Parece que el campo está en venta. Así lo entiende el capitalismo financiero poniendo sus objetivos en el medio rural fomentando métodos industriales tanto en la agricultura como en la ganadería. Una agroindustria que no solo daña al medio ambiente sino que repercute muy negativamente en la viabilidad del propio sector agrario.
Ya hace casi una década, los grandes Fondos de Inversión fijaron su mirada en las muy fértiles tierras de California con viñedos muy rentables, una mirada que se ha extendido a nuestro país, especialmente en los últimos años, cuando estos grandes Fondos, antes muy interesados en el sector inmobiliario, han pasado a la adquisición de compañías del sector agrícola e incluso al arriendo y compra directa de suelos de cultivo.
A nivel mundial hay más de 900 fondos de inversión especializados en el sector agroalimentario, mientras que hace 15 años apenas superaban el centenar. El 50% de las operaciones todavía se concentra en Norteamérica, pero Europa cada vez atrae a más gestores por su geografía, y en España se espera que el interés inversor continúe al alza debido a las rentabilidades, al “incremento de precios de la tierra productiva con agua y la posibilidad que brinda de desarrollar paquetes diversificados”.
España es el segundo país de la Unión Europea con mayor extensión agraria. Cuenta con 23 millones de superficie agraria útil, de los que 17 millones son de cultivo (76% dedicado a secano y 24% a regadío). El interés por las fincas rústicas españolas por parte de los Fondos de inversión ha ido creciendo. Solo en el primer semestre de 2023, el número de transacciones se acerca a las 230.000. De estas últimas, el 43% de las operaciones se concentraron en Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha, especialmente en sectores como cítricos y leñosos (olivar, almendro, pistacho, aguacate) no intensivos en consumos hídricos.
Esta situación ha traído importantes cambios en un sector dominado históricamente por pequeños agricultores y empresas familiares en las que la entrada de este enorme volumen de capital está provocando grandes convulsiones en la estructura del propio sector y en los recursos derivados, muy particularmente el agua, especialmente en los tiempos de emergencia climática en que estamos inmersos.
Diversos factores han impulsado el interés inversor, como son la creciente demanda de alimentos; la escasez de recursos (tierra, agua, energía) que son cada vez más escasos y por tanto incrementan su valor, y por tanto su potencial especulativo; la propia volatilidad de otros mercados financieros que hace que se valore la mayor estabilidad del sector primario, y finalmente el potencial de innovación del propio sector agrícola con la digitalización y la biotecnología como puntales.
Los Fondos utilizan diversas estrategias de inversión, como pueden ser una inversión directa en acciones o activos de empresas agrarias y también en Fondos de capital privado especializados en el sector primario. Obviamente este incremento de inversión aumenta la productividad en términos económicos mejorando el acceso a nuevas tecnologías, si bien acarrean importantes impactos negativos a nivel ecosocial.
Incidencias ambientales
Aunque la publicidad de estos Fondos de Inversión apela a una supuesta sostenibilidad de sus acciones, la realidad es que sus incidencias en términos ecológicos son muy elevadas en una consecuencia lógica de sus propios objetivos que son explotación intensiva buscando maximizar la rentabilidad. Las más destacadas:
- La intensificación agraria conlleva un uso excesivo de fertilizantes y pesticidas que conducen a la degradación del suelo, en cantidad y calidad, a la contaminación de las aguas, ya en grave estado por incrementos no asumibles de nutrientes (P y N), así como cada vez en mayor medida, emisiones de gases de efecto invernadero que catalizan el cambio climático.
- La agricultura y ganaderías intensivas son las industrias más demandantes de agua, un factor muy limitante en épocas de sequía estructural que padecemos desde hace años que ha provocado conflictos incluso comprometiendo las garantías de abastecimiento humano de poblaciones cercanas con transformaciones de tierras de secano a regadío para mayor rentabilidad que no respetan las concesiones existentes en materia hídrica , esquilmando así cauces y acuíferos al no tener más interés en el territorio que extraer de él un beneficio.
- Asimismo, la entrada de Fondos de Inversión al extender áreas agrícolas ha fomentado la deforestación con graves consecuencias para la biodiversidad. En este sentido son notorias las incidencias que en el entorno de determinados Espacios Naturales Protegidos está teniendo un caótico desarrollo agrícola catalizado por la entrada de estos Fondos. Se ha visto en el Parque Nacional de Doñana, en el Mar Menor, en las Tablas de Daimiel, en el Delta del Ebro, es decir, en las joyas ecológicas de nuestro país que han sido históricamente amenazadas por el sobredimensionamiento especulativo de la agricultura que conlleva la presencia de Fondos de inversión.
Por otra parte, la homogeneización de la producción con extensos monocultivos de alto rendimiento lleva a la pérdida de biodiversidad agrícola y a la desaparición de variedades locales adaptadas a las condiciones climatológicas de cada región.
Impactos socioeconómicos: desequilibrios en el sector
Pero siendo de mucha relevancia las incidencias ecológicas son muy destacables también los efectos de desestructuración del propio sector agrario, un proceso tildado de “uberización” por la COAG.
Lo cierto es que en los últimos años el sector agrario se ha estabilizado en la senda del crecimiento con cifras por encima de los 30.000 millones de euros anuales, con un aumento muy significativo de las exportaciones (casi un 100% en los últimos 10 años) si bien el cierre o transacción de las explotaciones ha ido también creciendo ante la falta de relevo generacional (4 de cada 10 propietarios de fincas rústicas están en edad de jubilación).
Los agricultores tradicionales están sometidos por el “cuello de botella” que supone una distribución comercial fuertemente concentrada (los seis primeros grupos de este subsector de distribución concentran el 55% de la cuota de mercado) —según el Informe sobre la Uberización del Campo Español de 2019— existiendo otro “cuello de botella” en los insumos (fertilizantes, pesticidas) que son controlados por un número cada vez menor de empresas. Esta situación ha generado un caldo de cultivo idóneo para la entrada de Fondos de Inversión que también participan en estas otras actividades relacionadas (distribución, fertilizantes, pesticidas, etc.…), así aproximadamente, aunque el 90% actual de las explotaciones se mantengan con titulares físicos, el 10% restante que son entidades jurídicas tienen el 50% de la producción.
Esta concentración de propiedad de la tierra a que lleva inherente la entrada masiva de capital , consecuentemente ha exacerbado la desigualdad en el sector expulsando del mismo a muchos agricultores o convirtiéndolos en asalariados de las grandes empresas en una situación de precarización del trabajo donde compiten con mano de obra que es atraída desde las mismas empresas para trabajar en condiciones enormemente inestables a nivel temporal, con jornadas extenuantes, sin protección social y con ínfimos salarios.
Los pequeños agricultores se ven marginados y con la necesidad de entrar en estas condiciones al estar fuera del acceso a recursos y mercados. En algunos países la inversión en el sector primario ha estado asociada a la violación de Derechos Humanos con trabajo infantil, graves discriminaciones o criminalización de la protesta social e incluso la violencia contra defensores del medio ambiente.
Esta situación con más explotaciones pero menos agricultores propietarios pone en riesgo la soberanía alimentaria y la pérdida de control en la producción de alimentos creando una hegemonía en algo tan sensible como la alimentación muy peligrosa para el interés común.
Es a lo que lleva inevitablemente el fomento de oligopolios que vimos antes en un proceso de agricultores tradicionales convertidos en agentes pasivos contratables como meros obreros con riesgo “de ser automatizados” por las nuevas tecnologías al acceso de grandes corporaciones pues un grave riesgo de la digitalización es no poner ésta al servicio de los productores tradicionales, familiares o profesionales, sino a la mera rentabilidad económica.
En definitiva, una agroindustrialización que elimina el potencial de integración socioterritorial y ecosocial de la agricultura y ganadería tradicionales y su identidad cultural, exponiendo la tierra y sus productos a los enormes riesgos especulativos que traen la financiarización del sector con la consiguiente falta de transparencia y de control operativo de estos Fondos, en una situación que está desestabilizando al sector y por ende a sus ámbitos de actuación muy ligados , por otra parte , a los recursos naturales cada vez más escasos: el suelo, el agua, el aire… bienes comunes en muchos casos.
Conclusiones y recomendaciones
La entrada masiva de Fondos de inversión en la agricultura presenta una serie de riesgos y desafíos que no pueden ser ignorados. Es necesario establecer mecanismos de regulación, control y limitación que garanticen que estas inversiones no perjudiquen a las comunidades locales, al medio ambiente y a la soberanía alimentaria.
Es fundamental promover modelos agrícolas que respeten el medio ambiente, garanticen condiciones laborales dignas y fomenten el desarrollo de las comunidades rurales. Las políticas públicas deben apoyar a los pequeños agricultores y fortalecer la agricultura familiar como base para un sistema alimentario justo y sostenible realmente.
Por tanto, se precisa:
- Implementar políticas que regulen la inversión de fondos en la agricultura, estableciendo límites a la concentración de la tierra y exigiendo el cumplimiento de estándares ambientales y laborales.
- Fomentar el desarrollo de la agricultura familiar, tradicional o profesional y apoyar a los pequeños agricultores a través de créditos, asistencia técnica y acceso a mercados.
- Promover modelos de agricultura ecológica o regenerativa que reduzcan el uso de insumos químicos y protejan la biodiversidad.
- Educar a los consumidores sobre la importancia de consumir productos locales y de temporada, y apoyar a los agricultores que trabajan de manera sostenible.
- Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil rural para que puedan defender sus derechos y participar en la toma de decisiones sobre el futuro de la agricultura.
En definitiva, es necesario construir un modelo agroalimentario que sea justo y que garantice el bienestar de las comunidades rurales y la protección del medio ambiente del que tanto dependen.
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