julio 04, 2014

La Universidad pública española a la deriva, de Pedro Ojeda Escudero


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Desde hace unos años, la Universidad española está pendiente de una reforma para adecuarla, dicen, a los nuevos tiempos. Para aquellos que tengan mala memoria, recordaré que la última reforma es de 2007 y venía a modificar la Ley de 2001. Recordaré también que a finales de la última legislatura del socialista Rodríguez Zapatero circuló un borrador de Ley que contenía muchos de los aspectos que están en las directrices sobre universidades manejados por el actual ministro del Partido Popular. Aquel borrador no salió adelante por falta de tiempo y por la derrota del PSOE en el año 2011 pero tenía tantos puntos en común con lo que se ha sabido de las ideas que maneja el Partido Popular que sorprende los duros ataques que le han dirigido los socialistas. Desde el inicio, el ministro Wert ha anunciado una reforma en profundidad de la Universidad española pero parece que no ha tenido tiempo o fuerzas para sacarla adelante. Dedicado a la reforma completa del sistema de educación no universitaria, muy contestada y nada consensuada, no ha podido, hasta ahora, afrontar la del universitario. Mientras tanto, se ha conformado con normativas que han estrangulado el crecimiento de las Universidades y paralizado sus reformas y con la asfixia económica que ha afectado tanto a la docencia y a la investigación como al alumnado, que ha visto incrementar notablemente el precio de la matrícula y reducir las ayudas y becas. La falta de debate crítico interno de las Universidades, la escasa implicación de la sociedad española con su sistema universitario, la carencia de una ley de mecenazgo que merezca tal nombre, la timorata actuación de los equipos rectorales y la escasa participación del profesorado en lo que vaya más allá de su propio currículum profesional hace el resto.

La historia reciente de la Universidad española no está, por lo tanto, carente de reformas legislativas: con las páginas impresas de las leyes aprobadas, normativas reguladoras, libros blancos, informes, memorias y borradores no nacidos se podría empapelar todo el edificio del Ministerio... varias veces. La Universidad, como todo el sistema de educación española ha sufrido de la tentación a la que no se resisten los mandatarios por la cual parece casi inevitable que cada Presidente del Gobierno impulse su propia ley aunque no reúna el consenso del partido mayoritario de la oposición. Esto ha provocado que las últimas reformas se hagan casi exigidas por condicionantes europeos y poco pensadas para el contexto español al que dan servicio.

En los últimos años hay un fenómeno añadido: el crecimiento del número de Universidades públicas, algunas de ellas exclusivamente dedicadas a la enseñanza virtual. Varias de ellas se han consolidado ya entre las mejores y más dinámicas del sistema universitario español debido, sobre todo, a sus campos de especialización -juegan con la ventaja de no tener que ser generalistas de inicio como las Universidades públicas-, pero otras tienen un extraño aroma de negocio vinculado a la necesidad de formación y titulación universitaria que sienten los españoles y los naturales de algunos países hispanoamericanos.

La Universidad pública española está a la deriva. Ahogada por la falta de recursos, paga ahora la falta de planificación de los años de crecimiento. Nadie se hará responsable, pero en las últimas décadas, el sistema universitario público español creció desordenadamente a golpe de poderes locales, del peso de escuelas académicas, de modas pasajeras. Se derrochó dinero en investigaciones innecesarias y sin controles de calidad y de rigurosa exigencia del gasto de dinero público. También se sumó a la fantasía urbanística en la que vivió España cuando basó su modelo de crecimiento en el ladrillo. Nadie pareció denunciarlo en aquellos tiempos, pero todo eso ahora pesa: plantillas desproporcionadas en las que unas áreas de conocimiento apenas tienen créditos docentes mientras otras están sobrecargadas, campus difíciles de mantener económicamente, falta de planificación interna, profesorado improvisado y contratado de urgencia para rellenar los huecos, etc. Desde hace años lo que ocurre en las Universidades públicas españolas es más un problema interno que externo. Hay regulaciones ministeriales dañinas pero también una alarmante falta de crítica interna y de toma de decisiones pensadas hasta el punto de que las voces críticas son mal vistas cuando la vida académica debería basarse siempre en el debate abierto. Además, si uno no hace el debate y las propuestas, está en manos del político de turno, que propondrá las suyas basadas en su ideología, en intereses partidistas o electorales. Basta pensar que la extravagante aplicación en España del Espacio Europeo de Educación Superior se debe sobre todo a decisiones tomadas dentro del seno de los Departamentos y Facultades universitarias, no en el Ministerio.

Y así hemos llegado al presente. La Universidad pública se encuentra amenazada por una reforma que amaga pero no llega y cuyas directrices se basan en un espíritu neoliberal, dilatándose la parálisis en un tiempo en el que ganan terreno los centros de educación superior privados, con objetivos más claros y menos compromisos con su entorno, improvisando soluciones que se pagarán en el futuro a corto plazo por lo poco pensadas, incapaz de estructurar (salvo excepciones) verdaderos y efectivos pactos en red entre los campus de diferentes universidades para planificar mejor la investigación, la docencia y optimizar el uso de las plantillas docentes y los recursos ya existentes, dejando que se escapen al extranjero investigadores de alta cualificación formados por el sistema público español. Es decir, ya no sirve lo que hay -que se encuentra en fase de demolición- ni se define lo que habrá. Entre dos aguas no se vive ni se proyecta, solo se sobrevive.

La Universidad pública se encuentra en una parálisis en la que los equipos rectorales no saben bien a qué atenerse ante un futuro poco esperanzador y tampoco impulsan proyectos que generen más esperanza que la búsqueda de una financiación que traiga parches para tapar las vías de agua y pagar las nóminas, la luz y el agua corriente. La Universidad pública se encuentra con un profesorado formado pero sin ilusión puesto que ve continuamente las desigualdades que genera la aplicación de unas normativas que nacieron para ser provisionales y se han convertido en definitivas. El ambiente interno de las Universidades se ha enrarecido, falta aire nuevo, no hay formación de futuros docentes, no hay proyectos de largo plazo, no hay posibilidad de construir a medio o largo plazo.

Sin un verdadero proyecto de Universidad pública española que se genere sobre todo desde dentro y se imponga en la próxima reforma, el sistema está condenado a degradarse y a dejar cada vez más espacio a la Universidad privada. A muchos no les importará, supongo, pero solo el sistema público puede dar salida a las necesidades generales al considerar la educación universitaria como inversión y no como negocio.

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