octubre 10, 2021

La Salud Mental como política de Estado - Por Jorge Garaventa

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Buenos Aires, 12 de julio de 2021. *Psicólogo.

Mitos, mentiras y confusiones que dificultan la implementación de una ley.

El psicólogo Jorge Garaventa analiza en esta nota los mitos y mentiras que son utilizados para atacar la Ley de Salud Mental sancionada en 2010, y sostiene que se trata de una batalla cultural emprendida por los poderes afectados por la norma, profesionales y directivos de muchas instituciones, en alianza con un poder mediático interesado que ha sumado una campaña de desprestigio y confusión sobre la Ley,  que como Política de Estado hermana Salud y Derechos Humanos.

Que el neoliberalismo capitalista haya sido desplazado del gobierno no significa, por ahora, que haya abandonado el poder. La alianza entre sus más conspicuos representantes y los sectores multimediáticos hegemónicos son una prueba de que los mecanismos de reacción siguen aceitados y actúan coordinadamente cada vez que los privilegios están en riesgo.

Cualquier cambio social que se precie, ha de ser vehiculizado a través de políticas públicas de impulso, difusión, sostén real y financiamiento. No es azaroso que allí se dirija la batalla conservadora. Las herramientas se repiten, en función de su gran eficiencia. Hablamos de la desinformación, la mentira y la confusión, según sea en cada circunstancia.

Tomamos lo que acontece en relación a la implementación de una ley en particular como un analizador de que es lo que ocurre

La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657, sancionada en Diciembre de 2010, es una toma de posición revolucionaria por parte del Estado que implica un cambio radical de paradigma en el marco de una inédita construcción colectiva de una herramienta al servicio de garantizar la dignidad del polo más desguarnecido en la materia, los usuarios con padecimientos mentales, fundamentalmente aquellos víctimas de internaciones involuntarias prolongadas o institucionalizaciones de sesgo permanente.

La ley debe, además, ser considerada sobreviviente del arrasamiento neoliberal del 2015 al 2019 que intentó desarticularla, o en su defecto, aniquilar su potencia transformadora.

Si tal belicosidad no fue exitosa se debió a que su construcción es un ejemplo de cómo armar una política pública con la participación igualitaria de todos los colectivos involucrados. Esa marca en el orillo permitió que se movilizaran masivamente a lo largo y a lo ancho de todo el país para defender “su” ley, la que garantizaba sus derechos.

Fracasado este intento, los sectores afectados, conscientes de que perdían la mano del Estado para sostener sus privilegios, se centraron en una batalla cultural dirigida a reinstalar prejuicios y confusiones sobre las personas con padecimientos severos en su salud mental.

El discurso contra la ley consiguió alojarse en vastos sectores de profesionales y en el público en general.

Los mitos acerca de la ley desnudaron qué prejuicios se mueven detrás de la obsesión por la internación, además de los beneficios económicos sectoriales, y qué mecanismos se ponen en marcha para sostener el viejo paradigma.

Teniendo en cuenta ello, y que remitir a la lectura de la ley no es un camino que garantice los resultados buscados, convertimos en preguntas, algunas de las falacias circulantes.

Sostenernos en el nuevo paradigma implica concebir que el padecimiento psíquico no es ni un estigma, ni una marca, ni una identidad, sino una circunstancia de vida. Ninguna razón que los haga diferentes o llame a aislarlos de la sociedad. Pero no podemos negar que toda una historia de estigmatización, de asociar la “locura” con la peligrosidad, la anarquía, el desequilibrio, ha dado sus frutos.

De esto además se infiere, que la política de Salud Mental no es sectorial sino política de Estado que garantiza mucho más que el bienestar psíquico de los ciudadanos. Política de estado que hermana Salud y Derechos Humanos (...)

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