El pasado enero, seis organizaciones denunciaron la práctica "frecuente" de la tortura en España. Tras décadas de silencio generalizado, este delito está, poco a poco, dejando de ser un tabú en los medios de comunicación españoles.
http://www.eldiario.es/amnistiaespana/Guia-basica-tortura-Espana_6_357724242.html
http://www.eldiario.es/amnistiaespana/Guia-basica-tortura-Espana_6_357724242.html
Alberto Senante - Periodista en Amnistía Internacional
España 17/2/2015
¿De qué hablamos cuando hablamos de tortura?
El principal Tratado internacional sobre el tema entiende como tortura cualquier acto que "inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales". La finalidad debe ser la de obtener información, arrancar una confesión, o castigarla por algo que la víctima haya podido cometer, o intimidar a esa persona o a otras. El último requisito para hablar de tortura es que el autor debe ser un funcionario público, o alguien bajo sus órdenes.
España firmó este Tratado, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en 1985, y es de obligado cumplimiento en el país. Pero ya sabe, las normas internacionales de poco sirven si no hay voluntad para cumplirlas en cada país.
¿En España se tortura?
Sí, en España se tortura. Es una afirmación tan segura como "el cielo es azul" o "el sol sale por el este". Sin embargo, provocará la incredulidad de la mayoría de personas que la escuchen. En España se tortura, hay que repetirlo hasta el aburrimiento, porque es de las frases que menos queremos escuchar. Y menos quieren que escuchemos.
Olvídese de las primeras imágenes que nos vienen a la mente cuando se pronuncia esta palabra: descargas eléctricas, la bañera (simulacros de ahogamiento), alicates o latigazos. La tortura en España "juega con el horror, con el miedo, es sobre todo una tortura psicológica", sostiene Pau Pérez, asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. A veces, tan sutil como dar comida salada sin agua. Pero no solo: también se tiene constancia de agresiones injustificadas, palizas colectivas, violaciones...
¿Cuántos casos de tortura se producen en España?
La única respuesta posible ante esta pregunta es "no lo sé". Es más, es imposible saberlo. Seis organizaciones de derechos humanos defendieron el pasado enero en la jornada "Contra la Tortura" que su práctica en España no es "sistemática", pero sí "frecuente y generalizada".
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha recopilado más de 6.700 denuncias por malos tratos o torturas policiales en los últimos diez años. Y entre 2001 y 2012 se han registrado 752 condenas por algún tipo de violencia por parte de agentes de seguridad. Pero éste tampoco parece un dato definitivo, porque las denuncias por tortura y malos tratos apenas se investigan. Los testimonios de presuntas víctimas e incluso las pruebas médicas no suelen bastar ni siquiera para iniciar un juicio. "Parece que los juristas en España tienen alergia a admitir casos de tortura", afirmó durante la jornada Manuel Ollé, uno de los principales expertos españoles en el tema.
¿Quién tortura?
O si participas en protestas. Sobre todo si te juegas el tipo intentando parar un desahucio, o te quedas hasta el final de las manifestaciones. Como Marta (nombre ficticio, pasar por cosas así es lo que tiene), quien tras acudir a la "Marea Ciudadana" se encontró con un grupo que huía de la policía. “Uno de los antidisturbios me acorraló contra la puerta de un restaurante y me presionó el cuello con su brazo mientras me gritaba: 'asquerosa, que te he visto tirar piedras', a pocos centímetros de mi cara. Luego me agarró del cuello y me arrastró hasta la carretera”, relata María. El informe médico detalla contusión en la mejilla y abrasión de las rodillas.
Una vez en comisaría, Marta cuanta que le hicieron pasar mucho tiempo de cara a la pared. Cuando ya no pudo más, se dio la vuelta y le dijo al policía que sentía que se iba a caer. "¿Qué quieres, ¿agua o sexo?", fue la respuesta del agente.
Pero también te puede pasar como a Lucian, que te confundan con otro mientras vuelves a tu casa y acabes en una comisaría golpeado por todas partes y con una pistola en la boca. Porque nadie está a salvo de sufrir tortura cuando los que pueden cometerla se saben impunes
--- ADEMÁS: Publicado: 21.4.2015
http://m.publico.es/actualidad/1912645/denuncian-malos-tratos-y-torturas-en-carceles-espanolas
España 17/2/2015
¿De qué hablamos cuando hablamos de tortura?
El principal Tratado internacional sobre el tema entiende como tortura cualquier acto que "inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales". La finalidad debe ser la de obtener información, arrancar una confesión, o castigarla por algo que la víctima haya podido cometer, o intimidar a esa persona o a otras. El último requisito para hablar de tortura es que el autor debe ser un funcionario público, o alguien bajo sus órdenes.
España firmó este Tratado, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en 1985, y es de obligado cumplimiento en el país. Pero ya sabe, las normas internacionales de poco sirven si no hay voluntad para cumplirlas en cada país.
¿En España se tortura?
Sí, en España se tortura. Es una afirmación tan segura como "el cielo es azul" o "el sol sale por el este". Sin embargo, provocará la incredulidad de la mayoría de personas que la escuchen. En España se tortura, hay que repetirlo hasta el aburrimiento, porque es de las frases que menos queremos escuchar. Y menos quieren que escuchemos.
Olvídese de las primeras imágenes que nos vienen a la mente cuando se pronuncia esta palabra: descargas eléctricas, la bañera (simulacros de ahogamiento), alicates o latigazos. La tortura en España "juega con el horror, con el miedo, es sobre todo una tortura psicológica", sostiene Pau Pérez, asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. A veces, tan sutil como dar comida salada sin agua. Pero no solo: también se tiene constancia de agresiones injustificadas, palizas colectivas, violaciones...
¿Cuántos casos de tortura se producen en España?
La única respuesta posible ante esta pregunta es "no lo sé". Es más, es imposible saberlo. Seis organizaciones de derechos humanos defendieron el pasado enero en la jornada "Contra la Tortura" que su práctica en España no es "sistemática", pero sí "frecuente y generalizada".
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha recopilado más de 6.700 denuncias por malos tratos o torturas policiales en los últimos diez años. Y entre 2001 y 2012 se han registrado 752 condenas por algún tipo de violencia por parte de agentes de seguridad. Pero éste tampoco parece un dato definitivo, porque las denuncias por tortura y malos tratos apenas se investigan. Los testimonios de presuntas víctimas e incluso las pruebas médicas no suelen bastar ni siquiera para iniciar un juicio. "Parece que los juristas en España tienen alergia a admitir casos de tortura", afirmó durante la jornada Manuel Ollé, uno de los principales expertos españoles en el tema.
¿Quién tortura?
En
España hay tortura, ¿pero quién la práctica? Los casos de tortura se
producen casi exclusivamente cuando las víctimas se encuentran bajo
custodia del Estado.
La tortura se practica principalmente en los lugares donde la indefensión por parte de la víctima es mayor, por no decir total: espacios de detención tras manifestaciones, Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), o durante el régimen de incomunicación. Las sucesivas reformas penales siguen sin eliminar la posibilidad de que un detenido pase 13 días sin poder comunicar su situación a sus familiares, ni recibir visitas de médicos o abogados de su elección. Muchas veces sin cámaras y sin controles, estos escenarios son el mejor campo de juego para que un agente pueda tomarse la justicia por su mano. A veces de forma literal...
¿Para qué se tortura?
Los expertos apuntan a que cualquier tipo de tortura tiene el objetivo de que la víctima se sienta vulnerable. Esa debilidad puede perseguir una confesión, la venganza por hechos anteriores (aunque se confunda a los autores, como en los casos del documental Ciutat Morta), evitar denuncias sobre anteriores actos ilegales de los propios agentes. Pero en otros casos, parece que sencillamente no había más motivación para una agresión, una amenaza, un insulto, o una violación, que la voluntad de llevarla a cabo.
Y las autoridades, ¿persiguen la tortura?
Además de investigar con rigor los casos de tortura y malos tratos, la primera medida para prevenir este delito sería la instalación de cámaras de seguridad en los centros de detención. Esto permitiría además contradecir con facilidad las posibles denuncias falsas que puedan realizarse. Por tanto, la pregunta lógica es: ¿para qué les sirve no grabar lo que pasa en estos lugares?
Inocentemente, se podría pensar que un Estado que se considera democrático se avergüenza tanto de los casos de tortura que no puede aceptar su existencia, y de ahí la ocultación. Sin embargo, autoridades y jueces también impiden que se juzgue a posibles torturadores que actuaron durante el franquismo. El pasado septiembre un tribunal argentino solicitó la extradición de cuatro españoles, entre ellos el conocido como Billy el niño, acusados de crímenes de derecho internacional, entre ellos el de tortura. La respuesta por parte de la justicia española fue que los delitos habían prescrito, una motivación que podría desmontar un estudiante de primero de derecho.
Pero ninguna señal más clara de la falta voluntad de los diferentes gobiernos de luchar contra la tortura que los frecuentes indultos a los que afrontan una condena (y ya es difícil) por este delito. Cuatro mossos d'esquadra recibieron un doble indulto del Gobierno en 2012. El juicio probó que habían propinado una paliza, amenazaron e introdujeron una pistola en la boca a Lucian Paduraru, durante su detención y en el posterior traslado a comisaría. Fue ahí cuando se dieron cuenta que habían detenido, y agredido brutalmente, a la persona equivocada.
La tortura se practica principalmente en los lugares donde la indefensión por parte de la víctima es mayor, por no decir total: espacios de detención tras manifestaciones, Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), o durante el régimen de incomunicación. Las sucesivas reformas penales siguen sin eliminar la posibilidad de que un detenido pase 13 días sin poder comunicar su situación a sus familiares, ni recibir visitas de médicos o abogados de su elección. Muchas veces sin cámaras y sin controles, estos escenarios son el mejor campo de juego para que un agente pueda tomarse la justicia por su mano. A veces de forma literal...
¿Para qué se tortura?
Los expertos apuntan a que cualquier tipo de tortura tiene el objetivo de que la víctima se sienta vulnerable. Esa debilidad puede perseguir una confesión, la venganza por hechos anteriores (aunque se confunda a los autores, como en los casos del documental Ciutat Morta), evitar denuncias sobre anteriores actos ilegales de los propios agentes. Pero en otros casos, parece que sencillamente no había más motivación para una agresión, una amenaza, un insulto, o una violación, que la voluntad de llevarla a cabo.
Y las autoridades, ¿persiguen la tortura?
Además de investigar con rigor los casos de tortura y malos tratos, la primera medida para prevenir este delito sería la instalación de cámaras de seguridad en los centros de detención. Esto permitiría además contradecir con facilidad las posibles denuncias falsas que puedan realizarse. Por tanto, la pregunta lógica es: ¿para qué les sirve no grabar lo que pasa en estos lugares?
Inocentemente, se podría pensar que un Estado que se considera democrático se avergüenza tanto de los casos de tortura que no puede aceptar su existencia, y de ahí la ocultación. Sin embargo, autoridades y jueces también impiden que se juzgue a posibles torturadores que actuaron durante el franquismo. El pasado septiembre un tribunal argentino solicitó la extradición de cuatro españoles, entre ellos el conocido como Billy el niño, acusados de crímenes de derecho internacional, entre ellos el de tortura. La respuesta por parte de la justicia española fue que los delitos habían prescrito, una motivación que podría desmontar un estudiante de primero de derecho.
Pero ninguna señal más clara de la falta voluntad de los diferentes gobiernos de luchar contra la tortura que los frecuentes indultos a los que afrontan una condena (y ya es difícil) por este delito. Cuatro mossos d'esquadra recibieron un doble indulto del Gobierno en 2012. El juicio probó que habían propinado una paliza, amenazaron e introdujeron una pistola en la boca a Lucian Paduraru, durante su detención y en el posterior traslado a comisaría. Fue ahí cuando se dieron cuenta que habían detenido, y agredido brutalmente, a la persona equivocada.
¿Quién tiene más riesgos de sufrir tortura?
Algunos piensan que solo puedes ser torturado si estás acusado de terrorismo. Mohamed Mrabet Farsi fue detenido por este cargo en enero de 2006, cerca de Barcelona. Durante su detención en régimen de incomunicación no pudo llamar a su abogado. Denunció torturas y malos tratos, pero tanto el médico que lo examino como el juez de instrucción no hicieron ningún caso a estas quejas. Ante una denuncia similar de los miembros de ETA Gallastegi, Portu y Sarasola, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó la inocencia de los agentes antes de realizarse ninguna investigación. El Tribunal Supremo les absolvió después de una condena, utilizando como uno de los argumentos que los miembros de la banda recibían instrucciones de presentar denuncias falsas. No importó que otro tribunal hubiera concluido que en este caso no lo eran.
Puede
parecer que tienen más posibilidades los extranjeros sin papeles. Sobre
todo si pasan por los CIE. Y sobre todo si son mujeres. En Málaga,
siete funcionarios fueron detenidos tras una denuncia por abusos
sexuales contra las internas del "Capuchinos". El juicio se ha retomado
en enero 2015. Dos años antes se había suspendido para buscar a varias
de las posibles víctimas: habían sido expulsadas a sus países de
origen.Algunos piensan que solo puedes ser torturado si estás acusado de terrorismo. Mohamed Mrabet Farsi fue detenido por este cargo en enero de 2006, cerca de Barcelona. Durante su detención en régimen de incomunicación no pudo llamar a su abogado. Denunció torturas y malos tratos, pero tanto el médico que lo examino como el juez de instrucción no hicieron ningún caso a estas quejas. Ante una denuncia similar de los miembros de ETA Gallastegi, Portu y Sarasola, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó la inocencia de los agentes antes de realizarse ninguna investigación. El Tribunal Supremo les absolvió después de una condena, utilizando como uno de los argumentos que los miembros de la banda recibían instrucciones de presentar denuncias falsas. No importó que otro tribunal hubiera concluido que en este caso no lo eran.
O si participas en protestas. Sobre todo si te juegas el tipo intentando parar un desahucio, o te quedas hasta el final de las manifestaciones. Como Marta (nombre ficticio, pasar por cosas así es lo que tiene), quien tras acudir a la "Marea Ciudadana" se encontró con un grupo que huía de la policía. “Uno de los antidisturbios me acorraló contra la puerta de un restaurante y me presionó el cuello con su brazo mientras me gritaba: 'asquerosa, que te he visto tirar piedras', a pocos centímetros de mi cara. Luego me agarró del cuello y me arrastró hasta la carretera”, relata María. El informe médico detalla contusión en la mejilla y abrasión de las rodillas.
Una vez en comisaría, Marta cuanta que le hicieron pasar mucho tiempo de cara a la pared. Cuando ya no pudo más, se dio la vuelta y le dijo al policía que sentía que se iba a caer. "¿Qué quieres, ¿agua o sexo?", fue la respuesta del agente.
Pero también te puede pasar como a Lucian, que te confundan con otro mientras vuelves a tu casa y acabes en una comisaría golpeado por todas partes y con una pistola en la boca. Porque nadie está a salvo de sufrir tortura cuando los que pueden cometerla se saben impunes
--- ADEMÁS: Publicado: 21.4.2015
http://m.publico.es/actualidad/1912645/denuncian-malos-tratos-y-torturas-en-carceles-espanolas
VIGO.- La Comisión de Dereitos Humanos de Avogados Novos de Vigo, el Observatorio para a defensa dos dereitos e liberdades Esculca y otras organizaciones denuncian que en centros penitenciarios de España se está produciendo "vulneraciones de derechos humanos", entre las que han mencionado "malos tratos y torturas".
Así, las asociaciones han respaldado un comunicado conjunto, por el que reclaman "transparencia en la administración" y un "efectivo respeto a los derechos de las personas privadas de libertad", con lo que se favorezca la prevalencia del mandato constitucional de "rehabilitación y reinserción de la persona condenada".
En este sentido, han denunciado las "dificultades" a las que se enfrentan los abogados "en la defensa de los derechos de los presos", entre las que se han referido a que hay "dificultad para acceder a los expedientes penitenciarios".
El coordinador de la Comisión de Dereitos Humanos de Avogados Novos de Vigo, Raúl López, ha puesto como ejemplo de esta situación al preso de A Lama de 33 años, Javier Guerrero, quien lleva más de 130 días en huelga de hambre, desde el pasado 12 de diciembre, y que también llegó a iniciar varias huelgas de sed para reivindicar, "sobre todo, el cese de los malos tratos y torturas en las cárceles".
Raúl López ha asegurado que su defendido ha iniciado esta movilización por "conocimiento de compañeros que están sufriendo" este tipo de situaciones, que "él mismo ha sufrido". "No sólo son físicos, también psicológicos", ha afirmado el letrado, que ha recordado las huelgas de hambre iniciadas por otros presos por los mismos motivos.
En esta línea, ha señalado que Javier vincula una sanción que le impusieron en diciembre con una denuncia que presentó contra un funcionario por malos tratos a otro compañero de la cárcel. "Constatamos que presos que denuncian estos abusos y vulneraciones son represaliados, con sanciones y privaciones de otros beneficios", ha manifestado el letrado.
Tal y como ha comunicado su abogado, Javier está "muy mal de salud" y ha bajado unos 20 kilos a consecuencia de la huelga, aunque resiste "por su estado anímico, que es bueno". El letrado ha denunciado que Javier se encuentra en el hospital desde hace tres meses pero, desde entonces, no ha podido ver ni llamar por teléfono a ningún familiar o allegado y sus comunicaciones se han visto reducidas a la correspondencia o a través del propio abogado.
En concreto, el preso se ha propuesto como condición para dejar la huelga que "por fin haya resoluciones sobre las revisiones de grado" de su condena. Así, aunque recurrió las resoluciones de las revisiones celebradas en mayo y noviembre, el pasado viernes conocieron que fueron desestimadas, por lo que ahora apelarán a la Audiencia Provincial. A mayores, el próximo mes Instituciones Penitenciarias volverá a revisarle el grado.
Además, con su huelga de hambre reclama también que se le quite una sanción impuesta por la institución penitenciaria en diciembre, por no tener etiquetado un discman que él ha aseverado que era propiedad de un compañero de prisión, por la que se le han suspendido permisos y beneficios. Por esta cuestión, tendrá que acudir a un acto administrativo que, si no prospera, ha adelantado el abogado, será recurrido en los juzgados.
El abogado del recluso ha defendido que "porque empiece procedimiento sancionador no deberían paralizar los permisos", los cuales son "necesarios para la rehabilitación del preso, que es lo que la Constitución dice que es lo importante en la ejecución de la pena". "Hay presos que cumplen la condena totalmente, lo que según el ordenamiento va en detrimento del preso y la sociedad, porque lo que se pretende es que tengan posibilidades, responsabilidades y demás, afianzados paulatinamente", ha rematado.
El abogado ha explicado que Javier es un preso común que entró en la cárcel a finales de 2004 por delitos relacionados con la salud pública y el patrimonio. Tiene fijada la libertad total para 2020, a lo que hay que reducir tres años por preventivas aplicables, con lo que su condena finalizaría a principios de 2017.
Con ello, ha comentado que Javier ha cumplido dos tercios de su condena, que ascendería a tres cuartos al aplicarse estas preventivas. Por lo que se encontraría "en condiciones de pedir el tercer grado e incluso la libertad condicional", a lo que se suma que también tiene "contratos en firme" que le permiten trabajar en cuanto salga de prisión.
..................................................
No hay comentarios:
Publicar un comentario