Spanish Revolution 8/7/2026
Ayer la Audiencia de Madrid ha suspendido la entrada en prisión del Pequeño Nicolás: no ingresará en la cárcel si no vuelve a delinquir durante cuatro años y paga una multa de 1.800 euros, pese a acumular condenas que llegaron a sumar más de 12 años. La última pena había quedado en dos años y un mes tras la rebaja del Supremo, suficiente para abrir la puerta a la suspensión. Todo muy técnico, muy legal, muy limpio. Tan limpio que apesta.
Hablamos de un personaje que se movió durante años por los pasillos del poder, que declaró haber organizado actos con Aznar para FAES y que ha tenido entre sus defensas a Manuel Marchena Perea, hijo del juez Manuel Marchena. No es que el parentesco condene a nadie, claro. El problema es el paisaje entero: contactos, apellidos, despachos, rebajas, suspensiones, puertas que se abren y alfombras que aparecen justo cuando hacen falta. Luego nos dirán que la justicia es igual para todos. Sí. Igualísima.
Mientras tanto, Pablo Hasél cumplió cinco años en prisión el 16 de febrero, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, entre otras causas, y no saldrá hasta abril de 2027 según las informaciones publicadas. Esa es la fotografía obscena del país: uno con vínculos en las alturas evita la cárcel tras años de causas y condenas; otro lleva más de cinco años encerrado por letras, tuits y una persecución ejemplarizante. No falla el sistema. Funciona exactamente como fue diseñado: suave con los de arriba, brutal con quien molesta.
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