abril 19, 2018

Colombia: Un nuevo genocidio ante nuestros ojos: el asesinato de líderes sociales en Colombia

Nora Urbina 
Por Daniel E. Flórez Muñoz *
“¡Bendita seas, oh Democracia, aunque así nos mates!”: Guillermo Valencia

Uno de los grandes desafíos que a nivel de ciencia política tienen los estudiosos del sistema político de Colombia se refiere a la necesidad de dar cuentas en torno a la coexistencia de una doble excepcionalidad en el campo político colombiano: una primera referida al hecho de que haya sido Colombia prácticamente el único país de Latinoamérica que pueda vanagloriarse de cien años de democracia sin mayores sobresaltos, y una segunda referida al hecho de que sea la nación que en toda la región reporte los peores índices de violencia política a lo largo de su historia. Esta condición, llamada por Francisco Gutiérrez Sanín como la “anomalía colombiana”, parece poner de presente que en nuestra realidad política es posible la coexistencia de diseños institucionales propios de las democracias liberales, elecciones periódicas y partidos políticos, junto a las formas más bárbaras y sistemáticas de violencia política y represión exterminadora.
Hemos podido naturalizar como país una experiencia de lo político en la que la muerte y la violencia, lejos de ser las excepciones que pondrían en jaque al sistema político, constituyen insumos normalizados en el marco de las disputas ideológicas por los cargos de elección popular. Las décadas de conflicto armado han contribuido, sin lugar a dudas, al afianzamiento de este tipo de imaginarios sociales, en los que la violencia es una especie de “mal necesario” o “costo a pagar” por vivir nuestra propia democracia. Sin embargo, esta reflexión encuentra su materialización en los cuerpos de hombres y mujeres que siguen perdiendo sus vidas por representar una idea considerada peligrosa para algunos, o sencillamente por hacer las preguntas incomodas en los lugares indebidos. Son ellos el verdadero testimonio de nuestra democracia. Los ruidos de las elecciones no nos permiten atender a las voces de quienes con su tragedia aseguran buena parte de las condiciones materiales de quienes financian las campañas políticas y los protagonistas de los procesos electorales. El costo sus privilegios es pagado con la vida de aquellos que se atreven a denunciar y cuestionar un orden abiertamente injustificable, pero que por ser quienes son y hablar desde donde hablan, son invisibilizados, víctimas olvidadas y en muchos casos responsabilizadas de su propio destino.
En Colombia, después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, ha habido cerca de 282 muertes de líderes sociales. Asesinatos que si bien han justificado una tardía “Alerta Temprana” por parte del Ministerio Público por solicitud de la Defensoría del Pueblo, aún no abren la puerta para una verdadera garantía de que en este país se pueda luchar por los derechos sin terminar asesinado. El grueso de las reclamaciones de estos líderes sociales se refería al tema de tierras y al tema de Derechos Humanos. Es decir, eran gestores de las condiciones de sobrevivencia de sus comunidades, garantes de la soberanía alimentaria de comunidades campesinas, a la vez que defendían las garantías más elementales de cualquier persona en su condición de ser humano, es decir su dignidad, su igualdad y su libertad.
Entre el 1 de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018 han sido asesinados 38 líderes sociales en el Departamento de Antioquia, 75 en el Departamento del Cauca, 17 en el Departamento de norte de Santander, 14 en Chocó, 15 en el Valle del Cauca, 15 en el Departamento de Nariño, 12 en Risaralda, nueve en el Departamento de Bolívar y muchos más en diferentes zonas del país. La radiografía del genocidio nos invita a pensar que la mayor parte de las zonas en las que se presentan los principales índices de homicidios son zonas asociadas con fuertes procesos comunitarios rurales organizados en defensa de sus derechos y reclamación de tierras.
Derechos Humanos y Tierras, dos temas que siguen trayendo muertos sobre nuestra historia, dos tareas inconclusas de las que muy poco se habla con seriedad y rigor, dos realidades tan profundamente preocupantes para algunos que están siempre dispuestos a matar a todo aquel que se atreva a cuestionar el estado actual de cosas en la materia. Es por eso que el debate actual del país debería asumir con mayor profundidad este tipo de discusiones, más allá de los miedos y cortinas de humos de aquellos que pretenden con palabras domesticar una realidad que ya va mucho más allá de lo que es humanamente tolerable.
Esta situación nos pone en evidencia al menos tres elementos para empezar a armar este rompecabezas: el primero se refiere a qué es lo que sucede: (i) existe en Colombia un plan de exterminio, que si bien no es nada nuevo no por eso deja de ser absolutamente trágico, consistente en el asesinato sistemático de un grupo social específico orientado a la fragmentación y posterior disolución del mismo o en el peor de los casos a su eliminación material. El segundo elemento se refiere a la pregunta sobre en quién recae este proceso. En este punto debemos reconocer que (ii) el exterminio tiene por objeto un grupo social dotado con capacidad organizativa y de movilización, conciencia de injusticia y voluntad de transformación; este grupo está compuesto en su mayoría por líderes comunitarios, campesinos y defensores de Derechos Humanos. Finalmente, un tercer elemento se refiere a quién lo hace. En este punto debemos reconocer que (iii) se requiere de un aparato militar mediamente organizado para lograr tales fines; sería una estructura armada que responda a intereses de sectores latifundistas y ganaderos, con capacidad real de coerción y armamento. Esto en nuestra historia reciente tiene nombre y se llama paramilitarismo.
La situación es realmente preocupante y por más que insistamos en ignorarla no por eso desaparecerán sus efectos. Por esa razón debemos despertar como sociedad a una indignación que logre por fin imponerse sobre la resignación. Esta indignación sobre lo que sucede es el primer paso para abrir nuevos caminos a la esperanza y la transformación. Entiendo que el miedo en Colombia es el principal arma política; curiosamente el miedo que se destila en los medios de comunicación y algunos sectores políticos es el miedo al cambio. No obstante, a la luz de nuestra propia historia, el principal miedo que como colombianos debemos tener es el miedo a seguir condenados a ser lo que hasta este momento hemos sido.
Una nueva Colombia en la que la democracia no asesine a sus hijos, no solo es posible sino que es necesaria.
* Docente Investigador, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Cartagena. Activista en Derechos Humanos. Candidato a Magister en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional, Universidad de Génova. Estudiante de Maestría en Derecho, Universidad de Cartagena.
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