Raúl Bocanegra 09/06/2026
Las entidades que trabajan con presos lamentan que el objetivo de la reinserción declarado por la Constitución está muy lejos de cumplirse: "Es todo teoría".
Según un trabajo académico titulado 'Prisión y suicidio' entre 2000 y 2020 han muerto por suicidio en las cárceles españolas 751 presos.
La misión de estos capellanes es, según los obispos "promover procesos de sensibilización frente a la realidad penitenciaria". "Además de cumplir su labor evangelizadora tras las rejas, la pastoral penitenciaria adelanta diversos programas de atención y promoción social integral para las familias, deportados de las cárceles del exterior, personal de la guardia y funcionarios del servicio penitenciario", señalan en la memoria. En la entrevista en RTVE, Carod afirmó: "[León XIV] viene a recordarnos el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo: Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Es un toque de atención delicado y fuerte al mismo tiempo porque Jesús llama hermanos a los presos, a los más pequeños. El papa viene a visibilizarlos".
En la cárcel de Brians I en Barcelona habitan en este momento unos 1.100 presos, en su inmensa mayoría de sexo masculino —hay también mujeres— y preventivos, es decir, que están a la espera de una condena. La gestión de las prisiones suele depender del Gobierno central. En Catalunya, las competencias son de la Generalitat, que las tiene transferidas desde 1984. La Xarxa Dret i Presó (Red Derecho y Cárcel), que agrupa a 14 entidades, en una misiva que envió al papa la pasada semana, le expresó: "El sistema penitenciario catalán puede parecer aparentemente muy avanzado y seguramente lo sea si lo compara con prisiones que ha visitado recientemente o a lo largo de su vida". Luego, añaden: "En realidad, está lejos de los objetivos que marcan, tanto la Ley General Penitenciaria, como otras disposiciones y reglamentos y presenta síntomas de clara regresión, impropias de una sociedad occidental desarrollada".
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"Debemos lamentar que, en los primeros cuatro meses del año, se han suicidado cinco personas [en el sistema penitenciario catalán] y otras han muerto en circunstancias aún no aclaradas", le cuenta la Xarxa al papa en la misiva. El número de suicidios en las prisiones españolas ha aumentado "año a año, más acusadamente desde 2011", según el estudio Prisión y suicidio. Los datos de ese trabajo señalan que entre 2000 y 2020 han muerto en las prisiones españolas por suicidio 751 presos, ya estuvieran condenados o en situación de prisión preventiva.
El coste mensual de mantener a una persona en un Centro Penitenciario supera los 6.000 euros", según la Xarxa. "Los resultados en cuanto a rehabilitación son claramente insuficientes, el estigma social, la degradación personal, la salud mental y los efectos colaterales sobre las familias son, casi siempre, definitivos", añaden.
"Cuando se comportan irregularmente, los encierran y ya está. Una cosa es que la legislación en sí tenga unos principios interesantes. Los programas de reinserción son claves, pero al final hay pocos recursos y al final se opta por encerrar a la gente y mantenerla al margen de la sociedad. Esa es la conclusión. Es todo teoría", aseguran en la APHA.
En España había a finales de 2023, el último dato disponible, según las estadísticas que elabora el Ministerio del Interior, 52.698 presos, de los que 4.000 eran mujeres, apenas un 7,1%. 9.289 eran presos preventivos, a la espera de que se resolviera su juicio. De los 42.169 condenados, 17.343 lo habían sido por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico —hurtos y robos—; otros 7.368 por delitos contra la salud pública —drogas—; 5.074 por delitos de violencia machista y otros 4.039 contra la libertad sexual. 3.264 estaban condenados por homicidio. El resto por delitos de lesiones, contra la seguridad del tráfico, orden público y otras formas penales.
En la cárcel de Brians que visitará León XIV hay mujeres también. En Catalunya, según la Xarxa, solo hay un penal específico para ellas. "Las mujeres cumplen —según la APDHA— una doble condena, por estar privadas de libertad y por vivir en cárceles mixtas, espacios pensados y diseñados para hombres. Tan solo hay un 7% de mujeres presas y el 87% cumple condena en prisiones mixtas donde ocupan una posición muy secundaria y tienen menos acceso a espacios y recursos. Tan solo un 13% cumple condena en prisiones de mujeres. Viven la condena en peores condiciones pues con ellas no se cumple el principio de separación interna, recogido en el artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y suelen cumplir condena mas alejadas de su lugar de residencia, pues hay provincias que ni siquiera tienen plazas para mujeres lo que dificulta que puedan ser visitadas por sus familiares". "Las mujeres en prisión enfrentan desafíos adicionales, como antecedentes de maltrato, una mayor prevalencia de trastornos mentales y un acceso limitado a recursos de apoyo social", señala el estudio Prisión y suicidio.
La visita de León XIV al penal, con todo, es un gesto, en sí, saludado por las entidades sociales que se ocupan de mejorar las condiciones de vida de quien está en prisión. "Es relevante que el pontífice haga una parada en la prisión de Brians I, donde, como en todas las cárceles, lo que abundan son personas pobres y humildes que, en muchos casos, si tuvieran los recursos económicos suficientes, no acabarían en prisión", consideran en la ONG andaluza. La Xarxa también expresa esta realidad, que algunos estudios esbozan. Sin embargo, los disponibles son antiguos. Por ejemplo, uno del año 2011, de la Fundación Salud y Comunidad, expresa: "En España, el 32,4% de la población penitenciaria se encontraba en paro antes del ingreso en prisión y el 35,8% solo contaba con recursos procedentes de la economía sumergida. Además, entre el 70% y el 80% de las personas reclusas están privadas de libertad por delitos relacionados con las drogas".
Este periódico preguntó a la APDHA y al Observatori del Sistema penal i els drets humans de la Universitat de Barcelona por si existían trabajos en este sentido recientes, pero ambas entidades aseguraron que no existen porque no se hacen. "Hay muy pocos estudios sobre esta materia. No interesa a nadie", Valentín Aguilar, de la APDHA. "No lo hay. España es un país francamente pobre en cuanto a un estudio sociológico de las instituciones penales y de la cárcel en particular. Siempre ha habido una narrativa muy propia de juristas y no se han realizado estudios etnográficos, antropológicos, sociológicos, sobre estos recorridos, como sí existen en Reino Unido, EEUU o Italia", apunta a Público Iñaki Rivera, director del Observatori.
La visita, en definitiva, del papa puede aportar, señala Argudo, "consuelo, esperanza y motivación". "También lo veo —añade— desde un lado humanista, aunque habrá gente que no comparta esta lectura. La cárcel es un espacio invisible para la sociedad. La presencia del papa le da relevancia pública a ese espacio y recuerda que las personas privadas de libertad siguen siendo personas, con dignidad, sufrimiento y posibilidad de mejorar. Y, por otro lado, también puede abrir debate. Que se hable de prisión, de salud mental, de suicidio y de las condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios es importante. Luego, evidentemente, el valor simbólico no sustituye a las mejoras concretas, más recursos, mejor detección, mejores protocolos".
"La visita de cualquier persona a prisión siempre es buena", abunda Valentín Aguilar, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. "Que puedan venir personas con interés o líderes de órdenes religiosas, pone en el centro a los presos. Eso es con lo que nos quedamos, que los presos sean alguna vez el centro de algo. Los presos no son nada. No existen. Nuestra obsesión como asociación es hacer visible lo invisible. Todo lo que sea visibilidad es interesante. Ahora bien, ¿va a cambiar algo? No va a cambiar nada. Pero al menos, durante un segundo los presos estarán en el centro", añade.
El artículo 25.2 de la Constitución Española
Así dice el artículo 25.2 de la Constitución Española: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad".
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