Asesinato Legal de Granado y Delgado: Paco Marcellán

Introducción: Paco Marcellán www.cgt.es/granadoydelgado/intro/intro.html

“Significo a V. I. haber dispuesto todo convenientemente y haber dado cumplimiento a la sentencia a las cinco horas del dia de hoy, sin novedad. Dios guarde a V. I. muchos años”.

Con esta escueta y administrativa frase de fecha 17 de Agosto de 1963 el director del penal de Carabanchel comunicaba al magistrado titular del Juzgado Especial Nacional de Actividades Extremistas la ejecución de dos penas de muerte en la España de los 24 años de Paz. Por si hubiera duda acerca del método utilizado, el médico oficial de la prisión indicaba el fallecimiento de Joaquín Delgado Martínez y Francisco Granado Gata “como causa inmediata asistolia y causa fundamental traumatismo bulbar”. Tras todo ello se ocultaba el ajusticiamento a garrote vil (una práctica de asesinato legal en la España negra de la dictadura franquista) de dos militantes libertarios a lo que se les acusaba de colocar artefactos explosivos en los edificios del Ministerio de la Gobernación y de los Sindicatos Verticales en el verano de 1963.

El hecho de reivindicar su memoria en estas páginas de ROJO y NEGRO responde a la necesidad de reparar una profunda injusticia derivada de tres hechos:

El asesinato legal de dos inocentes, una vez que los autores de esa acción han reconocido su autoría públicamente y con posterioridad (en un programa emitido el 4 de Diciembre de 1996 por la cadena de televisión franco-alemana ARTE así como ante notario). Las pruebas utilizadas en su momento para encausarles no resistían ningún contraste plausible pero el principio de “castigar y amedrentar” con la mayor publicidad posible a través de una prensa que era la voz de su amo cumplió el objetivo marcado: En una dictadura, el que se mueve sale en la foto como cadáver o no sale porque ha debido partir al exilio. Argentina, Chile, Uruguay nos dieron pruebas recientes de esta práctica autoritaria en la que los militares han sido auténticos expertos.

El borrón y cuenta nueva que supuso la Transición en nuestro país, a costa de olvidar a cualquier precio el pasado por aquello de “no reabrir las viejas heridas”. La respetabilidad adquirida por algunos en relación con su pasado franquista y autoritario (D. Manuel Fraga ejercía de Ministro de Información y Turismo en el año 1963) no abría la posibilidad de una revisión que posibilitara el “nunca más” de las prácticas dictatoriales. De nuevo aquellos lodos han generado los barros por los que nos estamos moviendo en este país a lo largo de la última década y en el que el revisionismo histórico está alcanzado cotas inimaginables.
Un olvido que ha acarreado la asepsia a la hora de reconocer la contribución de los represaliados en la lucha por la libertad durante esos oprobiosos años.
Ya durante el gobierno socialista y agudizadas durante el del PP, las resistencias a reparar moral y económicamente a los afectados y sus familiares han alcanzado niveles surrealistas.

En el caso de Granado y Delgado, la vía legal iniciada a través del recurso de la sentencia a la Sala Quinta (de lo Militar) del Tribunal Supremo puso de manifiesto la continuidad de los criterios jurídicos de una dictadura y el periodo constitucional en la argumentación de la Sala para denegar el recurso. En palabras pronunciadas en la conferencia anual Ramón Pérez de Ayala organizada por la Universidad de Southampton el pasado 13 de Marzo por alguien tan poco sospechoso de criticismo constitucional como Juan Luis Cebrián, el que el poder judicial franquista haya podido sobrevivir hasta hoy la primera Transición (postfranquista) y la alardeada segunda Transición (postsocialista) es una buena prueba de que los excesos acríticos del consenso político no contribuyen a la limpieza del patio judicial y a la depuración de responsabilidades políticas de la dictadura. Por otra parte, los ritmos del Tribunal Constitucional para resolver el recurso de amparo no permiten augurar una sentencia a corto plazo y la vía de la denuncia ante la opinión pública aparece condicionada por la actitud de unos medios de comunicación más interesados en elogiar el presente que en revisar los errores del pasado.

El drama humano de Pilar Vaquerizo, viuda de Francisco Granado, reivindicando la memoria de su compañero y solicitando ante diversas instancias el reconocimiento público y económico de su asesinato legal ha topado con la frialdad normativa tanto en la Asamblea de la Comunidad de Madrid como en el Parlamento. Argucias jurídicas como la situación de prisión inferior al tiempo especificado por la ley (parece que el ajusticiamiento de Delgado y Granado a los 17 días de ser detenidos fue una frivolidad de los interesados frente a la posible estancia en las “cómodas” prisiones franquistas durante un periodo no inferior a tres meses), el juego de intercambio de competencias (que si es atribución del gobierno regional o el de la nación), la indecisión de los grupos parlamentarios para divulgar estos temas ante la opinión pública y extrapolarlos del marco parlamentario, la escasa capacidad de respuesta por parte del movimiento libertario a la hora de reivindicar (sin intermediarios interesados) su historia en la lucha antifranquista nos obligan como CGT a levantar nuestra voz y recuperar la memoria de todos los hombres y mujeres que prefirieron luchar a vivir de rodillas ante la dictadura. El ejercer el derecho efectivo a las reparaciones jurídicas, sociales y económicas para los supervivientes y sus familiares y la divulgación de su contribución en la defensa de una sociedad de individuos libres e iguales debe ir paralela a nuestra lucha aquí y ahora por una sociedad más libre y solidaria. Estas páginas pueden servir de muestra de nuestro compromiso con la recuperación de la memoria histórica frente a la interesada desmemoria del pensamiento acomodaticio y único que nos domina.