abril 02, 2015

La nueva Ley de Montes impide a los agentes forestales denunciar delitos ambientales, y + relacionados


La nueva Ley de Montes también va a permitir que se construya en los montes quemados algo que no etaba permitido desde el año 2006.
María José Esteso Poves, Diagonal - 12/3/15
https://www.diagonalperiodico.net/global/26024-la-nueva-ley-montes-impide-agentes-forestales-denunciar-delitos-ambientales.html

El ladrillazo llega de nuevo a los montes públicos. El Gobierno ha dado luz verde a la nueva Ley de Mon­tes, cuyo texto se aprobó en el Con­sejo de Ministros del pasado 9 de febrero, que introduce reformas como la posibilidad de construir en los montes quemados o la retirada de las atribuciones que tienen los más de 6.400 agentes forestales para vigilar, investigar y llevar a los tribunales los delitos ambientales, entre otras novedades.
“El PP ha trabajado rápido estos cuatro años. En materia medioambiental, [Miguel Arias] Cañete y ahora la ministra [Isabel García] Te­jerina han sido capaces de cargarse toda una legislación ambiental protectora con más de 20 años de trayectoria por una serie de leyes desreguladoras que eliminan ‘las trabas ambientales’: la Ley de Costas, la Ley de Parques Naturales, ahora la Ley de Montes y todavía falta otra antes de que acabe la legislatura, la Ley de Patrimonio Natural. No es un accidente, es la línea de este Gobierno de desregularizar y privatizar”, afirma Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción.
Razones imperiosas
Aunque el Ministerio de Agricul­tu­ra, Alimentación y Medio Ambi­ente señala que la Ley de Montes va a “contribuir a la conservación de la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales, la lucha contra el cambio climático y el aprovechamiento económico de los montes”, en su artículo 50 se refiere al cambio de uso del suelo forestal a urbanístico en montes quemados en el caso de que existan “razones imperiosas de interés público”. Y deja en manos de las comunidades autónomas la recalificación de esos montes.
Oberhuber explica a este periódico que “la experiencia nos indica que las administraciones ya están justificando ese interés para hacer urbanizaciones o complejos de ocio en zonas protegidas”. El responsable de Ecologistas en Acción se refiere a las normativas a medida que estos años han aprobado gobiernos autonómicos bajo la premisa del "interés general", y en contra de las normativas estatales de protección, que han autorizado proyectos especulativos en espacios naturales como la Ciudad del Medioambiente (Soria), urbanización Isla Valdecañas (Cáceres), Meseta Sky (Valladolid), San Glorio (Palencia), Puerto de Granadilla (Tenerife) o Marina Cope (Murcia), entre otros muchos, aunque algunos se han conseguido parar en los tribunales.
Oberhuber argumenta que no era necesaria la modificación de la Ley de Montes (2003) porque precisamente se introdujo tres años después de su aprobación la prohibición de construir en montes quemados para "prevenir los incendios y protegerlos de la especulación".
Por su parte, Miguel Ángel Hernández, responsable de biodiversidad de la misma organización y portavoz del grupo ecologista en Castilla-La Mancha, señala que: "Hecha la ley, hecha la trampa. Tal y como está redactado el artículo 50 se deja abierto a la interpretación de los políticos el interés público, y ya tenemos experiencia...", se lamenta.
Para Hernández, esta reforma de la nueva Ley de Montes,  en el caso de Castilla-La Mancha, "es clarísimamente un castigo contra los agentes forestales y medioambientales, porque son los que han denunciado muchos delitos graves en grandes fincas de terratenientes", explica. Además, en esta comunidad autónoma el PP está a punto de aprobar la Ley de Caza, que permite cerrar los montes al acceso público para para llevar a cabo cacerías, cierre de caminos públicos, matar a animales lanceados,  etc.
"Todo atado y bien atado"
"Es como si el PP quisiera dejar todo atado y bien atado. Es dar la puntilla al medio ambiente. En Canarias nos va a afectar gravemente, unido a dos leyes autonómicas que se acaban de aprobar en nuestro territorio como son el fin de la moratoria turística [la prohibición de construir más hoteles] y la moficación del uso del suelo rústico", explica Fran Castro de la organización ecologista Ben Magec de Canarias, donde los terrenos quemados de La Gomera podrían urbanizarse si la nueva Ley de Montes prospera.
Fue en 2006, durante el mandato de Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente (2004-2008), cuando se incorporó la prohibición de construir en montes quemados hasta pasados 30 años, debido al gran número de incendios provocados. El escándalo de corrupción Terra Mítica (Benidorm) es un ejemplo. De monte público, tras un incendio intencionado en 1992, a complejo de ocio, hotelero y un sin fin de urbanizaciones. Similar suerte corrió el Monte Abantos, en El Escorial (Madrid), tras ser arrasado por las llamas en 1999.
  
Sin policía ambiental
Pero la Ley de Montes acaba también con las competencias que desde hace años tienen los agentes forestales, que dejan de ser “agentes de la autoridad” según el artículo 58. “Esta ley dice ahora que no tenemos que redactar atestados y que pasamos a ser auxiliares de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se elimina nuestra condición de funcionarios. Se nos humilla y se nos degrada. Esto no estaba especificado en el borrador de la ley que se publicó hace meses. Además, son modificaciones que se han introducido sin exposición pública y se nos priva del derecho a presentar alegaciones”, explica a Diagonal Luis Díaz, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales.
A esta modificación se oponen todos los grupos ecologistas, sindicatos y los colegios profesionales de biólogos e ingenieros forestales. “Tam­bién tenemos el compromiso de todos los grupos políticos de la oposición de anular la ley en la próxima legislatura”, explica Díaz.
Funcionarios sin jerarquías
Sobre la calidad del trabajo de estos agentes medioambientales, Oberhu­ber señala: “Son profesionales independientes que conocen y vigilan el campo. Esta medida es un ataque a su trabajo. Molestan porque tocan a los amigos del Gobierno”. Por su parte, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo agradece en sus informes anuales la profesionalidad de los atestados de estos agentes.
Sin el trabajo de los forestales no se hubieran destapado casos ante los que la Administración ha hecho la vista gorda, como la construcción ilegal de un chalet en el Parque Nacional de Cabañeros de la familia Aznar-Oriol, que además se ha construido dos campos de polo sin autorización en otra finca de su propiedad situada en un espacio protegido del Parque Regional del Río Guadarrama.
Los agentes forestales son los responsables de luchar contra los incendios, y cuentan con brigadas especializadas en construcciones ilegales, envenenamiento de especies, caza furtiva, expolio arqueológico, cierre de caminos públicos, vallados ilegales, etc. “Nosotros nos debemos a la naturaleza, al artículo 45 de la Cons­ti­tución que dice que el ciudadano tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”, dice Díaz.
Con la nueva Ley de Montes no van a poder denunciar delitos ambientales, algo que sólo podrá hacer el Servicio de Protección de la Natu­raleza (Seprona) de la Guardia Civil, que cuenta con cinco veces menos efectivos. “No tenemos nada contra la Guardia Civil, trabajamos de forma coordinada. Los sindicatos de Policía y Guardia Civil se oponen también a la Ley de Montes. Pero la diferencia es que los agentes forestales y ambientales no tenemos jerarquías”, señala Díaz. Los miembros del Seprona dependen del permiso de sus superiores para denunciar un delito, y en muchos casos las denuncias se paralizan antes de que salgan a la luz por una llamada de teléfono. Para el naturalista Joaquín Araújo esta ley es una vuelta al pasado, representa una “semimilitarización [del campo] bajo los cuerpos armados del Estado. Es un retroceso al primer franquismo”.
Además, los agentes forestales advierten de que esta Ley de Montes es el primer paso para privatizar la seguridad en el campo e introducir guardas jurados privados, como ya ha ocurrido en ministerios y otros lugares públicos. Al frente de algunas de esas empresas de seguridad privada se encuentran los hermanos Mayor Oreja (PP), e incluso el ministro de Defensa presidió en 2011 una empresa de seguridad privada a la que ha dado contratos públicos desde su ministerio.
Para el portavoz de los agentes forestales y ambientales la Ley de Montes del PP les retira sus funciones como agentes de la autoridad porque “en los últimos años hemos denunciado delitos cometidos por poderosos, grandes empresas, como las eléctricas o bodegas de cava, y con grandes fincas, algunas de familiares de políticos... Lo que quieren es que nos dediquemos a perseguir al ciudadano de a pie: al pequeño cazador que igual le va a caducar la licencia. Que estemos detrás de ese tipo de infracciones, pero las verdaderamente graves de ricos y terratenientes que no las investiguemos. Es una ley hecha a medida”, concluye Díaz.

- ADEMÁSLos agentes forestales molestan al PP
Molesta su compromiso con el oficio, su lealtad a la sociedad y su vocación de proteger nuestro patrimonio natural de los especuladores. Por: José Luis Gallego 13/3/2015

Hay profesiones que solo se pueden ejercer desde la vocación y el compromiso personal. Una de ellas es la de agente forestal o medioambiental. Nadie se hace agente forestal porque no le queda otra opción de empleo.
Nadie se levanta una noche de tormenta para acudir a rescatar a un perro abandonado si no ama a los animales como a sí mismo. Nadie, sin una vocación de servicio más allá de la que le exige la nómina, dedica sus fines de semana libres a vigilar el monte porque la amenaza de incendio es demasiado alta. Nadie que no se sienta íntimamente comprometido con la naturaleza llena el depósito del coche patrulla con su dinero o paga de su bolsillo los prismáticos con los que la vigila.
Nadie que no lo lleve en la sangre persigue a un cazador furtivo por mitad del bosque, amenazándolo con un boli y una libreta. Nadie se atreve a plantar cara a un alto cargo político y, desoyendo sus bravatas, denunciarlo por haber ampliado su casa de campo sin permiso o preparar una montería ilegal en su finca.
Sin embargo he sido testigo de esos casos de compromiso personal con la sociedad y con la naturaleza. Son muchos los agentes forestales y medioambientales que los realizan a diario en las diferentes comunidades de nuestro país, y lo hacen sin alzar la voz ni pedir nada a cambio, simplemente porque es su misión y porque, más que una profesión, la suya es una forma de vida. Por eso molestan.
Molesta su compromiso con el oficio, su lealtad a la sociedad y su vocación de proteger nuestro patrimonio natural de los especuladores. Molesta que no se presten a chanchullos ni negocios ajenos al cumplimiento de su deber, que es el de prevenir las infracciones y evitar los daños medioambientales. Molesta que lo hagan con la más alta profesionalidad y solo acaten lo que les exige la ley. Por eso han decidido cambiarla.
La vigente Ley de Montes concede a los agentes forestales y medioambientales la función de autoridad policial y judicial, otorgándoles la capacidad de realizar las inspecciones necesarias y tomar las pruebas que consideren oportunas de forma coordinada con los cuerpos y las fuerzas de seguridad del estado: policía autonómica, policía nacional y guardia civil. Algo que hasta la fecha ha venido sucediendo de manera coordinada y eficaz.
Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular ha decidido poner en marcha una reforma de la citada ley que incluye, entre muchas otras modificaciones que desvirtúan su carácter conservacionista, la de convertir a los agentes forestales y medioambientales en meros auxiliares de campo, simples apuntadores de la policía y la guardia civil, retirándoles la capacidad para realizar atestados y perseguir directamente los delitos contra la naturaleza y el medio ambiente.
¿Qué se pretende con ello? pues quitarse de en medio a los 6.400 agentes forestales que desde hace 140 años vienen custodiando el medio ambiente y defendiendo la naturaleza de quienes siempre han creído que el campo es su cortijo.
La Ley de Montes que prepara el PP es uno de los mayores ataques a este cuerpo de profesionales en su casi siglo y medio de historia. Por eso están en pie de guerra contra este Gobierno. La Asociación Española de Agentes Forestales y Medio Ambientales ( AEAFMA) que agrupa a todos sus miembros, ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para exigir al presidente Rajoy y a la ministra García Tejerina que el nuevo Proyecto de Ley avale sus funciones como policía medioambiental y blinde sus actuales competencias. La petición cuenta con el respaldo de los sindicatos UGT y CCOO y de las principales organizaciones ecologistas: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF. Hasta la fecha llevan recogidas 13.778 firmas. Puedes darles apoyo aquí.
Asimismo han organizado una campaña de protesta en Twitter con el hastag #StopLeyMontesPP
La semana próxima celebran su congreso nacional, un encuentro que aprovecharán para mostrar su rechazo a una reforma que pretende apartarlos de toda investigación relacionada con los incendios forestales, los casos de envenenamiento, los vertidos incontrolados o las construcciones ilegales, entre muchas otras agresiones medioambientales. Unos delitos que “los forestales” llevan toda la vida persiguiendo y denunciando con la mayor eficacia: porque conocen el territorio mejor que nadie, saben quién es quién en el monte y no se arrugan ante los de corbata y barbour. Por eso molestan tanto a este Gobierno.