimos 18 meses, la Comisión le ha llevado
cuatro veces al Tribunal de Justicia
España, que es el país que recibe más quejas formales, encabeza este ránking de infractores medioambientales desde 2012
De todos los procedimientos de infracción acumulados, más de un tercio son debidos a supuestos incumplimientos de las leyes de protección del entorno. Raúl Rejón - 12/9/2015
España, que es el país que recibe más quejas formales, encabeza este ránking de infractores medioambientales desde 2012
De todos los procedimientos de infracción acumulados, más de un tercio son debidos a supuestos incumplimientos de las leyes de protección del entorno. Raúl Rejón - 12/9/2015
España es el país que más incumple las leyes
medioambientales en la Unión Europea. Es el estado al que más
expedientes se le abren y cuyos procedimientos llegan más lejos: está a
la cabeza en el número de casos que la Comisión Europea remite al
Tribunal de Justicia a pesar de las múltiples oportunidades que los
reglamentos comunitarios dan a los países para evitar verse frente a los
magistrados.
La maquinaria europea para sancionar a
un miembro es lenta y llena de filtros (vías para que los estados
cierren los expedientes). Aun así, desde 2014 y lo que va de 2015, la
Comisión Europea ha decidido abrirle a España 10 nuevos procedimientos
de infracción sobre esta materia, es el país que más acumula, según
refleja la base de datos de la Comisión. Se puso en cabeza en 2012 y no ha abandonado esa posición desde entonces.
Entre estos expedientes se cuentan asuntos como el deterioro y la captación ilegal de aguas en el entorno del Parque Nacional de Doñana o los niveles ilegales de contaminación en el aire de Madrid y Barcelona. El Ejecutivo comunitario también se ha visto obligado a iniciar un procedimiento de infracción porque España no ha puesto en marcha el reglamento sobre el comercio de madera.
Una normativa encaminada a evitar la importación desde bosques talados
ilegalmente en África, la Amazonía o las selvas asiáticas y de Oceanía.
De igual manera, en la siguiente fase de instrucción, la llamada
Opinión Razonada, España también se destaca. Desde 2014 acumula nueve de
estos dictámenes (el 10% continental). Le sigue Italia con ocho. Ese
dictamen llega ante la falta de respuesta al problema o una respuesta
insatisfactoria por parte del país aludido.
En ese
informe, la Comisión expone los motivos por los que piensa que se está
vulnerando la ley. Entre los casos que han llegado a esta fase, se
cuenta el del proyecto de dragado del río Guadalquivir para ampliar el puerto de Sevilla o el tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones españolas.
Por último, si la cosa no se soluciona, puede iniciarse el proceso
judicial. En los últimos 18 meses, España ha acumulado cuatro procesos:
el 14,8% de los 27 que han pasado a los tribunales a cuenta del medio
ambiente. Es el primer puesto del ránking, empatado con Grecia.
Los magistrados están deliberando sobre la descarga incontrolada de residuos urbanos, el tratamiento de aguas urbanas o los vertederos ilegales en España.
La Comisión subraya que "raramente se llega a este punto. El 85% de los
casos se resuelve antes". El tiempo medio hasta que fallan los jueces
es de dos años, según los cálculos de la Comisión.
"Que España sea el país que genere más peticiones por incumplimientos
legislativos es muy revelador", dice Florent Marcellesi, portavoz de
Equo en el Parlamento Europeo. "Cuando han fallado todos los mecanismos
jurídicos en España, la Unión Europea es para muchos ciudadanos y
organizaciones el último refugio para que se cumpla la ley", reflexiona.
Las leyes medioambientales son las que más se quiebran en la Unión Europea. Según el informe anual de cumplimiento de normas,
de los 1.347 casos que permanecían abiertos a 31 de diciembre de 2014,
casi un cuarto eran sobre esta materia. El caso español sigue esta
senda. En lo que va de 2015, la Comisión Europea le ha iniciado un total
de 14 expedientes. Cinco de ellos son por supuestos incumplimientos de
la legislación comunitaria medioambiental: un 35% del paquete completo,
más que cualquier otra área.
"Construye que luego ya se verá"
¿Por qué? Samuel Martín-Sosa, responsable de Internacional de
Ecologistas en Acción, analiza que, por un lado, al tener España una red
de espacios protegidos muy amplia "es más fácil que surjan conflictos".
Pero, por otro lado, "hay algo cultural de política de hechos
consumados: se construye y luego ya se verá".
En este
sentido, existe un sentimiento de que "incumplir la normativa
medioambiental no trae consecuencias", abunda Martín-Sosa. "Y lo peor es
que es verdad", se queja.
La Comisión Europea
dispone de una batería de herramientas que, muchas veces, no utiliza. No
ha creado un cuerpo de inspectores pero, además, "casi no aplica la
segunda vuelta en el Tribunal de Justicia que es la que conlleva las
sanciones económicas", puntualiza el ecologista.
Paradigmático es el caso de la carretera M-501 en
la Comunidad de Madrid (la carretera de los pantanos). La autovía se
construyó sin estudio de impacto ambiental previo. Fue declarada ilegal
por los jueces españoles y comunitarios pero "no ha ido a esa segunda
vuelta, más bien se está negociando con España en lugar de ejecutar las
sentencias".
Tramo duplicado de la M-501.
El procedimiento de infracciones en la Unión Europea es
complejo. Muchos de los expedientes son consecuencia de las quejas
formales que las organizaciones o alguna administración presenta a la
Comisión Europea (que es la encargada de velar por el cumplimiento de la
ley). En 2014, España fue el país con más quejas (553) seguida por
Italia (475) y Alemania (276), según el informe anual de la CE. La
mayoría de las quejas españolas se concentraron en empleo y medio
ambiente.
En algunos casos, "esta es la vía que queda
para que se destapen casos graves de corrupción", reflexiona
Marcellesi. Según el portavoz de Equo "la mayoría de estos casos de
corrupción están relacionados con grandes infraestructuras inútiles y
perjudiciales para el medioambiente, la sostenibilidad y el bien común".
A pesar de que esas quejas sean ese último recurso al que se refiere
Marcellesi, pocas terminan en expediente por los filtros administrativos
comunitarios. La Comisión trata de resolver los posibles
incumplimientos con un "diálogo estructurado", en palabras oficiales. Se
trata de pedir a los posibles infractores documentación para hallar
"una solución rápida", detallan en la Unión Europea. "Es un método
cuando menos curioso", remata Martín-Sosa.
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OTRO ASUNTO. Hoy en Perroflautas del Mundo: Tema Monedero, de Joaquín Diaz Mayorga
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OTRO ASUNTO. Hoy en Perroflautas del Mundo: Tema Monedero, de Joaquín Diaz Mayorga
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