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La grotesca actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid llamando a la rebelión contra la subida del IVA es una de esas solemnes tonterías que contribuyen a que la clase política esté subiendo puestos en la escala de las preocupaciones ciudadanas. No se puede estar al mismo tiempo repicando y en el coro ni ser, a la vez, gobernante e insurgente, ya que ello es una absoluta contradicción en sus términos. Pues la rebelión es uno de los raros privilegios reservados en exclusiva al pueblo. Y si no, consulten la historia de las Declaraciones de los Derechos Civiles.
Historia que comienza el 12 de junio de 1776, cuando los representantes del buen pueblo de Virginia, reunidos en convención plena y libre, hicieron pública Declaración de los derechos que pertenecen a ellos y a su posteridad como base y fundamento de su Gobierno.
-- Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados; en esencia, el gozo de la vida y la libertad, junto a los medios de adquirir y poseer propiedades, y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad.
-- Que todo poder reside en el pueblo, y, en consecuencia, deriva de él; que los magistrados son sus administradores v sirvientes, en todo momento responsables ante el pueblo.
Afirmando más adelante,
--Que cuando un gobierno resulta inadecuado o es contrario a estos principios una mayoría de la comunidad tiene el derecho indiscutible, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo de la manera que se juzgue más conveniente al bien público.
Copiada más o menos literalmente en Pensilvania, Delaware, Massachusets y Maryland, esta declaración inspiró la que, finalmente y redactada por Jefferson, se aprobaría en Filadelfia, el 4 de julio de 1776 como Declaración de Independencia de los trece Estados Unidos de América. Sirviendo asimismo de referente a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano promulgada en Francia el 26 de agosto de 1789.
En todas estas Cartas de derechos civiles, la acción de resistencia al Gobierno pertenece al pueblo, al que se considera legitimado para reaccionar contra una situación que se considera opresora o injusta. En la teoría política liberal, el concepto de «rebelión» (re bellum, de regressio ad bellum: «volver a la guerra») se asocia al pensamiento de John Locke (1632-1704) que afirma que los gobernantes, cuando actúan contrariamente al fin para el que fueron instituidos, están de hecho introduciendo un estado de guerra, deshacen los lazos sociales y destruyen la autoridad que les concedió la sociedad civil. En ese caso, al pueblo le está permitido combatir a los rebellantes.
La clase política española se desprestigia a marchas forzadas, hasta el punto de que en las encuestas de opinión pública realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas, los políticos son considerados como el tercero de los grandes problemas del país. Lo que no es de extrañar viendo ese espectáculo de estériles disputas en las que andan enzarzados los presuntos representantes del pueblo, supuestamente elegidos para resolver problemas, no para crearlos.
En ese teatro de las vanidades hueras, destaca la actuación tan activa como histriónica de Esperanza Aguirre, condesa de Murillo y presidenta de la Comunidad de Madrid. Que acaba de descolgarse con un llamamiento a la rebelión para que los madrileños se levanten contra la «letal» subida del IVA fijada por el Gobierno de Zapatero para la segunda mitad de este año.
No entraré aquí en las bondades o maldades de subir el IVA. Esa es una cuestión que puede y debe canalizarse a través de los correspondientes foros de debate. Lo asombroso y esperpéntico de este último episodio digno de la berlanguiana escopeta nacional es ver a una gobernante llamando a la rebelión ciudadana. Es el colmo del absurdo: de la misma forma en que no se puede estar al mismo tiempo repicando y en el coro, tampoco es posible ser, a la vez, gobernante e insurgente, ya que ello es una absoluta contradicción en sus términos. Pues la rebelión es uno de los raros privilegios reservados en exclusiva al pueblo.
Y así lo reconoce, en línea con la mentada doctrina lockeana, la Declaración de los Derechos Humanos promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. En esta Carta, se establecen los derechos y las libertades fundamentales para todos, resaltando el derecho a la vida, la libertad y la nacionalidad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a trabajar, a recibir educación y a participar en el gobierno. Y en su Preámbulo, la Declaración considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho «a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión».
Lo que, en buena lógica, significa que la rebeldía es legítima si el Gobierno de un Estado que la haya suscrito no cumple las garantías especificadas en la Carta. Esto adquiere plena vigencia en el momento actual en que los gobiernos neoliberales recortan brutalmente los derechos relativos a la protección y al bienestar social. Deberían ser los ciudadanos de Madrid los que, legítimamente, se rebelasen contra el desmantelamiento de los servicios públicos esenciales de la región, como la Sanidad. Pues en eso consiste la acción de gobierno impulsada por Esperanza Aguirre. Una condesa terrateniente metida a gobernante, que enarbola la bandera del neoliberalismo con tanta desfachatez como ausencia de principios. Sobre todo políticos, pues ella, en tanto que presidenta de una Comunidad Autónoma, forma parte de la estructura del Estado. Y por tanto, debería ser mucho más cuidadosa y menos lenguaraz para no protagonizar esos episodios en los que el lenguaje “se va de vacaciones y empieza a operar locamente, como una turbina que girase en el aire fuera de sus engranajes” (Wittgenstein, Philosophical Investigations). Observación que debo a Gregorio Peces-Barba, maestro en la teoría de los derechos civiles.
Las declaraciones de Aguirre han sido interpretadas también en clave de insumisión fiscal. Debe quedar claro que rebelión e insumisión no son la misma cosa: la rebelión generalmente utiliza el recurso de la fuerza, mientras que la desobediencia civil es una forma de protesta pacífica contra leyes o decisiones de la autoridad que el desobediente considera injustas o contrarias a su conciencia. O sea, que para desobedecer, una autoridad debería dejar de serlo, tal como hizo don Nicolás Salmerón, presidente de la I República española que dimitió para no verse obligado a que firmar una condena de muerte. La demagogia de Aguirre constituye un escarnio hacia la acción de quienes, desde H. D. Thoreau a Gandhi, desde Bertrand Russell a los insumisos al servicio militar obligatorio de nuestro país, padecieron prisión por ejercer, en toda su plenitud, la desobediencia civil.
Al final, parece que todo esto de la "rebelión" de Esperanza Aguirre, condesa de Murillo, baronesa política del Partido Popular y señorita Pepis de la teoría política, consistirá en organizar una serie de charlas informativas por los distritos, recogida de firmas en la calle, así como la celebración de numerosos actos de partido para pedir al Ejecutivo socialista que no suba el IVA. O sea, tanto ruido para anunciar una simple parida.
"Hay autores que en voces misteriosas
Estilo fanfarrón y campanudo
Nos anuncian ideas portentosas;
Pero suele a menudo
Ser el gran parto de su pensamiento,
Después de tanto ruido sólo viento." Félix María Samaniego, El parto de los montes
Caminante dijo... 22 de marzo de 2010 16:21
La actuación de la Espe... sería chistosa si no fuera por el gran daño que causa a la Comunidad madrileña cargándose -o queriendo- la sanidad, la Educación -idem-, las Ayudas Sociales... Una gran pena que sea mujer, por el descrédito que nos otorga.
Besicos ciudadano...
PAQUITA
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