Daniel López Marijuán 14/05/2023
La patronal Aqua España, en la que están Aqualia, Acciona o Sacyr, posee un canal privilegiado para orientar las inversiones. El mantra de la colaboración público-privada encubre la subordinación a los intereses empresariales
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La sequía en la que ya estamos de nuevo inmersos, agudizada por los embates del cambio climático, ha venido a desatar otra vez las guerras del agua. Frente a unas perspectivas de una menor disponibilidad de este recurso vital, tenemos tres opciones para resolver o al menos minimizar el problema: reducir las demandas, aumentar la eficiencia en su gestión y multiplicar la oferta. La respuesta de las Confederaciones Hidrográficas, que acaban de aprobar el tercer ciclo de planificación 2022-2027, se dirige a la última opción de manera preferente, incrementando las obras hidráulicas, trasvases y desaladoras sobre todo, sin acometer el compromiso básico para una gestión sostenible del agua: reducir la superficie de regadío, responsable de más del 85 % del consumo hídrico en España.
Además, la maldición de la eficiencia también se cumple aquí: mejoras en el aprovechamiento de los recursos de agua disponibles desatan nuevas demandas para continuar con los consumos anteriores. De los sistemas de riego, goteo, aspersión y a manta, el primero es el más eficiente, pero también reduce los retornos a ríos y acuíferos para poder mantener caudales ecológicos. Cultivos altamente eficientes, como son los invernaderos bajo plástico del Poniente almeriense o los frutos rojos de Huelva, devuelven nada a las escorrentías, además de sufrir el talón de Aquiles de la disponibilidad del agua.
Así como somos conscientes del poder omnímodo que tiene el lobby energético a la hora de dictar las políticas de suministro eléctrico y de hidrocarburos, es mucho menos conocido que también estamos a merced de otro lobby poderoso, el de las grandes (en tamaño) empresas del llamado ciclo integral del agua, las que ofertan las infraestructuras de aducción y de saneamiento, gestionándolas también en muchos casos. La patronal Aqua España, en la que están Aqualia, Acciona, Sacyr…, dispone de un canal privilegiado para seguir orientando las inversiones en materia de aguas. Las posibilidades para los colectivos sociales de influir en estas políticas en los consejos consultivos y las mesas del agua palidecen frente a la capacidad de influencia de estos sectores, al igual que ocurre con las asociaciones de regantes. El mantra de la colaboración público-privada encubre una real subordinación de la planificación y de la gestión del agua a los intereses privados de estas empresas.
De los cuatro millones y medio de hectáreas de regadío que existen en España, una parte de ellas son insostenibles, por no poder asegurar el suministro hídrico en escenarios de déficit de agua que pueden llevarnos al colapso hídrico. Necesitamos por tanto un programa para recuperar cultivos tradicionales y sistemas de manejo agrícola que combinen, por ejemplo, rastrojeras-leguminosas-cereal-barbecho y girasol, de forma que los requerimientos de agua disminuyan. Estos métodos son mucho menos rentables y generan menos valor añadido que el regadío intensivo, por lo que tanto las administraciones europeas (Política Agraria Común) como las estatales y autonómicas tienen la obligación de remunerar estas prácticas agroambientales, que reducen la carga química de pesticidas y abonos, necesitan menos agua y fijan población en el medio rural. La política suicida de potenciar cultivos con alta demanda de agua –frutos rojos, cultivos tropicales, olivar intensivo, viñedo de regadío…– no es que no tenga futuro, ni siquiera asegura el presente (...)
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