La constructora –Loiola, que no ha querido hacer valoraciones a este periódico– ha empezado ya la comercialización de las primeras 150 casas de lo que será un enorme resort de lujo que se extenderá sobre una superficie aproximada de 1,3 millones de metros cuadrados. La compañía cuenta con el permiso urbanístico del Ayuntamiento de Cartaya (que tampoco ha querido hacer comentarios) y ha recibido del Gobierno andaluz la necesaria autorización ambiental unificada, que reconoce la existencia de especies vegetales protegidas en el entorno pero da por buenas las medidas correctoras que propone la promotora.
Todo ello, además, pese a que Ecologistas en Acción (una de las entidades que presentó alegaciones al proyecto) considera que todavía no se ha resuelto el trámite administrativo, ya que la Junta ha desestimado el recurso de alzada presentado en su día pero todavía no lo ha comunicado oficialmente. Y también pese a que el Juzgado de lo Contencioso 2 de Huelva ha aceptado el recurso de reposición contra la aprobación municipal del proyecto de urbanización, una judicialización sobre la que los conservacionistas aseguran que hay obligación de informar a los posibles compradores de estas casas.
El proyecto de urbanización que se pretende tumbar lo ratificó la junta de gobierno cartayera el pasado mayo, bendiciendo así un plan parcial para esta zona (Nuevo Rompido Este) que se aprobó definitivamente en 2012, tras un dictamen ambiental positivo que se remonta a 2007 y avalado por la autorización ambiental unificada que concedió la Consejería de Medio Ambiente hace un año. “Este proyecto no se aprobaría con la legislación de hoy”, señala Luis Domínguez, que recuerda que hace un año empezaron en la zona movimientos de tierra que se atribuyeron a catas arqueológicas por el Ayuntamiento, gobernado hoy por el PP pero por el PSOE cuando se acometió la operación urbanística.
Campos de golf en los alrededores
La gran urbanización se ha bautizado como Sagitta (flecha, en latín) por la singularidad de un enclave único en Andalucía, la Flecha del Rompido, una lengua de arena de más de una decena de kilómetros que discurre paralela a la línea de costa y que separa el río Piedras del Atlántico. La zona tiene una población estable de unas 2.000 personas, que se multiplica exponencialmente en verano gracias a que acoge numerosas zonas residenciales.
El caso es uno más de los que salpican diferentes puntos del litoral andaluz, enormes complejos de viviendas en zonas vírgenes cerca de la playa –la primera línea ya está colmatada– que se articulan alrededor de hoteles y un campo de golf. En este entorno, de hecho, ya existen dos instalaciones de este tipo, uno con 18 hoyos y otro enorme con 36.
Ecologistas en Acción basa su oposición al proyecto en que viene a complicar aún más la situación en una zona turísticamente ya saturada y, sobre todo, en que en el espacio en el que se va a levantar hay 14 tipos de plantas con distintos niveles de protección, algo que la propia autorización ambiental reconoce pero considera que la cuestión queda resuelta porque el diseño urbanístico las ubica en los espacios libres de la megaurbanización. La zona cuenta con un extenso sabinar, pero el foco se pone en los enebros costeros, sobre los que se apunta que aunque se conserven in situ “existe una afectación del hábitat, pudiendo haber un empeoramiento de su estado de conservación si no se acometen una serie de medidas”.
“Sostenibilidad ambiental, social y económica”
Es más, sobre la población de estos árboles se apunta que “la reducción del hábitat y el aumento de la presión antrópica que se prevé en el futuro hace necesario mejorar el estado de conservación de esta zona”, imponiendo una serie de requisitos que incluyen un refuerzo poblacional para lo que incluso habrá que recolectar semillas en los alrededores. En el caso de otra planta, la Loeflingia baetica, el informe señala que “no se debe alterar el estado actual de las zonas identificadas como hábitat de esta especie”, pero la autoridad ambiental da por bueno enmarcar estas poblaciones en las zonas libres porque así “su gestión es compatible con el proyecto de urbanización”.
El análisis también admite la cercanía de la urbanización a dos espacios protegidos, el estuario del río Piedras y el paraje natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido. El propio proyecto constructivo reconoce que tendrá repercusiones indirectas sobre el medio atmosférico, suelo, vegetación, fauna y hábitats de interés comunitario, pero concluye que no es previsible que estos impactos sean incompatibles con estas zonas “siempre que se apliquen las medidas minimizadoras previstas”.
Loiola, por su parte, promociona Sagitta como un proyecto basado en la “sostenibilidad ambiental, social y económica”, subrayando su compromiso con “la adaptación al cambio climático, la preservación del entorno natural y el bienestar de sus habitantes”. Así, y adoptando “los principales estándares de sostenibilidad en construcción y urbanismo”, la compañía asegura también que minimizará las huellas de carbono e hídrica.
La cuestión del agua y de la depuración
La cuestión del agua es otra que pone en el punto de mira Ecologistas en Acción. “Al margen del gravísimo impacto ambiental del proyecto”, resalta Luis Domínguez, que considera que no están garantizados ni los recursos hídricos ni la depuración de las aguas residuales. La actual depuradora, insiste, ya no puede dar servicio a las miles de personas que se concentran en verano, y menos podrá hacerlo con una promoción que supone casi duplicar la actual extensión urbanizada de El Rompido.
La promotora prevé lanzar inicialmente dos complejos residenciales, Sagitta Silva (con 128 casas) y Sagitta Navis, un conjunto exclusivo de 18 viviendas. El resto se irá completando con el paso del tiempo para conformar Sagitta El Rompido Living Club, que según la publicidad de la propia empresa es “uno de los principales desarrollos urbanísticos de Andalucía”, un polo residencial y de ocio “en uno de los enclaves naturales más singulares del Atlántico andaluz”.
Con una superficie de 130 hectáreas, el número de viviendas oscilará entre 800 y 1.000, tanto plurifamiliares como villas y adosados, “con acceso a beach club, campo de golf, plazas hoteleras, piscinas, zona wellness, una selecta oferta gastronómica y espacios de shopping”. “Todo ello junto a los pinares de Cartaya, una extensión de 12.000 hectáreas para disfrutar de la naturaleza”, remacha la promoción.
“Este proyecto fomenta un modelo turístico basado en un exceso de presión humana y urbanización en zonas de alto valor ecológico y paisajístico como El Rompido, generando elevados beneficios económicos a corto plazo para empresas del sector inmobiliario y también elevados impactos negativos en una zona donde la capacidad de carga del territorio ya está sobrepasada durante los meses de verano”, defendían las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción y ratifica Luis Domínguez. Una megaurbanización que ha esperado su momento durante una década larga, “porque durante unos años el ladrillo no era negocio pero ahora vuelve a serlo”.
