Los jueces que eluden investigar el franquismo...

Memòria Repressió Franquista de Jordi Graug (o Jordi Grau G.) Bloc destinat a la informació sobre les atrocitats del Franquisme, no solament durant la Guerra sinó durant els quaranta anys de Victòria sobre el Poble Espanyol -se entiende sin traducción alguna-.

José Cabañas: ´Los jueces que eluden investigar el franquismo incurren en prevaricación. Escrito por: jordigraug el 24 Nov 2010 lacomunidad.elpais.com/jordigraug/2010/11/24/jose-cabanas-los-jueces-eluden-investigar-franquismo

La Opinión A Coruña. Autor de 'La Bañeza 1936. La vorágine de julio'
´Los jueces que eluden investigar el franquismo incurren en prevaricación´ José Cabañas: "El Gobierno ha dado un trato justo a las víctimas del terrorismo pero poco ha hecho por los represaliados". "Los políticos se mueven por la presión del movimiento de la memoria"

Hasta el momento, ninguno de los seis juzgados gallegos en los que el juez Baltasar Garzón delegó las investigaciones del franquismo -Aranga, Mondoñedo, Portomarín, Baiona, O Porriño y San Andrés de Xeve- han acatado el requerimiento del magistrado. Para el historiador José Cabañas, que mañana presentará 'La Bañeza 1936. La vorágine de julio' en la Casa Museo Casares Quiroga de A Coruña, los jueces que no investigan los 'paseos' del régimen de Franco pueden incurrir en "prevaricación"

R. PRIETO A CORUÑA -¿Cómo surgió el libro La Bañeza 1936. La vorágine de julio?

-Siendo descendiente, nieto y sobrino, de dos de las 17 víctimas del franquismo habidas en mi pueblo. Jiménez de Jamuz, desde el interés particular y familiar en saber de lo sucedido a los tuyos vas entrando en el interés colectivo, pasando de la memoria particular a la pública. Vas conociendo la falsificación histórica perpetrada y el silencio, el desconocimiento y el olvido de lo sucedido y empiezas a sentir la necesidad de contar lo que vas descubriendo. Como por ejemplo que entre los muchos represaliados con prisión de aquella tierra estaba un coruñés de Arzúa, Manuel Saavedra Carril, de 44 años, casado, médico de Villamontán de la Valduerna. Es un intento de restaurar en lo posible la verdad y poner en su merecido y justo lugar la bonhomía de las víctimas y la desfachatez de los verdugos.

-La ley de memoria histórica aprobada hace ya tres años, ¿ha sido suficiente?

-Ha sido y sigue siendo insuficiente, aunque ha supuesto un paso en el camino. Insuficiente también desde el punto de vista comparativo con el trato dado a las otras víctimas, a las de la violencia republicana, y de la equidad entre unas y otras víctimas. Y también con el justo y adecuado tratamiento dado a las actuales víctimas del terrorismo y lo poco que se ha hecho hasta la fecha por las víctimas del terrorismo de Estado que sin duda fue la violencia del franquismo. Hay deficiencias estruendosas, como que todavía queden tantos asesinados en las cunetas y tantas injustas e ilegítimas sentencias de la justicia al revés del franquismo sin anular.

-De no haber sido por la investigación de los historiadores y colectivos de la memoria histórica, ¿habría habido esta ley?

- La ley y las actuaciones de los políticos han ido siempre a remolque y movidas por la presión y las reivindicaciones del movimiento de memoria.

-¿El Gobierno debería asumir la exhumación de las fosas?

-Desde luego. Y no solo por que el franquismo recuperó y honró a sus víctimas con medios y dinero público en un escenario de atroces penurias en los años de la posguerra sino también por las de la legislación internacional en derechos humanos y de las víctimas de sus incumplimientos.

-Para los que no están de acuerdo con la apertura de fosas, investigar el pasado solo abre heridas.

-De ningún modo. Quienes venimos participando desde hace años en exhumaciones de víctimas del franquismo solo encontramos en los familiares de tales víctimas sentimientos de perdón a los victimarios, de piedad, sentimientos de humanitarismo como es el de enterrar dignamente a los muertos, y sensaciones de serenidad y de sosiego personal y familiar después de cerrar con ellas una etapa dolorosa y un duelo por sus deudos suspendido e irrealizado por tantos años. Nunca hemos visto en nadie el más leve sentimiento de revancha, ni siquiera de resentimiento. Las exhumaciones no abren heridas, sino que vienen a cerrar las sangrantes que por mucho tiempo han permanecido y permanecen en tantas familias de represaliados del franquismo.

-¿Cuándo darán por cerrado este capítulo de la historia de España?

-Cuando se puedan dar por cumplidas, al menos en un grado suficiente, las exigencias que la legislación internacional en derechos humanos señala para situaciones históricas como las que se dieron en nuestro país: las de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Es decir, cuando de modo suficiente se de a conocer la verdad de lo sucedido; las sentencias de la injusticia del franquismo sean anuladas, y no quede ni un solo asesinado en nuestros montes y cunetas.

-Los juzgados territoriales de Galicia en los que Garzón ha delegado la investigación de las desapariciones del franquismo han dado carpetazo a los asuntos. ¿Qué le parece que ningún juzgado gallego haya abierto investigación por estos hechos?

-Cuando en Galicia y en cualquier otro lugar se exhuma una fosa común y aparecen unos restos humanos con signos de violencia, la justicia viene habitualmente, y salvo contadas excepciones, incumpliendo la obligación de intervenir con una investigación sobre los hechos que dieron pie a la existencia allí de dichos restos que señala la ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto sí que pudiera suponer prevaricación por parte de quienes desde los juzgados competentes omiten tales actuaciones. Por el contrario, la Justicia de nuestro país ha encausado por prevaricación al único juez que tímidamente y con mesura pretendió abrir un proceso por la represión franquista.

-¿La Audiencia Nacional debería investigar estos hechos o se trata de un delito que ya prescribió?

-La Audiencia Nacional o la Instancia que corresponda de la Justicia española debería de hacerse cargo de la investigación de unos hechos delictivos que serían imprescriptibles y no amnistiables, por serlo de genocidio y de lesa humanidad. Tal es la tesis que han mantenido y mantienen muchos y muy reconocidos juristas como Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo; Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional, o Jiménez Villarejo, ex fiscal general.