Jennifer Jiménez 29 de diciembre de 2023
Cuando estalló la Guerra Civil española, la República incautó obras de arte para asegurar su protección, entre ellas, las de Pedro Rico, que fue alcalde republicano de Madrid en dos ocasiones (1931-1934 y 1936). Era poseedor no sólo de una colección de obras de arte, sino de una biblioteca y de un archivo personal. Una Ley de 1933 (que siguió en vigor durante la dictadura hasta la democracia) permitía confiscar temporalmente estos bienes y depositarlos en un museo. Más tarde, una orden ministerial de 1939 estableció que habría que realizar un inventario y publicarlo para que los propietarios reclamaran la devolución de los bienes incautados. Sin embargo, Rico nunca pudo solicitar la recuperación de sus obras porque se encontraba en el exilio, forzado por el régimen franquista, que lo amenazó de muerte.
Es con la última Ley de Memoria Democrática, que reconoce “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados”, con la que los herederos de Pedro Rico han iniciado un proceso para que les sean devueltas las obras que siguen en distintos museos españoles. De un total de 25 localizadas, cinco de ellas se encuentran en un museo de Gran Canaria, la Casa de Colón, que ha iniciado un procedimiento administrativo para restituir estos bienes. La abogada de la familia, Laura Sánchez Gaona, explica que ese derecho de resarcimiento es clave para obtener una reparación integral de las víctimas de la guerra y la dictadura y así lo recoge la propia Ley.
Sánchez indica que la incautación se hizo en la época republicana de forma legal, pero lo que no es legal es la apropiación que después hizo el régimen franquista o la no devolución de esos bienes, y que “en el caso de los exiliados es todavía más grave porque no podían reclamar”. La vida de Rico corría entonces peligro si regresaba a España, donde existía, entre otras, la Ley de 1939 de Responsabilidades Políticas. Él y su familia son, por tanto, víctimas del franquismo (...)
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