El Consejo de Ministros aprueba un anteproyecto de ley con el que busca reforzar el control público de hospitales y centros sanitarios y vetar los modelos de concesión privada.
El texto tiene por delante un recorrido parlamentario complejo, condicionado por los apoyos al Gobierno, lo que podría dificultar su aprobación definitiva.
Manifestantes durante una concentración ante el Hospital de Torrejón, a 12 de diciembre de 2025.
Durante décadas, la sanidad pública española ha ido cediendo terreno a la gestión privada. Ahora, el Gobierno busca ponerle freno a esta deriva. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley con el que busca reforzar el control público de hospitales y centros sanitarios y vetar los modelos de concesión privada.
Así, el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud cerraría la puerta a nuevos modelos concesionales como el que está operativo en el Hospital de Torrejón. Este centro se vio envuelto en una polémica, el pasado diciembre, tras filtrarse audios del CEO de Ribera Salud -empresa que gestiona el hospital- en los que daba instrucciones para alargar las listas de espera y priorizar a pacientes "rentables".
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha definido la medida como un "triunfo de la sociedad civil" que va a "proteger" y "blindar" la sanidad "de las garras especuladoras y privatizadoras". Si bien, al texto aún le queda por delante un recorrido parlamentario complejo, estando condicionado por los apoyos al Gobierno, lo que podría dificultar su aprobación definitiva o diluir algunos de sus elementos más ambiciosos.
Tras conocerse el anuncio, las primeras reacciones han llegado. Mientras la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) lo considera "una bocanada de aire" para frenar la "privatización desbocada", la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo ha criticado con dureza y ha acusado al Gobierno de querer "acabar con la sanidad madrileña".
El elemento central de la norma es la consolidación de la gestión directa como modalidad preferente de prestación sanitaria pública. Para ello, el anteproyecto contempla la derogación de la Ley 15/1997, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, que permitió la entrada de fórmulas de gestión privada en el Sistema Nacional de Salud y que ha servido de base legal a la mayoría de los procesos privatizadores impulsados por los gobiernos autonómicos.
Ayuso, que ha financiado el sistema de "libre elección" sanitaria invirtiendo millones de euros destinados a cubrir deudas con las empresas de la sanidad privatizada -en su mayoría del gigante sanitario Quirón-, ha denunciado que con esta medida el Ejecutivo pretende imponer su modelo sobre la Comunidad de Madrid, amenazando la colaboración público-privada que, a su juicio, garantiza la excelencia sanitaria y el empleo. "Quieren acabar con la Fundación Jiménez Díaz y decirle a los pacientes que se equivocan al elegir estos hospitales", ha afirmado, alertando de que la región podría verse empujada "a la revolución prácticamente, a que nada funcione".
Sin embargo, desde la FADSP llevan años alertando de las consecuencias de la privatización. Su portavoz, Sergio Fernández, advierte de que este modelo "aumenta de manera exponencial los costes en la atención sanitaria, deteriora los centros públicos y deriva fondos hacia el sector privado", generando lo que define como "el círculo vicioso de la privatización". A su juicio, el impacto va más allá de la eficiencia económica y se traduce en un empeoramiento de la atención sanitaria y de la salud de la población. "Hay muchísimas evidencias que señalan que la privatización mata, es decir, que aumenta la mortalidad evitable", afirma en conversación con Público.
Fernández también pone el foco en el papel de las comunidades autónomas y recuerda que el grado de privatización es desigual en cada una de ellas, situando a Madrid, Balears y Catalunya entre las regiones con mayor derivación de fondos públicos al sector privado. En este sentido, advierte de que sin una financiación suficiente "es muy difícil potenciar la atención primaria, incrementar el número de camas, mejorar las condiciones laborales de los profesionales y frenar las privatizaciones".
"El deterioro de la sanidad pública, entendiendo como deterioro la infrafinanciación y falta de políticas públicas, forma parte esencial de las políticas privatizadoras fundamentalmente del Partido Popular. Siendo la privatización uno de los problemas de salud pública más importantes de España", denuncia.
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Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha defendido que los servicios privados en la sanidad deben limitarse a casos puntuales como complemento cuando la atención pública carezca de capacidad, y no deben convertirse en un modelo integral de asistencia. El sindicato ha resaltado que los servicios públicos de calidad son "fundamentales" y que "un sistema público fuerte es la mejor opción para todos".
Transparencia, rendición de cuentas y control público
El modelo de concesión privada no dejaría de existir, sino que pasaría a ser una excepción, permitiéndose "cuando no sea posible la prestación directa, se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y se cumplan requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio", señala el Ministerio.
En el caso de los hospitales de gestión privada integrados en la red pública con una concesión vigente, como los del grupo Ribera o Quirón, la ley no puede romper el contrato pero en cuanto se termine impediría nuevas concesiones y limitaría los conciertos sanitarios a situaciones debidamente justificadas y cuando no haya alternativa pública. "No hay efecto retroactivo por no ser constitucional, pero sí se cierran las puertas a su expansión. A partir de ahora, estos centros estarán sometidos a una evaluación estricta y al mismo escrutinio público que uno de gestión directa", sostienen fuentes del ministerio de Sanidad.
La norma también prohíbe los contratos en los que la empresa privada se encarga de construir el hospital y se queda también con la gestión del centro. "El modelo de construir un hospital y explotarlo 20 o 30 años como si fuera una autopista queda fuera del sistema", aseguran las mismas fuentes.
El anteproyecto ahonda en la transparencia, la rendición de cuentas y el control público sobre la prestación de servicios sanitarios y fija mecanismos para asesorar a las instituciones que aborden procesos de reversión de la privatización. "Recuperar lo público pasa a ser una opción normal y segura, no una carrera de obstáculos jurídicos", detallan.
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Además de derogar la ley de 1997, el anteproyecto modifica el artículo 67 de la ley General de Sanidad de 1986 e introduce una cláusula en la ley de contratos del sector público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en casos de empate. Los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, y se aplicará la nueva normativa a los procedimientos futuros.
Miguel Barrueco, catedrático emérito de Medicina de la Universidad de Salamanca y parte de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, señala a Público que la medida es positiva pero "habrá que ver el desarrollo normativo para comprobar si de verdad evita la persistencia de puertas a la asistencia privada".
Organizaciones de pacientes y productos sanitarios
El Ministerio también reconoce por primera vez a las organizaciones de pacientes de ámbito estatal como interlocutoras ante la Administración General del Estado, dada la inexistencia previa de un marco legal específico para su participación institucional.
La norma garantiza también su "participación real" en los órganos de gobernanza del Sistema Nacional de Salud, define también sus derechos y prevé instrumentos específicos como el Censo Estatal de Organizaciones de Pacientes, cuyo desarrollo será objeto de regulación posterior. "Los pacientes estarán presentes en estrategias, planes, evaluación de tecnologías, investigación clínica y políticas sanitarias. No al final del proceso, sino cuando se puede decidir y cambiar", apunta el Ministerio.
La medida regulará también el procedimiento de financiación selectiva de los productos sanitarios en la prestación farmacéutica para pacientes no hospitalizados, adaptando la fijación de precios de estos productos a las necesidades actuales del Sistema Nacional de Salud y priorizando criterios de eficiencia, sostenibilidad y valor clínico. "Por primera vez se establece un procedimiento transparente para decidir qué productos se financian y en qué condiciones, solo se pagará con dinero público lo que aporta valor real en salud", señalan desde Sanidad.
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